El debate sobre el supremacismo blanco en Estados Unidos ya no puede limitarse a la imagen de grupos clandestinos, uniformes paramilitares y células que conspiran desde los márgenes. La advertencia central de la historiadora Kathleen Belew es más incómoda: una parte de ese movimiento ha dejado de considerar imprescindible el derribo inmediato del Estado porque percibe que algunas de sus demandas pueden avanzar desde dentro de las instituciones. El cambio no consiste únicamente en que la extrema derecha tenga mayor visibilidad, sino en que determinadas ideas que antes circulaban como consignas marginales han entrado en el lenguaje ordinario de la política.

La trayectoria que Belew reconstruye en Traed la guerra a casa ayuda a entender ese desplazamiento. Tras la derrota de Vietnam, la crisis económica, la desindustrialización y la pérdida de referencias sociales para amplios sectores de la población blanca, grupos supremacistas de los años ochenta abandonaron la expectativa de conquistar el poder mediante la política convencional. Su estrategia pasó a ser clandestina: acumular armas, crear redes, preparar atentados y esperar un colapso social que permitiera fundar un etnoestado blanco. Ronald Reagan ocupaba entonces la Casa Blanca, pero el movimiento no veía en el poder republicano un instrumento suficiente para cumplir sus objetivos.

La situación que describe Belew es distinta. Las deportaciones masivas, la deslegitimación de los inmigrantes, el cuestionamiento de los resultados electorales y la identificación de Washington como un enemigo interno ya no aparecen exclusivamente en manifiestos neonazis. Forman parte, con distintos grados de intensidad, de una conversación política más amplia. Esa normalización no significa que el Gobierno estadounidense sea controlado por el supremacismo blanco ni que todos los votantes de Donald Trump compartan sus postulados raciales. Sí significa que el movimiento ha encontrado una ventana institucional y que sus dirigentes pueden presionar, influir y presentarse a elecciones en lugar de actuar solamente desde la clandestinidad.

La transformación decisiva: de destruir el Estado a ocuparlo

El primer gran cambio estratégico es la relación con el poder. Los grupos supremacistas continúan defendiendo, en muchos casos, la sustitución de Estados Unidos por un territorio racialmente homogéneo. Sin embargo, su problema práctico ha cambiado: ya no necesitan decidir de inmediato si deben derrocar el Estado o esperar su colapso. Pueden intentar modificarlo desde dentro mientras conservan estructuras de presión y violencia para escenarios de ruptura.

Esta doble vía explica la coexistencia de campañas electorales, activismo digital y organizaciones paramilitares como Atomwaffen Division o The Base. No se trata de una contradicción accidental, sino de una cartera de estrategias. Los sectores institucionales buscan influir en leyes, nombramientos y discursos oficiales. Las células clandestinas mantienen la capacidad de intimidación y violencia que históricamente ha servido para radicalizar conflictos. La coalición no necesita un consenso completo para ser eficaz: basta con que distintos grupos compartan enemigos, símbolos y objetivos parciales.

El ataque contra la iglesia metodista de Charleston, cometido por Dylann Roof en 2015, muestra el extremo de la lógica terrorista. Roof asesinó a nueve feligreses afroamericanos después de participar con ellos en un estudio bíblico y pretendía desencadenar una guerra racial. El hecho de que una acción individual no produjera la insurrección imaginada por su autor no la convierte en irrelevante. Su función propagandística era provocar una respuesta, ofrecer un modelo de violencia y demostrar que una comunidad civil podía transformarse en escenario de guerra racial.

El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 representó otra clase de ruptura. No fue una operación paramilitar organizada según el patrón de una milicia clandestina, pero sí una insurrección alimentada por la idea de que una elección legítima había sido robada. La posterior presentación de los participantes como manifestantes corrientes, junto con los indultos concedidos a condenados por conspiración sediciosa, tiene un efecto que va más allá de cada expediente judicial: reduce el coste político de desafiar el resultado electoral y modifica las expectativas sobre la respuesta futura del Estado.

La alianza con Trump no necesita ser ideológica para resultar eficaz

Una de las cuestiones más difíciles es determinar si existe una alianza auténtica entre Trump y el supremacismo blanco o si ambos se utilizan mutuamente. Las creencias privadas de los dirigentes son difíciles de probar y no conviene convertir toda coincidencia política en una identidad doctrinal. Pero esa cautela no debe ocultar el resultado observable: la agenda de Trump ha abierto espacios de actuación para un movimiento que antes permanecía fuera de la política institucional.

