La salud, la educación, la reducción de la pobreza y el empleo concentran las prioridades más urgentes del Perú para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030. La definición fue planteada por Saúl Barrera Ayala, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), durante el panel “¿Cómo avanzan las regiones del Perú hacia el cumplimiento de los ODS?”, realizado en el marco de la presentación del Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Perú 2026.

La intervención del titular del Ceplan puso el foco en una dificultad que atraviesa la política pública peruana: los promedios nacionales pueden mostrar una evolución favorable y, al mismo tiempo, ocultar brechas profundas entre departamentos. Desde esa perspectiva, la agenda de desarrollo no puede limitarse a medir el desempeño general del país. También debe identificar qué territorios progresan, cuáles permanecen rezagados y qué tipo de intervención requiere cada uno.

Cuatro ámbitos con efectos sobre el conjunto del desarrollo

Barrera Ayala sostuvo que concentrar esfuerzos en la salud, la educación, el empleo y la reducción de la pobreza puede producir mejoras en otros indicadores sociales y económicos. La relación es directa: una población con mejor acceso a servicios de salud enfrenta menos obstáculos para estudiar y trabajar; una educación de mayor calidad amplía las oportunidades laborales; y un empleo adecuado reduce la vulnerabilidad económica de los hogares.

Sin embargo, esta conexión no significa que las regiones puedan ser atendidas mediante una fórmula uniforme. Las necesidades de Moquegua, mencionada por el presidente del Ceplan como una de las referencias para observar diferencias territoriales, no son necesariamente las mismas que las de Loreto. Las capacidades institucionales, la geografía, la dispersión poblacional, la conectividad y la estructura productiva condicionan tanto la prestación de servicios como las posibilidades de generar ingresos.

El Índice Regional de los ODS del Perú 2026, elaborado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ofrece una herramienta para observar esas diferencias. Su utilidad no está únicamente en ordenar resultados regionales, sino en ayudar a detectar dónde se concentran las brechas y qué objetivos presentan mayores dificultades. Convertir esa información en decisiones presupuestales será el paso determinante para que el diagnóstico tenga consecuencias concretas.

El desafío pendiente: que el presupuesto siga a las prioridades

Uno de los principales planteamientos expuestos en el panel fue la necesidad de conectar los planes del Estado con los recursos públicos. El Ceplan ha establecido una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para avanzar en esa articulación, debido a que las políticas nacionales y los programas presupuestales suelen desarrollar procesos de planificación paralelos, incluso cuando intentan resolver los mismos problemas.

La falta de coordinación puede producir una brecha entre lo que el Estado declara como prioritario y aquello que efectivamente financia. Un objetivo incorporado en un plan nacional pierde capacidad transformadora si no cuenta con presupuesto, responsables definidos, metas verificables y una ejecución ajustada a las condiciones locales. Del mismo modo, asignar recursos sin una planificación común puede dispersar esfuerzos y dificultar la evaluación de los resultados.

La mesa entre el Ceplan y el MEF apunta, por tanto, a un asunto institucional de fondo: hacer que la planificación deje de ser un ejercicio separado de la gestión financiera. La articulación debería permitir que las prioridades territoriales influyan en la programación del gasto y que la asignación presupuestal pueda justificarse mediante objetivos públicos claramente establecidos.

Coordinación entre niveles de gobierno y continuidad de las políticas

El avance hacia los ODS también depende de la relación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. Las políticas de salud, educación, empleo y lucha contra la pobreza se ejecutan en territorios concretos, donde las autoridades subnacionales conocen problemas que no siempre aparecen con suficiente precisión en los diseños nacionales. Sin mecanismos estables de coordinación, esa diversidad puede convertirse en duplicación de funciones, vacíos de atención o inversiones poco conectadas.

Barrera Ayala planteó además incorporar al sector privado y a la academia en estos espacios. La propuesta responde a un problema recurrente de la administración pública: los cambios de funcionarios pueden interrumpir iniciativas antes de que alcancen resultados. La participación de actores externos no reemplaza la responsabilidad estatal, pero puede aportar conocimiento técnico, capacidades de gestión y continuidad en proyectos que requieren plazos mayores que los ciclos políticos.

Para que esta colaboración sea efectiva, deberá apoyarse en reglas transparentes, objetivos públicos y mecanismos de rendición de cuentas. La coordinación no puede reducirse a reuniones ocasionales ni a declaraciones compartidas; debe traducirse en compromisos medibles, intercambio de información y seguimiento periódico de los avances regionales.

Medir logros, no solo presencia institucional

El Ceplan cuenta con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y aplica anualmente, desde 2015, el Índice de Capacidad Estatal. Según explicó su presidente, esta herramienta busca medir los resultados de la intervención pública y no únicamente la presencia o cobertura de los servicios. La diferencia es relevante: disponer de una escuela, un centro de salud o un programa social no garantiza por sí mismo que la población reciba atención oportuna y de calidad.

Evaluar logros obliga a observar qué cambia en la vida de las personas después de una intervención. En educación, por ejemplo, no basta con contar instituciones o matrículas; también importa el aprendizaje. En salud, la cobertura debe relacionarse con la capacidad de resolver necesidades. En empleo y pobreza, las cifras de acceso requieren complementarse con información sobre estabilidad, ingresos y condiciones de vida.

El Ceplan revisa actualmente el Índice de Capacidad Estatal y prevé convocar a representantes de la academia para perfeccionarlo. Esta revisión puede fortalecer la calidad de las decisiones si incorpora indicadores comparables, información territorial suficientemente detallada y criterios que permitan distinguir entre una baja ejecución y una intervención que, pese a ejecutarse, no genera los resultados esperados.

La evidencia como condición para no dejar regiones atrás

El mensaje central del panel es que reducir las brechas regionales exige algo más que definir prioridades nacionales. Hace falta conocer con precisión las diferencias entre territorios, asignar recursos de acuerdo con esas necesidades y evaluar si las políticas producen mejoras verificables. La promesa de no dejar a nadie atrás, incluida en la Agenda 2030, dependerá de la capacidad del Estado para transformar los índices y planes en decisiones sostenidas.

El reto será mantener una mirada simultáneamente nacional y territorial. Los ODS ofrecen objetivos comunes para todo el país, pero su cumplimiento requiere estrategias diferenciadas, coordinación institucional y continuidad. Sin esa combinación, las regiones con mayores capacidades podrían seguir avanzando mientras los territorios más rezagados permanecen atrapados en déficits que los promedios nacionales no alcanzan a revelar.