El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 18 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente en dos ocasiones a una menor en Melilla. La resolución fija nueve años de cárcel por cada delito y rechaza el último recurso presentado por el condenado, que actualmente tiene 56 años. El fallo pone fin a un recorrido judicial iniciado con una pena más elevada, posteriormente revisada en apelación, y mantiene las medidas de protección y las obligaciones impuestas para limitar el contacto del agresor con la víctima.

Dos episodios separados por casi tres años

El primer hecho probado ocurrió en el verano de 2017, cuando la niña tenía once años y el acusado, 47. El hombre la invitó a pasar una noche en su domicilio como preparación para un viaje a Noruega que proyectaba realizar con sus hijos y al que también había invitado a la menor. Según las resoluciones judiciales, esperó a que la niña estuviera acostada para regresar a la habitación y agredirla sexualmente.

El segundo episodio se produjo en marzo de 2020, cuando la menor tenía ya 14 años y acudió de nuevo a la vivienda del acusado. En esa ocasión, el hombre le ofreció un masaje después de que manifestara tener dolor de cabeza y aprovechó esa situación para volver a agredirla. La distancia temporal entre ambos hechos no redujo la relevancia penal de la conducta: para los tribunales, se trató de dos actos diferenciados, con circunstancias propias y suficiente entidad para sostener dos condenas independientes.

La confianza como vía de acceso a la víctima

Uno de los elementos centrales del caso es la relación previa entre el acusado y la menor. El hombre era una persona conocida por la familia y había reforzado la confianza de la niña mediante la amistad que sus hijos mantenían con ella. Esa proximidad facilitó que la menor entrara en su domicilio y aceptara situaciones que, presentadas fuera de ese contexto, podían parecer actividades cotidianas: una noche previa a un viaje o un masaje ante un malestar físico.

La importancia de este punto va más allá de la descripción de los hechos. Las sentencias muestran cómo una relación de familiaridad puede convertirse en un mecanismo de control cuando un adulto utiliza la confianza de una menor para aislarla o crear oportunidades de contacto. No se trataba, según los hechos declarados probados, de un encuentro casual, sino de una relación que el acusado aprovechó para situarse en una posición de ventaja. La edad de la víctima y la diferencia de edad con el condenado fueron factores esenciales para valorar la naturaleza de las conductas.

Una condena revisada, pero no desactivada

La Audiencia Provincial de Málaga, en su sección con sede en Melilla, había impuesto inicialmente 23 años de prisión por dos delitos de agresión sexual y uno de lesiones, además de otras penas y obligaciones indemnizatorias. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó parcialmente el recurso presentado por el condenado en una sentencia dictada el 21 de noviembre de 2025: lo absolvió del delito de lesiones y estableció nueve años de prisión por cada una de las dos agresiones sexuales.

La revisión redujo la duración total de la pena, pero no cuestionó la existencia de los dos delitos sexuales ni los restantes pronunciamientos que no fueron modificados. El Supremo, al desestimar el recurso de casación, confirma ese resultado. La secuencia procesal refleja la función de cada instancia: la primera valoración judicial fue sometida a apelación, la pena se ajustó en los extremos que correspondían y el alto tribunal descartó que existieran motivos para alterar la decisión del TSJA. También impone al recurrente las costas del procedimiento ante el Supremo.

El daño no termina con la sentencia

Tras el segundo episodio, la menor experimentó cambios importantes en su comportamiento, entre ellos irritabilidad, desconfianza y temor a encontrarse con personas del entorno del condenado. La sentencia recoge que necesitó atención psicológica y psiquiátrica por las secuelas derivadas de los hechos. Este aspecto explica que la respuesta judicial no se limite a la prisión: el daño reconocido incluye consecuencias emocionales y sociales que pueden prolongarse mucho después de la denuncia y del juicio.

El condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio, de su lugar de trabajo o de cualquier otro lugar que frecuente, ni comunicarse con ella durante 20 años. Además, queda inhabilitado durante 30 años para ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores, y deberá cumplir una medida de libertad vigilada. En el plano económico, la resolución inicial fijó 10.890 euros por las lesiones y 40.000 euros por los daños morales. Con la decisión del Supremo, estas consecuencias acompañan a la pena de prisión y cierran la vía ordinaria de impugnación de una condena fundada en dos agresiones cometidas aprovechando una relación de confianza.