La última jornada de campaña presidencial en Brasil no dejó espacio para la moderación. Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro movilizaron a sus seguidores en São Paulo y Río de Janeiro, respectivamente, y cerraron una contienda marcada por ataques personales, acusaciones de incompetencia y una disputa más amplia sobre el rumbo político del país. La segunda vuelta del 25 de octubre llega con una diferencia estrecha: Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% en la primera ronda, frente al 45% de Lula, según los datos difundidos en la cobertura electoral.

La aritmética electoral explica la intensidad del desenlace, pero no agota su significado. En un país de alrededor de 213 millones de habitantes y con casi 159 millones de ciudadanos llamados a votar, una diferencia de dos puntos puede depender de la participación, de la transferencia de los votos de los candidatos eliminados y de la capacidad de cada bloque para contener la abstención. El resultado no solo decidirá quién ocupará el Palacio de Planalto. También definirá si Brasil mantiene un gobierno de izquierda en un contexto regional más conservador o si consolida el regreso de la corriente política asociada con Jair Bolsonaro.

La fotografía del último día: dos movilizaciones, una misma lógica de confrontación

Flávio Bolsonaro convirtió su cierre en una demostración de identidad política. Desfiló por Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, acompañado por seguidores vestidos de verde y amarillo, y terminó el recorrido en la urbanización donde vivía su padre, Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario después de ser condenado por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Antes, encabezó una marcha de motociclistas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, un estado considerado decisivo por su peso electoral y por la competencia entre los dos bloques.

El candidato del Partido Liberal presentó su campaña como una demanda de “cambio” y prometió recuperar la línea conservadora de su padre, con énfasis en la lucha contra el crimen organizado. Sus discursos combinaron la denuncia de obras inconclusas, el cuestionamiento de las políticas sociales y una apelación emocional a la inseguridad. La afirmación de que Brasil habría pasado de la esperanza al miedo busca convertir problemas diversos, como la violencia contra las mujeres, la frustración económica y la percepción de ineficacia administrativa, en una sola acusación contra el gobierno de Lula.

Lula, por su parte, cerró la campaña en la Avenida Paulista de São Paulo después de participar en un acto en Copacabana. La elección de esos espacios no fue casual: ambos representan grandes centros urbanos, con capacidad para producir imágenes de fuerza y proyectar la idea de que cada candidato encarna una mayoría social. El presidente candidato llamó a su rival “mentiroso”, “miliciano” y “no calificado”, y vinculó su trayectoria con grupos paramilitares de Río de Janeiro. También criticó que Flávio Bolsonaro defienda judicialmente a un policía militar acusado de matar a una niña de cinco años durante una presunta operación contra narcotraficantes.

La dureza de los mensajes revela una conclusión estratégica: ninguno de los dos equipos considera que la elección pueda ganarse únicamente con propuestas de gobierno. La campaña se ha convertido en un referéndum sobre la confianza. Lula intenta presentar a Bolsonaro como una amenaza institucional y moral; su adversario busca representar al gobierno actual como una estructura agotada, incapaz de cumplir sus promesas y desconectada de la inseguridad cotidiana.

Primera lectura: el ganador de la primera vuelta todavía no controla la elección

El 47% obtenido por Flávio Bolsonaro constituye una ventaja relevante, pero no equivale a una base suficiente para gobernar. La diferencia de dos puntos frente a Lula puede ser absorbida por los votantes de otras candidaturas, por los votos nulos y blancos o por una variación relativamente pequeña de la participación entre regiones. En una segunda vuelta, la pregunta ya no es quién tiene el núcleo más fiel, sino quién logra ampliar su coalición sin provocar el rechazo de los electores moderados.

El primer punto de análisis es que la ventaja inicial de Bolsonaro parece depender más de la movilización de su electorado que de una hegemonía nacional consolidada. Las caravanas de motociclistas, los símbolos verdes y amarillos y las referencias a Jair Bolsonaro activan una identidad política poderosa, pero también pueden limitar la expansión hacia votantes que desean un gobierno conservador sin asumir el costo de una confrontación institucional permanente. El candidato enfrenta así una contradicción: necesita preservar el legado de su padre para mantener la fidelidad del núcleo bolsonarista, pero debe diferenciarse de los episodios que hicieron de ese legado un factor de rechazo para una parte del electorado.

La segunda lectura es que Lula tampoco puede interpretar su posición como una recuperación automática del poder. El presidente conserva una marca política de enorme reconocimiento y cuenta con la experiencia de haber gobernado en varios periodos, pero su edad, cercana a los 80 años, y la ofensiva de su rival sobre la falta de resultados pueden alimentar la percepción de agotamiento. El ataque de Flávio sobre los beneficios sociales, acompañado de una referencia ofensiva a la amputación que sufrió Lula, demuestra que la contienda se desarrolla en un terreno donde la memoria personal y la descalificación sustituyen con frecuencia al debate sobre la gestión.

El tercer punto es que Minas Gerais puede funcionar como un indicador de la capacidad de cada candidato para construir una mayoría transversal. Un estado disputado no se gana únicamente con la base ideológica de las grandes capitales. Allí pesan la seguridad, el empleo, las obras públicas, los servicios y la relación entre las promesas nacionales y la experiencia concreta de los municipios. Quien logre convencer a los electores menos comprometidos con cualquiera de los dos polos tendrá una ventaja decisiva en una elección tan estrecha.

El verdadero campo de batalla está fuera de los mítines

La polarización afecta directamente a varios sectores. Para las fuerzas de seguridad y los gobiernos estatales, el énfasis de Bolsonaro en la mano dura puede traducirse en presión para ampliar operaciones, endurecer penas y reducir controles sobre la actuación policial. Sus defensores argumentan que la violencia exige respuestas más contundentes y que las políticas sociales no han impedido el avance del crimen organizado. Sus críticos advierten que una estrategia basada principalmente en la fuerza puede aumentar los abusos, agravar la letalidad policial y profundizar el conflicto con comunidades pobres y organizaciones de derechos humanos.

