La historia de Silvia Cunio no termina el día en que sus hijos fueron liberados. Ese día, después de 738 jornadas de incertidumbre, comenzó otra etapa: la recuperación física y psicológica de dos hombres que regresaron con pérdida de masa muscular, dolores óseos, lesiones en la columna y recuerdos intrusivos del cautiverio. Para su madre, el tiempo transcurrido entre el 7 de octubre de 2023 y el reencuentro no fue una espera convencional. “No viví durante dos años”, declaró a SEMANA. La frase resume una dimensión menos visible de la guerra: el secuestro no concluye necesariamente cuando se abre una puerta, sino cuando la persona logra reconstruir una vida que la violencia deshizo.

El relato de Cunio permite precisar varios hechos centrales. El ataque alcanzó al kibutz Nir Oz, una comunidad agrícola situada cerca de Gaza, donde su familia estaba reunida el 7 de octubre. David, su esposa y una de sus hijas fueron secuestrados; la otra niña permaneció separada de sus padres durante diez días. Ariel, otro de los hijos de Silvia, y su novia, Arbel, desaparecieron durante dos meses antes de que la familia recibiera confirmación de que también estaban en cautiverio. La liberación llegó después de 738 días, según el testimonio familiar recogido en la entrevista.

La secuencia muestra la lógica devastadora de los ataques contra comunidades pequeñas: la destrucción no se limita a las víctimas directas. En una misma familia se superponen el asesinato de vecinos, el incendio de viviendas, la desaparición de varios miembros, la separación de una niña de sus padres y la imposibilidad de obtener información confiable. La familia deja de funcionar como refugio estable y se convierte en una red de personas que intentan localizarse, protegerse y sostenerse con datos incompletos.

La cifra de los 738 días no alcanza a medir el daño

La duración del cautiverio es el dato más contundente, pero no necesariamente el más revelador. Dos años de encierro implican una pérdida acumulada de autonomía, movilidad, privacidad y referencias temporales. Cunio describe que Ariel permaneció prácticamente agachado en túneles y que ahora sufre problemas en la columna. También habla de una disminución de masa muscular y de dolores en los huesos, consecuencias compatibles con periodos prolongados de inmovilidad, posturas forzadas y alimentación insuficiente, aunque cada diagnóstico debe ser establecido por profesionales médicos.

El caso plantea una primera conclusión de alcance mayor: la política de rehenes debe medirse por la supervivencia posterior, no únicamente por la liberación. Si el Estado contabiliza el éxito solo como el regreso físico de una persona, deja fuera la rehabilitación, la reinserción laboral, la atención a los familiares y la reparación del daño social. Los supervivientes requieren tratamientos prolongados y coordinados, mientras que sus allegados necesitan apoyo para acompañarlos sin convertirse, a su vez, en pacientes invisibles de la crisis.

La experiencia de la familia también demuestra que la incertidumbre puede ser tan destructiva como la información más dolorosa. Silvia contó que en un momento le comunicaron, por error, que su hijo menor estaba gravemente herido. Después supo que no era cierto. La rectificación no borró el impacto inicial: durante un periodo crítico, la familia tuvo que organizar sus emociones alrededor de rumores, versiones contradictorias y silencios. En contextos de secuestro, la falta de información no es un vacío neutral; se convierte en una forma de sufrimiento que altera el sueño, la capacidad de decisión y la percepción del futuro.

Por eso, la gestión institucional de la información debería considerarse parte de la respuesta humanitaria. Las familias necesitan canales verificables, actualizaciones regulares y equipos especializados que puedan explicar qué se sabe, qué no se sabe y qué se está haciendo para comprobarlo. La comunicación errática alimenta la especulación pública y expone a los parientes a una segunda violencia: la presión de periodistas, redes sociales y campañas políticas que convierten cada llamada en un acontecimiento nacional.

Un ataque que desbordó la seguridad y la memoria familiar

El testimonio sobre las primeras horas en Nir Oz revela una fractura en la promesa básica de cualquier Estado: proteger a sus ciudadanos en su propia vivienda. Cunio relató que ella y su esposo permanecieron en un cuarto de seguridad mientras intentaban bloquear la puerta con una bufanda y un aparato de gimnasia. Escucharon disparos, robos y golpes; en otra casa, uno de sus hijos llamó para decir que estaban incendiando la vivienda. La familia solo pudo ser evacuada hacia las 4:30 o 5:00 de la tarde, según su relato.

