Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de nuevos cargos relacionados con presuntos actos de tortura cometidos en Venezuela. La comparecencia en Nueva York añade una dimensión distinta al proceso penal que ya afrontaban por narcotráfico y armas: la discusión deja de centrarse únicamente en delitos transnacionales y pasa a examinar si dos antiguos dirigentes pueden responder ante tribunales estadounidenses por abusos atribuidos a un aparato estatal extranjero.

Según la acusación, Maduro habría supervisado un sistema de tortura que incluía golpizas, asfixia y descargas eléctricas, además de recomendar métodos, recibir información sobre víctimas y amenazar a familiares de detenidos. Los fiscales sostienen que Flores participó en la estructura represiva y ordenó abusos contra personas concretas. Ambos niegan los cargos. El juez Alvin K. Hellerstein presentó la declaración de inocencia en nombre de Maduro después de que este calificara las imputaciones de falsas; Flores afirmó que era inocente. La presunción de inocencia y la carga de la prueba corresponden al Estado.

El cambio decisivo está en la jurisdicción

La tortura está prohibida por el derecho internacional y, bajo determinadas normas, puede perseguirse fuera del territorio donde ocurrió, incluso cuando las víctimas no sean nacionales del país que juzga. Pero que exista una base jurídica no vuelve rutinario el proceso. La imputación de funcionarios extranjeros en Estados Unidos es excepcional, y el caso deberá resolver cuestiones de jurisdicción, inmunidad, acceso a pruebas y garantías procesales antes de que pueda haber un juicio sobre el fondo.

La defensa ya ha planteado inmunidad, argumentando que Maduro y Flores ocupaban cargos de jefe de Estado y primera dama. Ese planteamiento abre un conflicto con consecuencias que superan a los acusados: cuánto peso concede un tribunal a la condición oficial de un dirigente depuesto y quién puede reconocer esa condición en un contexto de cambio político. El gobierno estadounidense considera a Maduro derrocado y detenido tras una incursión militar en Caracas el 3 de enero. La manera en que se obtuvo la custodia podría alimentar debates adicionales sobre soberanía y legalidad, aunque no resuelve por sí sola la validez de cada cargo penal.

La primera implicación relevante es que el proceso puede transformar el alcance práctico de la rendición de cuentas. Si los fiscales prueban que las decisiones de alto nivel conectaron a los dirigentes con abusos concretos, el caso mostraría que la distancia entre una orden política y el daño sufrido por una persona no basta necesariamente para evitar responsabilidad penal. Si las pruebas no permiten establecer esa conexión, el desenlace también fijará límites: las acusaciones graves no sustituyen la demostración individual de conducta, conocimiento e intención.

Un proceso, dos marcos de rendición de cuentas

La investigación de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión en Venezuela constituye un marco distinto. No equivale a una condena ni determina el resultado del caso estadounidense. La coexistencia de procedimientos puede aumentar la atención sobre las víctimas y las pruebas, pero también plantea desafíos: testimonios sometidos a distintos estándares, protección de testigos, coordinación entre jurisdicciones y riesgo de que información sensible se convierta en instrumento de disputa política.

Para sobrevivientes y familiares, la apertura de una causa puede ofrecer una vía para que sus denuncias sean escuchadas fuera de un país donde temen represalias o no confían en las instituciones. Sin embargo, la expectativa de justicia puede chocar con años de litigio, dificultades para corroborar hechos ocurridos en centros de detención y costos personales de volver a declarar. La seguridad de testigos y la conservación de documentos, registros médicos y cadenas de custodia serán tan determinantes como la contundencia de los discursos de la fiscalía.

El gobierno estadounidense presenta la acusación como una respuesta penal a abusos atribuidos a dirigentes extranjeros. Sus críticos pueden objetar la selectividad: Washington decide cuándo aplicar su jurisdicción extraterritorial y, en este caso, los cargos aparecen después de una operación militar que trasladó a los acusados a territorio estadounidense. Esa secuencia hace inevitable separar dos preguntas: si hubo una captura legal y si existen pruebas admisibles de tortura. Confundirlas puede debilitar tanto el debate sobre derechos humanos como la evaluación jurídica independiente.

La política venezolana también entra en la sala

Desde la caída de Maduro, Delcy Rodríguez gobierna como mandataria encargada bajo presión del presidente Donald Trump, según la información disponible. Para la nueva administración venezolana, el juicio puede servir como argumento para distanciarse del antiguo poder, aunque cargar con su legado represivo puede afectar su propia legitimidad. Para los partidarios de Maduro, la detención y la actuación estadounidense refuerzan la narrativa de intervención extranjera. Para la oposición y las organizaciones de derechos humanos, en cambio, la prioridad es que los testimonios se investiguen con rigor y que ninguna alineación política sustituya la prueba.

La consecuencia política más inmediata puede ser una mayor incertidumbre institucional. Un proceso en Estados Unidos no reconstruye por sí mismo los tribunales venezolanos ni garantiza reformas en los cuerpos de seguridad. Si la transición depende de acuerdos entre élites, las acusaciones pueden endurecer posiciones y elevar el costo de negociar; si se convierten en un espacio verificable para documentar abusos, podrían contribuir a una discusión nacional sobre responsabilidades y garantías de no repetición. Ninguno de esos resultados está asegurado por la mera apertura de la causa.

Lo que el calendario no resuelve

El juicio por narcotráfico y armas está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, aunque los fiscales informaron que ambas partes quieren trasladar la fecha al 14 de junio. Esa referencia no debe confundirse con una fecha definitiva para el juicio por tortura: el nuevo expediente tendrá sus propios trámites y puede modificar la estrategia de defensa, la gestión de pruebas y el calendario judicial. La acusación sostiene que los abusos se remontan a 2013, año en que Maduro asumió la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez; esa amplitud temporal obliga a reconstruir quién tomó decisiones y cuándo.

En los próximos meses, el indicador central no será la retórica pública, sino la capacidad de cada parte para sostener sus posiciones ante el tribunal: qué documentos pueden admitirse, cómo se autentican testimonios y qué grado de relación se acredita entre los acusados y las acciones atribuidas a funcionarios. El caso puede convertirse en un referente para futuras causas extraterritoriales, pero también provocar reacciones diplomáticas y acusaciones de uso político de la justicia. Su legitimidad dependerá de que el procedimiento mantenga garantías rigurosas incluso frente a imputaciones de extrema gravedad.

El mayor riesgo es que el proceso prometa más de lo que puede entregar: una condena no reemplazaría la reparación a las víctimas ni resolvería la crisis institucional venezolana, y una absolución tampoco demostraría por sí sola que los abusos denunciados nunca ocurrieron. Entre esos extremos está la tarea judicial concreta: determinar responsabilidades individuales con pruebas contrastables. De ese equilibrio dependerá si el expediente amplía la rendición de cuentas internacional o queda marcado, ante una parte importante de la opinión pública, por la controversia sobre el poder que lo puso en marcha.