Las elecciones presidenciales brasileñas no solo decidirán quién ocupará el Palacio de Planalto. También definirán quién tendrá capacidad para influir sobre uno de los activos estratégicos más codiciados del siglo XXI: las tierras raras. Bajo el subsuelo brasileño se encuentran unos 21 millones de toneladas métricas de estos materiales, equivalentes al 23% de las reservas mundiales. Su importancia excede con mucho el valor de una materia prima convencional: son indispensables para fabricar imanes de alto rendimiento, motores eléctricos, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos, sistemas de guiado y equipos militares.

La disputa electoral enfrenta dos aproximaciones internacionales distintas. Luiz Inácio Lula da Silva propone conservar margen de maniobra mediante una red diversificada de socios, mientras que Flávio Bolsonaro apuesta por una relación mucho más estrecha con Washington. La diferencia no es meramente diplomática. Afecta al modelo de explotación, al grado de control extranjero sobre las empresas, a la posibilidad de crear una industria brasileña de refinado y a la posición del país dentro de la rivalidad entre Estados Unidos y China.

El valor de Brasil no está solo bajo tierra

El primer dato que explica la presión internacional es la asimetría entre reservas y capacidad industrial. China concentra cerca de la mitad de las reservas mundiales y controla alrededor del 90% del procesamiento y la separación de tierras raras que llegan al mercado. Estados Unidos, pese a disponer de una industria tecnológica y militar de enorme escala, cuenta con apenas entre 1,8 y 1,9 millones de toneladas métricas de reservas probadas, aproximadamente entre el 1,5% y el 2% del total mundial.

La vulnerabilidad estadounidense no se resuelve abriendo una nueva mina. La extracción es solo el primer eslabón de una cadena mucho más compleja, que incluye separación química, refinado, fabricación de aleaciones, producción de imanes y transformación industrial. La experiencia china demuestra que el poder estratégico no reside únicamente en poseer el mineral, sino en dominar los procesos que convierten ese mineral en componentes utilizables por la industria.

Ahí se encuentra la primera conclusión relevante: Brasil corre el riesgo de convertirse en una potencia minera sin convertirse en una potencia industrial. Si extrae concentrados y los exporta para que sean procesados en Estados Unidos, China, Australia o Europa, aumentará sus ingresos por exportación, pero conservará una posición subordinada en la cadena de valor. La abundancia geológica no garantiza autonomía económica. Sin capacidad de separación y fabricación, el país podría terminar suministrando el recurso que otros utilizarán para consolidar su propia seguridad tecnológica.

Las restricciones temporales a la exportación aplicadas por Pekín el año pasado hicieron visible esa dependencia. El episodio confirmó que las tierras raras pueden utilizarse como instrumento de presión comercial y geopolítica. Para Washington, asegurar fuentes alternativas se ha convertido en una prioridad industrial. Para Brasil, en cambio, representa una oportunidad excepcional, pero también una prueba de capacidad institucional: deberá decidir si negocia desde la posición de proveedor urgente o si utiliza la competencia entre las potencias para construir una industria propia.

Washington quiere mineral, pero también control sobre la cadena

La operación en torno a Serra Verde Mineração ilustra la dimensión concreta de la ofensiva estadounidense. La empresa, situada en Goiás, es actualmente la única fuera de Asia capaz de suministrar los cuatro elementos necesarios para fabricar imanes permanentes de alto rendimiento: neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. Aunque su producción todavía es modesta, Estados Unidos ha movilizado más de 5.000 millones de dólares en financiación e inversiones relacionadas con la compañía.

En febrero de 2026, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos concedió a Serra Verde una línea de financiación de 565 millones de dólares. Ese mismo mes, el Departamento de Comercio anunció planes para aportar 1.600 millones de dólares a United States Rare Earths a cambio de una participación en su capital. En abril, esa empresa adquirió Serra Verde por 2.800 millones de dólares.

El acuerdo de compra a largo plazo mediante el cual una entidad respaldada por el Gobierno estadounidense adquiriría toda la producción inicial muestra que Washington no está actuando como un inversor ordinario. Está construyendo una cadena de suministro protegida por dinero público, garantías de compra y mecanismos de sostenimiento de precios. El objetivo es reducir la exposición a China, aunque eso implique asumir costes que el mercado privado por sí solo no estaría dispuesto a aceptar.

Esta política tiene una consecuencia directa para Brasil. La inversión estadounidense puede acelerar una explotación que requeriría años para despegar y ofrecer empleo, infraestructura y acceso a tecnología. Pero también puede limitar la capacidad brasileña de decidir quién compra el material, a qué precio y con qué destino industrial. La financiación pública extranjera no elimina la dependencia: puede desplazarla desde Pekín hacia Washington si no existe una regulación brasileña capaz de preservar opciones.

