El príncipe heredero de Liechtenstein, Alois, ha bloqueado por primera vez durante su regencia una ley aprobada por el Parlamento para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo. La decisión impide la entrada en vigor de una reforma respaldada por 13 diputados frente a 12 y mantiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa, al tiempo que vuelve a poner en cuestión el alcance de los poderes de la monarquía dentro del sistema político del pequeño principado alpino.

El veto fue anunciado este martes después de que la reforma fuese aprobada el 2 de septiembre. La misma mayoría parlamentaria rechazó que el texto se sometiera a un referéndum nacional. El príncipe heredero ya había advertido en junio de que impediría la modificación incluso si recibía el respaldo directo de los ciudadanos, una posición que convierte su decisión actual en el desenlace previsible de un conflicto institucional abierto desde el inicio del proceso legislativo.

Una reforma impulsada desde la sociedad civil

La iniciativa que dio origen a la ley, denominada Fristenlösung für Liechtenstein, comenzó como una campaña ciudadana para establecer un sistema de plazos. En febrero reunió casi 5.000 firmas, aproximadamente una cuarta parte del electorado registrado y una cifra muy superior a las 1.000 necesarias para que la propuesta llegara al Parlamento. El texto planteaba permitir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas y eliminar la prohibición de proporcionar información sobre el aborto.

La votación parlamentaria mostró una sociedad y una representación política prácticamente divididas en dos bloques. Aunque la reforma obtuvo una mayoría mínima, no logró superar el siguiente obstáculo: la facultad del príncipe de negar su aprobación. En la práctica, el resultado evidencia que la iniciativa ciudadana puede abrir el debate y llevar una propuesta a la cámara, pero no garantiza que una mayoría parlamentaria pueda convertirla en ley cuando se enfrenta a la prerrogativa principesca.

El comité promotor ha calificado el veto, en una carta publicada por el medio Lie:zeit, de “demostración de poder a costa de las mujeres afectadas”. Sus integrantes sostienen que la decisión ignora la voluntad popular y degrada la democracia “en una farsa”. Al mismo tiempo, han reconocido que la campaña ha quebrado un tabú de décadas y ha permitido exponer las carencias de la regulación vigente, una valoración que apunta a que el fracaso legislativo no ha cerrado la discusión política.

La posición de la Casa Principesca

En un comunicado oficial, Alois ha defendido que la reforma no era compatible con una protección adecuada de la vida del no nacido, considerado por él un bien jurídico fundamental. Su argumento sitúa el veto en una concepción sustantiva de la protección prenatal, y no únicamente en una objeción al procedimiento parlamentario o a la posibilidad de celebrar un referéndum.

El príncipe también ha expresado disposición a levantar la prohibición de hacer publicidad sobre la interrupción del embarazo y ha respaldado mejoras en la información, el asesoramiento y el apoyo a las mujeres antes, durante y después de la gestación. Esa posición introduce una diferencia entre permitir el aborto y ampliar la asistencia relacionada con el embarazo: la Casa Principesca acepta revisar parte del marco informativo, pero rechaza modificar la prohibición penal que obliga a muchas mujeres a buscar atención fuera del país.

Una excepción limitada y viajes al extranjero

En Liechtenstein, el aborto sigue siendo ilegal salvo cuando el embarazo supone un riesgo grave para la salud de la mujer o cuando es consecuencia de una agresión sexual. La legislación obliga de hecho a quienes desean interrumpir su embarazo a desplazarse principalmente a Suiza o Austria. El acceso transfronterizo funciona así como una salida práctica a la prohibición, aunque depende de la capacidad económica, la información disponible y la posibilidad de organizar un viaje y una atención médica fuera del principado.

Un informe de la Asociación de Derechos Humanos de Liechtenstein publicado en 2025 calcula que unas 40 mujeres viajan cada año a Suiza para abortar. Esta práctica fue legalizada en 2015, pero la organización y la iniciativa ciudadana no pudieron reunir datos equivalentes sobre los desplazamientos a Austria. La ausencia de cifras completas dificulta medir el alcance real de la demanda y deja parcialmente oculto el impacto social de la normativa.

El principado, con unos 40.000 habitantes, se encuentra entre los países europeos con mayores restricciones. Solo Andorra y la Ciudad del Vaticano mantienen una prohibición total, mientras que Malta, Mónaco y Polonia cuentan con regulaciones consideradas similares. La comparación regional refuerza la singularidad de Liechtenstein: la reforma habría reducido el aislamiento legal del país, pero su bloqueo lo mantiene dentro del grupo más restrictivo del continente.

El poder de veto como límite institucional

Alois ejerce la regencia desde 2004, cuando su padre, el príncipe Hans-Adam II, le transfirió sus funciones. El jefe del Estado puede disolver el Parlamento, nombrar jueces y ejercer un veto absoluto sobre las leyes. Esa concentración de atribuciones convive con mecanismos de democracia directa, como las iniciativas populares y los referéndums, una combinación que permite la participación ciudadana pero conserva una instancia monárquica capaz de anular sus efectos legislativos.

El alcance de ese poder fue confirmado en un referéndum celebrado en 2012. La consulta se produjo después de que Alois advirtiera de que vetaría una ley sobre el aborto sometida a votación nacional en 2011, una medida que finalmente no prosperó. La decisión actual es, por tanto, la primera utilización de ese veto durante su regencia, pero no constituye un giro inesperado: durante años, el príncipe había establecido públicamente el límite que ahora ha aplicado.

El bloqueo deja pendiente una cuestión que va más allá del aborto. La iniciativa ha demostrado que existe una demanda social suficiente para revisar una legislación considerada obsoleta por sus promotores, pero también que el sistema permite que una autoridad no elegida directamente en la votación parlamentaria detenga el cambio. El debate sobre los derechos reproductivos queda así unido al debate sobre la distribución del poder en Liechtenstein y sobre el peso efectivo de la voluntad popular en una monarquía con prerrogativas excepcionales.