Un año después de la entrada en vigor del memorando de alto el fuego entre Israel y Hamás, Gaza permanece atrapada en una contradicción central: existe un acuerdo que debía detener los ataques y abrir paso a una entrada masiva de asistencia, pero sus efectos sobre la vida cotidiana siguen siendo incompletos. La ayuda humanitaria ha llegado, aunque de forma parcial; el hambre se ha reducido, pero no ha desaparecido; y las operaciones militares israelíes tampoco han cesado por completo. El resultado no es una posguerra estable, sino una pausa frágil en la que la población continúa expuesta a la escasez, la incertidumbre y la violencia.

El memorando comenzó a aplicarse el 10 de octubre de 2025 con dos compromisos esenciales. Por un lado, el Ejército israelí debía poner fin a sus ataques en la Franja. Por otro, debía permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria. La distancia entre esas obligaciones y la situación descrita un año después constituye el dato político más relevante: el alto el fuego no ha conseguido convertir el acceso humanitario en un mecanismo regular, previsible y suficiente, ni ha eliminado la amenaza de nuevos ataques.

La diferencia entre permitir ayuda y garantizarla

En contextos de guerra, la entrada de suministros no puede evaluarse únicamente por la existencia de convoyes o comedores. La cuestión decisiva es si los alimentos, el agua, los medicamentos y el combustible llegan con la frecuencia y el volumen necesarios a la población que los necesita. En Gaza, la respuesta sigue siendo negativa según la información disponible. Que la ayuda haya sido autorizada parcialmente significa que el sistema de abastecimiento opera por debajo de la demanda y que cualquier interrupción administrativa, militar o logística puede volver a empujar a miles de familias hacia una situación crítica.

Esta diferencia tiene consecuencias prácticas. Una distribución irregular obliga a las organizaciones humanitarias a trabajar con inventarios inestables, dificulta la planificación y favorece que la asistencia se concentre en determinados puntos mientras otras zonas quedan peor atendidas. También eleva los costes de transporte y almacenamiento, porque los operadores deben aprovechar ventanas de acceso inciertas y mantener reservas para posibles cierres. La ayuda deja de ser una red continua de protección y se convierte en una sucesión de operaciones de emergencia.

El impacto alcanza también al tejido económico local. Cuando los productos básicos entran de manera limitada, los mercados no recuperan su funcionamiento normal, aunque aparezcan alimentos en algunos establecimientos. La escasez eleva los precios, reduce la capacidad de compra y aumenta la dependencia de los comedores. Para los hogares sin ingresos regulares, disponer de comida en el mercado no equivale necesariamente a poder adquirirla. La seguridad alimentaria depende tanto de la oferta física como del acceso económico y de la continuidad de la distribución.

El hambre disminuye, pero la emergencia no termina

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, conocida como CIF, señala que el hambre ha disminuido, aunque los alimentos disponibles siguen siendo insuficientes. Este matiz es fundamental. Una mejora estadística o humanitaria no implica que la población haya recuperado unas condiciones mínimas de normalidad. Puede significar que se ha evitado el peor escenario en determinadas áreas, mientras persisten niveles severos de inseguridad alimentaria en otras o entre grupos especialmente vulnerables.

La evolución del hambre suele medirse por zonas, hogares y niveles de acceso, no por una impresión general del territorio. Por eso, una reducción agregada puede ocultar diferencias profundas entre familias desplazadas, personas heridas, niños, personas mayores y hogares que han perdido sus fuentes de ingresos. Las cocinas comunitarias pueden contener el deterioro inmediato, pero no sustituyen la disponibilidad estable de alimentos ni resuelven la destrucción de viviendas, mercados, tierras, redes de agua y medios de subsistencia.

El primer hallazgo de fondo es que Gaza no enfrenta únicamente una crisis de volumen, sino una crisis de continuidad. Si la asistencia se interrumpe con frecuencia, cada mejora puede ser reversible. Los comedores alivian el consumo diario, pero el sistema alimentario necesita también semillas, combustible, cadenas de frío, transporte, personal sanitario y acceso seguro para los distribuidores. Sin esos componentes, la población queda expuesta a un ciclo de dependencia en el que cada nueva restricción obliga a reiniciar la respuesta desde niveles de emergencia.

