La defensa que hizo el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Alfonso Iracheta, del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) coloca en el centro de la discusión una tensión que ha acompañado durante décadas al crecimiento de la capital y de los municipios conurbados: cómo alojar a una población que necesita vivienda, empleo y servicios sin seguir extendiendo la mancha urbana sobre suelos de conservación, áreas agrícolas, barrancas y zonas de recarga hídrica.

Las preocupaciones expresadas por vecinos y especialistas se concentran en la densificación planteada por el programa. El término puede parecer técnico, pero sus efectos son concretos: más viviendas en zonas ya urbanizadas, mayor intensidad constructiva, transformación de barrios y presión adicional sobre redes de agua, drenaje, transporte, escuelas y servicios de salud. La discusión no enfrenta simplemente a quienes desean una ciudad compacta contra quienes prefieren una ciudad dispersa. El punto decisivo es determinar dónde, con qué infraestructura y bajo qué reglas se puede aumentar la población sin convertir la densificación en una forma de expulsión.

Una metrópoli formada por expansión y desigualdad

El Valle de México no creció a partir de un solo plan urbano. Su expansión fue resultado de oleadas de migración, incorporación de antiguos pueblos y zonas ejidales, construcción de grandes conjuntos habitacionales y desarrollo irregular en municipios periféricos. Durante años, muchas familias encontraron suelo más accesible lejos de las áreas centrales, pero pagaron esa posibilidad con trayectos extensos, gastos elevados de transporte y una menor disponibilidad de servicios.

La periferización produjo una paradoja. El suelo era relativamente más barato en los bordes metropolitanos, pero la vida cotidiana resultaba más costosa. Una persona que reside lejos de los principales centros de empleo puede dedicar varias horas al traslado y una proporción importante de sus ingresos al transporte. Además, la baja densidad dificulta ofrecer rutas frecuentes de transporte público, redes de agua eficientes y equipamientos cercanos. La ciudad aparentemente barata termina trasladando sus costos a los hogares y a las autoridades.

En ese contexto, Iracheta presentó la densificación como una oportunidad para frenar el desplazamiento de habitantes hacia la periferia. La lógica es consistente: si más personas pueden vivir cerca de corredores de empleo y transporte, se reducen los viajes, se aprovecha mejor la infraestructura existente y disminuye la presión por urbanizar zonas ambientalmente sensibles. Sin embargo, esa lógica solo funciona cuando la vivienda que se construye es accesible para la población que hoy enfrenta el problema habitacional.

El riesgo de que la ciudad compacta expulse a sus residentes

La densificación no es neutral. Cuando una zona adquiere mayor conectividad, mejora su espacio público o recibe nuevas inversiones, el valor del suelo puede aumentar. Para los propietarios, esto puede representar una oportunidad; para los inquilinos y para los hogares con ingresos inestables, puede traducirse en rentas más altas, sustitución de viviendas económicas por desarrollos de mayor precio y presión para abandonar el barrio.

Ese proceso puede presentarse incluso sin una expulsión formal. Basta con que aumenten los alquileres, se encarezcan los servicios o se multipliquen los costos asociados a vivir en una zona en transformación. Las familias que no pueden absorber esos incrementos terminan trasladándose a municipios más lejanos. En ese caso, la ciudad se densifica en términos físicos, pero conserva la desigualdad territorial que pretendía corregir.

Por ello, el éxito del POZMVM no debería medirse únicamente por el número de viviendas autorizadas o por la cantidad de personas que permanezcan dentro de los límites de la ciudad central. También tendría que considerar cuántas viviendas son asequibles, cuántas familias permanecen en sus barrios, qué proporción de los nuevos desarrollos se integra con servicios y si la población local participa en las decisiones. Una política de compactación sin protección para inquilinos puede producir una metrópoli más intensa, pero socialmente más excluyente.

El antecedente de distintos procesos de renovación urbana en la capital muestra que la inversión pública y privada puede mejorar un entorno y, al mismo tiempo, alterar su composición social. Cuando se rehabilitan avenidas, se amplían sistemas de transporte o se autorizan proyectos de mayor escala sin mecanismos de vivienda protegida, la valorización del suelo beneficia sobre todo a quienes pueden comprar, no necesariamente a quienes ya habitaban la zona. La densificación requiere, por tanto, instrumentos paralelos: reservas de suelo para vivienda social, límites a aumentos abruptos de renta, apoyo a cooperativas y reglas que impidan reemplazar viviendas existentes sin una oferta equivalente.

El territorio no termina en la frontera urbana

Otro elemento relevante de la declaración del subsecretario es su reconocimiento de que la planeación territorial se ha desarrollado históricamente al margen de los ecosistemas que la rodean. En el Valle de México, esa separación ha sido particularmente costosa. Las áreas de conservación, los bosques, los humedales, las barrancas y las zonas agrícolas no son espacios vacíos disponibles para la expansión: cumplen funciones ambientales que sostienen a la propia metrópoli.

