El proceso contra el exoficial ucraniano Serhii Kuznietsov, acusado de dirigir el comando que voló los gasoductos Nord Stream en 2022, comenzó este martes en Hamburgo con una petición de la defensa para que se archive la causa. Sus abogados sostienen que el acusado no puede declarar sin autorización del Ejército ucraniano y, por ello, no dispone de plena capacidad para defenderse. El tribunal deberá resolver primero esa objeción, mientras el fondo del caso plantea una cuestión de mayor alcance: si la destrucción de una infraestructura energética rusa puede considerarse una acción militar o un delito contra instalaciones civiles.

La primera vista, celebrada bajo fuertes medidas de seguridad y con más de un centenar de periodistas acreditados, estuvo marcada por el choque entre la estrategia de la defensa y la posición de la Fiscalía federal. Los abogados describieron a Kuznietsov como «un peón sacrificado en un tablero de ajedrez», cuestionaron que fuera el jefe del comando y rechazaron que hubiera cometido un crimen de guerra. La Fiscalía consideró injustificada la solicitud de archivo y anunció que responderá a las preguntas planteadas.

Una disputa sobre el carácter del objetivo

La defensa argumenta que los gasoductos eran un instrumento financiero, militar y político de Moscú, y que los ingresos derivados del suministro de gas contribuían a sostener la guerra contra Ucrania. La acusación, en cambio, sostiene que atacar la infraestructura constituye un delito. La distinción será decisiva: no basta con establecer si Kuznietsov participó; el tribunal también tendrá que examinar el propósito de la operación, sus posibles órdenes y la naturaleza del objetivo atacado.

Ese debate rebasa la responsabilidad individual del acusado. Alemania debe esclarecer un ataque contra infraestructuras que afectaban a su seguridad energética y, a la vez, mantiene su apoyo a Ucrania, país del que proceden los sospechosos señalados por la investigación. El proceso obliga a separar la evaluación jurídica de la operación de las posiciones políticas de ambos países.

La extradición y las condiciones de prisión

Kuznietsov, de 50 años, fue detenido en agosto de 2025 durante unas vacaciones familiares en Rímini, Italia, y extraditado a Alemania en noviembre, tras varios recursos. Permanece en prisión preventiva. Sus abogados impugnaron también la entrega, alegando que los tribunales italianos la autorizaron sin conocer la imputación por crímenes de guerra. La presidenta del tribunal, Anne Meier-Göring, agradeció la exposición de la defensa; la Fiscalía aplazó su respuesta detallada.

La defensa denunció además que el acusado lleva casi once meses prácticamente aislado y con contactos sociales escasos. El fiscal Stefan Schmidt replicó que Kuznietsov había declarado que consideraba aceptables las condiciones de detención. El intercambio añade al proceso una controversia sobre el trato penitenciario, aunque no resuelve las objeciones centrales sobre la extradición y el derecho a defenderse.

La investigación y los próximos pasos

Según la reconstrucción de los investigadores, siete personas participaron en la operación: Kuznietsov, un especialista en explosivos, un patrón y cuatro buzos, entre ellos una mujer. El grupo habría empleado el velero Andromeda, alquilado en Rostock, para colocar cargas temporizadas. Las explosiones del 26 de septiembre de 2022 destruyeron tres de las cuatro tuberías tendidas bajo el mar Báltico para transportar gas ruso a Alemania.

La Fiscalía sostiene que Kuznietsov actuó por encargo de organismos estatales ucranianos. Entre los indicios menciona conversaciones intervenidas durante su detención en Italia, en las que, según la investigación, reclamaba que la voladura fuera reconocida como una operación militar oficial y se quejaba del abandono de Kiev. El acusado niega haber participado y el Gobierno ucraniano niega cualquier implicación.

Otro sospechoso, el buzo ucraniano Wolodymyr Z., permanece en prisión preventiva en Croacia tras ser detenido en Pula en agosto. Un tribunal croata autorizó su extradición a Alemania a finales de septiembre, pero su abogado anunció que recurriría. Antes, Polonia había rechazado entregarlo y lo había dejado en libertad en octubre de 2025, al considerar justificable la destrucción de los gasoductos como defensa de Ucrania. El contraste entre esas decisiones muestra la disparidad jurídica que rodea el caso, pero no determina el resultado del juicio alemán.

Kuznietsov saludó militarmente al entrar en la sala, aunque vestía de civil. El tribunal ha programado dieciséis sesiones hasta el 17 de diciembre y prevé nuevas vistas en enero y febrero de 2027. La próxima sesión será el 27 de octubre; el proceso deberá establecer qué papel tuvo el acusado y si la operación puede recibir protección como acción militar o debe responder penalmente como ataque contra infraestructura civil.