La relación funciona porque cada parte obtiene algo diferente. Trump recibe una base movilizada, una red de activistas dispuestos a presionar y una reserva de mensajes capaces de convertir cualquier derrota en una conspiración. Los supremacistas obtienen acceso discursivo, legitimidad indirecta y la posibilidad de que demandas extremas sean discutidas como opciones administrativas: deportaciones a gran escala, restricciones contra minorías y ataques contra instituciones electorales. No necesitan que el presidente adopte cada elemento de su programa. Les basta con que algunas de sus categorías entren en la legislación, en la agenda mediática o en la administración pública.

La presencia de figuras como Stephen Miller y Steve Bannon refuerza esa conexión, aunque tampoco permita reducir el trumpismo al supremacismo blanco. El punto relevante es la circulación de ideas. Cuando un presidente afirma que los inmigrantes tienen “malos genes” o un bajo coeficiente intelectual, recupera un lenguaje asociado a la eugenesia y desplaza la discusión desde las políticas públicas hacia una supuesta jerarquía biológica. El racismo científico no reaparece necesariamente con batas blancas y estadísticas oficiales; puede regresar como insinuación genética, explicación culturalista o argumento sobre quién merece pertenecer a la nación.

La convergencia con determinados sectores tecnológicos y neorreaccionarios de Silicon Valley añade una dimensión nueva. En esos ambientes conviven el desprecio por la burocracia, la defensa de jerarquías sociales y la idea de que la democracia es demasiado lenta para resolver emergencias. La paradoja es que algunos actores que proclaman su hostilidad al Gobierno terminan utilizando sus recursos, contratos y capacidad coercitiva. La retórica antiestatal no implica ausencia de poder público: puede ser una estrategia para capturarlo y ponerlo al servicio de una minoría.

El voto como objetivo de desestabilización

Negar los resultados electorales no es una disputa más sobre el escrutinio. Es un ataque a la premisa que permite transferir el poder sin violencia. La insistencia en un fraude masivo cumple tres funciones. Primero, convierte una derrota concreta en una injusticia moral. Segundo, mantiene movilizada a la base después de las elecciones. Tercero, prepara la justificación de medidas excepcionales: estados de emergencia, ampliación de competencias ejecutivas o suspensión práctica de controles institucionales.

La lógica es acumulativa. Si cada elección puede declararse ilegítima cuando el resultado no satisface a un líder, el sistema deja de producir alternancias reconocibles. Las instituciones electorales pasan a ser tratadas como adversarios políticos y los funcionarios que certifican los resultados como traidores. En ese contexto, una parte de la ciudadanía no necesita creer en una conspiración concreta para aceptar sus consecuencias. Es suficiente con asumir que “algo no encaja” y que, por tanto, cualquier respuesta extraordinaria está justificada.

La disputa también tiene implicaciones fuera de Estados Unidos. En España y en otras democracias europeas se han extendido acusaciones de manipulación electoral, campañas contra jueces y funcionarios y relatos que presentan la administración pública como una estructura ocupada por élites ilegítimas. Las diferencias institucionales entre países son importantes, pero el mecanismo político se parece: erosionar la confianza antes de disputar el resultado permite convertir una derrota electoral en una crisis de régimen.

Internet no creó el movimiento: multiplicó su capacidad

Otro error frecuente consiste en interpretar la radicalización digital como un fenómeno completamente nuevo. Belew recuerda que los supremacistas ya utilizaban redes informáticas en 1983 y 1984, cuando intercambiaban mensajes mediante tablones electrónicos. Compartían propaganda, listas de objetivos, instrucciones operativas y también materiales cotidianos destinados a construir comunidad. La innovación actual no es la existencia de redes ideológicas, sino su escala, velocidad y capacidad para cruzar fronteras.

Las plataformas digitales han reducido el tiempo que separa una consigna de una acción. Una teoría conspirativa puede comenzar en un canal cerrado, ser convertida en vídeo, llegar a millones de usuarios y terminar influyendo en una campaña electoral en cuestión de horas. Los algoritmos favorecen el contenido emocional y polarizante, mientras que los líderes políticos pueden adoptar una parte del lenguaje sin asumir formalmente la identidad extremista de quienes lo originaron. El resultado es una cadena de legitimación difícil de atribuir: la idea parece nacer espontáneamente, aunque haya sido refinada durante décadas por redes organizadas.

