La historia de Bianeth Pliego no solo habla de una madre que lleva más de una década buscando a su hija. También expone un problema que puede afectar a cualquier familia separada: qué ocurre cuando una niña sale con uno de sus progenitores, las autoridades consideran que está “con su padre” y, con el paso del tiempo, la falta de coordinación convierte la búsqueda en un laberinto entre estados e identidades distintas.

La última vez que Bianeth vio a Darolyn Marlene fue el 31 de marzo de 2016, cuando la niña tenía dos años. Según su relato, José Antonio, su expareja y padre de la menor, dijo que la llevaría a comprar el almuerzo, pero no regresó. La madre afirma que después dejó de responder sus llamadas y que, al acudir a la Fiscalía General del Estado, le informaron que no procedía el delito de sustracción de menores porque la niña estaba con su padre. Tampoco se activó entonces una Alerta Ámber.

La pregunta que también deben hacerse otras familias

Para el público, el dato central no es únicamente que una menor haya sido trasladada de Tijuana a Guanajuato. Lo relevante es que una disputa o separación familiar puede adquirir una dimensión de desaparición cuando uno de los progenitores pierde por completo el contacto, desconoce el domicilio de la niña y no tiene forma efectiva de confirmar su bienestar.

La diferencia entre una convivencia autorizada y una retención indebida puede parecer clara en el papel, pero en la práctica depende de los hechos, las resoluciones judiciales, los acuerdos de custodia y la respuesta de las instituciones. Por eso, una familia que enfrenta una situación similar necesita dejar constancia inmediata de fechas, mensajes, domicilios, fotografías, nombres completos y cualquier indicio sobre el traslado. La documentación no sustituye la actuación de las autoridades, pero puede ser decisiva para reconstruir la ruta de una persona menor de edad.

En este caso, la incertidumbre aumentó porque Bianeth supo en 2022 que su hija, entonces de ocho años, presuntamente había sido registrada con otro nombre: Guadalupe. El cambio de identidad registral, si se confirma, no sería un detalle administrativo menor. Puede dificultar la localización en escuelas, servicios médicos, trámites y bases de datos, además de complicar la vinculación entre una investigación y otra.

Un traslado entre estados no puede borrar el caso

La trayectoria descrita por la madre muestra otro riesgo concreto: cuando una persona buscada cruza fronteras estatales, la investigación puede fragmentarse. Bianeth sostiene que existen carpetas abiertas en Tijuana, Guanajuato y Ciudad de México, pero que ninguna ha producido avances suficientes para encontrar a la niña. Para una familia, esto significa tener que repetir la historia ante distintas fiscalías, seguir expedientes separados y enfrentar posibles diferencias de protocolos.

La localización de una niña no debería depender de que su madre descubra por los medios que el padre fue detenido por otro delito. Bianeth afirma que en 2024 supo de la detención de José Antonio en Ciudad de México por el robo de un automóvil. Viajó para buscarlo, pero, según su versión, él habría escapado y vuelto a cambiar de identidad. Ese episodio muestra por qué las investigaciones de personas desaparecidas requieren intercambio oportuno de información y seguimiento continuo, incluso cuando existen otros procesos penales relacionados.

La existencia de una carpeta de investigación tampoco equivale a una búsqueda activa y eficaz. Para los familiares, la pregunta no es solo si el expediente está abierto, sino qué diligencias se realizaron, qué hipótesis se mantienen vigentes, qué autoridades participan y cuándo se actualizará la información. La transparencia institucional importa porque reduce la posibilidad de que un caso quede detenido entre oficinas mientras pasan los años.

El tiempo cambia la vida de una niña y también el expediente

Cuando Darolyn desapareció tenía dos años; hoy tendría 12. Esa diferencia modifica por completo la forma de buscarla. Ya no se trata de localizar a una niña pequeña con la misma apariencia de 2016, sino de considerar su crecimiento, sus posibles documentos escolares, sus relaciones sociales y la identidad con la que pudo haber vivido durante años.

También existe una dimensión emocional que no puede resolverse con una sola diligencia. Si la menor ha sido criada bajo otro nombre o con una versión incompleta de su historia familiar, cualquier contacto debe manejarse con protección especializada. Encontrarla es fundamental, pero también lo es evitar que una intervención improvisada la exponga, la revictimice o la coloque en un conflicto entre adultos. La prioridad debe ser conocer su situación, proteger sus derechos y esclarecer los hechos mediante profesionales capacitados.

Bianeth señala además que en Ciudad de México se abrió una investigación por presunta violencia vicaria. Esa acusación debe investigarse con seriedad y sin convertirla automáticamente en una conclusión. El término se utiliza para describir daños ejercidos contra hijas o hijos con el propósito de afectar a la madre o al otro progenitor, pero cada caso requiere pruebas, contexto y determinaciones de autoridad. La cobertura periodística también debe distinguir entre lo que la madre denuncia, lo que consta en una carpeta y lo que ha sido acreditado judicialmente.

Qué puede aprender una familia de esta historia

La experiencia de Bianeth deja una advertencia práctica: ante la pérdida de contacto con una hija o un hijo, no conviene asumir que la situación se resolverá con una llamada o con el regreso voluntario del otro progenitor. Es importante acudir de inmediato a las autoridades competentes, solicitar que se documente formalmente la denuncia, pedir información sobre los mecanismos de búsqueda aplicables y conservar copias de cada reporte y número de expediente.

También es necesario comunicar cualquier traslado, cambio de nombre, detención, domicilio conocido o contacto indirecto. Los datos aparentemente aislados pueden adquirir valor cuando se comparan entre entidades. En paralelo, las familias pueden buscar asesoría jurídica y apoyo psicológico, porque una búsqueda prolongada exige tomar decisiones legales mientras se soporta una presión emocional extraordinaria.

El caso sigue abierto en términos de la búsqueda que Bianeth mantiene por su hija. Lo que la sociedad necesita no es una respuesta basada en suposiciones, sino una investigación capaz de establecer dónde está la menor, bajo qué identidad vive, si se encuentra segura y qué ocurrió desde aquel 31 de marzo de 2016. Para cualquier familia, esa diferencia es esencial: perder el contacto no debería significar perder también la posibilidad de ser escuchada por el Estado.