Las elecciones israelíes del 27 de octubre llegan con una apariencia de plebiscito sobre Benjamín Netanyahu, pero su alcance real es más profundo. La votación medirá la responsabilidad política del primer ministro por el fallo de seguridad del 7 de octubre de 2023, el desgaste de su coalición y la capacidad de la oposición para ofrecer una alternativa. Sin embargo, difícilmente resolverá la transformación que Israel ha experimentado durante las últimas décadas: el desplazamiento desde una democracia liberal imperfecta hacia un Estado cada vez más definido por el nacionalismo religioso, la expansión territorial y la subordinación de los contrapesos institucionales a una idea etnonacional del poder.

El partido Yashar!, dirigido por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, aparece ligeramente por delante del Likud, con 22 escaños frente a 20 en las encuestas. Eisenkot es también el candidato mejor valorado para ocupar la jefatura del Gobierno, reforzado por la muerte de su hijo y su sobrino en Gaza. Pero el dato decisivo no está en la ventaja de un partido sobre otro, sino en la ausencia de una mayoría clara: el bloque de Netanyahu reuniría una media de 51 diputados, la oposición 52 y los partidos que representan a los ciudadanos palestinos de Israel, 14. En una Knéset de 120 escaños, la frontera de 61 vuelve a convertir a los grupos pequeños en árbitros del sistema.

La elección puede cambiar al primer ministro, no el consenso estratégico

El primer hallazgo político de estos comicios es que la alternancia, si se produce, tendrá un efecto limitado sobre la política de seguridad. La doctrina consolidada tras el ataque de Hamás, basada en anticiparse a las amenazas, operar más allá de las fronteras y mantener zonas de amortiguación en territorios vecinos, ha dejado de ser patrimonio exclusivo del Likud. La comparten, con diferentes matices, casi todos los partidos judíos relevantes.

La caída del respaldo a la creación de un Estado palestino dentro del espectro político judío confirma que el centro de gravedad nacional se ha desplazado. La cuestión palestina ya no organiza la competición electoral de la misma manera que en décadas anteriores. Para buena parte del electorado, el conflicto se percibe prioritariamente como un problema de seguridad y no como una disputa territorial susceptible de resolución diplomática. Ese cambio de percepción reduce el coste electoral de la ocupación permanente y aumenta el coste político de cualquier concesión.

Un Gobierno dirigido por Eisenkot probablemente detendría la reforma judicial impulsada por Netanyahu, abriría una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre y aprobaría una ley de reclutamiento para los ultraortodoxos. Serían cambios relevantes en el equilibrio interno, sobre todo porque devolverían cierta autoridad a las instituciones profesionales y limitarían la presión sobre jueces, fiscales y mandos de seguridad. Pero no equivaldrían a una restauración del liberalismo anterior. La democracia israelí de referencia ya estaba atravesada por desigualdades profundas y por la ausencia de plenos derechos políticos para los palestinos bajo control israelí.

La diferencia entre Netanyahu y Eisenkot, por tanto, es más visible en el método de gobierno que en la definición del adversario estratégico. El primero ha normalizado la confrontación con los tribunales, la politización de la seguridad y la alianza con sectores mesiánicos de la derecha. El segundo podría contener esos excesos, pero no parece dispuesto a desmontar el marco que los hace posibles: la primacía de la seguridad, la expansión de los asentamientos y el rechazo de un horizonte estatal palestino.

La aritmética de la Knéset convierte la legitimidad en moneda de cambio

El segundo elemento crítico es la estructura parlamentaria. Ninguno de los dos grandes bloques tiene una ruta sencilla hacia los 61 escaños. La oposición necesitaría atraer a los partidos ultraortodoxos no sionistas o recurrir a las formaciones de ciudadanos palestinos, dos opciones que los dirigentes judíos opositores siguen rechazando públicamente. Esa negativa no es una mera táctica electoral: refleja hasta qué punto la definición de quién puede participar legítimamente en el poder se ha convertido en una cuestión central del régimen.

Los partidos palestinos con ciudadanía israelí han sido excluidos durante años de las coaliciones y sometidos a campañas de demonización desde la derecha. El centro y la izquierda han contribuido a esa marginación mediante el silencio o la aceptación parcial del argumento de que no son socios fiables en asuntos de seguridad. La inclusión de Yoav Segalovitz, antiguo parlamentario judío y alto cargo policial, en las listas de Ra’am intenta superar ese veto simbólico y presentar al partido como un actor capaz de asumir responsabilidades de Estado.

