La Universidad de Cornell suspendió de inmediato todas las fiestas y actividades sociales en las casas de las fraternidades afiliadas al Consejo Interfraternidades hasta el final del año académico 2026-2027. La medida, anunciada el martes por el rector Michael Kotlikoff, responde a las críticas por la gestión institucional de una denuncia de agresión sexual grupal presentada en 2024 y regirá mientras la universidad realiza una revisión independiente de la vida en esas organizaciones.
Kotlikoff indicó que la pausa permitirá evaluar si las fraternidades pueden continuar operando de forma segura y, de ser así, bajo qué condiciones. Advirtió que cualquier casa que organice una fiesta o un evento social durante la suspensión recibirá una sanción inmediata. La decisión se aplica antes de que concluya la revisión, cuyos resultados Cornell aún espera.
Una denuncia que reabrió el debate sobre las sanciones
Una demanda civil presentada en septiembre sostiene que una estudiante fue presionada para consumir ketamina y luego agredida sexualmente y violada por siete integrantes de Chi Phi, una fraternidad masculina. Se trata de acusaciones recogidas en una acción civil, no de hechos establecidos mediante una sentencia. Tras la denuncia inicial, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados; dos de ellos fueron expulsados.
Esas medidas no disiparon las críticas. Algunos cuestionaron que la respuesta de la universidad fuera insuficiente frente a la gravedad de lo denunciado, una controversia que llevó a encargar una revisión independiente del manejo del caso. Al suspender ahora los eventos de todas las casas del consejo, Cornell amplía la respuesta más allá de la organización implicada y somete a evaluación el funcionamiento de un sistema completo.
La investigación penal sigue abierta
El caso también generó cuestionamientos a los fiscales de Nueva York, que en 2024 no presentaron cargos penales contra los presuntos agresores. Desde entonces, las autoridades reabrieron la investigación y evalúan posibles acciones judiciales. Hasta la información disponible, no se habían anunciado nuevas medidas contra los sospechosos.
La diferencia entre la revisión universitaria y la investigación penal es central: la primera examina cómo Cornell respondió y qué reglas deben regir las fraternidades; la segunda determina si existen elementos para llevar el caso ante la justicia. La suspensión social puede reducir temporalmente ciertos riesgos y expresar que la universidad no esperará a conocer el resultado de la auditoría para actuar, pero no resuelve por sí sola las responsabilidades individuales ni sustituye los procedimientos judiciales.
El alcance de la medida dependerá ahora de cómo Cornell aplique la prohibición y de qué cambios resulten de la revisión. La universidad deberá precisar qué condiciones considera necesarias para permitir que las fraternidades retomen sus actividades, mientras las autoridades continúan examinando las acusaciones. Por el momento, la pausa establece un límite inmediato para las reuniones sociales, pero deja abiertas tanto la evaluación institucional como la vía penal.