España se enfrenta a una paradoja que cuestiona uno de los fundamentos tradicionales del bienestar social: tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza. El informe de Oxfam Intermón estima que 2,2 millones de personas ocupadas viven por debajo del umbral de pobreza con los ingresos obtenidos, pero la cifra asciende a casi tres millones cuando se descuentan el alquiler, la hipoteca y el impuesto sobre bienes inmuebles. La vivienda añade así 770.000 trabajadores a una situación de pobreza laboral que afecta al 15,49 % de quienes tienen empleo.

La diferencia entre ambas mediciones no es un detalle estadístico. Revela hasta qué punto el coste residencial está modificando la distribución real de los ingresos. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral se sitúa en el 11,48 % según los datos de 2024. Después de asumir los gastos asociados al hogar, sube hasta el 15,49 %. En otras palabras, una parte significativa de la población no cae en la pobreza porque pierda su empleo, sino porque el salario disponible no alcanza para sostener el coste de vivir cerca del lugar donde trabaja.

El dato que cambia la lectura del mercado laboral

El umbral utilizado para medir la pobreza se sitúa en 12.220 euros anuales para un hogar unipersonal y en 25.663 euros para una familia formada por dos adultos y dos niños. Son referencias que permiten observar la insuficiencia de los ingresos después de cubrir las necesidades básicas, pero también muestran una limitación de los indicadores laborales convencionales: contabilizar empleos creados o tasas de ocupación no basta para conocer la capacidad económica efectiva de los hogares.

La evolución reciente confirma que el problema se ha vuelto persistente. La pobreza laboral alcanzaba el 11,64 % en 2022, descendió al 11,57 % en 2023 y quedó en el 11,48 % en 2024. La reducción es tan pequeña que no altera la naturaleza del fenómeno. Durante el mismo periodo, el producto interior bruto creció más de un 6 %. El crecimiento macroeconómico, por tanto, no se ha traducido en una mejora proporcional de la seguridad material de los trabajadores.

Oxfam Intermón calcula que, al ritmo actual, España tardaría 59 años en converger con la media europea de pobreza laboral, situada en el 8 %. La estimación contiene una advertencia relevante: el problema no se resuelve automáticamente con más actividad económica. Si el crecimiento se concentra en sectores de bajos salarios, empleos temporales o territorios donde el alquiler absorbe una parte creciente de la nómina, la expansión puede convivir con el empobrecimiento de quienes la sostienen.

La trampa del alquiler y la desigualdad territorial

El alquiler a precio de mercado es el punto donde la presión se vuelve más visible. Entre los trabajadores que alquilan, la tasa de pobreza laboral ya alcanza el 19,35 % antes de pagar la vivienda y se eleva al 34,08 % después de abonar la renta. El salto muestra que el alquiler no actúa únicamente como un gasto adicional, sino como un mecanismo que puede transformar un salario insuficiente en una situación de pobreza severa.

El contraste con la vivienda en propiedad es evidente, aunque no debe interpretarse como una solución accesible para todos. Tras pagar los gastos, la pobreza laboral se sitúa en el 10,22 % entre quienes afrontan una hipoteca y en el 7,95 % entre quienes ya han terminado de pagarla. La diferencia refleja el valor económico de contar con un activo residencial, pero también la ventaja acumulada de quienes pudieron comprar antes de la escalada de precios o recibieron apoyo familiar para hacerlo.

La consecuencia es una “trampa del alquiler”: quienes no pueden comprar destinan una parte creciente de sus ingresos a la renta y, precisamente por ello, no consiguen ahorrar para acceder a una vivienda. El mercado divide así a los hogares entre quienes ya poseen un patrimonio y quienes deben pagar cada mes por permanecer en él. La vivienda deja de ser solo un bien de consumo y se convierte en un factor que determina la capacidad de acumular riqueza, cambiar de empleo, formar una familia o afrontar una emergencia.

Los datos territoriales muestran que la presión no es uniforme. Andalucía presenta la mayor tasa de pobreza laboral antes de incorporar la vivienda, con un 17,65 %, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 16,95 %, y Extremadura, con un 16,54 %. Sin embargo, cuando se añade el coste residencial, Madrid registra uno de los incrementos más intensos: pasa del 7,29 % al 12,73 %. En Cataluña sube del 7,9 % al 12,8 %, y en Murcia, del 15,37 % al 20,23 %.

