La periodista independiente Yunia Figueredo denunció que agentes de la Seguridad del Estado la detuvieron junto con su esposo, el comunicador Frank Correa, y que durante el interrogatorio amenazaron con obstaculizar la operación quirúrgica que necesita su hija menor. Según el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), una oficial identificada como Hilda le advirtió que la intervención no se realizaría si continuaba con actividades consideradas contrarrevolucionarias. El instituto sitúa el episodio dentro de una campaña de hostigamiento contra la familia que, afirma, acumula al menos 22 incidentes desde abril de 2025.

La pareja fue trasladada por separado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, y permaneció bajo custodia durante varias horas. Figueredo relató en Facebook que ambos salieron alrededor de las 14:30, pero las dificultades de transporte retrasaron su regreso a casa hasta las cinco de la tarde. Durante ese tiempo, sus dos hijas —una universitaria y otra de 14 años— quedaron solas en la vivienda.

Presiones que alcanzan a las hijas

El Iclep señaló que, además de aludir a la cirugía de la menor, la oficial advirtió que la continuidad de la hija mayor en la universidad también podía verse comprometida. Las amenazas descritas trasladan la presión desde el ejercicio periodístico de los padres hacia necesidades médicas y educativas de sus hijas, dos ámbitos que afectan directamente la vida familiar. La organización no precisó en su comunicado qué procedimiento quirúrgico necesita la menor ni si existe una fecha prevista para realizarlo.

Figueredo habría permanecido unas cinco horas y media bajo custodia, sin acceso al baño ni agua para beber, según el instituto. Correa, por su parte, denunció que estuvo más de dos horas encerrado en una celda y recibió advertencias sobre posibles restricciones migratorias, además de presiones para abandonar el periodismo y salir del país. Las denuncias describen medidas dirigidas tanto a limitar la actividad profesional como a elevar el costo personal de mantenerla.

Un patrón denunciado desde 2025

El Iclep afirmó que la detención no fue un hecho aislado y mencionó un cerco domiciliario en septiembre que habría impedido a la familia salir de su vivienda, en un contexto de acciones contra activistas y comunicadores. A comienzos de ese mes, la organización solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a Correa, Figueredo y sus dos hijas. La solicitud refleja la preocupación por la repetición de los episodios y por sus posibles efectos sobre los menores, aunque el material disponible no informa de una decisión de la Comisión.

El Observatorio de Género Alas Tensas también condenó el asedio y llamó la atención sobre la protección y el bienestar de las niñas. La inclusión de las hijas en las denuncias amplía el alcance del caso: ya no se trata únicamente de restricciones contra dos comunicadores, sino de la exposición de menores a consecuencias familiares y amenazas relacionadas con su salud y educación.

Figueredo ya había sido detenida en marzo en Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, tras participar en un cacerolazo contra los apagones. Su esposo dijo entonces que el arresto ocurrió durante un operativo policial, frente a sus hijas y en medio de un corte eléctrico; también denunció que los agentes arrojaron al suelo el teléfono de la periodista. Ese antecedente, junto con los incidentes contabilizados por el Iclep, da contexto a la denuncia actual, mientras las organizaciones reclaman medidas de protección para la familia.