El Gobierno de Javier Milei incorporó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), al Cártel de Sinaloa, a la Nueva Familia Michoacana y a Los Tiguerones en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet). La decisión, anunciada el 21 de octubre, constituye una ampliación de la política argentina para clasificar y perseguir estructuras criminales con capacidad de operar más allá de sus países de origen.
El Repet se convierte en una herramienta regional
La medida no se limita a una declaración política. Al incluir a los cinco grupos en el Repet, la administración argentina los ubica dentro de un mecanismo estatal destinado a identificar organizaciones relacionadas con actos terroristas y con la financiación de esas actividades. La resolución fue coordinada por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, una combinación institucional que revela el alcance que Buenos Aires pretende dar a la decisión.
El registro permite presentar el combate contra estas estructuras como una política de seguridad nacional y no únicamente como una respuesta policial. El comunicado presidencial sostiene que las organizaciones emplean la violencia y la extorsión como instrumentos criminales y que deben ser enfrentadas “hasta las últimas consecuencias”. Esa formulación endurece el lenguaje oficial y anticipa una mayor cooperación entre organismos de inteligencia, seguridad y justicia para rastrear redes, recursos y posibles operaciones en territorio argentino.
La decisión sobre Colombia se apoya en el riesgo de expansión
El principal argumento utilizado para designar al ELN y a las disidencias de las Farc es que su amenaza ya no puede ser considerada exclusivamente colombiana. La Presidencia argentina afirmó que ambas organizaciones conservan una capacidad operativa y una expansión regional capaces de proyectar sus actividades hacia otros países. Desde esa perspectiva, el riesgo para Argentina no depende de que exista una presencia militar permanente de esas guerrillas, sino de la posibilidad de que sus redes, fuentes de financiación o alianzas criminales atraviesen las fronteras.
El Gobierno de Milei describió a las dos estructuras como organizaciones insurgentes de extrema izquierda vinculadas al marxismo-leninismo y a la revolución armada. También las relacionó con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones de derechos humanos. La argumentación mezcla antecedentes políticos, acciones armadas y delitos transnacionales para justificar una categoría que amplía el margen de actuación del Estado argentino. El resultado es una lectura de seguridad que conecta el conflicto colombiano con los riesgos del narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos en el Cono Sur.
Cinco grupos, una misma lógica de narcoterrorismo
La inclusión de organizaciones mexicanas y ecuatorianas muestra que la estrategia argentina busca abarcar distintas expresiones del crimen organizado regional. El Cártel de Sinaloa fue presentado como una estructura transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. La Presidencia destacó, además, que ya ha sido designado como grupo terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos, un antecedente utilizado para reforzar la legitimidad internacional de la decisión.
La Nueva Familia Michoacana fue asociada con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, dos actividades que pueden generar ingresos, control territorial y capacidad de expansión. En el caso de Los Tiguerones, el Gobierno argentino señaló sus vínculos con el narcotráfico y el sicariato, así como su origen en una división de Los Choneros ocurrida en 2020. La mención de Los Chone Killers, declarados terroristas por Argentina en agosto de 2026, evidencia que el Ejecutivo está construyendo una clasificación progresiva de grupos violentos y de sus ramificaciones.
La lógica común no es la ideología de las organizaciones, que varía entre guerrillas y redes criminales, sino su capacidad para combinar violencia, economías ilegales y conexiones internacionales. Esa definición permite al Gobierno argentino reunir en un mismo marco a actores con trayectorias diferentes, pero también plantea el desafío de distinguir entre una amenaza terrorista, una organización narcotraficante y una estructura armada insurgente cuando se traduzcan las designaciones en medidas judiciales y financieras concretas.
El anuncio llega en una semana de tensión diplomática
La decisión sobre el Repet coincidió con una nueva confrontación entre Milei y el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante una visita a Madrid, el mandatario argentino calificó al presidente español de “impresentable dictador”, cuestionó sus políticas económicas y migratorias y pidió a los españoles expulsar a los socialistas en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre. La respuesta de la Cancillería española fue inmediata: condenó los insultos y sostuvo que España no acepta injerencias externas ni ataques contra su presidente.
El episodio se suma a la crisis diplomática de 2024, cuando Milei calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. La disputa volvió a adquirir una dimensión política durante la visita, marcada por los encuentros del argentino con representantes de Vox y con Isabel Díaz Ayuso. En paralelo, Sánchez respondió en redes sociales con una referencia musical a Lali Espósito, artista argentina enfrentada públicamente con Milei.
Las dos escenas, aunque pertenecen a planos distintos, reflejan el estilo exterior del Gobierno argentino: una política de seguridad con lenguaje de confrontación y una diplomacia presidencial caracterizada por la disputa ideológica. La incorporación del ELN, las disidencias de las Farc y los otros tres grupos al Repet refuerza esa orientación, pero su impacto real dependerá de cómo Argentina convierta la declaración en cooperación internacional, investigaciones financieras y acciones judiciales verificables.