El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó este lunes aplicar la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, una decisión que deja sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, captura y detención que pesaban sobre los tres dirigentes independentistas. El paso despeja el principal obstáculo judicial para el regreso de Puigdemont a España, aunque no cierra todavía de forma definitiva el procedimiento ni extingue por sí solo toda responsabilidad penal pendiente.

La resolución se apoya en la doctrina fijada recientemente por el Tribunal Constitucional, que avaló la aplicación de la amnistía al delito de malversación en el caso de dirigentes del proceso independentista catalán. Llarena mantiene, sin embargo, su discrepancia con esa interpretación y advierte de que la decisión adoptada este lunes se limita al levantamiento de las órdenes de arresto. La conclusión del sumario y el eventual sobreseimiento deberán ser acordados por la Sala de enjuiciamiento competente una vez resueltos los recursos todavía pendientes.

Una decisión con efecto inmediato, pero no definitivo

El alcance práctico del auto es relevante: Puigdemont, Comín y Puig ya no están sometidos a las órdenes nacionales que les impedían regresar a España sin exponerse a una detención. En el caso de Puigdemont, la medida modifica una situación judicial que se prolongaba desde su marcha a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña de 2017.

El propio Llarena subraya que la aplicación de la doctrina constitucional no implica que comparta sus fundamentos. En el auto sostiene que sigue convencido de que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio personal vinculado a los hechos investigados y que, desde su punto de vista, la malversación no debía quedar cubierta por la amnistía. No obstante, reconoce que su discrepancia no permite mantener los efectos de unas órdenes que deben ajustarse a la interpretación establecida por el máximo intérprete de la Constitución.

La fórmula utilizada refleja la tensión entre dos planos jurídicos. Por un lado, el Supremo debe ejecutar la doctrina constitucional vigente; por otro, el magistrado deja constancia de que considera discutible la forma en que esa doctrina resuelve la relación entre el uso de fondos públicos, la responsabilidad individual y la amnistía. La resolución permite así avanzar en la causa sin borrar el desacuerdo institucional que ha acompañado a la ley desde su aprobación.

Puigdemont celebra el levantamiento de las órdenes

Puigdemont calificó la decisión como una victoria de la amnistía y afirmó que pone fin a una etapa de “represión política” que, según su interpretación, se ha prolongado durante más de nueve años. El expresidente catalán hizo estas declaraciones en Waterloo, la ciudad belga donde reside desde su salida de España, pero evitó anunciar una fecha para su retorno.

La cautela responde a que el levantamiento de las órdenes no equivale todavía al archivo definitivo de la causa. Puigdemont prevé esperar a que el Supremo adopte una resolución final sobre el procedimiento antes de regresar, una decisión que reduce el riesgo político y jurídico de volver mientras subsistan recursos o actuaciones procesales abiertas.

El dirigente independentista también señaló que el auto no resuelve por sí mismo la relación entre Cataluña y el Estado. La observación introduce un matiz político en una decisión esencialmente judicial: la amnistía puede eliminar consecuencias penales concretas, pero no resuelve las diferencias sobre la independencia, el encaje territorial de Cataluña ni la legitimidad del referéndum y de la declaración de 2017.

El contexto político eleva la trascendencia del auto

La decisión llega en un momento de intensa actividad política en España, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. El levantamiento de las órdenes contra Puigdemont puede influir en el debate electoral porque afecta a uno de los asuntos que más ha polarizado la política española: el acuerdo entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas para aprobar la ley de amnistía.

Para los defensores de la medida, el auto confirma que la norma puede cerrar una etapa judicial vinculada al conflicto catalán y favorecer la normalización institucional. Para sus críticos, la intervención del Supremo demuestra que la ley continúa generando controversias sobre sus límites, especialmente cuando se aplica a delitos relacionados con la gestión de recursos públicos. La propia redacción de Llarena mantiene abierta esa disputa al ejecutar la amnistía mientras cuestiona sus razones.

El largo recorrido del proceso independentista

Puigdemont presidía la Generalitat cuando el Parlamento catalán aprobó en 2017 una declaración de independencia que no llegó a hacerse efectiva. Tras la intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado, varios dirigentes fueron detenidos, juzgados y condenados, mientras otros abandonaron España para evitar la acción de la Justicia.

Con posterioridad, la ley de amnistía benefició a buena parte de los participantes en el proceso, pero quienes permanecían fuera del país, como Puigdemont, Comín y Puig, conservaron causas pendientes y órdenes de arresto. El Supremo dejó sin efecto esas órdenes el pasado 6 de octubre y el nuevo auto consolida ahora esa decisión conforme a la doctrina constitucional sobre la malversación.

El siguiente paso corresponderá a la Sala de enjuiciamiento, que deberá resolver los recursos y determinar si procede extinguir definitivamente la responsabilidad penal y archivar el procedimiento. Hasta entonces, el regreso de Puigdemont queda jurídicamente más cerca, pero la resolución no convierte todavía el cierre del caso en un hecho consumado.