El anuncio del Ejército israelí de aislar por completo Cisjordania durante la jornada electoral del 27 de octubre de 2026 no es una medida administrativa menor. Implica cerrar los cruces terrestres y prohibir la entrada y salida de trabajadores palestinos, incluso desde las zonas industriales, en un territorio cuya economía depende en buena medida de la movilidad diaria hacia Israel y entre sus propios núcleos urbanos. La decisión llega después de una operación militar en Hebrón que, según las autoridades israelíes, busca desarticular redes vinculadas a Hamás y a organizaciones yihadistas, pero que ya ha provocado el desplazamiento de alrededor de 2.000 residentes.

El dato central no es únicamente el número de detenciones o la duración del cierre. Es la combinación de tres decisiones: una operación territorial amplia, la expulsión temporal de familias de sus viviendas y la utilización de un régimen de bloqueo coincidiendo con unas elecciones muy disputadas. Esa simultaneidad convierte una respuesta de seguridad en un acontecimiento con efectos políticos, económicos y humanitarios que exceden con mucho el ataque contra un puesto de control cercano a Hebrón, en el que murieron dos soldados israelíes.

Hebrón como laboratorio de una respuesta colectiva

Entre el viernes y el sábado, el Ejército afirmó haber operado en 40 zonas de Cisjordania y haber detenido a unas 40 personas. La lista oficial incluye presuntos miembros de Hamás, integrantes de organizaciones yihadistas, acusados de incitación, alteración del orden público y lanzamiento de piedras. Sin embargo, la operación ha tenido una dimensión espacial mucho mayor que la persecución individual de sospechosos. En el barrio de Ein Dir Baha’, varias viviendas fueron marcadas con cruces y sus habitantes recibieron órdenes de abandonar sus casas durante la noche, con apenas dos horas para recoger documentos y pertenencias.

Las cifras sobre los desplazados todavía difieren. El ministro de Defensa, Israel Katz, habló de cerca de 2.000 personas y condicionó su regreso a la finalización de las operaciones contra Hamás en Hebrón. El gobernador de la ciudad calculó que al menos un tercio del núcleo urbano se encontraba afectado y cifró en 150 las familias desplazadas, mientras que el alcalde y el activista local Isa Amro elevaron el cálculo a unas 250 familias. La disparidad no es un detalle estadístico: muestra la falta de un mecanismo independiente y transparente para registrar quién ha sido expulsado, durante cuánto tiempo y bajo qué fundamento jurídico.

Para Israel, la justificación se apoya en una lógica de prevención. Las autoridades sostienen que los atacantes procedían de un entorno concreto y que el control temporal de ese espacio puede impedir nuevos ataques, localizar armas y detener a colaboradores. Desde esa perspectiva, el cierre de los cruces durante las elecciones se presenta como una medida de protección para los votantes y para las fuerzas de seguridad. El problema aparece cuando una operación dirigida contra sospechosos termina afectando a barrios enteros, trabajadores, comercios y familias sin una acusación individualizada.

La primera consecuencia analítica es clara: la respuesta está desplazando el centro de gravedad desde la seguridad selectiva hacia el control colectivo del territorio. Ese cambio puede producir un beneficio inmediato para las fuerzas israelíes, porque reduce la movilidad y facilita la vigilancia, pero también genera un coste estratégico. Cada familia que pierde su vivienda, cada trabajador que deja de percibir ingresos y cada comercio que permanece cerrado amplía el grupo de personas que perciben la operación como un castigo común. En contextos de ocupación prolongada, esa percepción puede alimentar precisamente las redes de reclutamiento que la operación pretende desmantelar.