Un alto el fuego que no produce seguridad

El segundo elemento crítico es la persistencia de los ataques israelíes. El hecho de que no hayan cesado por completo debilita la función básica del acuerdo: crear condiciones de seguridad para la población y para quienes prestan asistencia. La ayuda no puede planificarse con eficacia si las rutas, los edificios o los lugares de concentración de civiles siguen expuestos a operaciones militares. Incluso cuando no se produce un ataque directo sobre una instalación humanitaria, la amenaza altera los desplazamientos, interrumpe las entregas y desalienta la reconstrucción de servicios esenciales.

Para Israel, la lógica de seguridad puede estar vinculada a la prevención de nuevas acciones de Hamás y a la eliminación de capacidades militares. Para Hamás y sus aliados, en cambio, la continuidad de las operaciones israelíes puede interpretarse como una violación del espíritu o de los compromisos del alto el fuego. La población civil queda situada en medio de esa disputa de interpretaciones, mientras los actores armados convierten cada incidente en una prueba de la falta de confianza del otro.

Ese conflicto de narrativas tiene una dimensión operacional. Un acuerdo que no fija mecanismos transparentes de verificación, atribución y respuesta corre el riesgo de degradarse por acumulación de incidentes. Cada ataque, acusación o restricción de acceso puede ser utilizado para justificar nuevas medidas de seguridad, que a su vez reducen la ayuda y alimentan la desconfianza. El problema no es solo que existan incumplimientos aislados, sino que el diseño político no parece haber creado suficientes incentivos para impedir que esos incumplimientos se vuelvan estructurales.

La población civil paga el coste de una arquitectura incompleta

La situación afecta de manera distinta a cada grupo. Para las familias desplazadas, la prioridad inmediata es conseguir alimentos y protección física, pero también un lugar donde permanecer sin ser obligadas a moverse de nuevo. Para los niños, la inseguridad alimentaria prolongada amenaza el crecimiento, la salud y la continuidad educativa. Para las personas enfermas o heridas, la falta de suministros médicos y de instalaciones funcionales puede transformar dolencias tratables en problemas crónicos o mortales.

Las organizaciones humanitarias enfrentan un problema paralelo: deben responder a necesidades enormes bajo condiciones que dificultan medirlas y cubrirlas. La distribución parcial exige elegir a quién atender primero, un dilema que no debería recaer exclusivamente en los equipos sobre el terreno. Cuando los recursos son insuficientes, la ayuda puede ser percibida como arbitraria por las comunidades, aunque las decisiones respondan a criterios técnicos. Esta tensión erosiona la confianza entre beneficiarios, autoridades y organizaciones internacionales.

El sector sanitario y los servicios públicos también sufren efectos acumulativos. La inseguridad alimentaria aumenta la presión sobre hospitales y centros de atención, mientras la destrucción o la interrupción de infraestructuras limita la capacidad de tratar enfermedades. La respuesta humanitaria termina absorbiendo funciones que corresponden a sistemas públicos: alimentar, alojar, trasladar y proteger. Cuanto más tiempo dura esa sustitución, más difícil resulta reconstruir instituciones locales capaces de operar con autonomía.

Desde la perspectiva de los donantes y de los gobiernos extranjeros, la controversia se concentra en el equilibrio entre presión política, financiación y seguridad. Condenar los ataques o exigir un acceso mayor no garantiza por sí solo el cumplimiento del acuerdo. Pero reducir la presión internacional mientras la ayuda sigue entrando de forma parcial puede consolidar una normalización peligrosa: la idea de que una emergencia prolongada es aceptable siempre que no alcance un nuevo punto de ruptura visible.

La ayuda como instrumento de negociación

El tercer punto de análisis es que el acceso humanitario no parece funcionar solo como una cuestión logística. En un conflicto tan polarizado, los permisos, los cruces y los volúmenes de asistencia adquieren valor político. Quien controla el acceso controla, en parte, el ritmo de la recuperación y la capacidad de presión sobre la población y sobre los adversarios. Esto explica por qué la ayuda puede quedar atrapada entre objetivos militares, cálculos diplomáticos y exigencias de seguridad.

