Las elecciones israelíes del martes 27 de octubre llegan marcadas por una paradoja que los sondeos no consiguen resolver: el bloque que sostiene a Benjamin Netanyahu pierde capacidad parlamentaria, pero la oposición tampoco dispone de una ruta sencilla para sustituirlo. El resultado más probable no es una alternancia clara, sino una negociación prolongada en torno a una Cámara fragmentada, con 120 escaños y varios partidos incapaces de cooperar entre sí en asuntos decisivos.

El dato central es el debilitamiento del Likud. La formación del primer ministro cuenta actualmente con 32 diputados, pero las encuestas le atribuyen entre 18 y 21. La caída no solo reduce el peso de Netanyahu dentro de su propio bloque; también limita la posibilidad de reeditar la alianza con los partidos nacionalistas religiosos y ultraortodoxos que ha sostenido al Gobierno. Cada una de las formaciones aliadas obtendría, según los sondeos, entre seis y nueve escaños, una aritmética insuficiente para alcanzar por sí sola la mayoría absoluta de 61 diputados.

El problema no es quién gana, sino quién puede sumar 61

La política israelí se ha convertido en una competición de bloques más que de partidos individuales. Que Yashar, la formación de Gadi Eisenkot, aparezca en algunos sondeos como primera fuerza, con hasta 23 escaños, no significa automáticamente que Eisenkot pueda formar Gobierno. El mismo obstáculo afecta a Netanyahu: la primera posición electoral tiene un valor político limitado si no va acompañada de socios compatibles.

El bloque opositor reuniría a Yashar, Beyajad, los Demócratas e Israel Beitenu. Su composición refleja una coincidencia negativa, el rechazo a Netanyahu, pero también diferencias profundas sobre la relación entre religión y Estado, la política territorial, el servicio militar y la incorporación de partidos árabes a una mayoría parlamentaria. Beyajad, la alianza de Naftali Bénet y Yair Lapid, podría obtener entre 11 y 15 escaños; los Demócratas, entre ocho y diez; e Israel Beitenu, alrededor de ocho. Incluso en sus mejores previsiones, la suma no garantiza alcanzar los 61 diputados sin apoyos externos.

La consecuencia es relevante: el voto anti-Netanyahu puede ser mayoritario en términos sociales y, sin embargo, no producir un Gobierno alternativo. El sistema permite que una fuerza o un bloque con menos respaldo popular conserve la iniciativa si logra reunir una coalición más disciplinada. Esta es la primera conclusión que conviene separar de la lectura superficial de los sondeos: el retroceso del Likud no equivale todavía a la salida de Netanyahu.

La dificultad se concentra en los partidos árabes. Lista Conjunta y Raam sumarían aproximadamente 15 escaños, una cifra capaz de inclinar la balanza si la oposición consigue coordinarse con ellos. Sin embargo, Israel Beitenu se opone a cualquier pacto con formaciones árabes, mientras que parte del electorado sionista considera problemático que un Gobierno dependa de diputados que no formen parte de su coalición formal. La oposición puede necesitar esos votos para derribar a Netanyahu y, al mismo tiempo, perder la cohesión que mantiene unidos a sus principales partidos si los acepta.

Eisenkot ofrece una salida centrista, pero no una coalición preparada

Gadi Eisenkot representa la principal novedad de la campaña. Antiguo general del Ejército, de estilo moderado y perfil institucional, intenta construir una alternativa centrada en la seguridad y alejada de los extremos. Su propuesta incluye una investigación independiente sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la extensión del servicio militar a todos los ciudadanos, incluidos los judíos ultraortodoxos.

La combinación es políticamente potente porque vincula dos demandas que han ganado peso después de la guerra: exigir responsabilidades por los fallos de seguridad y repartir de manera más equitativa el coste del servicio militar. También contiene una contradicción electoral. La investigación independiente puede atraer a quienes responsabilizan al Gobierno de la vulnerabilidad previa a los ataques, pero amenaza directamente a la dirección política y militar que necesita para conseguir apoyos. La obligatoriedad del servicio para los ultraortodoxos, por su parte, choca con el interés vital de los partidos que representan a ese electorado.

El primer desafío de Eisenkot no será definir un programa, sino transformar una candidatura de confianza en una estructura parlamentaria operativa. Yashar puede convertirse en la primera fuerza y aun así quedar aislada. Su discurso de seguridad facilita el entendimiento con sectores de derecha laica, pero puede dificultar el apoyo de los partidos árabes. Su defensa de un Estado menos condicionado por las exenciones ultraortodoxas atrae a Israel Beitenu y a parte de Beyajad, pero cierra la puerta a los partidos religiosos.

