A menos de 48 horas de las elecciones israelíes, Cisjordania ha quedado prácticamente aislada tras una operación militar desencadenada por un tiroteo contra un puesto de control situado en las inmediaciones de Hebrón. El ataque, ocurrido el viernes por la tarde, dejó dos soldados israelíes muertos, Ron Yonatan Roytman y Yuval Shai Svilem, y otros tres heridos. Los dos palestinos identificados como Mohamed y Firas Yaaba murieron durante el intercambio de fuego, que, según testigos, se prolongó durante más de veinte minutos.

La respuesta del Gobierno de Beniamin Netanyahu fue inmediata y de alcance territorial mucho mayor que el lugar donde se produjo el ataque. El primer ministro suspendió sus actos de campaña, ordenó el cierre de Hebrón y dispuso preparar el bloqueo de toda Cisjordania. En un vídeo difundido en redes sociales advirtió a los responsables de la violencia de que “no tenéis refugio seguro” y anunció “amplias oleadas de detenciones”. La operación ha adquirido así una dimensión simultáneamente militar, administrativa y electoral.

Una red de cierres que paraliza la vida cotidiana

Según cifras palestinas recogidas por Al Yazira, cerca de un millar de puestos de control y barreras metálicas permanecen cerrados en Cisjordania. Las carreteras que conectan las localidades han sido bloqueadas y varios pueblos han quedado aislados entre sí. El cierre también impide el desplazamiento de trabajadores palestinos hacia Israel durante el domingo y el lunes. El martes, jornada electoral, el paso entre Cisjordania e Israel será completamente suspendido.

La medida afecta a una población que depende de una movilidad limitada pero esencial para acceder al empleo, los hospitales, los centros educativos y los mercados. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió de que las restricciones “restringen gravemente la libertad de movimiento de los palestinos, su acceso a servicios básicos y sus medios de vida”. La consecuencia más inmediata no es solo la interrupción del tránsito: es la transformación de comunidades enteras en espacios desconectados, sin previsibilidad sobre cuándo podrán volver a circular.

El momento elegido para el cierre agrava su impacto económico. Cisjordania atraviesa la cosecha de la aceituna, una actividad de la que dependen miles de familias campesinas. La Comisión Palestina contra el Muro y la Colonización documentó el jueves 17 agresiones de colonos y soldados contra agricultores. Con los accesos bloqueados y la tensión creciente en las zonas rurales, la campaña agrícola queda expuesta a pérdidas que pueden afectar tanto a los ingresos familiares como a la producción local.

Hebrón, bajo una operación de alcance incierto

El Ejército israelí describe la ofensiva como “focalizada y limitada” en el área de la que procedían los atacantes. Sin embargo, las cifras de desplazamiento y la extensión geográfica de las redadas muestran una actuación más amplia. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que unas 2.000 personas fueron desalojadas de los barrios de Ein Deir Baha y Al Yalda; el alcalde de Hebrón, Yusef al Yabari, elevó la cifra a 2.200.

Muchos vecinos recibieron la orden de abandonar sus casas durante la noche, mediante mensajes emitidos por megafonía. Katz sostuvo que no se les permitirá regresar hasta que concluyan las actuaciones relacionadas con Hamás en Hebrón. En la gobernación, una excavadora derribó un edificio de tres plantas después de conceder a sus residentes cinco minutos para recoger sus pertenencias. Durante la madrugada, las tropas sellaron las viviendas de los dos atacantes, un paso previo a su demolición, y detuvieron a otras doce personas.

La campaña militar no se ha limitado al sur. Las fuerzas israelíes han entrado en al menos quince localidades del norte, entre ellas Yenín, Nablús, Tubas y Qalqilya, además de Jericó, Ramala y Belén. El Club del Preso Palestino calcula que unas 70 personas han sido detenidas. En Halhul, nueve habitantes, seis de ellos niños, recibieron atención médica por asfixia tras el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Castigo colectivo y presión política

La Autoridad Palestina califica las medidas de “castigo colectivo”, mientras que la organización israelí B’Tselem alerta de que algunas podrían constituir crímenes de guerra. Estas acusaciones se apoyan en la escala de los cierres, los desalojos y las demoliciones, que afectan a personas que no han sido señaladas individualmente como responsables del ataque. Israel, por su parte, presenta la operación como una respuesta preventiva destinada a impedir nuevos atentados y a desmantelar las redes armadas activas en la zona.

La principal incógnita es si la reacción militar reducirá la amenaza o ampliará el ciclo de violencia. El bloqueo puede dificultar temporalmente la circulación de atacantes, pero también incrementa la presión sobre una población sometida a restricciones colectivas, pérdida de ingresos y desplazamientos forzosos. La experiencia de anteriores operaciones indica que el control territorial puede ofrecer un resultado inmediato en materia de seguridad, aunque a costa de profundizar el resentimiento y debilitar las posibilidades de cooperación entre las autoridades israelíes y palestinas.

El episodio también ha sido incorporado rápidamente al debate electoral. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional y referente de la ultraderecha, exigió que la Autoridad Palestina sea “desmantelada y desmilitarizada” y reclamó que Israel asuma el control total de Cisjordania. No existen, por ahora, indicios de que la Autoridad Palestina estuviera detrás del tiroteo, pero la ausencia de pruebas no ha impedido que el ataque sea utilizado para defender una expansión de la autoridad militar israelí.

Una elección celebrada sobre un territorio suspendido

Más de siete millones de israelíes están llamados a votar el martes, mientras Cisjordania y Gaza permanecerán bajo cierre total, como ocurre en cada jornada electoral israelí. Los cerca de tres millones de palestinos de Cisjordania no tienen derecho a participar en esos comicios, aunque las decisiones de quienes resulten elegidos determinarán directamente sus desplazamientos, su seguridad y su acceso al trabajo.

La coincidencia entre la ofensiva y el tramo final de la campaña convierte el cierre en algo más que una operación de seguridad. Para el Gobierno israelí, permite proyectar firmeza frente a la violencia; para la población palestina, confirma que las medidas militares pueden extenderse con rapidez desde un incidente localizado a toda la estructura de la vida cotidiana. La votación se celebrará, por tanto, en un contexto en el que una parte de la población afectada por sus resultados permanece excluida de las urnas y sometida a un régimen excepcional de restricciones.