La paradoja es evidente: los partidos palestinos pueden ser suficientemente legítimos para sostener una mayoría parlamentaria, pero no para formar parte visible de ella. Si Eisenkot gobierna gracias a su apoyo externo, la oposición podría defender que ha preservado la línea sionista del Ejecutivo mientras recibe sus votos. Si los incorpora formalmente, la derecha y la extrema derecha lo acusarán de entregar la seguridad nacional a fuerzas que durante años han sido presentadas como ajenas al consenso nacional. En ambos casos, el acuerdo obligaría a reconocer que la ciudadanía palestina forma parte del mecanismo de decisión del Estado, algo que el sistema ha tratado de aplazar.

Los ultraortodoxos plantean un dilema diferente. Desde el 7 de octubre, la exención del servicio militar se ha vuelto más difícil de sostener ante una sociedad sometida al esfuerzo de los reservistas. Un pacto de reclutamiento gradual podría facilitar la formación de un Gobierno, pero también profundizaría la tensión entre los sectores laicos, que reclaman una distribución más equitativa de las cargas, y las comunidades religiosas, que consideran el estudio de la ley judía una contribución nacional esencial. La disputa no se limita al servicio militar: afecta al modelo de ciudadanía, al gasto público y a la relación entre religión y Estado.

El verdadero poder de la extrema derecha está fuera de las urnas

El resultado electoral no debe evaluarse únicamente por el número de diputados que obtengan los partidos de extrema derecha. Su influencia se mide también por la capacidad de imponer el vocabulario y los límites del debate. La expansión de los asentamientos, la anexión formal de Cisjordania y la supremacía de la ley judía sobre los principios liberales ya no son propuestas marginales confinadas a pequeños grupos. Han entrado en la negociación cotidiana de Gobierno y condicionan la respuesta de las instituciones.

En Jerusalén y Cisjordania, la relación entre colonos, activistas y fuerzas de seguridad muestra esa transformación. En ocasiones, los militares intervienen cuando los colonos superan ciertos límites; en otras, expulsan a quienes intentan proteger a los palestinos de los ataques. Esa conducta ambivalente transmite un mensaje operativo: la violencia puede ser condenada formalmente sin que el Estado desarrolle una política sostenida para impedirla. El resultado es una progresiva privatización de la coerción territorial, en la que grupos ideológicos prueban hechos consumados y esperan que las instituciones terminen adaptándose.

Una repetición de la coalición derechista de Netanyahu aceleraría esa dinámica. La reforma judicial volvería a ocupar el centro de la agenda, los asentamientos ganarían protección política y la anexión de partes de Cisjordania podría pasar de la retórica a la legislación. En Gaza, las exigencias maximalistas sobre el desarme dificultarían la segunda fase del alto el fuego. El riesgo no reside solo en una nueva escalada militar, sino en que cada crisis sea utilizada para consolidar cambios jurídicos y territoriales difíciles de revertir.

La hipótesis de un Gobierno opositor ofrece una trayectoria menos abrupta, aunque no necesariamente distinta en su dirección final. Podría actuar contra los puestos avanzados ilegales, contener la violencia de los colonos y reducir la presión sobre la Autoridad Palestina. También tendría más incentivos para avanzar hacia una segunda fase del alto el fuego en Gaza. Pero, sin una vía diplomática creíble, esas medidas serían de contención, no de resolución. La ausencia de un proyecto palestino viable dejaría intacta la causa estructural de futuros estallidos.

La inestabilidad será probablemente más larga que la campaña

Hay cinco desenlaces plausibles y ninguno garantiza una salida estable. El primero es un bloqueo que obligue a Netanyahu a continuar como primer ministro en funciones hasta nuevas elecciones, posiblemente en la primavera de 2027. El segundo sería un Gobierno minoritario de Eisenkot con apoyo externo de los partidos palestinos. El tercero consistiría en una alianza temporal con los ultraortodoxos, condicionada a una ley de reclutamiento. El cuarto dependería de que Netanyahu o Eisenkot atraigan diputados del bloque rival. El quinto sería un Gobierno de unidad nacional con rotación en la jefatura, una fórmula que exigiría a la oposición pagar un precio político elevado después de haber centrado su campaña en la salida de Netanyahu.