La controversia sobre el policía acusado de matar a una niña de cinco años concentra esa disputa. El caso no solo plantea responsabilidades judiciales individuales. También expone el dilema de una política de seguridad que pretende ganar legitimidad mediante la defensa de los agentes, incluso cuando existen acusaciones graves sobre el uso de la fuerza. Para las familias afectadas, la seguridad no puede medirse solo por el número de operativos. También depende de que el Estado investigue los abusos y garantice que la protección de la población no sea selectiva.

Los programas sociales constituyen otro frente de conflicto. Lula insiste en la protección de las políticas de transferencia de ingresos y en la función del Estado como amortiguador de la desigualdad. Bolsonaro sostiene que el gobierno promete más de lo que cumple y que los beneficios pueden convertirse en dependencia política. La discusión tiene consecuencias concretas para millones de hogares vulnerables, pero también para las cuentas públicas. La futura administración deberá conciliar apoyo a los sectores de bajos ingresos, disciplina presupuestaria y capacidad de inversión, una combinación especialmente difícil en un país de dimensiones continentales.

El sector empresarial observa la elección desde una perspectiva igualmente ambivalente. Parte del empresariado puede valorar una agenda de seguridad, reducción de trabas y mayor previsibilidad para la inversión. Sin embargo, los mercados también necesitan estabilidad institucional, reglas claras y ausencia de conflictos entre el Ejecutivo, la justicia y el Congreso. La experiencia de la crisis posterior a las elecciones de 2022, evocada indirectamente por la condena de Jair Bolsonaro, demuestra que una retórica de confrontación puede tener costos económicos incluso cuando moviliza a los votantes.

La campaña agresiva puede producir un gobierno más débil

Los intercambios del último debate y los insultos del cierre electoral muestran que ambos candidatos han elegido intensificar el conflicto hasta el último minuto. Esa estrategia puede ser eficaz para movilizar a los propios, pero reduce el espacio de negociación después de la votación. Si la diferencia final es mínima, el candidato derrotado tendrá incentivos para cuestionar el resultado o para mantener a sus seguidores en estado de alerta permanente. El problema no es solo la posibilidad de protestas puntuales. Es la normalización de la sospecha como método de competencia política.

En este escenario, la legitimidad del vencedor dependerá tanto del resultado como de su capacidad para reconocer la existencia de una sociedad dividida. Un gobierno de Lula tendría que administrar la presión de su base para ampliar la agenda social sin ignorar la demanda de seguridad y eficiencia estatal expresada por la oposición. Un gobierno de Flávio Bolsonaro afrontaría la tarea inversa: demostrar que puede gobernar sin reproducir las tensiones más graves del ciclo de Jair Bolsonaro y sin convertir la administración pública en una prolongación de la batalla cultural.

La influencia de Jair Bolsonaro será central en cualquiera de los dos escenarios. Aunque se encuentra bajo arresto domiciliario y no es candidato, su nombre sigue funcionando como una marca electoral. Para Flávio, esa herencia aporta estructura partidaria, reconocimiento y una identidad que ninguna otra figura de la derecha brasileña parece igualar. Al mismo tiempo, lo obliga a responder por el pasado de su familia y por las decisiones de un gobierno que terminó asociado con una ruptura institucional. La campaña del hijo no puede ser enteramente nueva mientras su principal fuente de legitimidad procede de la continuidad.

Después del 25 de octubre: tres riesgos que no desaparecen con el resultado

El primer riesgo es institucional. Una elección definida por una diferencia pequeña puede alimentar denuncias de fraude, campañas de desinformación y presión sobre las autoridades electorales, aun cuando no existan pruebas de irregularidades. Las redes sociales amplifican cualquier incidente local y lo convierten rápidamente en una acusación nacional. La respuesta de las instituciones deberá ser transparente, rápida y técnicamente verificable, porque el silencio puede ser interpretado como confirmación por los sectores más radicalizados.

El segundo riesgo es social. La combinación de inseguridad, desigualdad y fuerte identidad política puede producir episodios de violencia entre simpatizantes, especialmente en las grandes ciudades y durante las celebraciones posteriores al escrutinio. Los discursos que presentan al adversario como moralmente ilegítimo elevan el costo de aceptar una derrota. La responsabilidad no recae únicamente en los candidatos: también alcanza a los partidos, a los medios de comunicación y a las plataformas digitales que deciden qué mensajes reciben mayor circulación.

El tercer riesgo es de gobernabilidad. El vencedor tendrá que lidiar con un Congreso y con gobiernos estatales que no necesariamente compartirán su programa. Si la campaña deja una sociedad más polarizada y un Parlamento fragmentado, la presidencia necesitará pactos para aprobar presupuestos, reformas y políticas de seguridad. La incapacidad de construir acuerdos puede traducirse en bloqueo, uso excesivo de decretos y una nueva escalada entre poderes.

El desenlace más probable no es el fin de la polarización, sino su transformación. Una victoria de Lula podría preservar el eje progresista en Brasil, pero no eliminaría la demanda conservadora que permitió a Flávio Bolsonaro liderar la primera vuelta. Una victoria de Bolsonaro confirmaría el desplazamiento regional hacia la derecha, aunque tendría que demostrar que el cambio no significa una regresión institucional. En ambos casos, el dato decisivo será menos la imagen de la multitud que la capacidad de convertir una mayoría electoral estrecha en una coalición de gobierno estable.