Brasil llega al final del mandato de Luiz Inácio Lula da Silva con una contradicción que condicionará al próximo Gobierno desde el primer día: la economía conserva una base productiva de gran escala, pero las cuentas públicas han alcanzado un punto en el que mantener la política expansiva exige cada vez más financiación y ofrece cada vez menos margen de maniobra. El déficit fiscal del 8,1% señalado en el debate político no es únicamente una cifra contable. Es la expresión acumulada de decisiones de gasto, subsidios, desgravaciones y compromisos sociales que han ampliado las expectativas de la población sin resolver el problema estructural de cómo financiarlas.

La advertencia formulada por el presidente argentino Javier Milei, pese a su retórica habitualmente extrema, coincide en este punto con el diagnóstico de O Globo y con la preocupación del Fondo Monetario Internacional: el próximo Ejecutivo tendrá que adoptar algún tipo de ajuste fiscal. La cuestión decisiva no es si habrá corrección, sino cuándo comenzará, quién soportará su coste y qué parte del Estado podrá modificarse sin agravar la desigualdad, deteriorar los servicios públicos o provocar una reacción social que haga inviable la propia reforma.

El déficit no apareció de repente

La discusión pública tiende a presentar el 8,1% como el resultado inmediato de los últimos gastos de campaña, pero esa lectura es insuficiente. El desequilibrio es el producto de varias capas superpuestas: una política económica expansiva durante los cuatro años de Lula, la ampliación de transferencias y programas de apoyo, incentivos fiscales dirigidos a sectores y consumidores, y una estructura estatal con gastos rígidos, obligaciones constitucionales e intereses corporativos difíciles de recortar.

Los regalos electorales y las desgravaciones acumuladas rondan los 300.000 millones de reales, unos 52.000 millones de euros, aunque Flávio Bolsonaro eleva la estimación hasta 400.000 millones. La discrepancia política sobre el cálculo no altera la conclusión económica: se trata de recursos de una magnitud suficiente para afectar al presupuesto durante varios ejercicios. Parte de estas medidas puede desaparecer cuando termine el ciclo electoral, pero otra parte crea beneficiarios permanentes, expectativas de continuidad y grupos organizados dispuestos a defenderlas.

La primera idea que conviene subrayar es que Brasil no enfrenta un simple problema de austeridad, sino una crisis de composición del gasto. Recortar de forma lineal sería políticamente más sencillo de anunciar, pero económicamente poco eficaz: los programas sociales de mayor alcance no son necesariamente los principales responsables del desequilibrio, mientras que buena parte de los gastos obligatorios y de los beneficios sectoriales tiene una protección institucional mucho mayor. Sin una revisión de prioridades, el ajuste podría reducir inversiones y servicios esenciales mientras conserva privilegios menos visibles.

La aritmética social limita la receta

El desafío del próximo Gobierno consiste en corregir las cuentas sin desmontar la red mínima que sostiene a millones de personas. Bolsa Familia llega a unos 56,3 millones de brasileños, el 26,6% de la población, según los datos citados en el debate. La dimensión del programa explica por qué cualquier reducción abrupta tendría consecuencias económicas y políticas inmediatas, especialmente en las regiones más pobres y en los hogares con ingresos informales o inestables.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor de la Fundación Getulio Vargas, identifica otros servicios cuyo desmantelamiento considera inviable: el acceso a la universidad pública, Farmacia Popular y Pé-de-meia, que ofrece incentivos financieros para evitar el abandono escolar. No se trata solamente de programas asistenciales. La universidad pública forma parte de la estructura de movilidad social; el acceso a medicamentos reduce gastos sanitarios de los hogares; y los incentivos educativos buscan evitar que la pobreza se reproduzca entre generaciones.

La segunda tesis es que el ajuste brasileño solo será sostenible si diferencia entre gasto social productivo, gasto obligatorio y beneficios de baja eficacia. Un real destinado a mantener a un adolescente en la escuela puede generar, con el tiempo, más ingresos fiscales y menor dependencia de las transferencias que un subsidio generalizado con escaso control de resultados. Del mismo modo, preservar el acceso básico a medicamentos puede evitar costes hospitalarios futuros. El problema no es oponer equilibrio presupuestario y protección social, sino medir qué gastos reducen vulnerabilidades y cuáles simplemente trasladan recursos hacia sectores con mayor capacidad de presión.