La consecuencia es particularmente grave: cuando la asistencia se usa como variable de negociación, los civiles soportan el coste de desacuerdos que no pueden resolver. La ayuda debería estar separada de las concesiones políticas y regida por criterios de necesidad, neutralidad y seguridad. Si cada episodio militar puede traducirse en restricciones de suministros, el sistema humanitario pierde previsibilidad y las comunidades no pueden planificar siquiera sus necesidades más básicas.

La experiencia del último año muestra además que un alto el fuego no equivale automáticamente a una transición. Para que exista una etapa posterior, deben definirse garantías de seguridad, una autoridad capaz de coordinar la distribución, mecanismos de supervisión y un calendario de rehabilitación de servicios. Sin esos elementos, el acuerdo se limita a administrar parcialmente la crisis, no a resolverla. La ausencia de ataques generalizados puede ser un objetivo inmediato, pero no constituye por sí sola una solución política.

Qué puede ocurrir durante el próximo año

La primera tendencia probable es una prolongación de la emergencia con mejoras desiguales. Si la entrada de ayuda aumenta, algunas áreas podrían registrar una recuperación alimentaria relativa, mientras otras seguirían expuestas por razones geográficas, de seguridad o de acceso. La CIF podría reflejar avances en el promedio sin que desaparezcan los focos de hambre más severa. La lectura de los datos deberá centrarse, por tanto, en las diferencias territoriales y sociales, no únicamente en la evolución global.

La segunda posibilidad es una estabilización limitada basada en la ampliación de los corredores de ayuda y en una reducción efectiva de las operaciones militares. Para que ese escenario sea sostenible, haría falta una supervisión creíble del alto el fuego y un canal de coordinación capaz de resolver rápidamente los incidentes. También sería necesario que los suministros pasaran de la lógica de emergencia a un flujo regular, con capacidad para reactivar mercados y servicios locales.

El escenario más riesgoso es una nueva escalada gradual. No requiere necesariamente el colapso formal del acuerdo: bastaría con una sucesión de ataques, restricciones y represalias que redujera aún más la asistencia. El deterioro podría avanzar sin un único acontecimiento decisivo, mediante pequeñas interrupciones acumuladas. En ese caso, el hambre volvería a intensificarse, los desplazamientos aumentarían y la ayuda tendría que dedicar más recursos a contener daños inmediatos en lugar de financiar recuperación.

También existe un riesgo político de largo alcance. Si la población percibe que los acuerdos internacionales producen solo alivios parciales y no protección efectiva, puede crecer la desconfianza hacia las instituciones encargadas de negociar y supervisar la tregua. Para los actores armados, esa pérdida de credibilidad puede convertirse en un recurso de movilización. Para los gobiernos y organizaciones humanitarias, implicaría operar en un entorno cada vez más hostil y con menor margen para construir consensos.

El verdadero balance del aniversario

El aniversario del alto el fuego no permite hablar de una paz consolidada. El balance más preciso es el de una contención incompleta: la ayuda entra, pero no en la escala prometida; el hambre retrocede, pero continúa en niveles preocupantes; y los ataques persisten, lo que impide que la población transforme la pausa en seguridad. Las tres variables están conectadas. Sin protección no hay distribución estable; sin alimentos suficientes no hay recuperación social; y sin un mecanismo político confiable cada avance puede deshacerse.

La prueba del próximo periodo no será únicamente cuántos camiones o raciones logran entrar en Gaza. Será si el acuerdo consigue separar la supervivencia civil de la dinámica de castigo, represalia y negociación militar. Mientras esa separación no exista, la asistencia seguirá funcionando como un parche indispensable, pero insuficiente. El futuro del enclave dependerá de que el alto el fuego deje de ser una promesa condicionada y se convierta en un sistema verificable de protección, acceso y reconstrucción. Hasta entonces, el primer año del acuerdo quedará definido por una paradoja: la emergencia es menos intensa que en sus peores momentos, pero sigue siendo demasiado profunda para llamarla resuelta.