En Venezuela, el hambre dejó de ser una emergencia coyuntural para convertirse en una estructura de vida. La evidencia reunida durante la última década muestra que la inseguridad alimentaria no puede explicarse únicamente por la falta ocasional de productos ni por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Es el resultado acumulado de la destrucción del empleo, la inflación, la contracción productiva, la emigración y la ausencia de instituciones capaces de corregir el deterioro. En ese sentido, el problema alimentario funciona como el indicador más visible de una crisis política y económica mucho más amplia.

La Encuesta de Condiciones de Vida, conocida como ENCOVI, registró en 2016 que más del 74% de la población había perdido involuntariamente un promedio de 8,7 kilos. Un año después, el 64% de los encuestados reportaba una pérdida media superior a 11 kilos. No se trataba solo de comer menos, sino de sustituir proteínas y alimentos frescos por harinas de maíz, yuca y trigo. Entre 2019 y 2020, la pobreza por ingresos alcanzó al 96% de los hogares y casi ocho de cada diez familias se encontraban en pobreza extrema. En ese mismo periodo, apenas el 3% de los hogares podía considerarse libre de inseguridad alimentaria.

La crisis no cabe en una cifra de desnutrición

Los datos nutricionales son graves, pero por sí solos no describen la dimensión humana del fenómeno. El hambre también altera la vida familiar, las relaciones sociales y la percepción que las personas tienen de sí mismas. Un padre que no puede alimentar a sus hijos no enfrenta únicamente un déficit calórico: enfrenta vergüenza, sensación de fracaso y pérdida de autoridad dentro del hogar. La madre que reduce sus propias porciones para que coman los niños absorbe una parte invisible del costo de la crisis. Esa privación no aparece de inmediato en las estadísticas, pero puede dejar consecuencias duraderas en la salud física y emocional.

La reducción de la ingesta produce cansancio, apatía y menor capacidad de concentración. En niños y adolescentes, esto afecta el aprendizaje y la asistencia escolar; en adultos, disminuye la productividad y limita la posibilidad de encontrar o conservar un empleo. Se forma así un círculo difícil de romper: la pobreza obliga a comer peor, la mala alimentación reduce la capacidad de trabajar y esa menor capacidad vuelve a profundizar la pobreza. El hambre deja de ser una consecuencia pasiva de la crisis y se convierte en un mecanismo que reproduce la exclusión.

La experiencia cotidiana confirma lo que las mediciones agregadas a veces ocultan. Hogares que no logran completar tres comidas diarias alternan entre dos, una o ninguna, según el ingreso del día. En los mercados, la pregunta central ya no es qué alimentos se prefieren, sino cuáles pueden comprarse. En las zonas más golpeadas, la dieta se organiza alrededor del producto más barato y disponible, aunque sea insuficiente desde el punto de vista nutricional. La monotonía alimentaria no es una decisión cultural: es la expresión directa de la pérdida de opciones.

Inflación, escasez y empleo: una misma cadena de destrucción

La economía venezolana sufrió simultáneamente varios golpes que se reforzaron entre sí. La liquidación de empresas y el retroceso de los emprendimientos redujeron la oferta de bienes y el número de empleos formales. La paralización de sectores enteros debilitó los ingresos de las familias y redujo la capacidad productiva del país. En ese contexto, la inflación elevó el precio de los alimentos básicos a niveles desproporcionados. El caso de los espaguetis de 500 gramos, que llegaron a costar 15 dólares en 2017 y 2018, ilustra la distancia entre los precios locales y los de otros países latinoamericanos.

La escasez agravó el impacto de los precios. Entre 2015 y 2020, cientos de miles de venezolanos hicieron filas desde la noche anterior para comprar productos cuya disponibilidad era incierta. El consumidor no podía planificar su gasto porque desconocía qué encontraría en los estantes. Cuando un bien básico aparece de forma irregular, su precio deja de reflejar solo los costos de producción y transporte: también incorpora el riesgo de no volver a conseguirlo. La especulación, el acaparamiento y los mercados informales prosperan en ese vacío, mientras los hogares pobres quedan obligados a pagar más por menos.

