El Partido Popular ha confirmado conversaciones con Vox para evitar que el Senado quede bajo control del bloque progresista después de las elecciones generales del 29 de noviembre. La propuesta que se encuentra sobre la mesa consiste en que la formación de Santiago Abascal renuncie a concurrir en determinadas circunscripciones a cambio de obtener senadores por designación autonómica. Alberto Núñez Feijóo ha admitido estos contactos y ha defendido que ambas fuerzas busquen un acuerdo antes del cierre de las listas.

La negociación introduce una variable decisiva en una campaña que hasta ahora se había concentrado principalmente en la formación de coaliciones y en la elaboración de candidaturas. El PP no está planteando únicamente una coordinación electoral entre partidos, sino una distribución territorial de los esfuerzos para impedir que la división del voto conservador facilite una mayoría progresista en la Cámara Alta.

Una negociación condicionada por el calendario

El plazo para presentar las listas concluye el lunes, de modo que el margen para cerrar un pacto es limitado. Las conversaciones entre Génova y Bambú, las sedes nacionales del PP y Vox, se estarían desarrollando con discreción, una cautela comprensible por el coste político que tendría hacer pública una fórmula todavía incompleta. Cada candidatura que se retire o se modifique puede alterar el equilibrio entre los dos partidos y afectar a las expectativas de sus electorados.

Feijóo se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento, aunque ha evitado presentar el acuerdo como cerrado. Su argumento central es que sería un error permitir, de forma directa o indirecta, que el llamado «sanchismo» controlase el Senado. La advertencia revela cuál es la prioridad estratégica del PP: preservar una posición de fuerza en la Cámara Alta incluso en aquellos territorios donde una candidatura conjunta o una retirada selectiva pudiera exigir sacrificios a sus aliados.

El líder popular ha insistido en que Vox conoce hasta dónde puede llegar el PP y que ambas partes deben actuar con «sentido de Estado». Esa expresión funciona también como una condición política: el acuerdo solo sería viable si se interpreta como un intercambio recíproco y no como una cesión unilateral. El PP espera que Vox valore el beneficio global para el bloque de derechas, mientras Vox tendría que decidir en qué provincias le compensa no competir con sus propias siglas.

El Senado, una batalla distinta

La importancia del pacto se explica por la naturaleza del sistema electoral del Senado. En las circunscripciones provinciales, los votantes pueden escoger candidatos de distintas listas y la competencia entre partidos próximos ideológicamente puede repartir los apoyos de manera que el bloque más votado obtenga una ventaja mayor. En ese contexto, la presencia simultánea de PP y Vox puede tener un efecto diferente al que tendría en unas elecciones estrictamente proporcionales: incluso una diferencia moderada entre ambas candidaturas puede modificar el reparto de escaños.

La propuesta de reservar para Vox senadores de designación autonómica apunta precisamente a compensar esa retirada territorial. No se trataría de trasladar automáticamente los votos no obtenidos a una candidatura del PP, sino de ofrecer a la formación de Abascal una vía alternativa de representación parlamentaria. El mecanismo, sin embargo, plantea interrogantes prácticos: habría que determinar en qué comunidades autónomas se producirían esas designaciones, cómo se reflejaría el acuerdo en las negociaciones posteriores y qué garantías tendría cada partido de que el compromiso se cumple.

Además, los senadores designados por las comunidades autónomas responden a mayorías políticas territoriales, no a un reparto nacional directo. Por ello, la compensación dependería de los resultados autonómicos y de la capacidad de las fuerzas conservadoras para mantener acuerdos después de las elecciones. El intercambio puede ser políticamente atractivo, pero no es equivalente en todos los territorios ni ofrece exactamente la misma visibilidad electoral que concurrir con una lista propia.

La izquierda también intenta evitar la dispersión

La iniciativa del PP y Vox llega después de que el PSOE y otras formaciones de izquierdas acordaran presentarse conjuntamente al Senado en 47 circunscripciones el próximo 29 de noviembre. Desde Ferraz calificaron el pacto de «histórico» y reclamaron a las fuerzas participantes que mantengan la responsabilidad demostrada durante el diálogo que condujo al acuerdo.

La coincidencia temporal de ambas operaciones muestra que la disputa por la Cámara Alta se está organizando en torno a una misma lógica: reducir la fragmentación en aquellos territorios donde la coordinación puede transformar una diferencia estrecha en una mayoría de escaños. La izquierda ha optado por compartir candidaturas en un número amplio de circunscripciones; el espacio conservador estudia una fórmula más selectiva, basada en la retirada de Vox en provincias concretas y en una compensación institucional.

La diferencia entre ambos modelos no es menor. Mientras el acuerdo de la izquierda se presenta como una alianza electoral explícita, la fórmula negociada por PP y Vox parece depender de decisiones territoriales individualizadas y de compromisos posteriores. Esa estructura puede facilitar la adaptación a cada provincia, pero también aumenta el riesgo de discrepancias internas, interpretaciones distintas y críticas de los sectores que consideren que su partido renuncia a competir.

El resultado dependerá de lo que ocurra antes de las urnas

La clave inmediata será conocer si el pacto se concreta antes del cierre de las candidaturas y cuáles son las circunscripciones afectadas. El PP necesita demostrar que la coordinación mejora sus posibilidades de controlar el Senado; Vox, por su parte, deberá justificar ante sus votantes que no presentarse en algunas provincias no significa perder espacio político. La respuesta dependerá de que la compensación autonómica sea creíble y de que el acuerdo pueda explicarse como una estrategia común, no como una subordinación.

El episodio confirma que las elecciones del 29-N se decidirán también fuera de la pugna por la presidencia del Gobierno. El Senado se ha convertido en un objetivo estratégico porque su mayoría puede condicionar la capacidad de cada bloque para ejercer oposición, influir en la agenda legislativa y reforzar su posición institucional. Con la izquierda ya coordinada en 47 circunscripciones y el PP negociando con Vox una respuesta territorial, la batalla de la Cámara Alta queda definida por una pregunta concreta: qué bloque será capaz de convertir mejor sus votos dispersos en representación efectiva.