A las cinco y media de la mañana, Carmen ya está trabajando, aunque probablemente no lo nombre así. Ayuda a su madre a levantarse, prepara medicamentos, organiza la comida y coordina quién podrá acompañarla durante el día. Después acude a su empleo remunerado y regresa con la obligación de retomar una jornada que no termina. Si surge una complicación, la solución suele ser individual: pedir permiso, llegar tarde, faltar o renunciar a resolver una necesidad propia. En esa rutina se concentra una de las principales tensiones sociales y económicas de América Latina: el envejecimiento avanza con rapidez, pero la infraestructura pública de cuidados continúa dependiendo de arreglos familiares informales, especialmente del tiempo de las mujeres.

El estudio ¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Agencia Francesa de Desarrollo, aporta una dimensión concreta a un problema que durante años fue tratado como asunto privado. Cerca de ocho millones de personas de 65 años o más necesitan actualmente apoyo para realizar actividades básicas. Para 2050, la cifra se triplicará. Al mismo tiempo, alrededor de 25 millones de personas mayores de 15 años realizan cuidados no remunerados de adultos mayores y destinan, en promedio, 7,5 horas semanales a esas tareas.

El dato decisivo no son solo las horas, sino la disponibilidad

Las cifras agregadas pueden subestimar la magnitud real de la carga. Cerca de seis de cada diez personas que cuidan sin remuneración son mujeres, y ellas dedican más tiempo que los hombres a estas actividades. Pero la desigualdad no se explica únicamente por la cantidad de horas registradas. También se expresa en el tipo de tareas que cada quien asume y en la obligación de permanecer disponible ante cualquier imprevisto.

Preparar alimentos, bañar, alimentar, acompañar a una consulta médica, supervisar medicamentos o vigilar durante la noche no son labores intercambiables con una ayuda ocasional. Requieren continuidad, responsabilidad y capacidad para reorganizar el resto de la vida. El llamado “cuidado pasivo”, es decir, permanecer atenta a una persona dependiente aunque en ese momento no se esté ejecutando una tarea visible, revela una dimensión que las encuestas tradicionales suelen capturar mal. Una trabajadora puede estar conectada a su empleo, pero mentalmente pendiente de una llamada, una caída o una emergencia doméstica.

La primera conclusión analítica es que el cuidado no remunerado funciona como una infraestructura económica invisible. Las empresas necesitan que sus trabajadores lleguen a tiempo y mantengan una disponibilidad estable; las familias necesitan cubrir necesidades que el Estado no atiende; y la economía requiere alimentación, acompañamiento, supervisión y administración de medicamentos. Cuando esos servicios no se pagan ni se financian públicamente, no desaparecen: son transferidos al ámbito doméstico. En la práctica, millones de mujeres subsidian a sus familias, a sus empleadores y a los presupuestos públicos con horas que no aparecen en las cuentas nacionales.

La penalización laboral empieza antes de la renuncia

La relación entre cuidados y empleo suele medirse mediante decisiones extremas: abandonar el trabajo o permanecer en él. Sin embargo, el perjuicio comienza mucho antes. La reducción de la jornada, el rechazo de ascensos, la imposibilidad de asistir a capacitaciones, el cambio a empleos informales o la elección de ocupaciones con menores ingresos son mecanismos menos visibles de adaptación. Según los datos citados por el estudio, las mujeres que logran mantenerse en el mercado laboral reducen en promedio dos horas semanales de trabajo, mientras que la Organización Internacional del Trabajo estima que 47% de las cuidadoras reduce su jornada o abandona el empleo remunerado por la incompatibilidad con la disponibilidad exigida.

Dos horas pueden parecer una pérdida limitada, pero su efecto se acumula. Menos horas significan menor ingreso inmediato, menor probabilidad de promoción y una trayectoria laboral más fragmentada. La informalidad o la salida temporal del mercado también reducen las cotizaciones previsionales. Por eso el cuidado opera como un impuesto invisible: no se cobra en una nómina, pero disminuye la renta presente y compromete la jubilación futura. La mujer que ajusta su jornada para atender a un familiar no solo deja de recibir el salario correspondiente a esas horas; también pierde experiencia acumulada, poder de negociación y oportunidades de progresión profesional.

