Alberto Núñez Feijóo ha situado los disturbios de Barcelona en el centro de su primer gran mensaje preelectoral, apenas cinco semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Su acusación de que Pedro Sánchez “juega con fuego” y de que el Gobierno y sus aliados estarían alentando la tensión ante una posible derrota no constituye únicamente una condena de los hechos violentos: es también un intento de ordenar la campaña alrededor de una idea política precisa, la de que el deterioro de la convivencia sería la consecuencia de la continuidad del actual Ejecutivo.

La secuencia que sirve de base a ese argumento es grave. Una concentración juvenil convocada a través de redes sociales terminó el sábado en enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, incendios y ataques a comercios. El balance facilitado en la información de partida asciende a 128 detenidos, 72 de ellos menores, mientras la policía autonómica investiga si parte de los saqueos fue organizada previamente mediante grupos de mensajería. Esos datos permiten medir la dimensión operativa del episodio, pero no demuestran por sí solos quién lo promovió ni que exista una estrategia política detrás de los disturbios. Esa diferencia entre hechos acreditados e interpretación partidista será decisiva en las próximas semanas.

La calle como campo de batalla electoral

La frase de Feijóo —“Como han perdido la calle, quieren incendiarla”— convierte un episodio de orden público en una lectura global sobre el poder. El líder del PP no se limita a reclamar más policía o sanciones para los responsables; vincula la violencia a una supuesta resistencia del bloque gubernamental a abandonar las instituciones. La operación retórica es eficaz porque conecta tres preocupaciones distintas: el miedo de los vecinos, la inseguridad económica y el cansancio ante la polarización. Sin embargo, también eleva el riesgo de que una investigación policial todavía abierta quede subordinada a una conclusión política anticipada.

El PP pretende que Barcelona funcione como una prueba visible de su diagnóstico nacional: allí donde el Estado parece incapaz de garantizar la seguridad, la oposición se presenta como la fuerza capaz de restablecer el control. La visita anunciada de Feijóo junto a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y cabeza de lista por Barcelona, responde a esa lógica. No será solo un gesto de solidaridad con comerciantes y agentes; será una escenificación de proximidad territorial y autoridad política en una provincia electoralmente decisiva.

Para los residentes y propietarios de establecimientos afectados, la discusión partidista tiene una dimensión concreta. Cada incendio, saqueo o jornada de cierre implica pérdidas inmediatas, interrupciones de actividad y una percepción de vulnerabilidad que puede modificar hábitos de consumo e inversión. Los comerciantes no necesitan únicamente discursos de firmeza: necesitan información transparente sobre la investigación, compensaciones cuando proceda, protección durante las concentraciones y una estrategia que evite que la respuesta policial llegue después de que la violencia se haya extendido. En este punto, la eficacia de la propuesta popular se medirá por sus instrumentos, no por la intensidad de sus acusaciones.

El dato más sensible no es solo el número de detenidos

Que 72 de los 128 detenidos sean menores introduce una variable especialmente delicada. El dato apunta a la capacidad de las redes sociales y de los grupos de mensajería para movilizar rápidamente a jóvenes, pero no permite equiparar participación juvenil con planificación criminal. La investigación deberá establecer cuántos menores participaron en actos violentos, cuántos fueron detenidos por su presencia en la zona y qué papel desempeñaron las posibles redes de coordinación. Sin esa diferenciación, el debate puede desplazarse hacia una estigmatización generacional que dificulte la prevención.

La hipótesis de que parte de los saqueos se organizó previamente mediante mensajería también plantea un desafío para las fuerzas de seguridad. La vigilancia de convocatorias públicas es relativamente distinta de la identificación de grupos cerrados, donde la información puede circular con rapidez y desaparecer después. La respuesta requiere capacidades de inteligencia digital, coordinación entre cuerpos policiales y cooperación con las plataformas, siempre dentro de los límites legales. El problema no se resuelve ampliando el lenguaje de la amenaza: exige determinar qué información estaba disponible antes de los disturbios y por qué no se tradujo en una prevención efectiva.