La primera conclusión analítica es que la inseguridad alimentaria venezolana no se resuelve exclusivamente con importaciones o transferencias monetarias. Ambas medidas pueden aliviar una urgencia, pero no reconstruyen por sí mismas el sistema que produce alimentos, genera empleo y garantiza ingresos previsibles. Sin recuperación productiva, cualquier aumento nominal de los salarios se erosiona rápidamente. Sin moneda estable y reglas confiables, los comerciantes trasladan el riesgo al precio final. Y sin instituciones que supervisen la distribución, una parte de la ayuda puede perderse antes de llegar a quienes más la necesitan.

Las remesas sostienen a las familias, pero también revelan la fractura nacional

Las remesas se han convertido en una red de supervivencia. Diversos equipos de economistas han estimado que los venezolanos emigrados envían entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales a sus familiares. Ese dinero permite comprar alimentos y medicamentos, pagar alquileres, financiar tratamientos y cubrir gastos escolares. Sin la ayuda de la diáspora, el deterioro de millones de hogares sería todavía más severo.

Sin embargo, depender de las remesas tiene un costo económico y social. Primero, porque no todos los hogares tienen familiares en el exterior ni reciben transferencias regulares. La ayuda se distribuye de forma desigual: puede sostener a una familia conectada con un migrante en Estados Unidos, España o Colombia, pero no alcanza a otra que carece de esa red. Segundo, porque convierte la alimentación en una función de la capacidad económica de personas que viven fuera del país. El acceso a la comida queda condicionado por la estabilidad laboral del emigrante, el tipo de cambio y los costos de envío.

A las remesas monetarias se suma el envío informal de alimentos, medicinas y otros bienes básicos. Esta circulación transnacional compensa parcialmente la incapacidad del mercado interno, pero también confirma que el Estado y la economía nacional han cedido funciones esenciales a las familias y a la diáspora. La sociedad venezolana ha creado una infraestructura privada de asistencia que evita un colapso mayor, aunque no puede sustituir políticas públicas de nutrición, producción y empleo.

Esta es la segunda conclusión: las remesas no deben interpretarse como señal de normalización económica. Pueden reducir temporalmente la intensidad del hambre en los hogares receptores, pero al mismo tiempo consolidan una economía dual. Un sector sobrevive con ingresos externos y otro queda expuesto a salarios internos depreciados, pensiones insuficientes y trabajos informales. La aparente estabilización de algunos indicadores puede ocultar una desigualdad más profunda entre quienes reciben dólares y quienes dependen exclusivamente de ingresos en bolívares.

Niñez, territorio y desigualdad: los costos que se acumulan

La información disponible para 2019-2020 señalaba que el 21% de los menores de cinco años estaba en riesgo de desnutrición y que el 8% padecía subalimentación aguda. Las consecuencias de esa situación no se limitan al peso corporal. La desnutrición durante los primeros años puede comprometer el desarrollo cognitivo, la talla, la inmunidad y el rendimiento escolar. Cuando una generación crece con carencias nutricionales, el país no solo enfrenta una emergencia sanitaria: pierde capacidades humanas que serán difíciles de recuperar en la edad adulta.

Las cifras nacionales tampoco reflejan por igual las diferencias regionales. En las zonas rurales, fronterizas y en los estados con menor actividad económica, las distancias, el costo del transporte y la precariedad de los servicios elevan el precio efectivo de los alimentos. Una familia puede encontrar productos en la capital regional, pero no tener dinero para trasladarse ni capacidad para comprarlos en cantidad. La geografía transforma una misma inflación en experiencias muy distintas.

Las comunidades indígenas y los hogares encabezados por mujeres enfrentan riesgos adicionales. La pérdida de empleo formal, la carga de cuidados y la falta de servicios básicos reducen sus posibilidades de responder a un aumento de precios. Del mismo modo, los adultos mayores que dependen de pensiones tienen poco margen para sustituir alimentos o buscar ingresos complementarios. La inseguridad alimentaria no distribuye sus daños de manera neutral: castiga más a quienes ya cuentan con menos recursos, menos movilidad y menor protección institucional.

El sistema educativo también recibe el impacto. Los estudiantes que llegan a clase sin desayunar tienen más dificultades para concentrarse y permanecer durante toda la jornada. Cuando las familias no pueden cubrir transporte, uniformes o materiales, la asistencia se vuelve irregular. El deterioro de la alimentación, por tanto, puede acelerar la deserción escolar y empujar a adolescentes hacia trabajos informales o actividades de supervivencia. El resultado es una pérdida de capital humano que prolonga la crisis más allá del momento en que mejoren los indicadores económicos.

