El asesinato a tiros de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y abogado vinculado a investigaciones de corrupción, ha colocado a Guatemala ante una doble exigencia: esclarecer quién ordenó y ejecutó el ataque, y explicar cómo un hombre bajo protección policial pudo ser abatido a plena luz del día en un espacio público. El crimen ocurrió poco después de las nueve de la mañana en el Campo Marte, zona 5 de Ciudad de Guatemala, durante un partido en el que Solórzano Foppa ejercía como entrenador.

Un ataque ejecutado a pocos metros de la escolta

El dato más revelador sobre la dimensión del operativo criminal es la distancia entre los atacantes y los agentes encargados de custodiar a la víctima: apenas entre 30 y 40 metros. Solórzano Foppa había pedido a sus escoltas que permanecieran junto a su hijo menor, quien presenció el asesinato, mientras él dirigía a su equipo. Cuando comenzaron los disparos, los policías intentaron reaccionar, pero, según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, la respuesta llegó demasiado tarde y quedó condicionada por la confusión provocada por el pánico.

El ataque dejó además una segunda víctima mortal: Gustavo Adolfo Aguilar, integrante de la Federación Guatemalteca de Judo, alcanzado por una bala perdida. La presencia de familias, deportistas y espectadores convierte el episodio en algo más que un homicidio dirigido. La facilidad con la que los agresores irrumpieron en un lugar concurrido, dispararon y escaparon plantea interrogantes sobre la planificación del crimen, la vigilancia del entorno y la capacidad de los cuerpos de seguridad para proteger a una persona considerada vulnerable.

Dos detenidos, un arma controvertida y demasiadas preguntas abiertas

La investigación dio sus primeros pasos con la detención, diez minutos después del ataque, de dos hermanos de 30 y 18 años procedentes de Alta Verapaz. La Policía los localizó en San Isidro, zona 16, cuando se desplazaban en una motocicleta de reparto, y afirmó haber encontrado una carabina con munición que supuestamente habría sido utilizada en el crimen. Ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales para la audiencia de primera declaración.

Sin embargo, la captura no ha cerrado ninguna de las preguntas centrales. El hermano mayor, Rigoberto Choc Toz, negó tener relación con el homicidio y aseguró que trabaja como repartidor de comida. También denunció que fueron los propios agentes quienes colocaron el arma en la mochila donde transportaban alimentos para implicarlos. Esa versión deberá ser contrastada con peritajes balísticos, registros de la escena, imágenes de vigilancia y testimonios independientes. El antecedente de que Rigoberto perteneció al Comando Regional Central del Ejército entre 2017 y 2019 añade un elemento sensible al caso, pero no constituye por sí mismo una prueba de participación.

El Ministerio de Gobernación sostiene que los testigos describieron a cuatro atacantes vestidos con prendas deportivas, incluidas camisetas del FC Barcelona. El detenido más joven llevaba una chaqueta de ese equipo. La coincidencia puede ayudar a reconstruir los movimientos de los sospechosos, aunque también muestra los límites de una investigación que todavía debe determinar si los arrestados son los autores materiales, si formaban parte de una estructura más amplia o si fueron señalados de manera errónea.

El perfil público de la víctima alimenta una hipótesis, no una conclusión

Solórzano Foppa no era una figura ajena a las disputas más delicadas del país. Durante doce años ocupó cargos fiscales relacionados con la investigación criminal y participó en el caso La Línea, la red de defraudación aduanera que derivó en procesos contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También investigó organizaciones criminales, entre ellas el Barrio 18, y contribuyó a la condena de su principal dirigente en Guatemala, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”. Desde 2010 contaba con protección policial, un esquema que fue reforzado en 2025 debido a su perfil político.

En los últimos años había mantenido una presencia constante en redes sociales, donde analizaba seguridad, justicia y política, además de denunciar presuntos vínculos entre pandillas y grupos del narcotráfico. Dos días antes de su muerte publicó un video sobre la matanza de ocho personas ocurrida el 27 de septiembre en Huité, Zacapa. En esa grabación atribuyó el operativo fallido a supuestos mercenarios de la CIA y cuestionó la actuación del Ejército, citando testimonios sobre helicópteros en la zona.

La conexión entre esas declaraciones y el asesinato es, por ahora, una hipótesis sin respaldo oficial. El Gobierno y el Ministerio Público han dicho que no vinculan ambos hechos, mientras reúnen evidencias sobre el móvil. La prudencia resulta decisiva: el Estado ha reconocido que militares realizaron disparos durante el operativo de Huité y puso a disposición de la justicia a 107 soldados, pero ese contexto no permite establecer automáticamente una relación con el homicidio de Solórzano Foppa.

La respuesta oficial se mide por la transparencia

El presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque y prometió encontrar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. La Embajada de Estados Unidos también calificó el crimen de atroz y reclamó una investigación completa y transparente. Las declaraciones reflejan la relevancia institucional de la víctima, pero la credibilidad de la respuesta dependerá de la calidad de las pruebas y de que el proceso no se limite a presentar detenidos.

Solórzano Foppa había tenido una trayectoria marcada por investigaciones contra redes criminales, pero también por conflictos políticos y judiciales. En 2016 dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria y fue destituido dos años después; en 2021 llegó a prisión y en 2023 aceptó cargos en el caso Política y Falsedad, por el que recibió una condena de dos años conmutables. Ese historial exige separar con rigor sus decisiones y controversias pasadas de la investigación sobre su muerte.

El caso concentra, por tanto, tres pruebas para las instituciones guatemaltecas: esclarecer un ataque cometido ante testigos, garantizar un proceso fiable para los detenidos y determinar si existió una amenaza relacionada con el trabajo o las denuncias públicas del exfiscal. Sin respuestas verificables, el asesinato no solo dejará dos familias afectadas, sino que profundizará la percepción de que la violencia puede imponerse incluso en los espacios donde el Estado afirma tener el control.