El caso de Barcelona, además, se incorpora a una cadena de episodios que Feijóo presenta como parte de un mismo clima: los disturbios, el escrache a Santiago Abascal en A Coruña y la supuesta justificación de la violencia por parte de determinados dirigentes. La oposición intenta construir así una frontera moral entre “civismo” y “barbarie”. La dificultad está en que esa frontera puede ser políticamente útil, pero pierde valor democrático si se aplica de forma selectiva. La condena a la violencia debe alcanzar a los agresores con independencia de su adscripción ideológica, y la crítica a un escrache no debería convertirse en una licencia para atribuir responsabilidades colectivas sin pruebas.

Seguridad, Ceuta y la ampliación del conflicto

El respaldo de Feijóo a las mujeres ceutíes que se manifiestan en Madrid introduce otro foco de inseguridad en el mismo relato. Al contraponer su “civismo” a la “barbarie” de Barcelona, el candidato busca presentar una sensibilidad común ante problemas territorialmente distintos: la percepción de abandono por parte del Estado, la demanda de mayor protección y el temor a que las instituciones reaccionen tarde. Su compromiso con Ceuta, definido como “más vigente que nunca”, pretende reforzar la imagen del PP como partido de defensa de la integridad territorial y de la seguridad.

Pero la acumulación de episodios puede producir un efecto contrario al buscado. Si Barcelona, A Coruña y Ceuta aparecen como pruebas indistintas de una crisis general, se corre el riesgo de borrar las causas específicas de cada conflicto. La seguridad urbana, la protección de una ciudad autónoma y la libertad de manifestación requieren políticas diferentes. Un programa electoral que las englobe bajo una sola denuncia puede movilizar a votantes descontentos, pero ofrecerá menos respuestas a quienes esperan soluciones verificables y no solo una narrativa de emergencia.

La promesa económica busca ampliar la base del mensaje

Feijóo no ha limitado su intervención a la seguridad. Ha presentado también un paquete económico compuesto por la construcción de un millón de viviendas, rebajas fiscales inmediatas para jóvenes, familias y autónomos, revalorización de las pensiones conforme al IPC y una auditoría general de las cuentas públicas. La combinación es deliberada: la seguridad atrae la atención mediática, mientras vivienda, impuestos y pensiones permiten convertir el discurso de oposición en una oferta transversal.

La vivienda es el punto con mayor capacidad para conectar con una frustración cotidiana. La promesa de un millón de viviendas pretende aumentar la oferta y favorecer el acceso a la propiedad, pero el número, por sí mismo, no explica dónde se construirían, en qué plazos, con qué suelo disponible ni qué proporción se destinaría a alquiler asequible. En los mercados tensionados, la nueva oferta puede tardar años en traducirse en precios más accesibles. También importa su localización: una vivienda construida lejos de los empleos, del transporte y de los servicios puede aumentar el parque residencial sin resolver el problema de acceso que padecen jóvenes y familias.

El segundo punto crítico es la financiación. La reducción de impuestos para varios grupos sociales puede elevar la renta disponible a corto plazo, pero disminuye ingresos públicos si no se acompaña de una compensación presupuestaria. Feijóo ha defendido que el esfuerzo fiscal debe traducirse en mejores servicios, una afirmación razonable desde la perspectiva del contribuyente, aunque incompleta desde el punto de vista de las cuentas del Estado. La cuestión electoral será saber qué impuestos bajarían, cuánto costaría la medida y qué partidas se revisarían sin deteriorar sanidad, educación, dependencia o seguridad.

Los autónomos y las familias pueden recibir favorablemente una rebaja inmediata, sobre todo en un contexto de inflación y encarecimiento de la vivienda. Sin embargo, las administraciones locales y autonómicas necesitarán conocer el impacto sobre sus ingresos para planificar servicios. La propuesta puede generar un conflicto entre alivio fiscal individual y capacidad financiera colectiva. El debate no debería reducirse a la oposición entre “pagar menos” y “gastar más”, sino abordar qué impuestos se modifican, quién se beneficia realmente y qué servicios quedan protegidos.

Pensiones: consenso social y prueba de credibilidad

La defensa del sistema público de pensiones como asunto “innegociable” responde a una sensibilidad electoral muy concreta. Feijóo ha prometido mantener la revalorización vinculada al IPC anual y proteger el futuro del sistema para los jóvenes, evitando que las prestaciones se utilicen como “moneda de cambio” política. Con ello intenta hablar simultáneamente a dos generaciones: a los pensionistas, preocupados por conservar poder adquisitivo, y a los trabajadores jóvenes, inquietos por si podrán recibir una prestación suficiente en el futuro.