Esta divergencia permite extraer una primera conclusión: la pobreza laboral no depende únicamente del nivel salarial medio de una comunidad. También depende de la relación entre salarios, precios de la vivienda, transporte y disponibilidad de empleo. Una región puede mostrar una tasa relativamente moderada antes del alquiler y, sin embargo, situar a muchos trabajadores por debajo del umbral cuando se calcula su renta disponible real.

El coste oculto para los sectores esenciales

El impacto se concentra en actividades que sostienen servicios cotidianos, pero que suelen ofrecer remuneraciones reducidas. El empleo doméstico y de cuidados, la agricultura, la pesca y la hostelería reúnen una elevada presencia de trabajadores migrantes y registran algunas de las mayores tasas de pobreza laboral. Se trata de una combinación especialmente vulnerable: salarios bajos, jornadas irregulares, menor capacidad de negociación y, en muchos casos, necesidad de residir en zonas donde el alquiler es más caro por la proximidad a los centros de actividad.

La paradoja económica es clara. Las ciudades y los destinos turísticos necesitan camareros, personal de limpieza, cuidadores, trabajadores agrícolas y empleados de mantenimiento, pero el mercado de la vivienda expulsa a parte de esa mano de obra hacia municipios cada vez más alejados. El resultado puede ser una reducción de la oferta laboral disponible, un aumento de los desplazamientos diarios y una mayor dependencia de viviendas compartidas o de soluciones informales.

Para las empresas, el encarecimiento residencial puede convertirse en un problema de contratación y retención. Un salario que parece competitivo en términos nominales pierde atractivo si obliga a recorrer largas distancias o si apenas cubre el alquiler de una habitación. En sectores con márgenes estrechos, el aumento de los costes laborales puede trasladarse a los precios, reducir la actividad o incentivar modelos de contratación más precarios. Si las empresas mantienen los salarios sin tener en cuenta el coste local de la vida, la rotación y las vacantes difíciles de cubrir tenderán a aumentar.

La situación es especialmente compleja para los trabajadores migrantes. Suelen concentrarse en actividades esenciales y de menor remuneración, pero también afrontan barreras adicionales para acceder a contratos de alquiler, avales, financiación o vivienda pública. En algunos casos, la imposibilidad de acreditar ingresos estables o de reunir los requisitos exigidos por los propietarios empuja a estos hogares hacia habitaciones sobreocupadas, alquileres informales o redes de alojamiento vinculadas al empleo.

Castilla y León, Castilla-La Mancha y el límite de la movilidad

Los datos de alquiler a precio de mercado ofrecen ejemplos de una presión que no se limita a las grandes capitales. En Castilla y León, más de la mitad de los trabajadores queda por debajo del umbral de pobreza después de pagar la renta: la tasa pasa del 29,65 % al 50,68 %. En Castilla-La Mancha, el incremento va del 22,53 % al 48,69 %. En el País Vasco, sube del 12,98 % al 31,07 %.

Estas cifras desmienten la idea de que el problema de la vivienda afecta exclusivamente a Madrid o Barcelona. En territorios con precios absolutos más bajos, los salarios también pueden ser menores, la oferta de transporte más limitada y las oportunidades laborales más dispersas. El alquiler no se evalúa en el vacío: una renta moderada puede resultar inasumible si el ingreso es bajo o si obliga a pagar además largos desplazamientos.

El segundo gran efecto es la pérdida de movilidad social. Para aceptar un empleo, un trabajador necesita poder mudarse; para mejorar su salario, necesita poder cambiar de empresa o de ciudad. Cuando la vivienda absorbe los ahorros y las mudanzas exigen depósitos, garantías y costes de intermediación, la persona queda atada a su residencia actual. La economía pierde flexibilidad y el trabajador pierde capacidad para aprovechar oportunidades.

