El Juzgado Decimotercero de Distrito en Baja California absolvió a Jovita F. del delito de tráfico de personas, después de que permaneciera once años en prisión preventiva sin una sentencia firme. La resolución ordenó su liberación definitiva al concluir que las principales pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República fueron obtenidas mediante violaciones procesales y que no se acreditó que hubiera recibido dinero por alojar a dos adolescentes salvadoreños.
Un operativo invalidado
El caso surgió de un operativo realizado el 22 de septiembre de 2015 contra una presunta red dedicada al traslado de migrantes centroamericanos desde Tijuana hacia Estados Unidos. En el cateo del domicilio de Jovita, agentes localizaron a dos menores de edad y detuvieron a la habitante, quien posteriormente fue internada en penales federales de Nayarit y Morelos.
El juez Francisco Caballero Green declaró inválida el acta de cateo porque los agentes nombraron testigos ajenos al inmueble sin permitir que la ocupante propusiera a familiares adultos presentes durante la diligencia. También anuló las identificaciones fotográficas de los adolescentes: las imágenes de Jovita fueron tomadas antes de su presentación ante el Ministerio Público, sin consentimiento ni defensa técnica, y mostradas junto con fotografías de objetos y otras personas, una mecánica considerada inducida e ilícita.
Once años sin prueba económica
La sentencia incorporó una perspectiva de género e interseccionalidad al considerar la situación de vulnerabilidad de Jovita, originaria de Guerrero, con escolaridad mínima y analfabetismo funcional. El tribunal destacó que la fiscalía tampoco demostró un beneficio económico, elemento necesario para sostener la acusación. Con la evidencia de cargo excluida y vigente la presunción de inocencia, ordenó cancelar sus registros penitenciarios y restituirle sus derechos políticos en Baja California.