La reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial terminó en Bangkok con una paradoja que resume el estado de la economía internacional: el crecimiento mundial conserva una capacidad de resistencia mayor de la prevista, pero depende cada vez más de unos pocos motores cuya estabilidad no está garantizada. El FMI elevó una décima su pronóstico de expansión global para 2026, hasta el 3,1 por ciento, y proyectó un 3,4 por ciento para 2027. Al mismo tiempo, situó la inflación mundial en el 4,7 por ciento este año y alertó sobre el endeudamiento soberano de las economías desarrolladas, los efectos de la guerra en Oriente Medio, el encarecimiento del petróleo y los riesgos asociados con la inteligencia artificial (IA).

La cita, desarrollada durante siete jornadas y clausurada con la firma del acuerdo para celebrar la reunión de 2029 en Emiratos Árabes Unidos, no produjo una decisión única capaz de modificar las expectativas de los mercados. Su importancia reside en otro punto: las instituciones multilaterales describieron un sistema en el que los amortiguadores tradicionales se están debilitando. La inversión en IA compensa parte del impacto de la energía cara y de la incertidumbre geopolítica, pero también concentra el dinamismo en sectores, países y empresas con acceso privilegiado a capital, infraestructura digital y talento especializado.

El crecimiento mejora, pero la base se vuelve más estrecha

La revisión al alza del crecimiento mundial podría interpretarse como una señal de normalización después de varios años de crisis. Sin embargo, el desglose regional obliga a matizar esa lectura. Taiwán e India aparecen entre los grandes beneficiarios del ciclo tecnológico, con previsiones de crecimiento del PIB del 10,7 y del 7 por ciento, respectivamente. América Latina y el Caribe, en cambio, vio recortada en una décima su proyección, hasta el 2,3 por ciento. La diferencia no es solo estadística: revela quién participa directamente en la cadena de valor de la IA y quién permanece expuesto a sus efectos indirectos.

La primera conclusión es que la IA está funcionando como un factor de divergencia macroeconómica. Los países que fabrican semiconductores, desarrollan modelos, alojan centros de datos o captan inversión tecnológica pueden convertir el auge en productividad, exportaciones y empleo de alta remuneración. Los que dependen de materias primas o de servicios de bajo valor añadido reciben un impulso más limitado. Incluso dentro de los exportadores de recursos naturales el resultado es desigual: un petróleo más caro puede mejorar los ingresos externos de algunos productores, pero eleva los costes industriales y reduce el poder adquisitivo de los importadores.

Ese desequilibrio cuestiona la idea de que una nueva ola tecnológica beneficia automáticamente a todas las economías. La inversión en IA puede aumentar la productividad agregada y, a la vez, ampliar la distancia entre empresas grandes y pequeñas, entre trabajadores cualificados y ocupaciones rutinarias, y entre países con redes eléctricas y conectividad suficientes y aquellos que todavía enfrentan déficits básicos de infraestructura. El crecimiento mundial, por tanto, puede ser positivo en términos contables y más frágil en términos distributivos.

La deuda de los países ricos ya no es un problema aplazable

El mensaje más insistente de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, estuvo dirigido a las economías desarrolladas y endeudadas. El rendimiento medio de los bonos soberanos a diez años de los países del G7 aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta alcanzar su nivel más elevado en casi dos décadas. El dato importa porque el coste de financiación no afecta únicamente a las nuevas emisiones: también encarece la refinanciación de la deuda que vence, reduce el margen presupuestario y obliga a elegir entre gasto social, inversión pública y consolidación fiscal.

Georgieva pidió ajustes fiscales antes de que los gobiernos tengan que responder con subidas más contundentes de los tipos de interés. La advertencia contiene una lógica difícil de ignorar. Cuando el endeudamiento crece más rápido que la economía y los intereses absorben una parte creciente de los ingresos públicos, la política fiscal pierde capacidad para responder ante una recesión, una catástrofe climática o una nueva emergencia sanitaria. Si el ajuste se posterga, suele llegar bajo presión de los mercados y con un coste social mayor.

La referencia a Estados Unidos fue especialmente significativa. El FMI sostuvo que ningún crecimiento económico puede revertir por sí solo la presión inflacionaria sin un esfuerzo fiscal. La ausencia de una respuesta pública clara del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, rebajó las expectativas de los inversores sobre una subida de tipos en la reunión de finales de mes, pero no eliminó el problema de fondo. La política monetaria puede moderar la demanda; no puede sustituir una trayectoria presupuestaria creíble ni resolver por sí misma el desajuste entre ingresos y compromisos de gasto.