El voto israelí y la militarización de la agenda

La proximidad de las elecciones modifica la lectura de cada decisión. Benjamin Netanyahu se juega su supervivencia política frente a un escenario de empate técnico con Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército y candidato centrista. Ambos mantienen posiciones contrarias a la creación de un Estado palestino, pero Eisenkot ha prometido actuar contra la violencia de los colonos, una cuestión que introduce una diferencia relevante en la campaña. Netanyahu, en cambio, ha anunciado que prepara una operación de mayor envergadura, comparable en sus dimensiones a las acciones emprendidas desde la Guerra de los Seis Días de 1967.

La seguridad es un asunto electoral especialmente eficaz porque permite presentar medidas excepcionales como pruebas de determinación. El Gobierno puede mostrar detenciones, despliegues y cierres como señales de control, mientras evita que el debate se concentre en la falta de una estrategia política para Cisjordania. La declaración del primer ministro sobre una “gran sorpresa” para la Autoridad Palestina y su negativa a detallar los medios que utilizará refuerzan esa lógica: la ambigüedad no solo protege una operación futura, también funciona como mensaje de campaña dirigido a una ciudadanía preocupada por los ataques.

El segundo hallazgo es que la operación puede estar cumpliendo dos funciones al mismo tiempo. En el plano militar, busca responder a un ataque y prevenir otros. En el plano político, reordena la competencia electoral alrededor de la capacidad de imponer autoridad. Esa coincidencia no demuestra que las evacuaciones hayan sido diseñadas exclusivamente para beneficiar a un candidato, pero sí aumenta el riesgo de que la proporcionalidad de las medidas quede subordinada a la necesidad de proyectar firmeza antes de votar.

La presencia de Itamar Ben Gvir añade otra presión. El ministro de Seguridad Nacional, también candidato, ha vuelto a exigir el desmantelamiento de la Autoridad Palestina, aunque no se ha presentado ninguna prueba que vincule a esa institución con el ataque. Si una demanda política de ese alcance se incorpora a la respuesta militar sin evidencia pública, el Gobierno corre el riesgo de transformar una investigación sobre responsables concretos en una crisis institucional con toda la población palestina y con el organismo que administra partes de Cisjordania.

El coste invisible del cierre: empleo, abastecimiento y movilidad

La prohibición de entrada y salida para trabajadores palestinos afecta a una infraestructura económica cotidiana. Muchos residentes de Cisjordania dependen de empleos en Israel, en zonas industriales o en empresas que requieren atravesar puestos de control para transportar mercancías. Un cierre de un solo día puede implicar salarios perdidos, entregas suspendidas y dificultades para acceder a servicios médicos o educativos. Si la medida se prolonga, el efecto deja de ser una interrupción puntual y pasa a ser una contracción localizada de la actividad económica.

Hebrón es especialmente vulnerable. Es la mayor ciudad del territorio palestino ocupado desde 1967 y alberga una población numerosa en un entorno fragmentado por puestos militares y la presencia de cientos de colonos israelíes. La operación se desarrolla en barrios donde la separación entre residentes, fuerzas armadas y colonos ya forma parte de la vida diaria. El cierre de calles y la circulación exclusiva de vehículos militares no solo paralizan el comercio: también alteran el acceso a alimentos, atención sanitaria y redes familiares.

Los trabajadores palestinos soportan el impacto más inmediato, pero no son los únicos afectados. Empresas israelíes que dependen de esa mano de obra pueden afrontar ausencias repentinas y costes adicionales. Los industriales de ambos lados pierden previsibilidad, un factor decisivo para mantener contratos y cadenas de suministro. La paradoja es que una medida presentada como temporal puede deteriorar las condiciones económicas que reducen la violencia, al debilitar ingresos y expectativas laborales en una población joven con pocas alternativas.

La Autoridad Palestina ha pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para proteger a los residentes. Su margen interno, sin embargo, es limitado. Si denuncia las evacuaciones con demasiada cautela, puede parecer impotente ante su propia población; si responde con medidas de confrontación, puede perder los canales de coordinación de seguridad que Israel considera esenciales. Para Israel, la Autoridad aparece cada vez más como un actor incapaz de impedir ataques; para muchos palestinos, la crisis demuestra que carece de soberanía efectiva. Esa doble percepción erosiona su legitimidad desde ambos lados.

