La detención preventiva del coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exdirector nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, transforma el operativo que permitió capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un nuevo escenario de disputa: ya no se trata únicamente de evaluar el éxito de una acción contra el crimen organizado, sino de determinar si los procedimientos posteriores preservaron la legalidad, la cadena de custodia y la confianza pública. Ferrufino, enviado por seis meses al penal de Patacamaya, sostiene que actuó como un negociador profesional durante la intervención del 13 de marzo de 2026 y que su imagen ha quedado deteriorada por una investigación que considera injusta. La Fiscalía, en cambio, indaga el presunto retiro irregular de maletas y otros bienes del inmueble allanado en el barrio Las Palmas.

La diferencia entre ambas versiones es decisiva. El coronel describe una operación de alto riesgo, ejecutada por personal entrenado que desconocía el destino final de la misión hasta el momento de actuar. La hipótesis fiscal se concentra en lo que habría ocurrido después: objetos que no fueron registrados formalmente, posibles bienes de elevado valor y una eventual utilización indebida de recursos incautados. Una captura puede ser operativamente exitosa y, al mismo tiempo, quedar comprometida por fallas en el aseguramiento de la evidencia. Esa es la tensión central que ahora deberá resolver la Justicia.

El punto crítico no está solo en la captura

Durante su audiencia, Ferrufino afirmó que los efectivos del Grupo Especial de Acciones Tácticas no conocían previamente el destino ni todos los detalles de la misión. También defendió la decisión de negociar y rechazó la acusación de que el procedimiento hubiera derivado en un intento de robo, como presuntamente sostienen el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía. Su argumento es que un negociador certificado no puede abandonar una interlocución en curso sin poner en riesgo el resultado de la operación.

Ese planteamiento merece ser separado en dos planos. En el plano táctico, mantener una negociación puede haber sido necesario para evitar una confrontación armada, proteger a los agentes o asegurar la detención de un objetivo considerado peligroso. En el plano jurídico, sin embargo, la profesionalidad de una negociación no sustituye la obligación de documentar cada actuación, identificar a los participantes y preservar los objetos encontrados. La experiencia operativa puede explicar una decisión en el terreno, pero no elimina los controles que deben aplicarse después.

La investigación menciona posibles sumas de dinero en efectivo de al menos cuatro millones de dólares, relojes de lujo y otros objetos de valor. Por ahora, esas cifras y la relación exacta de los bienes forman parte de la hipótesis investigativa, no de un hecho judicialmente probado. Precisamente por la magnitud de lo que está en juego, la respuesta institucional no puede depender de declaraciones públicas contrapuestas. Requiere inventarios, actas, registros audiovisuales, peritajes financieros y una reconstrucción cronológica de los movimientos realizados dentro y fuera del inmueble.

La cadena de custodia como prueba de la capacidad estatal

El primer impacto del caso recae sobre la credibilidad de las unidades antidroga y de inteligencia. En operaciones contra organizaciones criminales, la eficacia no se mide únicamente por la detención de un objetivo. También se evalúa por la capacidad de convertir la información obtenida en evidencia válida ante los tribunales. Si una maleta, un reloj o una suma de dinero no aparece en un registro oficial, el problema no es meramente administrativo: puede debilitar una acusación, abrir la puerta a nulidades y alimentar la sospecha de que los bienes fueron manipulados.

La cadena de custodia cumple una función doble. Protege la investigación frente a la defensa de los acusados y protege a los propios policías frente a acusaciones posteriores. Un procedimiento que registra quién encontró un objeto, quién lo trasladó, dónde fue depositado y quién tuvo acceso a él reduce el margen para interpretaciones interesadas. Cuando ese circuito se rompe, tanto la Fiscalía como los agentes quedan expuestos. La primera puede perder evidencia; los segundos pueden convertirse en responsables individuales de fallas que quizá fueron institucionales.

La segunda conclusión es que los operativos de alto impacto necesitan controles independientes desde el primer momento. No basta con que la misma estructura que planifica una incursión sea la que custodie los bienes, redacte los informes y defienda públicamente el resultado. La separación de funciones no implica desautorizar a la Policía. Al contrario, permite que la actuación profesional de los agentes sea verificable y que una investigación posterior no dependa exclusivamente de la palabra de sus superiores o subordinados.

Una disputa entre la lógica del operativo y la lógica judicial

El testimonio de Ferrufino refleja una tensión habitual en la lucha contra el narcotráfico. Los policías reclaman que se reconozcan el riesgo, la presión y la rapidez con que deben decidir. Los fiscales y jueces, por su parte, están obligados a revisar esas decisiones con estándares de legalidad que no pueden flexibilizarse solo porque el objetivo sea un sospechoso de alto perfil. Ambas perspectivas son legítimas, pero no tienen la misma función. La Policía debe resolver una amenaza inmediata; la Justicia debe determinar, con posterioridad, si esa respuesta respetó las reglas.