La demora de la ayuda militar constituye uno de los puntos más sensibles de la discusión pública israelí. Para los residentes atacados, la cuestión no se reduce a una evaluación táctica: afecta la confianza en las instituciones, la decisión de regresar a las comunidades fronterizas y la percepción de si el Estado aprendió de su fracaso. Para el Ejército, cualquier análisis riguroso deberá distinguir entre la sorpresa inicial, la extensión geográfica del ataque, las limitaciones operativas y las decisiones concretas tomadas durante esas horas. Sin una investigación independiente y transparente, la sociedad queda atrapada entre la memoria de las víctimas y las explicaciones oficiales parciales.

La segunda idea que surge del caso es que la reconstrucción de las comunidades fronterizas no puede resolverse con infraestructura. Cunio afirma que ya no puede aferrarse a las paredes porque muchas dejaron de existir, pero también dice que se aferra a la tierra y a los recuerdos de sus hijos, nacidos allí. El dilema es representativo: reconstruir casas sin reconstruir la seguridad, los servicios y la confianza produciría una escenografía nueva sobre un trauma intacto. El regreso debe incluir protección creíble, atención sanitaria, escuelas, empleo, transporte y mecanismos de participación de los habitantes en las decisiones.

Nir Oz era, antes del ataque, una comunidad donde la vida cotidiana convivía con un riesgo permanente de lanzamiento de misiles. Cunio describió ese contraste como un 95 por ciento de paraíso y un 5 por ciento de terror. Esa proporción, más emocional que estadística, ilustra cómo las sociedades sometidas a amenazas recurrentes normalizan niveles de peligro que desde fuera parecerían incompatibles con la vida ordinaria. El problema es que la normalización puede retrasar inversiones de seguridad y, al mismo tiempo, hacer más difícil aceptar que el entorno ya no es habitable después de una catástrofe.

La imagen, el relato y la disputa por la verdad

Una fotografía de Esther Cunio, suegra de Silvia, se convirtió en una de las imágenes reconocibles del ataque. En ella aparece junto a un integrante armado de Hamás, haciendo la señal de la victoria. Según el relato familiar, Esther dijo que era argentina y mencionó a Lionel Messi al conversar con el atacante sobre fútbol. La familia interpreta que esa identificación pudo contribuir a que no fuera secuestrada ni asesinada, aunque antes tuvo que posar con un arma apoyada sobre el pecho.

El episodio concentra una realidad incómoda de las guerras contemporáneas: una imagen puede circular mucho más rápido que su contexto. La fotografía comunica miedo, coerción y supervivencia, pero no explica por sí sola qué ocurrió antes o después. Cuando las imágenes se convierten en emblemas, existe el riesgo de que el sufrimiento individual quede subordinado a la batalla propagandística. La obligación periodística consiste en preservar la historia concreta de la persona sin convertirla en un recurso intercambiable dentro de una campaña política.

La disputa por la credibilidad se vuelve todavía más grave cuando las víctimas denuncian que sectores de la opinión pública niegan o relativizan los crímenes. Cunio habla de un “segundo Holocausto”, una comparación que expresa la magnitud de su trauma y su temor a que la violencia sea negada, aunque también exige un tratamiento histórico cuidadoso: cada episodio debe documentarse con pruebas, testimonios corroborados y categorías jurídicas precisas. Reconocer el sufrimiento de una víctima no obliga a aceptar sin examen todas las interpretaciones políticas que lo acompañan.

El mismo criterio debe aplicarse a las acusaciones sobre la ofensiva israelí en Gaza. La entrevistada afirma que marchó en Tel Aviv y pidió que terminara la guerra porque, desde su perspectiva pacifista, solo produce muertes y sangre. Esa posición introduce una tensión relevante: una familiar de rehenes puede exigir el rescate de sus hijos y, simultáneamente, rechazar la continuación de una campaña militar. No existe contradicción necesaria entre ambas demandas. La seguridad de los civiles israelíes, la liberación de los secuestrados y la protección de la población palestina son obligaciones que no deberían presentarse como objetivos mutuamente excluyentes.

