La Comunidad del Caribe (CARICOM) atraviesa una tensión que va más allá de las diferencias personales entre gobiernos o de la coyuntura política de cada isla. Sus 15 miembros están respondiendo de manera cada vez más desigual al peso de Estados Unidos en el hemisferio occidental: algunos estrechan su cooperación estratégica con Washington, otros intentan contener su influencia mediante el derecho internacional y las instituciones multilaterales, mientras un grupo intermedio procura conservar vínculos funcionales con la potencia norteamericana sin renunciar a su autonomía.

La consecuencia más relevante no es la aparición de un bloque abiertamente enfrentado a Estados Unidos, sino la pérdida de una posición común en asuntos que históricamente han exigido coordinación regional. La CARICOM fue creada en 1973 precisamente para integrar economías pequeñas, concertar políticas exteriores y aumentar la capacidad de negociación de sus miembros. Cuando cada Estado calcula por separado los beneficios y los riesgos de su relación con Washington, el valor de esa acción colectiva empieza a erosionarse.

La fractura no nació con la actual administración estadounidense

La relación entre el Caribe y Estados Unidos siempre ha estado marcada por una asimetría estructural. La cercanía geográfica, la dependencia comercial, el turismo, las remesas, la seguridad marítima y la migración convierten a Washington en un socio inevitable. Pero esa centralidad nunca eliminó la preocupación caribeña por la soberanía. La mayoría de los Estados miembros alcanzó la independencia entre las décadas de 1960 y 1980, en un contexto internacional dominado por la Guerra Fría y por la necesidad de preservar margen de maniobra frente a las grandes potencias.

El precedente de Granada en 1983 ilustra los límites de aquel consenso. La invasión estadounidense dividió a los gobiernos caribeños: algunos respaldaron la intervención, mientras otros la denunciaron como una violación de la soberanía estatal. La controversia demostró que la proximidad con Washington podía generar ventajas inmediatas para determinados gobiernos, pero también costos políticos y jurídicos para el conjunto regional.

Lo novedoso del momento actual es la combinación de una potencia estadounidense más asertiva, una competencia internacional más intensa y una vulnerabilidad económica persistente en el Caribe. La asimetría no ha cambiado en términos básicos; sí lo ha hecho el entorno en el que los gobiernos deben administrarla. El costo de una decisión equivocada puede expresarse ahora en sanciones, restricciones migratorias, pérdida de asistencia, exposición financiera o deterioro de la seguridad, además de la tradicional presión diplomática.

Tres estrategias para sobrevivir a una potencia dominante

Las declaraciones nacionales pronunciadas durante el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas permiten observar un patrón que no encaja en la división simplista entre gobiernos proestadounidenses y antiestadounidenses. Aplicando el marco propuesto por el teórico de las Relaciones Internacionales Stephen M. Walt, pueden distinguirse tres respuestas: alineamiento con la potencia dominante, equilibrio flexible entre socios y contrapeso institucional.

Guyana y Trinidad y Tobago se aproximan con mayor claridad al bandwagoning, es decir, a la decisión de reforzar la relación con Washington para ampliar la seguridad y la capacidad de acción nacional. En el caso guyanés, la cooperación estratégica adquiere un peso especial por las tensiones territoriales y por la necesidad de proteger un espacio económico y energético de creciente importancia. La lógica es directa: cuanto mayor sea la dependencia de un socio poderoso para disuadir amenazas, más probable será que la diplomacia nacional adopte señales compatibles con las prioridades de ese socio.

Trinidad y Tobago representa una versión especialmente pragmática de este enfoque. Su posición combina intereses de seguridad, energía y estabilidad económica. La disposición a adaptarse a las preferencias estadounidenses puede ofrecer acceso a cooperación, inteligencia y apoyo político, pero también reduce la libertad del gobierno para discrepar cuando Washington adopta medidas que afectan al Caribe. El beneficio consiste en obtener protección y recursos; el riesgo es que la relación se vuelva asimétrica hasta el punto de transformar la cooperación en dependencia.

Haití se encuentra en una categoría distinta. Su alineamiento está condicionado menos por una elección estratégica que por la necesidad. La crisis institucional, la violencia, la fragilidad económica y la dependencia de la asistencia externa limitan severamente su margen diplomático. Analizar su conducta con las mismas categorías que la de Guyana o Barbados sería engañoso: un Estado que carece de capacidad interna para sostener servicios básicos negocia desde una posición mucho más débil.

