La nueva presidenta del Gobierno de Marruecos, Fatima Ezzahra El Mansouri, ha optado por mantener en puestos estratégicos a varios de los ministros vinculados a la política exterior y territorial del reino. Entre ellos figuran Abdellatif Ouahbi, en Justicia; Ahmed Toufiq, en Asuntos Islámicos; y Naser Bourita, al frente de Exteriores. La continuidad de estos nombres, con el beneplácito del rey Mohamed VI, indica que el relevo en la jefatura del Ejecutivo no implica un cambio de rumbo en las prioridades más sensibles de Rabat.

El nuevo gabinete combina continuidad y renovación. De los 31 ministros designados, 13 ya formaban parte del Gobierno saliente de Aziz Akhannouch y 18 se incorporan por primera vez. El Mansouri pertenece al primer grupo: hasta ahora ocupaba la cartera de Urbanismo y Vivienda y asciende ahora a la presidencia del Ejecutivo. La composición refleja así una fórmula de equilibrio: renovar buena parte del equipo para proyectar una nueva etapa, pero preservar a quienes han dirigido los asuntos considerados esenciales por la monarquía.

Las carteras que explican la continuidad

La permanencia de los responsables de Exteriores, Interior, Justicia, Asuntos Islámicos y Defensa no parece un detalle menor. Son ministerios directamente relacionados con la seguridad nacional, la proyección internacional del país, la gestión de sus reivindicaciones territoriales y la relación entre la institución monárquica y el discurso religioso. En conjunto, su continuidad sugiere que el nuevo Gobierno deberá ejecutar una estrategia ya definida en buena medida desde el Palacio Real.

Ouahbi ha sido una de las voces más explícitas en la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla. En una entrevista televisiva del 21 de agosto, describió ambas ciudades como un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y reclamó a España la apertura de un canal específico para discutir su futuro. Días antes había afirmado que la cuestión continuaba “sobre la mesa” y que se abordaba cada vez que representantes marroquíes y españoles se reunían. Sus declaraciones convierten una demanda tradicional de Rabat en un asunto recurrente de la conversación política bilateral.

Ahmed Toufiq empleó un lenguaje distinto, aunque con una dirección semejante. Durante la celebración religiosa del Mawlid, presidida por Mohamed VI, el ministro de Habices aludió a una “lucha sagrada” para recuperar “las ciudades ocupadas” del Atlántico. Aunque no mencionó expresamente a Ceuta y Melilla, la referencia fue interpretada en ese marco. El recurso simultáneo a argumentos religiosos e históricos amplía el alcance de la reivindicación: deja de presentarla únicamente como una cuestión diplomática y la integra en un relato identitario de largo recorrido.

Ceuta y Melilla dentro de una agenda más amplia

La disputa por las dos ciudades españolas no aparece aislada. Forma parte de una visión territorial más extensa asociada al proyecto del llamado Gran Marruecos, una corriente que aspira a reunir bajo la influencia o la soberanía marroquí territorios cuya vinculación con el reino se defiende mediante argumentos históricos. En ese imaginario aparecen también el islote Perejil, el Sáhara Occidental, Canarias, Mauritania y zonas de Malí, aunque cada caso presenta una naturaleza jurídica, política e histórica diferente.

La prioridad inmediata de la diplomacia marroquí ha sido, sin embargo, consolidar el respaldo internacional a su posición sobre el Sáhara Occidental. Desde Rabat se considera este conflicto el principal criterio para medir las relaciones con otros países. La estrategia impulsada durante los últimos años ha buscado estrechar vínculos con Estados Unidos, Israel y otros gobiernos para obtener apoyos a la propuesta marroquí de soberanía sobre el territorio, antigua colonia española hasta 1975.

En ese proceso, Bourita se ha convertido en una pieza central. Nombrado ministro de Exteriores en 2017, ha desarrollado una diplomacia activa orientada a ampliar los apoyos de Marruecos en distintos continentes. Su permanencia indica que la política exterior seguirá centrada en acumular reconocimientos y acuerdos sobre el Sáhara antes que en abrir una confrontación directa por Ceuta y Melilla. La diferencia es relevante: una cosa es mantener la reivindicación y otra convertirla en una prioridad operativa inmediata.

Una presión que se administra por etapas

La nueva composición del Gobierno permite interpretar la estrategia marroquí como una política de presión gradual. Las declaraciones sobre Ceuta y Melilla mantienen viva la cuestión y condicionan la relación con España, pero la actividad diplomática se concentra en obtener ventajas internacionales respecto al Sáhara. Rabat puede sostener simultáneamente ambos objetivos: presentar la recuperación de las ciudades como una aspiración histórica y, al mismo tiempo, evitar que esa demanda bloquee alianzas consideradas más útiles.

Para España, el escenario plantea una dificultad permanente. La cooperación bilateral en seguridad, migración, comercio y control fronterizo convive con una reivindicación de soberanía que afecta directamente a dos ciudades autónomas españolas. La continuidad de los ministros más firmes en el discurso territorial no demuestra por sí sola que vaya a producirse una acción inmediata, pero sí confirma que la cuestión seguirá disponible como instrumento de presión política.

El ascenso de El Mansouri debe leerse, por tanto, dentro de una arquitectura de poder en la que el cambio de Gobierno no equivale necesariamente a un cambio estratégico. La renovación de 18 ministros puede aportar una imagen de modernización y capacidad de gestión, mientras la permanencia de los titulares clave garantiza la continuidad de las líneas marcadas por la monarquía. El mensaje de fondo es claro: Marruecos renueva su equipo, pero conserva intactas las prioridades que definen su política exterior y territorial.