Esta distinción será especialmente importante en el nordeste, donde la pobreza alcanza a casi la mitad de la población, frente a tasas inferiores al 12% en el sur. Un recorte uniforme produciría un impacto territorialmente desigual. Las regiones con menor renta tienen menos capacidad para compensar la retirada del Estado mediante ahorro privado, seguros médicos, educación de pago o redes familiares. Por eso, la discusión fiscal es también una disputa sobre el reparto geográfico de la crisis.

La paradoja de un país rico con servicios débiles

Brasil posee una economía diversificada, una industria agroalimentaria de escala mundial y una industria aeroespacial competitiva, articulada en torno a Embraer. Es la novena economía del mundo y cuenta con empresas capaces de competir en mercados tecnológicos exigentes. Sin embargo, esa fortaleza convive con servicios públicos de baja calidad, déficits de vivienda, transporte y saneamiento, violencia urbana y expansión del crimen organizado.

La paradoja no es accidental. Una carga fiscal elevada no garantiza servicios eficaces cuando el presupuesto está fragmentado entre obligaciones rígidas, transferencias, nóminas, intereses y beneficios sectoriales. El Estado puede recaudar mucho y, aun así, tener poca capacidad para invertir en infraestructura, seguridad o innovación. En estas condiciones, cada nuevo compromiso político reduce el espacio destinado a mejorar la productividad, que es precisamente la vía más sólida para aumentar ingresos y aliviar el peso relativo de la deuda.

O Globo ha descrito un Estado capturado por intereses corporativos y provincianos, incapaz de financiar todo lo que promete la Constitución. Esa crítica apunta a una tensión central: las promesas constitucionales son amplias, pero los mecanismos de evaluación y priorización del gasto no tienen la misma fuerza. Los candidatos pueden anunciar beneficios de inmediato y dejar para después la discusión sobre su coste. El resultado es una política pública que premia la expansión visible y posterga la reforma administrativa menos popular.

La flexibilización laboral defendida por Carvalho Teixeira añade otra dimensión. En un país donde millones de personas carecen de preparación suficiente, flexibilizar sin formación, protección básica y capacidad de fiscalización podría aumentar la precariedad. Pero mantener un mercado laboral excesivamente rígido también puede excluir a jóvenes y trabajadores de baja cualificación. La reforma, por tanto, no debería limitarse a abaratar despidos o reducir obligaciones empresariales: tendría que vincularse a capacitación, formalización y acceso a empleos de mayor productividad.

Quién pagará la factura

Las alternativas están acotadas. El próximo Gobierno puede recortar gastos, subir impuestos o combinar ambas opciones. Cada camino redistribuye pérdidas. Los recortes sobre transferencias afectan a los hogares vulnerables; la reducción de inversiones limita el crecimiento futuro; el aumento de impuestos sobre el consumo castiga proporcionalmente más a quienes destinan casi toda su renta a bienes básicos; y una mayor presión sobre empresas puede reducir inversión si no se acompaña de reglas estables.

Los mercados financieros mirarán menos el discurso inicial que la credibilidad del programa. Si perciben que el ajuste depende de ingresos extraordinarios, de previsiones de crecimiento demasiado optimistas o de medidas que necesitan aprobación parlamentaria incierta, exigirán una prima de riesgo mayor. Esa subida encarece el servicio de la deuda y reduce el dinero disponible para políticas públicas, creando un círculo en el que la desconfianza aumenta el déficit y el déficit alimenta la desconfianza.

El FMI ha advertido de un posible episodio de “huida hacia la seguridad”, en el que los inversores internacionales trasladan fondos hacia activos considerados más seguros. Para una economía emergente, el efecto puede aparecer mediante diferenciales soberanos más amplios, depreciación de la moneda y condiciones financieras nacionales más restrictivas. No hace falta que Brasil entre en una crisis cambiaria para sufrir el golpe: basta con que la financiación se encarezca y que los hogares y las empresas pospongan decisiones de consumo e inversión.

