La recta final de las elecciones brasileñas ha trasladado una parte decisiva de la campaña desde los actos públicos hacia los sistemas que ordenan, bloquean y distribuyen contenidos en internet. A dos días del balotaje entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, Meta y X han quedado bajo la presión directa del Tribunal Superior Electoral (TSE), en medio de acusaciones cruzadas de manipulación, restricciones y propaganda negativa. El conflicto ya no se limita a lo que publican los candidatos: alcanza la arquitectura técnica que determina qué mensajes llegan a los votantes y cuáles desaparecen.

Un electorado conectado que convirtió las plataformas en terreno decisivo

La dimensión del enfrentamiento se explica, en primer lugar, por la magnitud del ecosistema digital brasileño. En 2025, más del 90% de la población utilizaba internet. El país contaba con 168,7 millones de personas mayores de diez años conectadas, en su mayoría desde teléfonos móviles, y el 95,6% accedía a la red diariamente, de acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En ese contexto, Facebook, Instagram y WhatsApp no funcionan únicamente como canales adicionales para difundir propaganda. Son espacios donde se forman percepciones políticas, se multiplican denuncias y se acelera la circulación de información falsa. La campaña electoral se vuelve, por tanto, dependiente de decisiones que el público rara vez puede observar: la clasificación algorítmica de una publicación, la suspensión de un anuncio o la intervención de una herramienta de inteligencia artificial.

La disputa entre Lula y Bolsonaro refleja esa transformación. Las acusaciones de ambos equipos no se refieren solo a contenidos publicados por simpatizantes, sino a un supuesto trato desigual en la distribución y moderación de esos contenidos. La pregunta central dejó de ser quién tiene más capacidad para movilizar a sus seguidores y pasó a ser quién logra permanecer visible dentro de las plataformas durante las horas más sensibles de la elección.

Un margen estrecho transforma cada decisión en una acusación

El segundo anclaje del conflicto es la estrechez de la competencia. Flávio Bolsonaro llegó al balotaje tras imponerse en la primera vuelta por menos de dos puntos porcentuales. Las encuestas previas a la votación del domingo 25 redujeron aún más la distancia: el estudio más reciente del Instituto Quaest atribuyó al candidato del Partido Liberal el 45% de la intención de voto, frente al 44% de Lula, del Partido de los Trabajadores.

Con una diferencia de apenas un punto, cualquier alteración en la exposición de un mensaje puede adquirir una importancia política desproporcionada. El equipo de Lula acusó a Meta de “manipulación algorítmica” y afirmó que una herramienta de inteligencia artificial impedía generar contenido electoral favorable al presidente en Instagram, mientras que no aplicaba el mismo criterio a Bolsonaro. Desde el entorno del candidato liberal se denunció, en sentido contrario, una campaña de propaganda negativa en WhatsApp que habría sido impulsada por el Gobierno con la aprobación de la empresa.

La escalada llegó al punto de que ambos bandos solicitaron al TSE anular o revocar la candidatura rival por el uso de estas prácticas digitales. Aunque esas peticiones tienen pocas probabilidades de resolverse antes de la votación, muestran hasta qué punto las plataformas se han convertido en parte del litigio electoral y no solo en un escenario de propaganda.

Los ultimátums del TSE elevan el costo de la opacidad

La respuesta institucional ha sido imponer plazos y sanciones. A comienzos de la semana, el TSE dio a Meta 24 horas para demostrar que trataba de manera equitativa a las campañas y amenazó con una multa diaria de 200.000 dólares. La orden se produjo después de que el tribunal afirmara que exigencias anteriores habían sido ignoradas.

Meta reconoció la existencia de incidentes técnicos, entre ellos la desactivación de anuncios proselitistas, pero rechazó cualquier parcialidad. La empresa aseguró que había aplicado las medidas ordenadas por la justicia y anunció un sistema de revisión humana: cualquier bloqueo automático de cuentas vinculadas a anuncios de campaña debería ser evaluado manualmente en un máximo de dos horas.

La controversia, sin embargo, no quedó cerrada. Este viernes 23, el magistrado Ricardo Villas Boas ordenó a Meta y X explicar en 24 horas cómo funcionan sus algoritmos y herramientas de inteligencia artificial, ante la sospecha de que pudieran favorecer la campaña opositora. Cada compañía enfrenta una multa diaria de 100.000 dólares si incumple. La intervención de Naciones Unidas, que también expresó preocupación por posibles restricciones a la libertad de expresión política, amplió el alcance del caso más allá de Brasil.

La justicia electoral también queda bajo escrutinio

El cuarto elemento es la presión sobre el propio árbitro. Tanto el oficialismo como la oposición acusan al TSE de parcialidad y de reaccionar con lentitud ante la desinformación. Las críticas apuntan a una tensión difícil de resolver: el tribunal debe proteger la integridad del proceso sin convertirse en censor de la discusión política, pero también necesita actuar con rapidez cuando una decisión técnica puede alterar el equilibrio de una campaña que llega prácticamente empatada.

Los datos sobre la judicialización muestran la escala del problema. Desde julio se han abierto casi 100.000 procesos en los tribunales electorales de todo el país, y el 45% ya fue analizado o permanece en estudio, según cifras de la propia corte citadas por la agencia EFE. Estos comicios son, con ello, los más judicializados de la historia brasileña.

La disputa con Meta y X deja una consecuencia que irá más allá del resultado del domingo: las plataformas deberán explicar mejor cómo sus sistemas afectan la competencia política, mientras las autoridades tendrán que definir límites más previsibles para intervenir. En una elección tan ajustada, la confianza no dependerá únicamente de quién gane, sino también de si los votantes creen que los mensajes fueron distribuidos bajo reglas comprensibles y aplicadas de forma equivalente.