Dos modelos exteriores para un mismo subsuelo

El proyecto de Lula parte de una premisa pragmática: ningún socio debe controlar por completo el sector. Su Gobierno ha buscado atraer capital de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Rusia y Asia, y recientemente firmó un acuerdo de cooperación con India, país que posee unas reservas estimadas en siete millones de toneladas métricas. Esta estrategia responde a la estructura real del mercado: Brasil necesita capital, tecnología, compradores y conocimientos de procesamiento, pero no dispone de incentivos para entregar todos esos componentes a una sola potencia.

La diversificación, sin embargo, no debe confundirse con neutralidad. Brasil mantiene una relación comercial decisiva con China, mientras intenta atraer inversiones estadounidenses y preservar su margen dentro de los BRICS. El equilibrio se ha vuelto más difícil después de que Washington impusiera aranceles del 50% a miles de productos brasileños en 2025, los retirara parcialmente por la presión de sus propias industrias y volviera a aplicar parte de ellos meses después. La disputa alrededor de Pix añadió un componente tecnológico a una relación ya marcada por la presión política.

Flávio Bolsonaro ofrece el enfoque opuesto. Su cercanía con Donald Trump y su defensa de una alianza estrecha con Washington sugieren que las tierras raras podrían integrarse en una relación estratégica más amplia, junto con cooperación militar, energética y tecnológica. La ventaja de esa fórmula sería la rapidez: Estados Unidos dispone de recursos financieros y de una demanda industrial inmediata. El riesgo es que Brasil pierda capacidad para negociar con China y otros socios justo cuando la competencia entre ellos puede elevar el valor de sus activos.

La segunda conclusión es que la elección no enfrenta simplemente multilateralismo y alineamiento ideológico. En realidad, enfrenta dos formas de administrar el poder de negociación. La primera intenta maximizarlo manteniendo abiertas varias puertas; la segunda busca obtener beneficios de una alianza prioritaria, aunque a cambio de aceptar mayores compromisos geopolíticos. En un mercado dominado por pocos compradores y procesadores, esa elección afectará tanto al precio del mineral como a la autonomía de la política exterior brasileña.

El Congreso intenta impedir que la riqueza salga sin transformación

La aprobación, el 3 de septiembre, de una ley marco sobre tierras raras y minerales críticos revela que existe un consenso nacional más amplio que la polarización electoral. Tanto las fuerzas próximas a Lula como sectores vinculados a Bolsonaro reconocen que Brasil no debería limitarse a exportar materias primas. La norma contempla incentivos fiscales cercanos a 1.000 millones de dólares, créditos de fomento para el refinado local y beneficios para las empresas que fabriquen baterías dentro del país.

El texto también permite al Gobierno vetar acuerdos extranjeros que puedan afectar a la seguridad económica o geoestratégica y modificar la composición societaria de determinadas compañías. La creación del Consejo Nacional de Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos pretende dotar al Estado de una herramienta permanente para supervisar un sector que hasta ahora se ha desarrollado mediante proyectos dispersos.

La ley cambia el punto de partida de las negociaciones. Una empresa extranjera ya no podrá evaluar el subsuelo brasileño únicamente como una concesión minera. Deberá considerar exigencias de procesamiento, empleo, transferencia tecnológica y participación local. El problema será convertir esas condiciones en proyectos económicamente viables. El refinado requiere energía, infraestructura, personal especializado y un mercado suficientemente estable. Si la regulación impone obligaciones sin crear capacidades, puede retrasar inversiones sin producir una industria nacional.

La disputa por Serra Verde anticipa esa tensión. Rede Sustentabilidade, partido dirigido por Marina Silva, pidió al Supremo Tribunal Federal suspender la venta argumentando que Brasil podría perder salvaguardas sobre un activo estratégico. Además, la Constitución establece que el subsuelo pertenece a la Unión y que solo el Gobierno federal puede autorizar su exploración. La revisión de la Abogacía General de la Unión pone de relieve una vulnerabilidad institucional: la propiedad de una empresa minera no equivale automáticamente al control jurídico sobre el subsuelo, pero una operación corporativa puede alterar de facto quién decide sobre la producción y sus compradores.