La aritmética revela así un segundo punto de fondo: el centro puede ganar capacidad electoral sin ganar capacidad de gobierno. En un Parlamento fragmentado, el partido centrista necesita conservar suficiente identidad para crecer y, a la vez, ser lo bastante flexible para pactar. Esa tensión suele producir programas ambiguos, acuerdos parciales y coaliciones vulnerables desde el primer día.

La derecha de Netanyahu conserva una ventaja: la disciplina del bloque

El bloque pro-Netanyahu llega debilitado, pero no necesariamente desorganizado. Otzma Yehudit, dirigido por el actual ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, aporta una derecha nacionalista dura; HaTzionut HaDatit, encabezado por el ministro de Finanzas Betsalel Smotrich, defiende la expansión de los asentamientos en Cisjordania; Judaísmo Unido de la Torá representa al sector ultraortodoxo asquenazí; y Shas concentra buena parte del voto ultraortodoxo sefardí y mizrají.

Estas formaciones tienen agendas diferentes, pero comparten incentivos claros para impedir una alternativa encabezada por Eisenkot. Los partidos religiosos buscan proteger sus exenciones y su influencia en las políticas sociales; los nacionalistas aspiran a mantener el control de la agenda de seguridad y de los asentamientos; Netanyahu continúa siendo el dirigente con mayor experiencia para negociar entre esos intereses. La coalición puede perder escaños y aun así conservar una ventaja cualitativa: sus socios saben qué quieren preservar y cuál sería el coste de pasar a la oposición.

La cohesión, sin embargo, tiene límites. Si el Likud se sitúa entre 18 y 21 diputados, Netanyahu dependerá más que antes de partidos pequeños. Esa dependencia aumenta la capacidad de veto de Ben Gvir, Smotrich y las formaciones ultraortodoxas. Un primer ministro con menos escaños propios debe conceder más carteras, presupuestos y decisiones estratégicas a sus aliados. La estabilidad aparente del bloque podría convertirse en una sucesión de crisis internas.

El asunto del servicio militar es el mejor ejemplo. La demanda de igualdad ante las obligaciones nacionales puede ganar apoyo entre reservistas y familias afectadas por la guerra, mientras los partidos ultraortodoxos consideran cualquier cambio una amenaza a su modelo comunitario. Netanyahu tendría que elegir entre satisfacer a una parte creciente del electorado general o proteger la alianza que puede mantenerlo en el poder. Ambas decisiones tienen un precio político elevado.

La guerra ha cambiado la agenda, pero no ha eliminado las viejas fracturas

Los ataques del 7 de octubre de 2023 siguen funcionando como el marco político de estas elecciones. La seguridad continúa siendo el principal criterio de evaluación del Gobierno, pero el debate ya no se limita a la capacidad de responder militarmente. También incluye la prevención de amenazas, la responsabilidad institucional, la gestión de los rehenes y el coste humano y económico de una guerra prolongada.

Eisenkot intenta apropiarse de esa demanda de responsabilidad sin renunciar a un discurso sionista de seguridad. Netanyahu, en cambio, basa su candidatura en la experiencia acumulada y en la idea de que, en un entorno regional peligroso, el país no puede experimentar con un liderazgo nuevo. Los dos mensajes compiten sobre el mismo terreno: quién está mejor preparado para proteger al Estado. La diferencia es que Eisenkot presenta la investigación del 7 de octubre como condición para recuperar la confianza, mientras el entorno de Netanyahu advierte de que una revisión política puede debilitar la autoridad durante una crisis.

La disputa afecta también a las Fuerzas de Defensa de Israel y a los servicios de seguridad. Una comisión independiente podría aportar legitimidad y corregir fallos, pero sus conclusiones tendrían consecuencias sobre mandos, ministerios y procedimientos de alerta. Si el proceso se percibe como una herramienta partidista, aumentará la polarización; si se retrasa indefinidamente, crecerá la sospecha de encubrimiento. El próximo Gobierno tendrá que gestionar este equilibrio mientras mantiene la capacidad operativa de las instituciones de seguridad.

Para la economía, la incertidumbre política supone un riesgo adicional. Una coalición frágil puede retrasar presupuestos, reformas y decisiones de inversión pública. Las exigencias de los partidos ultraortodoxos y nacionalistas compiten por recursos con las necesidades de los reservistas, las comunidades evacuadas y los sectores productivos afectados por la guerra. La ausencia de una mayoría clara no paralizaría necesariamente toda la administración, pero sí puede ralentizar las decisiones que requieren respaldo parlamentario estable.

