La elección brasileña dejó de ser hace tiempo una disputa limitada entre dos proyectos nacionales. En las calles de San Pablo, en los mensajes de campaña y en las promesas de política exterior, el balotaje aparece como una definición sobre el lugar de Brasil en América Latina y sobre los límites regionales del trumpismo. Luiz Inácio Lula da Silva busca transformar una remontada difícil en una hazaña política; Flávio Bolsonaro intenta presentar el desgaste del oficialismo como una oportunidad de “mudanza”, una palabra deliberadamente amplia que condensa el malestar social sin precisar todavía el destino económico e institucional de ese cambio.

La dimensión internacional no es un adorno retórico. La Casa Blanca intervino mediante aranceles a productos brasileños, la cancelación de la visa de la embajadora, la designación de grupos criminales locales como organizaciones terroristas y mensajes de Donald Trump en respaldo de Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, instalado en Estados Unidos y señalado en la campaña como prófugo, habría gestionado recursos para esa ofensiva. A cambio, el clan bolsonarista ofreció acceso privilegiado a empresas estadounidenses, participación en la explotación de tierras raras y adhesión al denominado “Escudo de las Américas”. La disputa, por tanto, enfrenta también dos concepciones de soberanía: una entendida como capacidad de negociación autónoma y otra como alineamiento estratégico con Washington.

La elección que convirtió la soberanía en un asunto cotidiano

La escena callejera sintetiza esa tensión con una claridad que las plataformas partidarias no siempre alcanzan. En los puestos de merchandising electoral aparecen banderas estadounidenses e israelíes junto a los símbolos brasileños. Livia, vendedora ambulante, resume la posición de una parte del electorado progresista al afirmar que no sólo está en juego la democracia, sino también la soberanía nacional. Felipe, conductor de Uber, expresa la expectativa opuesta: considera que el respaldo de Trump puede ayudar a sacar al país de la “ruina” y mira a la Argentina de Javier Milei como una referencia de cambio.

El contraste es relevante porque muestra que el debate exterior se filtra a través de problemas domésticos. Para sectores populares y trabajadores informales, la soberanía no se presenta como una discusión abstracta sobre tratados, sino como la posibilidad de conservar empleos, subsidios y capacidad de decisión sobre los recursos naturales. Para quienes apoyan a Bolsonaro, en cambio, la relación privilegiada con Estados Unidos aparece como un atajo para atraer capital, disciplinar al Estado y acelerar una transformación económica. El riesgo de esta segunda promesa es que la dependencia se venda como modernización, mientras los costos de la apertura recaen sobre quienes tienen menor capacidad de negociación.

La comparación con Argentina cumple una función electoral precisa. El experimento de Milei opera simultáneamente como modelo y como advertencia. El bolsonarismo lo utiliza para asociar la palabra “cambio” con una ruptura radical del orden existente; el lulismo lo emplea como ejemplo de los costos sociales y de la inestabilidad que, a su juicio, acompañan ese camino. La discusión no se centra sólo en si el programa argentino es exitoso o fallido, sino en quién logra imponer el marco interpretativo: el cambio como liberación frente a un sistema agotado o como amenaza de recortes y retrocesos democráticos.

El dato político más importante está fuera de las encuestas

La primera vuelta produjo una señal que excede la distribución de votos: los dos candidatos más votados de todo Brasil fueron Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, jóvenes influencers vinculados al bolsonarismo. El resultado confirma que la derecha radical no depende exclusivamente de las estructuras partidarias tradicionales. Su fuerza se construye mediante comunidades digitales, identificación personal y una comunicación capaz de convertir conflictos culturales en relatos simples, compartibles y emocionalmente eficaces.

La intervención de Meta agrega una dimensión institucional al problema. La campaña de Lula denunció que Instagram y Facebook manipularon sus algoritmos para favorecer al candidato de extrema derecha, y el Tribunal Electoral ordenó modificar esa conducta. La empresa negó un trato desigual y atribuyó lo ocurrido a “incidentes técnicos”. La controversia no puede resolverse sólo con la versión de una de las partes: se necesita conocer qué cambios algorítmicos se produjeron, durante cuánto tiempo, a qué cuentas afectaron y si existieron mecanismos independientes de auditoría. Sin esa información, la plataforma conserva una ventaja estructural: controla la infraestructura, define el lenguaje técnico de la explicación y puede presentar una decisión política como una anomalía operativa.