La segunda idea central surgida de Bangkok es que el riesgo financiero se está desplazando desde la inflación coyuntural hacia la sostenibilidad de la deuda. Durante años, los gobiernos ricos pudieron financiarse a tipos históricamente bajos. Ese entorno permitió sostener déficits elevados sin una reacción inmediata. Con rendimientos más altos y un crecimiento potencial limitado, la aritmética cambia. La tensión no se manifestará necesariamente en una crisis repentina, sino en presupuestos cada vez más rígidos, menor inversión productiva y conflictos políticos sobre quién debe asumir el coste del ajuste.

El petróleo convierte la geopolítica en una factura permanente

El FMI describió la guerra en Oriente Medio como responsable del mayor choque petrolero en al menos cinco o seis décadas y advirtió que sus efectos serán duraderos. La relevancia de esta evaluación va más allá del precio de la gasolina. La energía es un insumo transversal: afecta al transporte, la producción industrial, la agricultura, la electricidad y los costes de distribución. Un aumento prolongado puede trasladarse a los alimentos y a los bienes básicos, obligando a los bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

La institución también señaló que la región no recuperará antes de 2030 la trayectoria económica que habría seguido sin el conflicto. Ese cálculo implica destrucción de capital físico, desplazamientos de población, pérdida de inversión privada y deterioro de las cuentas públicas. Para los países afectados, la reconstrucción no será solo una cuestión de financiación. Requerirá recuperar seguridad, instituciones operativas y confianza empresarial, tres condiciones que no se restauran al mismo ritmo que las carreteras o las plantas energéticas.

Para los países importadores de petróleo, el choque puede intensificar la inflación y agravar los déficits externos. Para los exportadores, la mejora temporal de los ingresos no garantiza estabilidad: los precios elevados pueden acelerar la transición energética, reducir la demanda futura o incentivar inversiones alternativas. El episodio refuerza una tendencia que los responsables económicos no pueden ignorar: la seguridad energética vuelve a formar parte de la política industrial y de la planificación fiscal, no solo de la diplomacia.

La IA ofrece productividad, pero exige límites verificables

La reunión dedicó cerca de una veintena de actos a la IA, una señal de que el debate ha dejado de pertenecer exclusivamente a los laboratorios tecnológicos. Georgieva la presentó como una fuente decisiva de apoyo al crecimiento, aunque comparó la dependencia de un único motor con avanzar “a la pata coja”. La imagen describe un problema de concentración: si la expansión global depende demasiado de la inversión en modelos, chips y centros de datos, una corrección de las valoraciones o una interrupción de las cadenas de suministro puede afectar simultáneamente a mercados financieros, empleo y comercio.

Jack Clark, cofundador de Anthropic, defendió que el sector comparta mecanismos para frenar los riesgos mientras no exista una regulación común. Su planteamiento reconoce una dificultad real: las empresas operan a escala global, pero las normas de seguridad, protección de datos, competencia y responsabilidad siguen siendo principalmente nacionales. Los incentivos privados pueden favorecer el lanzamiento rápido de productos antes de que estén suficientemente probados, sobre todo cuando la carrera por el mercado premia la velocidad y castiga la prudencia.

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, añadió otra dimensión al anunciar ejercicios del G7 contra ciberataques impulsados por IA. La amenaza no se limita a la falsificación de contenidos o a la automatización de fraudes. Los sistemas capaces de identificar vulnerabilidades, generar código malicioso o escalar campañas de intrusión pueden reducir el coste de atacar infraestructuras financieras, energéticas y administrativas. La respuesta, por tanto, exige cooperación entre gobiernos, operadores de redes y empresas tecnológicas, además de protocolos que permitan atribuir responsabilidades.

La discusión regulatoria enfrenta dos intereses legítimos. Las compañías temen que reglas fragmentadas eleven costes y frenen la innovación, mientras que los gobiernos deben evitar que la promesa de eficiencia se convierta en una transferencia de riesgos hacia trabajadores, consumidores y sistemas públicos. Una regulación eficaz no debería limitarse a imponer obligaciones burocráticas. Tendría que exigir pruebas de seguridad, trazabilidad de modelos, mecanismos de reparación y transparencia suficiente para que las empresas respondan cuando una herramienta cause daños previsibles.

El déficit de empleo puede ser más explosivo que el déficit fiscal

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, situó el empleo en el centro de la agenda. En los próximos 10 a 15 años, unos 1.200 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral, mientras las proyecciones apuntan a la creación de aproximadamente 400 millones de puestos. La brecha potencial de 800 millones no es una cifra abstracta. Representa presión migratoria, informalidad, frustración social y una pérdida de demanda interna en regiones donde la población joven debería convertirse en una ventaja económica.

La IA puede aumentar la productividad, pero no garantiza por sí misma una expansión suficiente del empleo. En sectores administrativos, de atención al cliente, análisis básico y producción de contenidos, la automatización puede reducir la demanda de ciertas tareas antes de que aparezcan nuevas ocupaciones. La respuesta deberá combinar formación técnica, inversión en infraestructura, crédito para pequeñas empresas y políticas industriales capaces de crear puestos en manufacturas, energía, construcción, salud y servicios locales.