El problema es que garantizar la actualización con la inflación resuelve la protección inmediata, pero no el equilibrio financiero de largo plazo. El envejecimiento de la población, la evolución del empleo, los salarios y la relación entre cotizantes y pensionistas condicionan la sostenibilidad del sistema. Una auditoría de las cuentas públicas podría mejorar la transparencia y detectar gastos ineficientes, pero no sustituye una reforma estructural ni demuestra por sí sola que haya recursos suficientes para financiar todos los compromisos anunciados.

La promesa tiene además una dimensión de confianza institucional. Si los partidos convierten las pensiones en un arma de campaña y luego modifican sus posiciones al llegar al Gobierno, el coste no se limita a la pérdida de credibilidad de un candidato: afecta a la percepción de estabilidad de todo el sistema. Por eso, la exigencia de Feijóo de que las prestaciones no sean moneda de cambio debería aplicarse a cualquier mayoría parlamentaria, incluida la que él aspire a encabezar.

La renovación del PP y el examen de la gestión

El PP ha renovado 31 de sus 52 cabezas de lista al Congreso, el 59,6% respecto a 2023, con presencia destacada de alcaldes y responsables autonómicos. Feijóo presenta esa experiencia como una garantía de gestión. La elección tiene ventajas y costes. Los alcaldes pueden aportar conocimiento directo de los problemas de vivienda, seguridad y servicios, mientras los responsables autonómicos conocen la ejecución administrativa. Pero también cargan con resultados concretos: listas de espera, políticas urbanísticas, gestión presupuestaria y respuesta ante conflictos locales.

La renovación permite al partido marcar distancia con etapas anteriores, aunque no elimina la responsabilidad de la dirección nacional. Los candidatos deberán defender simultáneamente un mensaje centralizado sobre seguridad y rebajas fiscales y, a la vez, explicar cómo se aplicará en municipios y comunidades con competencias diferentes. Esa tensión será visible durante la campaña: el elector puede valorar la cercanía de un alcalde, pero también preguntarle por los problemas que no ha resuelto desde el gobierno local.

Qué puede ocurrir hasta el 29 de noviembre

La estrategia de Feijóo probablemente intensificará la competición por el voto de la seguridad y de la clase media presionada por el coste de la vida. El Gobierno y sus aliados tendrán incentivos para responder evitando que el PP monopolice la interpretación de los disturbios, pero cualquier declaración imprecisa o cualquier nuevo episodio violento puede reforzar el marco opositor. La investigación de los Mossos será, por tanto, un elemento político aunque su finalidad sea judicial y policial. La publicación de hechos verificables, responsabilidades individualizadas y datos sobre la organización de los saqueos será crucial para impedir que el vacío informativo se llene con acusaciones.

El riesgo más inmediato es la escalada verbal. Presentar una jornada de disturbios como prueba de que el país está al borde del incendio puede movilizar a los votantes propios, pero también aumentar la tensión en futuras concentraciones y dificultar la actuación de los agentes. El segundo riesgo es presupuestario: prometer vivienda, rebajas fiscales, pensiones actualizadas y mejores servicios sin una memoria económica detallada puede trasladar la incertidumbre al día después de las elecciones. El tercero es institucional: si la auditoría pública se presenta como instrumento de depuración partidista y no como mecanismo técnico de transparencia, perderá utilidad antes incluso de comenzar.

La campaña se decidirá, en buena medida, en la capacidad de cada partido para demostrar que sus palabras pueden convertirse en decisiones medibles. En Barcelona, eso significa distinguir prevención, investigación y castigo; en vivienda, cuantificar suelo, plazos y financiación; en impuestos, explicar el coste y las prioridades; y en pensiones, compatibilizar protección presente con sostenibilidad futura. Feijóo ha elegido un marco de cambio “tranquilo y reformista”, pero su discurso sobre una calle incendiada introduce una energía de confrontación que puede ser difícil de contener. La verdadera prueba de su alternativa será mantener la firmeza frente a la violencia sin convertir el miedo en sustituto de un programa de gobierno verificable.