La carrera internacional ya empezó

Estados Unidos no es el único aspirante. Las empresas australianas han presentado 695 solicitudes para explorar tierras raras en Brasil, frente a 347 solicitudes estadounidenses, según un análisis de la agencia AP. Australia también reforzó su posición con la adquisición de Meteoric Resources por Lynas Rare Earths en una operación valorada en unos 670 millones de dólares. Meteoric controla el proyecto Caldeira, que podría albergar el mayor yacimiento mundial de tierras raras en arcillas iónicas.

La geología brasileña explica parte de este interés. Según las estimaciones citadas por los analistas, el 73% de sus yacimientos se encuentra en depósitos de arcillas iónicas. En ellos, los procesos naturales han concentrado los elementos y podrían simplificar la extracción frente a otros tipos de mineral. Esa ventaja puede reducir costes y hacer más competitivos los proyectos brasileños, pero no elimina los riesgos ambientales ni garantiza que la fase de separación sea sencilla.

Al menos 18 compañías extranjeras participan actualmente en proyectos brasileños, con inversiones anunciadas superiores a 3.500 millones de dólares. La llegada de capital puede acelerar carreteras, redes eléctricas, laboratorios y empleos en regiones del interior. También puede desencadenar una carrera por las concesiones en la que las comunidades locales tengan menos capacidad para negociar y el Estado termine aprobando proyectos antes de disponer de información ambiental suficiente.

La licencia ambiental será el principal campo de batalla interno

Una cuarta parte de las solicitudes de exploración afecta a territorios indígenas, áreas protegidas o zonas situadas a menos de diez kilómetros de ellas. Aunque los principales depósitos no se encuentran en la Amazonía, la expansión minera puede provocar deforestación, contaminación y conflictos por el agua en otros estados del interior. Las organizaciones ambientalistas y las comunidades indígenas denuncian la ausencia de mecanismos adecuados de consulta libre, previa e informada.

Lula ha defendido la simplificación de los procedimientos de licencia ambiental para acelerar los permisos, una posición que coincide parcialmente con la de Bolsonaro. La coincidencia revela la presión que ejerce la oportunidad económica sobre gobiernos de orientaciones distintas. Sin embargo, simplificar no debería significar reducir controles. Los proyectos de tierras raras pueden durar décadas y dejar residuos químicos persistentes. Una autorización deficiente trasladaría los costes a las comunidades y al Estado, mientras los beneficios iniciales quedarían concentrados en empresas mineras y compradores extranjeros.

El desafío consiste en hacer previsibles los permisos sin convertirlos en trámites automáticos. Eso exige personal técnico suficiente, reglas claras, monitoreo independiente y consulta efectiva a las poblaciones afectadas. La velocidad administrativa es útil para atraer inversión, pero la falta de legitimidad social puede paralizar los proyectos mediante litigios, protestas y cambios regulatorios posteriores. En este sector, la incertidumbre ambiental no es un problema periférico: es un riesgo financiero que puede encarecer el capital y destruir la confianza de los compradores.

La oportunidad puede convertirse en dependencia con bandera diferente

El escenario más probable después de las elecciones no es una ruptura inmediata con China ni una entrega completa a Estados Unidos. La magnitud de las inversiones necesarias obligará a Brasil a mantener varios canales abiertos. El país necesitará capital extranjero para la extracción, socios tecnológicos para la separación y compradores capaces de garantizar ingresos durante los primeros años de operación.

La cuestión decisiva será si el Estado utiliza esa competencia para crear condiciones de industrialización. Para lograrlo tendrá que vincular las concesiones a objetivos verificables: procesamiento local progresivo, formación de trabajadores, participación de proveedores brasileños, investigación aplicada y reservas estratégicas. También deberá evitar que los incentivos fiscales conviertan el presupuesto público en una subvención permanente a empresas extranjeras sin retorno tecnológico.

Si Brasil consigue avanzar en esos frentes, las tierras raras pueden financiar una nueva base industrial y diversificar una economía demasiado dependiente de las exportaciones de productos básicos. Si fracasa, la carrera internacional solo producirá un nuevo ciclo extractivo: el mineral saldrá del país, el refinado y la fabricación se harán en el exterior, y Brasil quedará expuesto a las decisiones de los mismos actores que hoy intenta sustituir.

La elección presidencial decidirá el tono de la diplomacia, pero no resolverá por sí sola el dilema. La verdadera disputa se desarrollará después, en los contratos, las normas ambientales, las decisiones del Supremo Tribunal Federal y la capacidad del Congreso para exigir valor añadido. El subsuelo brasileño ofrece una ventaja extraordinaria; transformarla en soberanía económica dependerá de que Brasil controle no solo la mina, sino también la tecnología, los datos, el procesamiento y el destino industrial de lo que extrae.