La primera conclusión es clara: las redes sociales ya no son un canal secundario de campaña, sino un espacio de poder comparable a la televisión y a la maquinaria territorial. Quien controla la circulación inicial de los mensajes puede influir en qué temas alcanzan visibilidad, qué candidatos parecen competitivos y qué controversias desaparecen antes de consolidarse. El problema no afecta sólo a Lula o a Bolsonaro. También altera las condiciones de competencia para legisladores, movimientos sociales y pequeños partidos que no cuentan con recursos para producir contenido permanente ni para responder a campañas de desinformación.

La reacción del lulismo revela que el oficialismo comprendió tarde la magnitud de esa transformación. Para el balotaje giró su estrategia digital, incorporó a jóvenes diputados electos como Ana Elisa Santos, de 21 años, intensificó los videos grabados en primera persona y dio un papel central a André Janones. Su grupo de WhatsApp, conocido como “el Ejército de Lula”, superó los 9 millones de miembros. La cifra no equivale automáticamente a votos, pero sí muestra la escala de una red de distribución política que puede disputar agenda, velocidad y cercanía a los influencers bolsonaristas.

El cambio de contenido también es significativo. La campaña dejó de concentrarse en la defensa general de la gestión y pasó a exponer quién es Flávio Bolsonaro, qué hizo su padre Jair y qué consecuencias tendría el retorno del bolsonarismo sobre los programas sociales y las instituciones. Es una estrategia de contraste, no de celebración. Busca convertir la elección en un referéndum sobre un pasado reciente y reducir el margen de ambigüedad que ofrece la consigna de la “mudanza”.

La remontada depende de una alianza entre medidas concretas y temor político

El segundo punto decisivo es que Lula no apuesta únicamente a la memoria de sus gobiernos anteriores ni al rechazo al bolsonarismo. Su campaña intenta demostrar que la mejora material puede comenzar antes de que llegue una transformación estructural. Entre las iniciativas recientes aparecen la aprobación en el Senado de una reducción de la jornada laboral, el aumento del 15% del Bolsa Familia, beneficios para familias endeudadas, la rebaja de impuestos a los combustibles y la propuesta de transporte gratuito durante los fines de semana.

Estas medidas cumplen dos funciones. En el plano social, ofrecen alivio a hogares afectados por el endeudamiento y por el costo de la vida. En el plano electoral, desplazan la discusión desde la identidad ideológica hacia la experiencia inmediata de los votantes. Sin embargo, también abren interrogantes sobre su financiamiento, su implementación y su capacidad real para modificar expectativas antes del balotaje. Una reducción de la jornada laboral puede mejorar la calidad de vida y fortalecer la productividad en determinados sectores, pero también puede generar resistencia empresarial y efectos diferenciados entre trabajadores formales, informales y autónomos. El transporte gratuito puede reducir gastos familiares, aunque exige recursos fiscales y acuerdos con municipios y operadores.

La segunda conclusión es que el oficialismo necesita que sus anuncios funcionen como una cadena coherente y no como un conjunto de beneficios aislados. El aumento del Bolsa Familia ayuda a proteger ingresos; la reducción de impuestos puede aliviar costos; las medidas contra el endeudamiento pueden liberar consumo. Pero si la población no percibe una mejora acumulativa, la oposición conservará la capacidad de presentar cada iniciativa como paliativo tardío. La política económica, en esta fase, es también una batalla por el tiempo: Lula necesita convertir decisiones recientes en sensaciones concretas antes de que el voto se cierre.