El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme entre las mujeres. Las familias con mayores ingresos pueden comprar asistencia privada, adaptar la vivienda o contratar servicios de relevo. En los hogares pobres, la ausencia de alternativas convierte a una hija, una esposa o una nuera en el principal recurso disponible. La desigualdad de género se combina así con la desigualdad económica: quienes tienen menos recursos son quienes más dependen del cuidado no remunerado y quienes enfrentan mayores costos por abandonar o reducir el empleo.

Esta dinámica puede crear un círculo difícil de romper. Una mujer deja o reduce su trabajo para cuidar; al perder ingresos, el hogar tiene menos capacidad para contratar apoyo; al no existir apoyo, ella permanece fuera del empleo. La decisión parece familiar y circunstancial, pero sus consecuencias son estructurales. Cuando se repite en millones de hogares, afecta la participación laboral femenina, la recaudación, la productividad y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

Profesionalizar el cuidado no basta si se conserva la precariedad

El problema no termina cuando el cuidado entra al mercado. La fuerza laboral remunerada del sector está compuesta mayoritariamente por mujeres y presenta condiciones preocupantes. En promedio, poco más de la mitad de las personas cuidadoras remuneradas cotiza a la seguridad social. Además, más de siete de cada diez personas encuestadas reportan niveles no saludables de estrés, soledad o síntomas de depresión.

Existe aquí una contradicción que las políticas públicas deberán resolver. La región necesita ampliar de manera significativa su fuerza laboral de cuidados, pero no puede hacerlo mediante empleos mal pagados, sin protección y con una carga emocional desproporcionada. Formalizar sin mejorar salarios, horarios, formación y seguridad social solo trasladaría la precariedad del hogar al mercado. Profesionalizar el cuidado exige reconocer competencias específicas: movilización segura, administración de medicamentos, prevención de accidentes, comunicación con personas con deterioro cognitivo y manejo de crisis. También implica establecer límites razonables a la jornada y garantizar descansos.

Para las empresas, esta transformación plantea una discusión incómoda. Parte de la productividad actual descansa sobre trabajadores que resuelven sus obligaciones familiares fuera del horario laboral y sin apoyo institucional. Las compañías pueden beneficiarse de licencias, horarios previsibles y servicios de cuidado, pero también pueden resistirse por el costo inmediato de esas medidas. El argumento empresarial habitual es que la flexibilidad reduce eficiencia o aumenta gastos. La respuesta es que la rigidez también tiene costos: ausentismo, rotación, pérdida de talento y disminución de concentración. Una política de cuidados bien diseñada no debe entenderse únicamente como beneficio social, sino como inversión en estabilidad laboral.

Los gobiernos enfrentan una tensión similar. La cobertura pública alcanza apenas a 5% de las personas mayores con necesidades de cuidado, una proporción insuficiente frente al crecimiento previsto de la demanda. Ampliar servicios requiere recursos fiscales, personal capacitado y coordinación entre salud, protección social, empleo y vivienda. Pero mantener el modelo familiar tampoco es gratuito. El Estado paga indirectamente mediante menor participación laboral femenina, menores cotizaciones, mayor pobreza en la vejez y mayor presión sobre los servicios de salud mental.

La familia sigue siendo la primera institución, pero ya no puede ser la única

La defensa del papel familiar suele presentarse como una preferencia cultural. Muchas personas mayores desean permanecer en su hogar y recibir apoyo de sus hijos; muchas familias consideran moralmente natural asumir esa responsabilidad. Esa dimensión afectiva es real y no debe ser sustituida por una lógica puramente administrativa. Cuidar puede fortalecer vínculos, generar satisfacción y dar sentido a las relaciones. El problema aparece cuando la solidaridad familiar se convierte en obligación exclusiva de las mujeres y cuando la falta de alternativas transforma una elección en una imposición.