El costo colectivo de una guerra prolongada

Las consecuencias del caso alcanzan a varios grupos. Para los familiares de rehenes, cada anuncio de liberación activa esperanza y temor al mismo tiempo. Para los supervivientes, el regreso puede estar acompañado de exposición pública, tratamientos extensos y dificultad para recuperar relaciones normales. Para los residentes desplazados, la pregunta es si volver a sus comunidades significa recuperar una vida o exponerse nuevamente a un sistema de seguridad que ya falló. Para los soldados y servicios de emergencia, la presión se traduce en decisiones operativas con consecuencias humanas y políticas duraderas.

También existe una dimensión económica. La destrucción de viviendas, centros comunitarios y explotaciones agrícolas obliga a sostener a personas que perdieron ingresos, propiedades y redes de trabajo. Si la reconstrucción se concentra en edificios y no en la economía local, la comunidad puede ser reconstruida físicamente pero vaciada de sus habitantes. La ausencia de familias jóvenes, trabajadores agrícolas y pequeños negocios modificaría la estructura social de la zona durante una generación.

El sector de la salud mental afrontará una demanda prolongada. Los hijos de Cunio presentan recuerdos repentinos de la cautividad; la propia familia atravesó privación de sueño, miedo y una espera extrema. En estos casos, los síntomas pueden aparecer de forma escalonada: algunas personas funcionan durante la emergencia y se descompensan cuando la amenaza inmediata desaparece. La atención debe incluir trauma complejo, duelo, rehabilitación física, terapia familiar y seguimiento infantil. El Estado necesitará medir resultados a largo plazo, porque la recuperación no puede evaluarse por el número de consultas realizadas ni por la celebración pública de una liberación.

Después del rescate, una prueba política todavía abierta

El reencuentro entre David y Ariel contiene una imagen de alivio y devastación. Ariel pesaba alrededor de 45 kilos y David no lo reconoció al principio; después lo besó repetidamente y ambos intercambiaron una frase cargada de humor y dolor. Ese instante muestra la capacidad familiar de recuperar códigos íntimos incluso después de una experiencia extrema. Pero no debe confundirse un momento de alegría con el cierre del proceso. La recuperación física puede tomar meses o años, y el trauma puede alterar la manera en que los supervivientes se relacionan con el hogar, el cuerpo y la seguridad.

La tercera conclusión es institucional: los rehenes liberados no deberían depender de la visibilidad de sus familias para recibir apoyo. La atención debe ser automática, confidencial y suficientemente flexible para acompañar recaídas, cambios de diagnóstico y necesidades laborales. También debe incluir a quienes estuvieron desaparecidos durante semanas, a los familiares que perdieron seres queridos y a los niños que presenciaron violencia o fueron separados de sus padres. Una clasificación rígida entre “secuestrado”, “evacuado” y “testigo” puede dejar fuera a personas con daños comparables.

El futuro inmediato estará condicionado por tres variables. La primera es la seguridad de las comunidades cercanas a Gaza y la credibilidad de las investigaciones sobre el fallo del 7 de octubre. La segunda es la capacidad de negociar o imponer mecanismos que impidan que los rehenes sean tratados como instrumentos políticos, sin abandonar la protección de los civiles. La tercera es la disposición de Israel y sus aliados a financiar una reparación sostenida, no limitada a la fase de emergencia.

Hay riesgos claros. La polarización puede convertir las historias de los rehenes en armas partidistas y silenciar sus posiciones incómodas, como la oposición de Cunio a la guerra. La repetición de imágenes traumáticas puede dañar a los supervivientes y deshumanizar a quienes aparecen en ellas. La falta de rendición de cuentas puede profundizar la desconfianza en el Estado, mientras que una reconstrucción apresurada podría empujar a familias a regresar sin garantías suficientes. Y si la sociedad reduce el conflicto a una competencia de relatos, la documentación rigurosa de los crímenes y la protección de los civiles quedarán subordinadas a la propaganda.

Silvia Cunio dice que se aferra a la vida, a la tierra y a los momentos compartidos con sus hijos. En esa frase hay una decisión personal, pero también un desafío público. La respuesta a una tragedia de esta magnitud no se mide únicamente por rescatar a quienes fueron secuestrados. Se mide por la capacidad de restituirles autonomía, reconocer a quienes fueron abandonados por el sistema de protección, investigar las responsabilidades y construir condiciones para que ninguna familia tenga que elegir entre conservar su hogar y sobrevivir. La liberación puede cerrar una etapa del cautiverio; la responsabilidad de reparar sus consecuencias apenas comienza.