Familias, empresas y administraciones: intereses en conflicto

Desde la perspectiva de los hogares, la prioridad es reducir el gasto mensual y obtener estabilidad. Las familias con hijos soportan un riesgo mayor de pobreza laboral, porque el ingreso se reparte entre más personas y porque el coste de una vivienda adecuada suele crecer con el tamaño del hogar. Una pareja con salarios bajos puede mantenerse ligeramente por encima del umbral, pero caer por debajo cuando llega un hijo, aumenta el alquiler o desaparece una fuente de ingresos.

Los propietarios y los inversores, por su parte, defienden que el alquiler debe reflejar la escasez de vivienda y los costes de mantenimiento, financiación e impuestos. Desde ese punto de vista, limitar rentas sin aumentar la oferta podría reducir la inversión, retirar viviendas del mercado o desplazar parte de la actividad hacia contratos temporales y alquileres turísticos. Es un argumento que no puede descartarse, especialmente en zonas donde la oferta residencial es rígida.

Las organizaciones sociales replican que dejar el acceso a la vivienda únicamente en manos del mercado produce una selección basada en la renta y no en la necesidad. Oxfam Intermón sostiene que el coste residencial se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento y desigualdad. La discusión, por tanto, no se reduce a elegir entre regulación o libertad de precios. Incluye la cantidad de vivienda asequible, la protección de los inquilinos, la fiscalidad de los inmuebles vacíos, la planificación urbana y la capacidad de los salarios para seguir el ritmo de los gastos básicos.

Las administraciones afrontan una tensión presupuestaria evidente. Construir vivienda pública requiere suelo, financiación y plazos prolongados; ampliar ayudas al alquiler puede aliviar a corto plazo, pero también elevar la demanda solvente si la oferta no crece. Las subvenciones generalizadas corren el riesgo de terminar incorporándose a los precios, mientras que las ayudas demasiado restrictivas dejan fuera a trabajadores que no cumplen los criterios de vulnerabilidad extrema. La política más eficaz probablemente necesitará combinar apoyo inmediato con un aumento sostenido del parque asequible.

La próxima fase: más presión sobre salarios y servicios públicos

Si la tendencia continúa, la vivienda seguirá funcionando como un multiplicador de desigualdad. Los hogares propietarios podrán protegerse parcialmente frente a las subidas, mientras que los inquilinos quedarán expuestos a revisiones de renta, mudanzas forzosas y pérdida de capacidad de ahorro. La brecha patrimonial crecerá incluso entre personas con empleos similares, porque la diferencia decisiva será haber comprado una vivienda antes de la escalada de precios o no haber podido hacerlo.

También aumentará la presión sobre los salarios. Los trabajadores reclamarán incrementos no solo para mejorar su nivel de vida, sino para compensar un coste residencial que puede variar radicalmente entre territorios. Las empresas ubicadas en zonas tensionadas tendrán que decidir entre elevar remuneraciones, ofrecer ayudas de alojamiento, descentralizar puestos o aceptar una mayor rotación. La escasez de trabajadores en sectores esenciales puede convertirse en un límite para el turismo, los cuidados y determinadas actividades agroalimentarias.

El riesgo más serio es que la pobreza laboral se normalice como una característica permanente del mercado de trabajo. La estabilidad estadística de la tasa entre 2022 y 2024 sugiere que no se trata de un episodio coyuntural, sino de un equilibrio defectuoso: empleo suficiente para mantener la actividad, pero ingresos insuficientes para garantizar una vida digna. Si la política económica mide el éxito solo por el número de afiliaciones o por el crecimiento del PIB, puede pasar por alto que una parte de esas mejoras se consume en el alquiler antes de llegar al hogar.

La respuesta exigirá reconocer que salario y vivienda forman parte del mismo problema. Elevar el empleo sin ampliar la vivienda asequible puede dejar intacta la pobreza; aumentar la oferta residencial sin mejorar la calidad del trabajo puede producir viviendas ocupadas por hogares que siguen sin llegar a fin de mes. La cifra de los tres millones de trabajadores pobres señala precisamente esa interdependencia. El desafío no consiste solo en crear más puestos de trabajo, sino en asegurar que trabajar permita pagar una vivienda, ahorrar algo y afrontar el futuro sin caer por debajo del umbral de pobreza.