La concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay ha quedado rodeada de una controversia que excede las objeciones de Donald Trump y del Gobierno israelí. Las críticas se concentran en cuatro episodios: su relación con las autoridades cubanas, las acusaciones sobre la entrega de información de disidentes a China, su ausencia en el homenaje a Liu Xiaobo y una supuesta aplicación selectiva de sus pronunciamientos públicos. El debate no cuestiona únicamente un premio, sino el criterio con el que se mide la defensa internacional de los derechos humanos.

La relación con La Habana pone a prueba la consistencia del discurso

El primer anclaje de la controversia se encuentra en los vínculos de Pillay con Cuba. En julio de 2008, cuando fue designada alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, La Habana respaldó su nombramiento en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Dos años después, mientras la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo provocaba condenas internacionales, Pillay apareció en Ginebra junto al canciller cubano Bruno Rodríguez.

El encuentro no constituye por sí solo una prueba de complicidad política, pero adquiere otra dimensión al observar la evolución posterior de la legislación cubana. En abril de 2019, durante una visita a La Habana como presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, la jurista agradeció la disposición del Gobierno a escuchar recomendaciones para abolir la pena capital. Sin embargo, el Código Penal aprobado en 2022 mantuvo ese castigo y elevó de 20 a 24 las figuras delictivas que podían recibirlo.

La cuestión central, por tanto, no es que una funcionaria internacional dialogue con un Gobierno cuestionado, algo habitual en la diplomacia multilateral. El problema reside en si ese diálogo estuvo acompañado de una presión pública proporcional a la gravedad de las violaciones denunciadas. UN Watch sostiene que Pillay guardó silencio sobre abusos en Cuba y en otros países considerados “no libres” por Freedom House.

China: una acusación que afecta al núcleo de la protección internacional

La acusación más severa procede de Emma Reilly, antigua funcionaria de Naciones Unidas. Según su testimonio, entre 2008 y 2014 la Oficina del Alto Comisionado proporcionó a Pekín los nombres de activistas que planeaban participar en sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Reilly afirma que más de 50 disidentes quedaron identificados ante las autoridades chinas y que algunos familiares sufrieron intimidaciones, detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones.

La gravedad de esta denuncia radica en que no se refiere a una omisión retórica, sino al posible uso de información institucional capaz de poner en riesgo a personas perseguidas. Reilly también asegura que Pillay ignoró advertencias sobre esas prácticas y la acusó de haber sido “cómplice del genocidio uigur”. En 2024 presentó documentación ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico, incluidos casos de activistas británicos.

Naciones Unidas rechaza que sus procedimientos pusieran en peligro a defensores de derechos humanos y sostiene que desde 2015 dejó de confirmar determinadas identidades a Pekín. Esa respuesta no elimina la controversia: desplaza el debate hacia la responsabilidad de los mecanismos de confidencialidad y hacia la necesidad de esclarecer qué información se compartió, con qué autorización y con qué consecuencias. Sin una investigación transparente, la disputa seguirá siendo también una disputa sobre credibilidad institucional.

El contraste con Liu Xiaobo vuelve visible la dimensión política del premio

La ausencia de Pillay en diciembre de 2010, durante la ceremonia del Nobel de la Paz concedido al disidente chino Liu Xiaobo, se ha convertido en otro punto decisivo. Liu estaba encarcelado por las autoridades comunistas, y varias organizaciones interpretaron la falta de asistencia de la entonces alta comisionada como una concesión a las presiones de Pekín.

El contraste resulta especialmente incómodo porque el Comité Nobel reconoció a Liu por enfrentarse a la dictadura china y ahora entrega el mismo galardón a una jurista cuya actuación frente a ese régimen es objeto de acusaciones. No se trata de afirmar que ambos casos sean equivalentes, sino de señalar que la decisión obliga al Comité a explicar qué cambió entre una condena simbólica a la represión china y la valoración actual de la trayectoria de Pillay.

La legitimidad de un premio internacional depende tanto de la solvencia del premiado como de la coherencia de los criterios aplicados. Cuando existen episodios no aclarados relacionados con un Gobierno acusado de perseguir a sus opositores, el silencio deja de ser neutral: permite que la interpretación política ocupe el lugar de la explicación institucional.

El respaldo a Gaza frente a un historial de pronunciamientos desigual

Hamás celebró el premio y lo vinculó con el informe de la comisión de Naciones Unidas presidida por Pillay, que calificó de “genocidio” la actuación de Israel en Gaza tras la masacre del 7 de octubre de 2023. También expresaron su rechazo organizaciones judías internacionales como el Congreso Judío Mundial, el Centro Simon Wiesenthal y B’nai B’rith International, que cuestionaron su imparcialidad al frente de la comisión sobre los territorios palestinos ocupados.

El informe de UN Watch de 2011 aporta el dato que conecta esta disputa con las anteriores: durante sus dos primeros años como alta comisionada, Pillay no habría emitido pronunciamientos sobre violaciones en 34 países considerados “no libres”, entre ellos Cuba, Corea del Norte, Arabia Saudí, Sudán y Eritrea. En cambio, el estudio contabilizó 21 declaraciones sobre Oriente Medio y el norte de África, nueve de ellas centradas en Israel.

Ese desequilibrio estadístico no demuestra por sí mismo que sus denuncias sobre Gaza sean infundadas. Sí plantea, sin embargo, una pregunta difícil de eludir: si la defensa de los derechos humanos debe juzgarse con el mismo rigor frente a aliados, adversarios y Gobiernos ideológicamente próximos. La rápida felicitación de Pedro Sánchez, en contraste con su negativa a respaldar en 2025 a María Corina Machado con el argumento de que no valoraba los Nobel, añadió una dimensión política a una controversia ya cargada de contradicciones.