El Gobierno de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y armados de América Latina, entre ellos las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La decisión, divulgada el miércoles 21 de octubre por la Oficina del Presidente argentino, también incluye al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, de México, y a Los Tiguerones, de Ecuador.
Las cinco estructuras serán incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una herramienta estatal destinada a identificar y limitar las operaciones financieras relacionadas con organizaciones consideradas terroristas. La medida fue adoptada mediante una coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
El argumento de Buenos Aires
En el comunicado oficial, el Ejecutivo argentino describió al ELN y a las FARC-EP como organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda, vinculadas con el marxismo-leninismo y la revolución armada. Según el Gobierno, la capacidad operativa de ambos grupos y su expansión regional constituyen un riesgo para la seguridad nacional argentina.
La administración de Milei sostuvo además que las estructuras de las dos guerrillas cuentan con redes capaces de extender sus actividades hacia Argentina. El documento relacionó sus acciones con levantamientos armados y violaciones de derechos humanos cometidas no solo en Colombia, sino también en otros países de la región. Esa formulación amplía el enfoque de la decisión: la amenaza señalada por Buenos Aires no se limita a la presencia directa de combatientes, sino que incluye eventuales redes logísticas, financieras o de apoyo.
La designación argentina coincide con una clasificación que Estados Unidos ya había aplicado a las organizaciones colombianas. Sin embargo, la inclusión en el RePET constituye una decisión propia del Estado argentino y puede servir como base para reforzar controles sobre personas, empresas o entidades que mantengan vínculos financieros con los grupos incluidos.
Crimen organizado transnacional
La resolución también incorpora tres organizaciones asociadas por el Gobierno argentino con actividades criminales de alcance regional. El Cártel de Sinaloa fue definido como una estructura transnacional vinculada con el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. El Ejecutivo identificó a La Nueva Familia Michoacana con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.
En el caso de Los Tiguerones, grupo ecuatoriano, el comunicado señaló su participación en el narcotráfico y el sicariato. La organización surgió en 2020 a partir de una división de Los Choneros, junto con Los Chone Killers. Esta referencia conecta la nueva medida con una dinámica de fragmentación de las estructuras criminales: las divisiones internas pueden producir grupos más pequeños, pero también más violentos y difíciles de rastrear.
La decisión reúne bajo una misma categoría jurídica a guerrillas con trayectoria política y militar, carteles dedicados al tráfico de drogas y bandas vinculadas con asesinatos por encargo. Aunque sus orígenes y métodos son distintos, el Gobierno argentino justificó el tratamiento común por el uso de la violencia, la extorsión y el terror como instrumentos de control y financiamiento.
Una política que ya había comenzado
La inclusión de estas cinco organizaciones no representa el primer paso de la estrategia argentina contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. En marzo de 2026, el Ejecutivo había declarado terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación, de México. En agosto, adoptó la misma calificación para Los Chone Killers, también vinculados con Ecuador.
Con las nuevas incorporaciones, Buenos Aires amplía el alcance geográfico y operativo de su registro. La lista pasa a incluir organizaciones con presencia o conexiones en Colombia, México y Ecuador, lo que refleja la preocupación oficial por el posible traslado de redes criminales hacia Argentina o por el uso de su territorio como punto de tránsito, financiamiento o coordinación.
La medida también profundiza el alineamiento del Gobierno de Milei con una política de seguridad que prioriza la cooperación internacional y la persecución de las finanzas ilícitas. En la práctica, la eficacia del RePET dependerá de la capacidad de las autoridades para identificar beneficiarios, empresas intermediarias y movimientos de dinero relacionados con las organizaciones designadas.
Alcance y desafíos
La declaración política no elimina por sí misma las redes criminales ni modifica la situación de los grupos en sus países de origen. Su efecto central consiste en habilitar una respuesta institucional más coordinada y en elevar el costo legal y financiero de cualquier operación vinculada con ellos dentro de Argentina. Para que la medida produzca resultados, deberá acompañarse con intercambio de inteligencia, controles fronterizos y mecanismos judiciales capaces de sostener las investigaciones.
Al cerrar el comunicado, Milei reafirmó el compromiso de su Gobierno de combatir a las organizaciones que, según la Casa Rosada, utilizan la violencia, la extorsión y el terror como herramientas criminales. La nueva clasificación marca así una ampliación de la agenda argentina de seguridad: de las amenazas internas y las bandas locales hacia redes armadas y delictivas cuya actividad atraviesa varias fronteras latinoamericanas.