También existe una disputa sobre quién debe financiar el sistema. Las empresas pueden sostener que el cuidado de familiares corresponde a los hogares. Los hogares pueden señalar que no tienen capacidad para asumirlo. Los gobiernos, limitados por presupuestos y prioridades políticas, pueden posponer la expansión de servicios. Mientras cada actor espera que otro cubra la factura, la mujer cuidadora absorbe el costo. Esa transferencia es particularmente difícil de cuestionar porque se presenta como amor, deber o responsabilidad moral, aunque tenga consecuencias económicas medibles.

Un segundo punto de análisis es que la política de cuidados no debería reducirse a subsidios monetarios. Un pago puede aliviar la falta de ingresos, pero no sustituye el descanso, la formación ni el tiempo libre. Si el subsidio se entrega sin servicios de relevo, puede terminar consolidando a la mujer en el rol de cuidadora principal. La respuesta más eficaz requiere una combinación de apoyos: centros diurnos, atención domiciliaria, respiro temporal, transporte accesible, capacitación, licencias laborales y mecanismos para reconocer las cotizaciones de quienes interrumpen su empleo.

La corresponsabilidad masculina es igualmente necesaria. Las estadísticas muestran que los hombres participan menos y dedican menos tiempo a estas labores, pero las campañas generales de sensibilización no serán suficientes si los permisos familiares siguen siendo breves, mal remunerados o penalizados en el trabajo. Para modificar conductas se necesitan incentivos y reglas que hagan normal que un hombre acompañe a su madre a una cita médica, reduzca su jornada temporalmente o solicite una licencia sin poner en riesgo su carrera.

El envejecimiento convertirá el cuidado en un sector estratégico

El horizonte de 2050 no ofrece demasiado margen para respuestas improvisadas. Si la población que necesita apoyo se triplica y las familias se reducen, la actual organización del cuidado será materialmente inviable. La demanda crecerá en tres frentes: más atención domiciliaria, más servicios comunitarios y más personal especializado. La competencia por trabajadores capacitados puede elevar costos y dejar sin atención a hogares de ingresos medios y bajos si la oferta queda exclusivamente en manos privadas.

La expansión del sector también puede generar empleo femenino, pero el resultado dependerá de su calidad. Un mercado de cuidados basado en salarios bajos y alta rotación reproducirá el mismo “suelo pegajoso” que mantiene a las trabajadoras en los puestos de menor reconocimiento. En cambio, una red con certificación, carrera profesional, seguridad social y supervisión podría convertir el cuidado en una actividad laboral con mejores condiciones y mayor productividad social.

Hay riesgos adicionales. La falta de planificación puede aumentar la contratación informal y dejar a personas mayores vulnerables a abusos, negligencia o fraudes. La presión sobre familiares exhaustas puede provocar deterioro de la salud mental y conflictos dentro del hogar. La digitalización y la teleasistencia ayudarán a coordinar medicamentos o detectar emergencias, pero no reemplazarán la presencia física ni resolverán la falta de personal. Incluso una tecnología útil puede ampliar la desigualdad si solo está disponible para quienes pueden pagarla.

El indicador decisivo para evaluar las futuras políticas no será únicamente cuántas plazas o subsidios se crean, sino quién termina asumiendo el tiempo residual, las emergencias y las tareas menos visibles. Un sistema puede anunciar cobertura y seguir dependiendo de mujeres que permanecen disponibles sin remuneración. Por eso habrá que medir horas de cuidado, interrupciones laborales, salud de las cuidadoras, cotizaciones y distribución de responsabilidades dentro de los hogares.

Carmen no está simplemente ayudando a su familia cuando deja de trabajar para atender a su madre. Está realizando una actividad indispensable para sostener la vida y la economía. Reconocerlo no significa convertir cada vínculo familiar en una transacción, sino admitir que ningún modelo de bienestar puede descansar indefinidamente sobre una disponibilidad femenina presentada como natural y gratuita. El futuro demográfico de América Latina obligará a decidir si el cuidado seguirá siendo una deuda privada de las mujeres o si se convertirá, por fin, en una responsabilidad compartida entre familias, empresas, comunidades y Estados.