Esta es una de las tensiones menos resueltas de la reunión. Los inversores buscan eficiencia y reducción de costes; los gobiernos necesitan empleos numerosos y estables; los trabajadores reclaman una transición que no convierta la capacitación en una responsabilidad individual imposible de asumir. Si la productividad aumenta sin una distribución más amplia de sus beneficios, la aceptación política de la IA se deteriorará, incluso en países donde sus indicadores macroeconómicos mejoren.

Europa, Ucrania y Colombia muestran que no existe una receta única

La Unión Europea defendió sus avances en diversificación comercial, pero el FMI identificó un problema más profundo: un crecimiento débil de la productividad. La recomendación de profundizar el mercado único de bienes y servicios apunta a una barrera interna que suele quedar oculta tras los debates sobre aranceles y rivalidades geopolíticas. Sin una mayor integración, las empresas europeas afrontan mercados fragmentados, costes regulatorios diferentes y una escala insuficiente para competir con firmas estadounidenses o asiáticas en sectores tecnológicos.

El apoyo europeo a Ucrania añadió una dimensión presupuestaria y estratégica. Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, señaló que la prioridad es garantizar la seguridad del país y su recuperación económica, mientras el ministro alemán de Finanzas rechazó reincorporar a Rusia como un miembro normal del G20 frente a los intentos de Estados Unidos. La disputa revela que la arquitectura económica internacional está vinculada a decisiones de seguridad y legitimidad política: comercio, financiación y reconocimiento diplomático ya no pueden separarse con facilidad.

Colombia representa la vulnerabilidad de una economía emergente atrapada entre necesidades de inversión y restricciones fiscales. El FMI calificó de insostenible su situación presupuestaria: un déficit primario equivalente al 3,5 por ciento del PIB y una deuda cercana al 60 por ciento, todavía ascendente. La misión prevista para principios de noviembre estudiará asesoramiento, asistencia técnica o una eventual financiación. El margen del Gobierno dependerá de que pueda demostrar un compromiso creíble con la reducción de la deuda sin frenar de forma abrupta el crecimiento.

El caso colombiano también muestra los límites de una respuesta uniforme. El FMI proyecta un crecimiento del 2,25 por ciento para 2026 y del 2,3 por ciento para el año siguiente, pero Nigel Chalk sostiene que el potencial del país es considerablemente mayor. Un ajuste mal diseñado podría estabilizar las cuentas y, al mismo tiempo, reducir la inversión en infraestructura, educación o productividad que permitiría elevar ese potencial. La discusión no es solo cuánto recortar, sino qué gasto proteger y qué reformas pueden ampliar la base tributaria sin agravar la desigualdad.

La próxima fase será menos tolerante con los errores

Las señales de Bangkok apuntan a un escenario de crecimiento moderado, inflación todavía incómoda y menor capacidad de respuesta de los gobiernos endeudados. La IA seguirá atrayendo capital y puede sostener la productividad en economías avanzadas y emergentes, pero su contribución dependerá de que la inversión se extienda más allá de unas pocas empresas y centros tecnológicos. Sin redes eléctricas fiables, educación especializada y reglas de competencia, el auge corre el riesgo de convertirse en una burbuja de concentración.

El principal riesgo financiero es una combinación de tipos altos, deuda creciente y desaceleración tecnológica. Si las expectativas sobre la rentabilidad de la IA se corrigen mientras los Estados necesitan refinanciar grandes volúmenes de deuda, podrían aumentar simultáneamente la volatilidad de los mercados y la presión sobre los presupuestos. Un nuevo repunte del petróleo o una escalada militar añadiría inflación a una economía ya debilitada, complicando la tarea de los bancos centrales.

El riesgo político tampoco es menor. Los ajustes fiscales, la automatización y la transición energética distribuyen costes y beneficios de forma desigual. Los países que no logren crear empleo para sus jóvenes o que perciban la regulación internacional como una imposición externa pueden responder con proteccionismo y fragmentación. En ese contexto, la cooperación que defienden el FMI y el Banco Mundial dependerá menos de declaraciones generales y más de acuerdos concretos sobre deuda, ciberseguridad, financiación climática, capacitación laboral y acceso tecnológico.

Bangkok no ofreció una salida sencilla porque el problema no es una sola crisis, sino la interacción de varias: deuda cara, energía insegura, tecnología concentrada, empleo insuficiente y conflictos abiertos. La economía mundial aún crece, pero el dato agregado oculta una distribución cada vez más desigual de la capacidad de resistir. La advertencia más relevante de la reunión es precisamente esa: mientras la IA puede comprar tiempo para el sistema, no puede sustituir las decisiones fiscales, sociales y geopolíticas que determinarán cuánto durará ese margen.