La disputa por las cifras también es una disputa por la responsabilidad

El gobierno venezolano suele presentar cualquier reducción de la hambruna extrema como evidencia de recuperación. Esa lectura es cuestionable cuando una parte importante de los hogares continúa sin saber si podrá cenar o disponer de alimentos al día siguiente. Un reporte de Consultores 21 citado por El Nacional indicó que el 56% de los hogares se encontraba en esa incertidumbre. La diferencia entre una mejora marginal y una recuperación sostenible es decisiva: que algunas familias coman algo más no significa que hayan recuperado seguridad alimentaria.

Las autoridades pueden argumentar que los programas de distribución, las remesas y la reactivación parcial de ciertos comercios han evitado un escenario peor. Ese argumento merece ser considerado, porque la asistencia alimentaria sí puede salvar vidas y porque algunos mercados urbanos muestran mayor disponibilidad que durante los peores años de escasez. Pero una política de supervivencia no equivale a una política de desarrollo. Si los hogares siguen dependiendo de transferencias, redes familiares y empleos precarios, la mejora permanece vulnerable a cualquier shock de precios, combustible o suministro.

La oposición y las organizaciones humanitarias, por su parte, sostienen que la persistencia del hambre demuestra la responsabilidad directa de la gestión económica y de la falta de apertura institucional. La crítica es sólida en cuanto vincula la alimentación con la calidad de las instituciones, pero también debe evitar simplificaciones. Las sanciones internacionales, la caída de la producción petrolera, la pandemia y la pérdida de capacidades profesionales han agravado la crisis. Señalar esos factores no elimina la responsabilidad del gobierno por sus decisiones, pero obliga a distinguir entre causas internas, presiones externas y efectos que se retroalimentan.

La tercera conclusión es política: la transparencia estadística constituye una condición de la seguridad alimentaria. Sin encuestas periódicas, datos regionales y criterios verificables, resulta imposible saber si una mejora es real, quién se beneficia y dónde se concentran los riesgos. La opacidad favorece tanto la propaganda oficial como la denuncia sin medición. En una emergencia prolongada, las cifras no son un elemento técnico secundario; determinan la asignación de recursos y permiten exigir responsabilidades.

El escenario que puede abrirse en los próximos años

El futuro dependerá menos de una eventual caída puntual de la inflación que de la capacidad para reconstruir ingresos, producción y confianza. Si la transición política continúa bloqueada, la inversión seguirá siendo limitada y muchas empresas preferirán operar a pequeña escala o fuera del sistema formal. Eso puede mantener cierta oferta en las ciudades, pero no garantiza empleos estables ni alimentos accesibles para la mayoría. Una economía basada en importaciones y consumo financiado desde el exterior seguirá expuesta a la escasez de divisas y a la desigualdad.

Un escenario de recuperación exigiría restablecer estadísticas confiables, proteger la ayuda humanitaria, reactivar la producción agrícola, mejorar el transporte y recuperar servicios como electricidad, agua y combustible. También sería necesario fortalecer los programas de alimentación escolar y la atención de los niños menores de cinco años, porque allí se concentra una parte del daño irreversible. La recuperación no debería medirse solo por la existencia de productos en los supermercados, sino por la posibilidad de que los hogares puedan comprarlos de manera regular con ingresos propios.

Los riesgos más inmediatos son conocidos: una nueva aceleración inflacionaria, interrupciones en el suministro, reducción de las remesas, aumento del desempleo informal y agotamiento de las redes familiares. A ello se suma un riesgo menos visible: la normalización social de la privación. Cuando una familia se acostumbra a comer una vez al día o a sustituir proteínas durante años, la emergencia deja de percibirse como excepcional y puede perder prioridad pública. Esa normalización sería una forma adicional de daño, porque convertiría la pobreza alimentaria en una condición aceptada.

La pregunta central no es únicamente cuántas personas pasan hambre hoy, sino qué instituciones y decisiones están haciendo posible que el hambre persista. La información disponible muestra una relación estrecha entre deterioro económico, inseguridad alimentaria y falta de garantías democráticas. Allí donde no existen controles, datos transparentes ni políticas sostenidas, la alimentación queda sometida a la improvisación, la dependencia familiar y la capacidad de pago. Venezuela no enfrenta solo un problema de abastecimiento: enfrenta la reconstrucción de un pacto social en el que comer no dependa de la suerte, de una remesa o de la posibilidad de hacer fila durante toda la noche.