Los acreedores reclamarán disciplina; los empresarios pedirán previsibilidad y menor burocracia; los gobernadores defenderán transferencias y obras regionales; los sindicatos se opondrán a reformas laborales que perciban como una pérdida de derechos; y los beneficiarios de los programas sociales exigirán continuidad. El próximo Ejecutivo tendrá que construir una coalición mucho más amplia que la de una simple mayoría electoral. Sin un acuerdo mínimo sobre la secuencia del ajuste, cada grupo intentará proteger su partida y el recorte recaerá sobre las áreas con menor poder de negociación.

El crecimiento del 2,1% cambia el margen político

El FMI ha rebajado al 2,1% la previsión de crecimiento de Brasil para 2026. Una expansión de ese nivel no es una recesión, pero tampoco genera suficientes ingresos adicionales para resolver por sí sola un déficit del 8,1%. La diferencia entre crecer al 2% y hacerlo a tasas claramente superiores resulta determinante cuando el Estado necesita estabilizar la deuda, absorber una población urbana extensa y financiar inversiones atrasadas.

Este es el tercer punto de análisis: cuanto más tarde se aplique una estrategia creíble, más probable será que la corrección se produzca bajo presión externa y no mediante una transición planificada. Con crecimiento moderado, el Gobierno no puede confiar en que la recaudación cierre la brecha. Si opta por nuevos estímulos para sostener la actividad, puede obtener un alivio temporal a costa de aumentar las dudas sobre la solvencia. Si aplica un ajuste demasiado rápido, corre el riesgo de profundizar la desaceleración y reducir la base tributaria.

La salida exige combinar disciplina y oferta. Una reforma fiscal que simplifique impuestos, reduzca excepciones ineficientes y mejore la administración tributaria podría elevar ingresos sin depender únicamente de subir tipos. Una revisión de subsidios debería priorizar los que generan empleo, innovación o infraestructura verificable. Y una reforma administrativa necesitaría concentrarse en productividad y calidad del servicio, no solo en congelar salarios o limitar contrataciones.

La próxima crisis puede ser política antes que financiera

La principal amenaza no es únicamente que los mercados pierdan confianza, sino que la sociedad pierda confianza en el proceso de ajuste. Brasil mantiene desigualdades tan profundas que una reforma percibida como protección de las élites podría activar protestas, bloquear el Congreso y fortalecer a la oposición. La experiencia latinoamericana demuestra que los programas de consolidación fiscal fracasan cuando sus beneficios se anuncian a largo plazo y sus costes se sienten de inmediato, sin mecanismos visibles de compensación.

También existe un riesgo de seguridad. O Globo vincula el deterioro de las cuentas con la violencia y el avance del crimen organizado sobre territorios, economías e instituciones. Si la falta de recursos reduce la capacidad policial, judicial o penitenciaria, la criminalidad puede aprovechar el vacío. Pero aumentar el gasto en seguridad sin reformar la gestión pública tampoco garantiza resultados. La lucha contra las organizaciones criminales requiere coordinación entre niveles de gobierno, inteligencia financiera y control territorial sostenido, áreas que suelen sufrir cuando el presupuesto se ejecuta de forma fragmentada.

Durante los próximos años pueden dibujarse tres escenarios. En el primero, el Gobierno presenta pronto un programa gradual, protege los ingresos mínimos, revisa exenciones y consigue respaldo parlamentario. La confianza mejora lentamente y el crecimiento evita una recesión, aunque el ajuste resulte impopular. En el segundo, las autoridades aplazan las decisiones, mantienen estímulos y dependen de ingresos inciertos; la moneda se debilita, los intereses suben y la corrección posterior resulta más dura. En el tercero, se impone una austeridad rápida y poco selectiva: el déficit puede caer inicialmente, pero aumentan la pobreza, la conflictividad y el deterioro de servicios esenciales.

El desenlace dependerá de una cuestión que la campaña electoral ha dejado en segundo plano: si los candidatos están dispuestos a explicar qué promesas son financieramente compatibles con el país que heredarán. Brasil no necesita elegir entre responsabilidad fiscal y protección social como si fueran objetivos incompatibles. Necesita decidir qué Estado puede pagar, qué Estado quiere construir y qué grupos deberán renunciar a beneficios que hasta ahora parecían permanentes. La factura ya existe; la incertidumbre reside en quién la asumirá y en si el próximo Gobierno tendrá la legitimidad necesaria para repartirla sin romper el frágil equilibrio económico y social.