Para las empresas tecnológicas, el conflicto plantea una tensión entre libertad de expresión, seguridad y responsabilidad empresarial. Una moderación demasiado amplia puede ser denunciada como censura, pero la ausencia de controles permite que las amenazas se conviertan en herramientas de reclutamiento y coordinación. Las autoridades, por su parte, deben perseguir la incitación a la violencia sin criminalizar opiniones políticas protegidas. La dificultad no es técnica únicamente: cada intervención estatal puede convertirse en una nueva prueba para quienes sostienen que el Gobierno pretende silenciarlos.

El apocalipsis como puente entre extremismos distintos

La obsesión apocalíptica constituye, según Belew, un punto de encuentro entre supremacistas, trumpistas radicalizados y círculos neorreaccionarios. No todos imaginan el fin del mundo de la misma manera, pero comparten una premisa: las normas ordinarias han dejado de servir y una emergencia inminente autoriza respuestas extraordinarias. En un caso, la solución es encerrarse en un búnker armado; en otro, construir una comunidad racialmente homogénea; en otro, entregar el poder a una autoridad capaz de actuar sin controles.

Esta visión tiene una consecuencia política concreta. Si el colapso se presenta como inevitable, la prevención democrática parece ingenua y la violencia puede describirse como anticipación defensiva. Las restricciones contra inmigrantes, minorías o adversarios ideológicos dejan de ser medidas discutibles y pasan a presentarse como requisitos de supervivencia. La emergencia funciona así como una tecnología de deshumanización: transforma a un grupo social en amenaza existencial y convierte su exclusión en una supuesta obligación de seguridad.

Hay, sin embargo, una diferencia relevante entre quienes desean acelerar el colapso y quienes esperan reconstruir colectivamente después de una crisis. La imaginación apocalíptica no conduce de forma automática al autoritarismo. También puede movilizar solidaridad, preparación comunitaria y defensa de los servicios públicos. El conflicto político de los próximos años dependerá, en parte, de qué relato logre imponerse: el de la supervivencia individual contra los demás o el de la reconstrucción compartida.

El horizonte de 2028 y los riesgos de una crisis prolongada

La posibilidad de que Trump intente sortear el límite constitucional de dos mandatos mediante una declaración de emergencia, una guerra u otra fórmula extraordinaria no debe tratarse como un desenlace inevitable. Pero el hecho de que ese escenario sea discutido públicamente importa. Las democracias no se debilitan solo cuando se modifica una norma; también cuando se acostumbra a la sociedad a imaginar que las reglas pueden suspenderse si el líder considera que existe una amenaza excepcional.

El riesgo más inmediato no es necesariamente la repetición exacta del asalto al Capitolio. Después de 2021, las autoridades pueden reforzar la seguridad de los edificios públicos y anticipar movilizaciones de gran escala. El peligro puede desplazarse hacia acciones más fragmentadas: ataques contra funcionarios electorales, intimidación de jueces, amenazas a periodistas, violencia contra minorías y operaciones digitales destinadas a paralizar la confianza pública. Una sucesión de incidentes menores puede producir una erosión institucional más profunda que un único episodio espectacular.

También existe un riesgo de fractura dentro del propio movimiento. La entrada parcial en las instituciones puede generar impaciencia entre quienes consideran insuficientes las reformas y traición entre quienes quieren conservar una imagen electoral moderada. Si Trump no satisface todas las expectativas, los sectores más radicales podrían volver a presentar al Gobierno como cómplice o cobarde. La alianza, por tanto, no elimina la violencia clandestina: puede proporcionar nuevos motivos para ella.

La respuesta democrática exige distinguir con precisión entre ideología, protesta protegida y planificación violenta, al tiempo que se preservan controles sobre el poder ejecutivo. Las deportaciones, la seguridad fronteriza y la regulación de las plataformas pueden debatirse legítimamente, pero no deberían quedar envueltas en teorías raciales ni en la presunción de que una emergencia permite gobernar sin límites. La experiencia histórica que analiza Belew muestra que el supremacismo prospera cuando consigue convertir sus enemigos imaginarios en el centro de la agenda pública.

El dato decisivo no es que los grupos supremacistas hayan abandonado la clandestinidad, sino que ya no dependen exclusivamente de ella. Han aprendido a combinar propaganda digital, presión electoral, lenguaje institucional y amenaza paramilitar. Esa mezcla es más difícil de identificar y de combatir porque cada componente puede presentarse por separado como una actividad política ordinaria. La frontera crítica aparece cuando la defensa de una identidad se transforma en jerarquía racial, la desconfianza en fraude permanente y la emergencia en permiso para suspender la democracia.