El Tribunal Superior Hanseático de Hamburgo inició este miércoles el juicio contra Serhij Kuznietsov, acusado de participar en el sabotaje que destruyó en 2022 varios tramos del gasoducto Nord Stream. La fiscalía sostiene que dirigió a un grupo de ucranianos y califica el ataque contra una infraestructura civil protegida como crimen de guerra, además de imputarle delitos relacionados con explosiones, daños materiales y alteración de servicios públicos. Kuznietsov no respondió a las acusaciones en la primera sesión; su defensa las niega.

El alcance del proceso va más allá de la responsabilidad individual del acusado: si las pruebas vinculan la operación con organismos estatales ucranianos, Berlín afrontará una disputa política y jurídica con uno de sus principales socios en la guerra contra Rusia. Esa conexión aún debe establecerse en el juicio y no supondría, por sí sola, la suspensión automática de la ayuda alemana a Kiev.

Una acusación que puede tener consecuencias diplomáticas

Según la Fiscalía General alemana, la inteligencia ucraniana diseñó y financió el ataque y encargó la operación a Kuznietsov por su experiencia en submarinismo. La acusación afirma que el grupo empleó el velero alquilado Andrómeda para colocar explosivos en el fondo del mar Báltico en septiembre de 2022. La lectura de los cargos duró más de diez minutos. La fiscalía busca una condena que convertiría al acusado en el primer procesado por un crimen de guerra relacionado con la guerra de Ucrania en Alemania.

Uno de sus abogados cuestionó la extradición desde Italia, hace diez meses: sostiene que las autoridades italianas la autorizaron por una orden europea de arresto que describía sabotaje, mientras que en Alemania se le imputa ahora un crimen de guerra. A su juicio, los tribunales italianos fueron engañados. La cuestión puede abrir un debate sobre las garantías y el alcance de la cooperación judicial europea, aunque corresponde al tribunal alemán resolver las acusaciones presentadas.

La diferencia entre una acción individual y una operación respaldada por el Estado será decisiva para las repercusiones políticas. Si no aparece una cadena de órdenes oficial, Berlín podría tratar el caso como un proceso penal contra sus presuntos autores. Si surgen pruebas de participación estatal, Alemania tendría que evaluar el impacto sobre su relación con Kiev, que recibe apoyo militar, financiero y humanitario. Por ahora, esa posibilidad es un riesgo diplomático, no un hecho probado.

El acusado, entre la prisión y la imagen de héroe

La seguridad fue reforzada en el tribunal, donde se formaron largas colas para acceder a la sala. Kuznietsov, de 50 años, llegó con traje gris, camisa blanca y corbata, y saludó brevemente a algunos simpatizantes. En prisión, según funcionarios citados en la información del caso, entrena varias horas al día, estudia alemán y mantiene un comportamiento disciplinado. Ha recibido cientos de cartas de niños ucranianos que lo felicitan por el sabotaje y le desean suerte; el ala de alta seguridad permanece aislada y solo puede salir de su celda una hora diaria bajo vigilancia.

Ese respaldo refleja la lectura contrapuesta del ataque. En Alemania, la destrucción de los gasoductos dejó sin suministro de gas a industrias y hogares y afectó a una infraestructura civil. Para parte de la opinión pública ucraniana, en cambio, el sabotaje fue un acto de resistencia que limitó la influencia rusa en Europa y su capacidad de financiar la guerra mediante la energía. La diferencia entre esas interpretaciones ayuda a explicar por qué el juicio puede tensar la relación bilateral incluso antes de que haya una sentencia.

Una investigación rodeada de versiones

El Kremlin ha reclamado que el proceso determine quién ejecutó el ataque y quién dio las órdenes. Una conclusión que implicara a instituciones ucranianas permitiría a Moscú cuestionar a Kiev como socio occidental y presentar la ayuda europea como respaldo a un Gobierno que habría tolerado operaciones ilegales. Esa narrativa política no sustituye la prueba judicial, pero aumenta el interés internacional por el resultado del proceso.

Desde la destrucción de Nord Stream se han difundido numerosos informes y libros con hipótesis sobre sus autores. La prensa ha identificado a siete presuntos saboteadores, y una de las versiones más llamativas, atribuida al periodista Bojan Pancevski, sostiene que una buceadora ucraniana conocida como Freya formó parte del equipo. Esa hipótesis apunta a una operación ajena a las autoridades de Ucrania, pero no resuelve la cuestión central que ahora debe examinar el tribunal: qué papel tuvo Kuznietsov y si actuó por iniciativa propia o bajo instrucciones.