La respuesta callejera sugiere que esa operación encontró un complemento inesperado. El miedo al regreso de la extrema derecha activó un movimiento ciudadano que desbordó las estructuras orgánicas, con movilizaciones multitudinarias, actividades constantes y micromilitancia. La autocrítica del campo lulista consiste en reconocer que esa energía no estuvo presente durante la primera vuelta. Rodrigo Suñe, de la coordinación nacional del Movimiento Sin Tierra, atribuye la recuperación en los sondeos y en el clima político a la combinación entre movilización territorial, acción digital y una ofensiva programática capaz de instalar asuntos concretos.

Lo que cada bloque promete y lo que todavía no explica

El bolsonarismo cuenta con ventajas evidentes. Su narrativa de ruptura es sencilla, se apoya en el cansancio con la política tradicional y puede presentar cualquier dificultad del gobierno como prueba de agotamiento. La alianza con Trump le ofrece una imagen de respaldo internacional y una promesa de acceso preferencial a capitales y mercados. Su propuesta de cambio, además, se beneficia de no tener que detallar de inmediato quién financiará la transición, qué sectores asumirán los costos o cómo se protegerán los derechos sociales.

El oficialismo, por su parte, tiene la ventaja de ocupar el centro institucional y de poder exhibir políticas públicas concretas. Pero carga con una contradicción: necesita defender la estabilidad democrática y, al mismo tiempo, demostrar que esa estabilidad produce resultados tangibles. Si el mensaje se limita a advertir sobre el peligro bolsonarista, puede parecer una apelación defensiva. Si se concentra sólo en beneficios económicos, puede subestimar la capacidad de la derecha para movilizar identidades, resentimientos y expectativas de ruptura.

Los movimientos sociales enfrentan otra tensión. Son decisivos para llevar votantes a las calles, organizar redes y sostener la campaña en territorios donde los algoritmos no alcanzan. No obstante, su protagonismo puede ser presentado por la oposición como presión corporativa o movilización partidaria. La legitimidad de su intervención dependerá de que logren conectar demandas sectoriales con preocupaciones más amplias, como el empleo, el costo de la vida, la seguridad y la defensa de las instituciones.

Después del balotaje comenzará la disputa verdaderamente difícil

Sea cual sea el resultado, la elección dejará un sistema político más condicionado por actores externos, plataformas privadas y liderazgos digitales. Una victoria de Lula fortalecería la idea de que Brasil puede funcionar como dique regional frente al trumpismo, pero no resolvería la polarización ni la influencia de las redes. El gobierno debería transformar la movilización electoral en una política sostenida de transparencia algorítmica, educación digital y regulación de plataformas, con garantías para la libertad de expresión y controles independientes sobre las empresas tecnológicas.

Un triunfo de Flávio Bolsonaro tendría efectos inmediatos sobre la relación con Washington y sobre la política económica. La entrega de ventajas a empresas estadounidenses y la explotación de tierras raras podrían atraer inversiones, pero también generar conflictos por la soberanía de los recursos, la distribución de regalías y el impacto ambiental. La adhesión al “Escudo de las Américas” profundizaría, además, la dependencia estratégica y podría tensionar las relaciones de Brasil con sus vecinos y con otros socios comerciales.

El riesgo más profundo no reside únicamente en quién gane, sino en que la elección consolide la idea de que la política puede ser administrada por una combinación de presión extranjera, algoritmos opacos y promesas de ruptura sin costos explícitos. En ese escenario, el resultado electoral sería apenas el inicio de una disputa más larga por la definición de democracia, desarrollo y autonomía nacional.

Lula llega a los últimos días aferrado a una paradoja gramsciana: la razón obliga a reconocer que nunca se produjo una “virada” desde que Brasil utiliza el balotaje, mientras la voluntad política exige actuar como si todavía fuera posible. A dos días de cumplir 81 años, su apuesta épica no depende sólo de su biografía. Depende de que la movilización de las calles, la ofensiva digital y las medidas sociales logren convertir el rechazo al bolsonarismo en una mayoría concreta. En Brasil, esa mayoría no decidirá únicamente el próximo gobierno: también fijará hasta dónde puede avanzar el nuevo eje de poder que une a la extrema derecha local, Washington y las plataformas digitales.