Para miles de personas en Tijuana, el transporte público no es una alternativa ocasional, sino la manera habitual de llegar al trabajo, la escuela o sus hogares. Por eso, las quejas de usuarios contra las tarifas que algunos operadores cobran, el estado de las unidades y la reducción del servicio por la noche tienen un efecto directo en la economía familiar y en la seguridad cotidiana.

Cuando dos pesos terminan afectando todo el presupuesto

Usuarios consultados señalaron que destinan entre 300 y 500 pesos semanales para trasladarse seis días. Esa cantidad ya representa un gasto relevante para quienes reciben ingresos ajustados, pero el problema se agrava cuando el cobro supera la tarifa oficial. Cecilia explicó que en los camiones blancos con franjas azules que circulan de la Zona Centro hacia la garita de El Chaparral el precio establecido es de 16 pesos, aunque algunos conductores cobran 18 o hasta 20 pesos.

La diferencia puede parecer pequeña en un solo viaje, pero se multiplica cuando una persona utiliza dos o más unidades al día. Un incremento de cuatro pesos por trayecto puede convertirse en decenas o cientos de pesos adicionales al mes, especialmente para quienes trabajan seis días a la semana. La usuaria calculó que, en ocasiones, los cobros irregulares le obligan a gastar hasta 200 pesos extra de su presupuesto semanal. Para una familia, ese dinero puede significar menos recursos para alimentos, servicios, educación o medicamentos.

La tarifa oficial pierde valor si nadie la hace cumplir

El caso también involucra a usuarios de Altisa que se trasladan del fraccionamiento Santa Fe hacia la zona de la 5 y 10, con una tarifa mencionada de 22 pesos. El Instituto de Movilidad Sustentable indicó que no existe aprobación para elevar las tarifas. Esa precisión es importante: si el precio autorizado no ha cambiado, un cobro distinto no puede presentarse ante los pasajeros como una nueva tarifa oficial sin una explicación verificable.

El conflicto, sin embargo, no debería resolverse mediante discusiones entre pasajeros y choferes. Cecilia relató que algunos operadores justifican el cobro diciendo que son órdenes de sus patrones. Esa respuesta traslada al usuario una disputa que corresponde revisar a las empresas y a la autoridad. La responsabilidad de vigilar que se respete el precio establecido debe recaer en mecanismos formales de supervisión, no en la capacidad de cada pasajero para confrontar al conductor mientras intenta llegar a tiempo a su destino.

Viajar barato no debería significar viajar en malas condiciones

Las inconformidades no se limitan al dinero. La usuaria describió unidades con asientos inestables, poca ventilación, espacios reducidos y ausencia de puertas de emergencia. Estos señalamientos apuntan a un problema distinto: el transporte público debe ser accesible, pero también ofrecer condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.

Una unidad deteriorada puede aumentar el riesgo de caídas, golpes o dificultades para evacuar en una emergencia. La falta de ventilación y el hacinamiento, por su parte, vuelven más pesado el trayecto, sobre todo en recorridos largos o durante las horas de mayor demanda. Para personas mayores, usuarios con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes viajan con niños, un asiento inestable, un espacio estrecho o una puerta que no funciona no son simples molestias: pueden convertir un viaje cotidiano en una experiencia peligrosa.

Después de las siete de la noche empieza otro problema

Jessenia señaló que sobre el bulevar Agua Caliente, después de las 19:00 horas, disminuye la frecuencia de los camiones y las unidades circulan saturadas. Esto afecta especialmente a quienes salen tarde del trabajo, estudian por la noche o deben hacer transbordos. Cuando hay menos unidades y más pasajeros, el tiempo de espera aumenta y también crece la posibilidad de que el usuario deba pagar un transporte adicional para no llegar demasiado tarde a casa.

La falla de algunos timbres para solicitar la bajada añade un riesgo práctico. Un pasajero puede verse obligado a avisar verbalmente al operador, caminar hacia la puerta mientras el vehículo está en movimiento o bajar en un punto distinto al previsto. El problema parece menor hasta que se observa desde la perspectiva de una persona con movilidad reducida, alguien que viaja cargado o un usuario que necesita descender en una zona específica por seguridad.

Qué puede hacer el pasajero mientras se revisa el servicio

Mientras el IMOS y las empresas transportistas atienden estas quejas, los usuarios pueden reducir la indefensión registrando la ruta, la hora, el número económico o las características de la unidad y el monto cobrado. También conviene conservar cualquier comprobante disponible y anotar si el vehículo presentaba fallas concretas, como timbres inutilizados, asientos sueltos o puertas de emergencia bloqueadas. La información precisa puede ayudar a distinguir un incidente aislado de un patrón repetido.

Reclamar de manera directa puede ser válido, pero hacerlo durante una discusión con el conductor no siempre es seguro ni efectivo. Lo fundamental es evitar confrontaciones que pongan en riesgo al pasajero y reportar los hechos por los canales institucionales correspondientes, solicitando que la queja quede registrada. Si varias personas documentan el mismo recorrido, horario o tipo de cobro, la autoridad tendrá mejores elementos para investigar y exigir correcciones.

Un mejor servicio también beneficia a quienes usan automóvil

La petición de los usuarios no es únicamente pagar menos. También buscan que el transporte sea confiable, seguro y suficientemente frecuente para poder organizar su jornada. Si una persona no sabe cuánto gastará, cuánto esperará o si encontrará una unidad en condiciones adecuadas, es más probable que termine usando automóvil particular, taxi o servicios de transporte más costosos.

Ese efecto se extiende a toda la ciudad. Un transporte público con tarifas claras, unidades seguras y frecuencias adecuadas puede atraer a personas que hoy dependen del automóvil, reducir viajes innecesarios y aliviar la congestión. Por ello, la supervisión del IMOS no debe medirse solo por la existencia de una tarifa publicada, sino por su cumplimiento real en las calles y por la capacidad de las empresas para ofrecer un servicio digno durante todo el día, incluida la noche.