Al menos nueve personas murieron este lunes 19 de octubre tras el deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de oro irregular de Santa Bárbara de Iscuandé, en el suroeste de Colombia. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas puede aumentar, porque se calcula que cerca de 30 personas se encontraban en el lugar cuando la estructura cedió y que la mayoría permanecería sepultada bajo la tierra.

La información fue confirmada por Fredy Andrés Gámez Castrillón, secretario de Gobierno de Nariño, y Alex González, secretario de Paz y Derechos Humanos de la zona. De acuerdo con los primeros reportes entregados a medios locales, el derrumbe se produjo durante las primeras horas de la mañana, mientras varias personas realizaban labores de minería.

Una emergencia todavía en desarrollo

Los nueve fallecidos contabilizados hasta ahora representan un balance preliminar. La posible presencia de decenas de trabajadores en la mina convierte las labores de rescate en una carrera contra el tiempo, pero también en una operación de alta complejidad. Cada movimiento de tierra puede facilitar el acceso a las personas atrapadas o provocar nuevos desprendimientos en un terreno que ya demostró ser inestable.

La zona del accidente es rural y de difícil acceso. Equipos del cuerpo de bomberos y de la Defensa Civil se desplazaron hasta el sitio para apoyar la búsqueda y el rescate, aunque las condiciones geográficas pueden retrasar el ingreso de maquinaria, personal especializado y suministros médicos. La prioridad de los organismos de socorro es localizar sobrevivientes, establecer corredores seguros y retirar los cuerpos cuando las condiciones permitan hacerlo sin poner en riesgo a los rescatistas.

Por el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de las víctimas ni han precisado cuántas personas continúan desaparecidas. Tampoco se ha establecido de manera oficial qué factor provocó el deslizamiento. La confirmación de esos datos dependerá del avance de la inspección del terreno y de la consolidación de los reportes entregados por las familias, los trabajadores y los equipos que ingresen al área.

El riesgo de operar en un territorio controlado

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la posibilidad de que el derrumbe haya causado un número mayor de víctimas y pidió que la emergencia fuera atendida con los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios. La entidad también solicitó que se garantice la seguridad de los equipos de rescate y del personal humanitario antes de ampliar las operaciones.

La advertencia tiene un componente adicional: según la Defensoría, en el área hay presencia de grupos armados ilegales. Esa circunstancia puede afectar el despliegue estatal, limitar el movimiento de los socorristas y dificultar la verificación independiente de lo ocurrido. En una emergencia minera, la respuesta no depende únicamente de retirar tierra; requiere asegurar el perímetro, coordinar a distintas instituciones y mantener comunicación con las comunidades que conocen los caminos y las condiciones del territorio.

La combinación de informalidad, aislamiento geográfico y violencia armada eleva el riesgo en cada etapa. Una mina irregular puede carecer de estudios técnicos, sistemas adecuados de ventilación, rutas de evacuación y protocolos de emergencia. Cuando el accidente ocurre lejos de los centros urbanos, la distancia convierte cualquier falla inicial en una amenaza mayor, porque la atención médica y los equipos de rescate tardan más en llegar.

Un antecedente reciente en Nariño

El accidente ocurre apenas dos meses después de otro derrumbe en una mina de oro del departamento de Nariño, que dejó 13 personas muertas y varios heridos. La cercanía temporal entre ambos hechos vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones en que se desarrolla la extracción de oro en el departamento, especialmente en zonas donde la actividad opera al margen de los controles institucionales.

La repetición de tragedias no permite atribuir estos sucesos únicamente a fenómenos aislados o a la inestabilidad natural del suelo. Aunque cada accidente debe investigarse de manera individual, la frecuencia de los derrumbes puede revelar problemas persistentes: falta de supervisión, explotación de terrenos sin soporte suficiente, ausencia de planes de contingencia y presión económica para mantener la producción incluso cuando existen señales de peligro.

Las autoridades deberán determinar si la mina contaba con autorización, quién administraba las labores y qué medidas de seguridad estaban disponibles al momento del deslizamiento. Esas respuestas serán esenciales para establecer responsabilidades, pero también para identificar si existen otros puntos de explotación con condiciones semejantes y evitar que la emergencia se reduzca a un balance de muertos sin consecuencias preventivas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, las familias de los trabajadores enfrentan la incertidumbre sobre el destino de sus allegados. El balance de nueve muertos puede crecer durante las próximas horas, dependiendo de la localización de las personas sepultadas y de la posibilidad de acceder a las zonas más profundas. La atención inmediata está concentrada en el rescate; después vendrán la identificación de las víctimas, la investigación del derrumbe y el debate sobre la seguridad de la minería irregular en una región que ya carga con antecedentes recientes de tragedias similares.