Bahamas, Jamaica y Belice ocupan una franja intermedia. Cooperan estrechamente con Estados Unidos en seguridad, migración, comercio y lucha contra el crimen transnacional, pero mantienen canales de autonomía mediante la CARICOM y Naciones Unidas. Su estrategia puede definirse como una cobertura selectiva: aceptar la colaboración donde existe una coincidencia concreta y reservar la capacidad de disentir en cuestiones de soberanía, derecho internacional o intervención política.

Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surinam practican una forma más pronunciada de hedging. Estos gobiernos procuran diversificar sus relaciones sin romper con Washington. La lógica responde a una realidad económica: ningún socio puede sustituir por completo a Estados Unidos, pero depender de un único centro de poder deja al país expuesto a cambios bruscos de política. La búsqueda de vínculos con otros actores, incluidos socios extrarregionales, funciona así como un seguro diplomático, aunque no elimina las presiones estadounidenses.

Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda se sitúan más cerca del equilibrio institucional o soft balancing. No pretenden desafiar a Estados Unidos mediante una confrontación militar o económica, algo inviable para países de sus dimensiones. Su instrumento es otro: fortalecer las reglas multilaterales, invocar la igualdad soberana, defender el derecho internacional y utilizar los foros colectivos para elevar el costo político de las decisiones unilaterales.

Mottley y Persad-Bissessar simbolizan dos cálculos de poder

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, se ha convertido en una de las principales voces caribeñas a favor de reformar las estructuras internacionales que distribuyen poder y financiamiento. Su enfoque parte de una premisa: los pequeños Estados no pueden modificar la relación de fuerzas actuando únicamente como socios subordinados de las potencias. Necesitan cambiar las reglas sobre deuda, financiación climática, representación institucional y gobernanza económica para convertir la acción colectiva en una fuente real de autonomía.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, encarna una visión más cercana al aprovechamiento pragmático del poder existente. Desde esta perspectiva, el objetivo prioritario no es reformar el sistema antes de utilizarlo, sino obtener resultados concretos mediante la relación con el actor que ya posee mayor capacidad de influencia en el hemisferio. En materia de seguridad energética, migración o crimen organizado, los gobiernos tienen incentivos para privilegiar acuerdos operativos antes que declaraciones de principio.

La disputa entre ambas visiones no es puramente ideológica. Refleja dos horizontes temporales. El multilateralismo transformador busca mejorar la posición estructural del Caribe a medio y largo plazo, pero sus resultados suelen ser lentos y dependen de coaliciones amplias. El alineamiento pragmático puede producir beneficios inmediatos, aunque deja al país expuesto a la agenda del socio dominante. La primera estrategia necesita paciencia y unidad; la segunda exige capacidad para negociar límites claros.

El costo económico de una diplomacia fragmentada

Para las economías caribeñas, la política exterior no es un asunto separado de la actividad productiva. El turismo depende de la conectividad aérea, la percepción de seguridad y la movilidad de visitantes; la energía está vinculada a inversiones y mercados externos; las remesas y la migración se ven afectadas por las decisiones de Washington; y los pequeños Estados tienen dificultades para absorber por sí solos las perturbaciones financieras o climáticas.

La cooperación bilateral con Estados Unidos puede facilitar asistencia técnica, vigilancia marítima, financiamiento y acceso a mercados. En países con capacidades administrativas limitadas, esos recursos tienen un impacto tangible. También pueden mejorar la respuesta frente al narcotráfico, el tráfico de armas y los desastres naturales. Desde la perspectiva de los gobiernos que priorizan resultados inmediatos, rechazar esa cooperación por razones de autonomía puede parecer una decisión costosa para poblaciones que necesitan seguridad y empleo.

Sin embargo, la fragmentación debilita la capacidad de negociación del bloque en asuntos donde los intereses son comunes. La migración es un ejemplo evidente: cada Estado puede intentar negociar excepciones o beneficios particulares, pero la ausencia de una posición regional facilita que las políticas se diseñen de manera unilateral. Lo mismo ocurre con la deuda, la adaptación climática y el acceso a financiamiento concesional. Un grupo de Estados pequeños puede tener más peso cuando presenta demandas coordinadas que cuando compite individualmente por la atención de Washington.