La posibilidad de que Avigdor Lieberman o Naftali Bennett terminen encabezando una coalición no es secundaria. Ambos podrían ocupar el espacio de bisagra si consiguen atraer a parlamentarios descontentos del Likud. Sin embargo, una coalición construida sobre deserciones individuales sería especialmente vulnerable a la presión pública y a las amenazas de nuevas elecciones. Los diputados que cambien de bloque tendrían que justificar ante sus electores una decisión que la derecha y la izquierda presentarían como traición.

La inestabilidad parlamentaria tendría efectos prácticos sobre la economía y la seguridad. Un Ejecutivo provisional dispondría de menos capacidad para aprobar presupuestos, reformar el sistema de reclutamiento o ordenar una investigación independiente sobre el 7 de octubre. Las empresas, los reservistas y las autoridades locales operarían bajo un horizonte político incierto, mientras la movilización militar seguiría absorbiendo recursos humanos y financieros. Además, cada episodio de violencia en Cisjordania, Gaza o el frente norte podría alterar de inmediato las negociaciones de coalición.

Europa afronta un problema de política, no solo de interlocutor

Para los Gobiernos europeos, el error sería interpretar la derrota de Netanyahu como una solución automática a sus diferencias con Israel. Un nuevo Ejecutivo podría recomponer el diálogo con Europa, recuperar vínculos con sectores de los dos grandes partidos estadounidenses y mejorar la comunicación internacional. También podría explorar acuerdos de seguridad limitados con países árabes, incluida Siria, y reducir la confrontación pública con las instituciones multilaterales.

Pero esas mejoras diplomáticas no eliminarían los conflictos de fondo. La expansión de los asentamientos, la administración prolongada de los territorios palestinos y el rechazo a una solución de dos Estados seguirían chocando con los intereses europeos de estabilidad regional. La normalización con Arabia Saudí continuaría bloqueada si no existiera una vía política para los palestinos. Un cambio de tono no compensa una continuidad sustantiva de la ocupación.

Europa dispone de instrumentos de presión, aunque hasta ahora los ha usado con cautela desigual. Puede condicionar la cooperación política y económica, intensificar las medidas contra el proyecto de asentamientos y hacer explícitos los costes de la anexión o de una agresión militar prolongada. Esa estrategia exigiría distinguir entre la relación con el Estado israelí, la protección de su población y la oposición a políticas concretas del Gobierno. También debería evitar que las sanciones refuercen la narrativa israelí de un cerco internacional y terminen fortaleciendo a las fuerzas que pretende contener.

El riesgo central: que la excepción se convierta en régimen

La evolución más preocupante no sería necesariamente una ruptura institucional repentina, sino la consolidación gradual de medidas excepcionales. Cuando la guerra, el terrorismo y la movilización permanente justifican restricciones sobre los tribunales, tolerancia hacia la violencia de los colonos y exclusión de una parte de la ciudadanía, la excepción deja de ser temporal. Se convierte en una forma normal de gobierno.

La polarización añade un riesgo de violencia interna. Los enfrentamientos entre nacionalistas religiosos y opositores laicos, las protestas de reservistas contra las exenciones ultraortodoxas y los choques entre las fuerzas de seguridad y los colonos pueden converger en una crisis de autoridad. El relato del “Estado profundo” y del “golpe de Estado” ya ha erosionado la confianza en jueces, policías y funcionarios. Si los líderes políticos cuestionan de antemano la legitimidad de cualquier resultado adverso, las elecciones podrían no cerrar la disputa, sino trasladarla a la calle.

La trayectoria iliberal no es irreversible, pero tampoco se corregirá con una alternancia limitada. Para frenarla harían falta instituciones capaces de investigar el fallo de seguridad, reglas claras sobre el servicio militar, una relación menos excluyente con los ciudadanos palestinos y una política territorial que detenga los hechos consumados. Mientras esas condiciones no aparezcan, Israel podrá cambiar de primer ministro sin cambiar la lógica que organiza su Estado. Esa es la conclusión más relevante de estas elecciones: el desenlace decidirá quién administra la crisis, pero todavía no quién está dispuesto a resolverla.