La recarga de los acuíferos es un ejemplo central. La urbanización cubre el suelo con pavimento y concreto, reduce la infiltración de lluvia y aumenta los escurrimientos. El resultado puede ser doblemente perjudicial: disminuye la disponibilidad futura de agua y aumenta el riesgo de inundaciones durante las lluvias intensas. Una ciudad que se expande sobre las zonas de recarga puede generar viviendas en el corto plazo, pero comprometer la seguridad hídrica de millones de habitantes durante las siguientes décadas.

La relación también funciona en sentido inverso. Si la densificación se concentra en áreas donde ya no existe capacidad suficiente de agua, drenaje o movilidad, la presión sobre los ecosistemas no desaparece; simplemente adopta otra forma. Las nuevas construcciones pueden intensificar la extracción de agua, elevar la demanda energética y saturar vialidades. La ciudad compacta solo es ambientalmente favorable cuando se acompaña de infraestructura eficiente, recuperación de cuerpos de agua, transporte colectivo de calidad y protección efectiva de los suelos que no deben urbanizarse.

La coordinación metropolitana será la prueba decisiva

El POZMVM enfrenta una dificultad institucional de fondo: la zona metropolitana está fragmentada entre entidades, municipios y alcaldías con capacidades, prioridades y normas diferentes. Una decisión de vivienda tomada en un municipio puede modificar los patrones de movilidad de toda la región; una obra vial puede estimular la expansión inmobiliaria en otro territorio; una restricción ambiental en una demarcación puede trasladar la presión urbana a la siguiente.

Esta interdependencia vuelve insuficiente cualquier estrategia basada exclusivamente en permisos locales. La densificación debe coordinarse con la ubicación de estaciones y corredores de transporte, la disponibilidad real de agua, la distribución de escuelas y hospitales, la gestión de residuos y la protección de áreas ambientales. También requiere información compartida y mecanismos para que los costos y beneficios no se repartan de manera desigual entre territorios.

La coordinación no puede limitarse a reuniones entre autoridades. Debe traducirse en metas verificables y responsabilidades claras. Si un municipio recibe nuevos desarrollos, tendría que demostrar que puede atender la demanda adicional de agua y transporte. Si una zona se declara prioritaria para vivienda, debería contar con reglas de inclusión social y con recursos para espacio público. Si se protege un ecosistema, deben existir vigilancia, presupuesto y alternativas habitacionales para evitar que la restricción empuje a las familias hacia asentamientos irregulares.

Vivienda, movilidad y servicios: una sola política urbana

El debate sobre el POZMVM también obliga a superar la separación tradicional entre política habitacional y planeación urbana. Construir viviendas no resuelve por sí mismo la crisis de acceso a la ciudad. Una vivienda ubicada cerca de empleos, transporte y servicios puede reducir gastos familiares y emisiones; una vivienda aislada, aunque tenga un precio inicial menor, puede reproducir el ciclo de endeudamiento, largos traslados y abandono prematuro de los conjuntos.

La experiencia de los desarrollos periféricos muestra que la localización es parte del precio real de una vivienda. Una familia puede adquirir una unidad más barata, pero enfrentar diariamente costos de traslado y pérdida de tiempo que erosionan su ingreso. Cuando el transporte es irregular o inseguro, las mujeres, los jóvenes y las personas mayores suelen soportar una carga adicional, porque reducen sus desplazamientos o dependen de otros integrantes del hogar.

Una política de densificación responsable tendría que priorizar terrenos subutilizados y corredores con infraestructura comprobada, pero también revisar el tipo de vivienda que se permite. No basta con autorizar más niveles o más unidades por predio. Se necesitan tamaños adecuados para distintos hogares, vivienda en renta, opciones para personas mayores, accesibilidad universal y mecanismos para evitar que el aumento de la oferta se concentre exclusivamente en segmentos de altos ingresos.

La legitimidad dependerá de la participación y la transparencia

Las objeciones de vecinos y especialistas no pueden tratarse como una reacción automática contra cualquier cambio urbano. En muchos barrios, la oposición surge de experiencias previas en las que las obras prometieron beneficios colectivos y terminaron produciendo tráfico, falta de agua, pérdida de identidad local o aumento de rentas. La participación social es útil precisamente porque permite identificar esos impactos antes de que las decisiones sean irreversibles.

Para ganar legitimidad, el programa necesita publicar criterios claros sobre densidades, capacidades de infraestructura, zonas de protección ambiental y metas de vivienda asequible. También debería explicar cómo se resolverán los conflictos entre los objetivos regionales y los intereses de cada comunidad. Las consultas que solo informan una decisión ya tomada difícilmente generan confianza; la participación efectiva requiere que las observaciones puedan modificar proyectos, reglas o prioridades.

La defensa del POZMVM plantea una dirección necesaria, pero no cierra el debate. Frenar la expansión periférica es una meta ambiental, económica y socialmente razonable. El desafío está en evitar que el remedio produzca nuevas desigualdades dentro de los barrios consolidados. El futuro de la metrópoli dependerá de que la densificación se acompañe de vivienda accesible, infraestructura suficiente, protección ecológica y una coordinación institucional capaz de mirar el valle como un territorio común. Sin esas condiciones, la ciudad compacta puede quedar reducida a una consigna; con ellas, podría convertirse en una oportunidad para corregir décadas de crecimiento desordenado.