La paradoja central es que el alineamiento puede ampliar el margen de maniobra nacional en el corto plazo y reducirlo en el plano colectivo. Guyana puede obtener respaldo estratégico para sus prioridades de seguridad; Trinidad y Tobago puede mejorar la cooperación operativa; Barbados puede ganar autoridad moral en los debates multilaterales. Pero si esas decisiones no se articulan dentro de una agenda común, la CARICOM pierde capacidad para establecer condiciones regionales y termina reaccionando a las prioridades de otros.

Lo que está en disputa dentro y fuera del Caribe

Washington tiene incentivos para tratar con gobiernos individuales. La negociación bilateral permite resultados más rápidos, reduce la necesidad de aceptar posiciones regionales y facilita la selección de socios según la prioridad del momento. Desde la óptica estadounidense, una CARICOM dividida puede ser más manejable que un bloque capaz de condicionar acuerdos de seguridad, migración o energía.

Los gobiernos caribeños, en cambio, enfrentan una tensión entre responsabilidad doméstica y solidaridad regional. Un primer ministro debe responder ante electores que exigen seguridad, inversión y estabilidad, no únicamente ante compromisos de integración. Si Washington ofrece apoyo concreto, la presión para aceptarlo será considerable. La defensa de la autonomía estratégica resulta políticamente atractiva, pero pierde fuerza cuando no viene acompañada de recursos alternativos.

También existen diferencias entre los actores sociales. Las empresas vinculadas al turismo, la energía y la logística suelen favorecer relaciones previsibles con Estados Unidos, mientras organizaciones de la sociedad civil y sectores jurídicos temen que la cooperación de seguridad reduzca controles sobre derechos humanos o normalice intervenciones externas. Los trabajadores migrantes observan con especial atención cualquier cambio en las políticas de visado, deportación y movilidad. La política exterior, por tanto, puede convertirse en una disputa interna sobre quién recibe los beneficios y quién asume los costos del alineamiento.

La próxima prueba será preservar coordinación sin exigir unanimidad

Es poco probable que la CARICOM recupere una uniformidad diplomática completa. Las diferencias de tamaño, vulnerabilidad, estructura económica y exposición a amenazas hacen inevitable que cada gobierno establezca prioridades distintas. El objetivo más realista no es imponer una sola relación con Washington, sino acordar límites y procedimientos comunes para evitar que la competencia bilateral destruya la capacidad regional.

Una salida viable sería distinguir entre áreas de cooperación y principios no negociables. Los Estados podrían coordinarse en seguridad marítima, cambio climático, salud pública y respuesta ante desastres, al tiempo que mantienen posiciones nacionales diferenciadas sobre determinadas alianzas. La unidad no tendría que significar unanimidad absoluta; podría consistir en compartir información, consultar antes de asumir compromisos que afecten a terceros y defender colectivamente reglas básicas de soberanía y derecho internacional.

La evolución de la competencia entre Estados Unidos, China y otros actores externos aumentará la presión sobre ese equilibrio. Las inversiones, la infraestructura digital, los puertos y la energía pueden convertirse en instrumentos de influencia, mientras que los gobiernos caribeños intentan evitar quedar atrapados en rivalidades que no controlan. El riesgo no está únicamente en elegir al socio equivocado, sino en aceptar acuerdos sin capacidad institucional para evaluar sus consecuencias de largo plazo.

Si la divergencia continúa sin mecanismos de coordinación, la CARICOM podría conservar su existencia formal y perder parte de su utilidad política. Las potencias seguirían tratando con sus miembros, pero con menos incentivos para negociar con el bloque. Si, por el contrario, la organización logra transformar sus diferencias en una división del trabajo diplomático, el pluralismo nacional podría convertirse en un activo: algunos gobiernos aportarían acceso y cooperación, otros capacidad de mediación y otros autoridad normativa.

El desenlace dependerá de si los Estados caribeños conciben la autonomía como distancia frente a Washington o como capacidad para negociar con él desde una posición menos vulnerable. La primera opción puede producir gestos soberanistas sin recursos suficientes; la segunda exige instituciones regionales más eficaces, transparencia en los acuerdos y una estrategia compartida. En un hemisferio donde el poder estadounidense seguirá siendo determinante, la influencia de la CARICOM no dependerá de que sus miembros piensen igual, sino de que puedan discrepar sin dejar de actuar juntos.