La violencia de los colonos amplía el campo de batalla

La operación en Hebrón se inserta en un contexto de violencia creciente protagonizada por colonos radicales. La organización israelí de derechos humanos Yesh Din registró 672 incidentes en los 26 días previos al anuncio, aproximadamente la mitad durante la cosecha de aceitunas, una temporada en la que las comunidades palestinas están especialmente expuestas. El dato no prueba que todos los incidentes respondan a una misma coordinación, pero sí señala una regularidad que las autoridades no pueden tratar como una sucesión de episodios aislados.

Aquí aparece una disputa central sobre el monopolio de la fuerza. El Gobierno israelí sostiene que debe proteger a sus ciudadanos y combatir a grupos armados palestinos. Sus críticos responden que esa protección se aplica de forma desigual cuando los ataques de colonos contra habitantes palestinos no reciben una respuesta comparable. Si los residentes observan que la violencia de unos produce expulsiones masivas mientras la violencia de otros se traduce en investigaciones limitadas, la confianza en las instituciones se vuelve prácticamente inviable.

Eisenkot intenta ocupar ese espacio prometiendo actuar contra la violencia de los colonos, pero su oposición a un Estado palestino limita el alcance de su alternativa. La competencia electoral, por tanto, no enfrenta una opción de seguridad frente a una opción de paz. Enfrenta dos estilos de control: uno más abiertamente coercitivo y otro que pretende reforzar la disciplina sobre los colonos sin modificar el marco político de fondo. Para los palestinos desplazados, la diferencia puede resultar insuficiente si ninguna opción ofrece garantías de regreso, protección y continuidad territorial.

Qué puede ocurrir después del 27 de octubre

El primer escenario es una retirada parcial tras las elecciones, con reapertura de cruces y regreso gradual de las familias. Sería la salida menos costosa para Israel en términos diplomáticos y económicos, pero exigiría explicar por qué miles de personas fueron desplazadas y qué criterios determinaron su retorno. Sin un registro público de las órdenes, los daños y las condiciones de restitución, la reapertura no resolvería la cuestión de fondo.

El segundo escenario es la extensión de la operación a otros barrios o localidades. El propio gobernador de Hebrón advirtió que no existe garantía de que la campaña no se amplíe, mientras Netanyahu ha hablado de una acción de una escala sin precedentes recientes. Una expansión aumentaría los enfrentamientos con la población, pondría a prueba la coordinación entre Israel y la Autoridad Palestina y podría provocar nuevas restricciones de movimiento. También elevaría la presión internacional, especialmente si se consolidan expulsiones prolongadas o se impide el retorno de los residentes.

El tercer escenario es una escalada acumulativa: ataques palestinos, redadas israelíes, agresiones de colonos y represalias sucesivas. En este circuito, cada actor puede presentar su acción como respuesta defensiva a la anterior, aunque el resultado colectivo sea una pérdida gradual de control. La cosecha de aceitunas, los puestos de control y los barrios mixtos de Hebrón ofrecen múltiples puntos de fricción durante las próximas semanas. La posibilidad de que un incidente local desencadene una movilización más amplia no es marginal.

El riesgo más serio no reside solo en el cierre de un día electoral, sino en la normalización de medidas extraordinarias como método ordinario de gobierno. Cuando las evacuaciones colectivas, las restricciones laborales y los cierres territoriales se convierten en herramientas habituales, disminuye el umbral político para aplicarlas de nuevo. Israel puede obtener una sensación inmediata de control, pero a cambio deteriora la cooperación, la economía y la credibilidad de sus mecanismos de seguridad. Cisjordania queda así atrapada en una dinámica en la que la respuesta a cada ataque hace más difícil construir las condiciones que podrían prevenir el siguiente.