Los partidos árabes son la llave y también el límite

La posible centralidad de Lista Conjunta y Raam expone una contradicción estructural de la política israelí. Sus aproximadamente 15 escaños pueden ser decisivos para impedir que Netanyahu reúna una mayoría, pero los partidos sionistas que aspiran a gobernar no comparten una posición común sobre cómo utilizar ese apoyo.

Raam, de orientación conservadora y pragmática, podría negociar sobre presupuestos, servicios públicos y políticas dirigidas a las comunidades árabes. Lista Conjunta incorpora a la izquierda árabe-judía y al nacionalismo árabe, por lo que sus condiciones pueden ser más exigentes en cuestiones de derechos, conflicto territorial y reconocimiento político. Para ambos, apoyar a un Gobierno no significa necesariamente entrar en él. Podrían facilitar una investidura o votar determinadas leyes sin asumir todas las responsabilidades de una coalición.

Ese modelo permitiría a la oposición superar la barrera de los 61 diputados, pero dejaría al Ejecutivo expuesto en cada votación relevante. Israel Beitenu ha declarado su rechazo a cualquier pacto con partidos árabes, de modo que la incorporación de esos votos podría provocar la salida de uno de los pilares del bloque opositor. La paradoja es clara: cuanto más necesaria sea la colaboración árabe, más difícil será mantener unido al conjunto anti-Netanyahu.

También existe una dimensión social. La participación árabe puede elevarse si los votantes perciben que su voto deja de ser testimonial y se convierte en una pieza decisiva. Pero si las negociaciones se limitan a utilizar sus escaños para reemplazar a Netanyahu sin atender sus demandas, el resultado puede ser una nueva frustración y una pérdida de confianza en el sistema. La representación parlamentaria no resolverá por sí sola la brecha entre la ciudadanía árabe y las instituciones estatales.

Una legislatura breve sería solo uno de los escenarios de riesgo

El primer escenario es una nueva coalición de Netanyahu, más pequeña y más dependiente de sus socios religiosos y nacionalistas. Podría formarse si el Likud mantiene el liderazgo del bloque de derechas y las cuatro familias políticas aliadas alcanzan una suma suficiente. Sería un Gobierno con incentivos para endurecer la política de seguridad y acelerar la agenda de asentamientos, pero con mayor riesgo de conflictos presupuestarios y sociales por el servicio militar.

El segundo escenario es una coalición opositora encabezada por Eisenkot, con Beyajad, los Demócratas e Israel Beitenu y apoyo externo árabe. Su principal fortaleza sería la promesa de reconstruir la confianza institucional. Su debilidad, la dificultad para votar de manera coordinada sobre seguridad, religión, territorio y derechos de las minorías. Una sola crisis, una votación presupuestaria o una disputa sobre la investigación del 7 de octubre podría ponerla en peligro.

El tercer escenario es el bloqueo. Si ninguno de los bloques alcanza una mayoría funcional, el presidente podría encargar sucesivamente la formación de Gobierno a distintos líderes, mientras los partidos intentan modificar sus alianzas. La repetición electoral no sería una solución neutral: prolongaría la incertidumbre, mantendría a las instituciones centradas en la supervivencia política y retrasaría decisiones sobre defensa, reconstrucción y gasto público.

Hay además un riesgo menos visible: que la fragmentación aumente el poder de los partidos más pequeños y de los sectores más ideologizados. Cuando la mayoría depende de seis u ocho diputados, cada socio puede convertir una demanda sectorial en una condición de supervivencia del Ejecutivo. El resultado no tiene por qué ser un Gobierno más representativo; puede ser un Gobierno rehén de minorías organizadas y con capacidad de veto.

La elección, por tanto, no resolverá únicamente la continuidad de Netanyahu. Pondrá a prueba si el sistema político puede convertir una mayoría social heterogénea en una mayoría parlamentaria estable después de una guerra que ha alterado las prioridades nacionales. El Likud llega debilitado, Eisenkot emerge como alternativa y los partidos árabes adquieren una influencia potencial inédita, pero ninguna de esas novedades basta por sí sola para cambiar el poder. La cuestión decisiva se trasladará a las negociaciones posteriores: quién aceptará pagar el coste de sus propias promesas para construir un Gobierno que pueda durar más que la primera votación.