El relato del coronel sobre un agente que preguntó por qué había sido enviado a morir muestra el costo humano de este tipo de operaciones. Ferrufino dijo que en su momento tomó la frase con humor y que ahora, detenido y cuestionado, comprende que aquel policía tenía razón. La declaración apunta a un problema de bienestar y protección institucional: los efectivos pueden asumir riesgos extremos durante una misión y sentirse abandonados cuando aparecen consecuencias políticas o judiciales.

Pero la solidaridad interna tampoco puede convertirse en una barrera frente a la rendición de cuentas. El hecho de haber participado en la captura de Marset no otorga inmunidad a ningún funcionario. La relevancia del objetivo, la presión pública o la trayectoria del investigador no sustituyen la obligación de explicar el destino de los bienes y justificar cada actuación. Para la ciudadanía, precisamente los operativos más celebrados deben ser los más auditables.

El caso también mide la fortaleza de la investigación sobre Marset

Sebastián Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra y actualmente enfrenta a la Justicia de Estados Unidos. Las investigaciones posteriores alcanzan a distintos funcionarios públicos por presuntos vínculos con el narcotraficante y por posibles irregularidades en su entorno. En ese contexto, el expediente Ferrufino no es un episodio aislado: puede convertirse en una pieza para establecer si existió una red de protección, aprovechamiento ilícito de información o apropiación de activos relacionados con la organización criminal.

La defensa del coronel busca desplazar el foco hacia su trayectoria, su formación y el valor estratégico de su actuación. La Fiscalía intenta concentrarlo en bienes supuestamente retirados sin registro. Ninguna de las dos narrativas debería dominar el proceso antes de que se conozcan las pruebas. Una carrera policial extensa no demuestra inocencia, del mismo modo que una acusación grave no demuestra responsabilidad. El riesgo de convertir la causa en una batalla de reputaciones es que se pierdan de vista los hechos comprobables.

Para la Policía, el desenlace tendrá efectos sobre la disposición de sus agentes a participar en futuras operaciones. Si los funcionarios perciben que pueden quedar expuestos sin respaldo jurídico ni institucional, podría aumentar la cautela operativa, disminuir la iniciativa y crecer la resistencia a asumir misiones de alto riesgo. Si, por el contrario, la institución interpreta la investigación como una persecución y cierra filas sin revisar los protocolos, se profundizará la desconfianza social y se reforzará la idea de que los cuerpos especiales operan con controles insuficientes.

Para la Fiscalía, el desafío consiste en demostrar que la investigación no responde a una disputa interna ni a la presión mediática. La acusación menciona presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo, un conjunto de imputaciones que exige una delimitación rigurosa de conductas, responsabilidades y beneficios. Una imputación amplia pero débilmente individualizada podría ser cuestionada por la defensa. Una investigación lenta o incompleta, en cambio, podría favorecer la pérdida de pruebas y la percepción de impunidad.

Qué puede cambiar después de Patacamaya

La detención preventiva durante seis meses no equivale a una condena, pero sí revela que el caso ha entrado en una fase de alto impacto institucional. Durante ese periodo será determinante el análisis del video que Ferrufino pidió revisar, así como la comparación entre las imágenes, las actas de allanamiento, los testimonios de los agentes y los registros de inventario. Si el material audiovisual confirma que el coronel actuó dentro de sus funciones, podría fortalecer su defensa. Si muestra movimientos incompatibles con el protocolo, la investigación ganará una base probatoria más sólida.

El futuro inmediato debería concentrarse en cuatro verificaciones: qué bienes fueron encontrados realmente, quién los identificó, cuándo fueron incorporados al inventario y quién tuvo acceso a ellos. También será relevante establecer si existían protocolos específicos para operaciones con objetivos de alto valor y si fueron cumplidos por todos los funcionarios. Las respuestas permitirán distinguir entre una conducta individual y una falla sistémica.

El riesgo más serio es que el caso produzca dos efectos opuestos y simultáneos. Por un lado, la controversia puede desacreditar una captura que representó un golpe importante contra el narcotráfico y debilitar la cooperación internacional. Por otro, una reacción defensiva de las autoridades puede impedir que se investiguen eventuales abusos cometidos durante el operativo. La salida institucional no está en escoger entre eficacia y legalidad. Está en demostrar que una operación eficaz también puede ser transparente, documentada y sometida a revisión.

La detención de Ferrufino coloca a Bolivia ante una prueba que excede su situación personal. El Estado deberá demostrar si cuenta con mecanismos capaces de proteger a quienes arriesgan su vida en una operación y, al mismo tiempo, de controlar a quienes administran la evidencia y los bienes incautados. La credibilidad de la lucha contra el narcotráfico dependerá menos de la retórica sobre la captura de Marset que de la calidad de las respuestas que sigan: registros completos, responsabilidades individualizadas, garantías procesales y una investigación que no confunda lealtad institucional con ausencia de control.