La política brasileña atraviesa una transformación que no se explica únicamente por la polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva y el bolsonarismo. Detrás de esa disputa existe una modificación profunda del mapa social, territorial y cultural del país: las iglesias evangélicas dejaron de ser una minoría periférica para convertirse en una de las principales redes de organización de los sectores populares. Su influencia no proviene solamente de la capacidad de orientar votos en una elección, sino de una presencia cotidiana que combina asistencia, vínculos comunitarios, circulación de información y construcción de identidades.
Eduardo Sincofsky, consultor y analista político argentino radicado en Brasil desde hace más de dos décadas, sostiene que esa expansión ayuda a entender por qué la derecha brasileña logró establecer puentes más eficaces con amplios sectores populares. Su argumento no reduce el fenómeno a una supuesta manipulación religiosa ni a una adhesión automática de los fieles a los pastores. La clave, según su lectura, es que las iglesias ocupan espacios que el Estado dejó vacantes y ofrecen respuestas concretas allí donde los partidos tradicionales suelen aparecer de manera intermitente.
El dato decisivo no está en el día de la elección
El crecimiento evangélico modificó la estructura de representación política brasileña. De acuerdo con la descripción de Sincofsky, los evangélicos pasaron de constituir una minoría a representar más de una cuarta parte de la población. Esa dimensión demográfica convierte a sus comunidades en un actor electoral de primer orden, pero el dato más importante es organizativo: las iglesias disponen de templos, liderazgos, grupos de base y redes de ayuda que funcionan durante todo el año.
En 2018, Jair Bolsonaro obtuvo alrededor del 69% del voto evangélico. La cifra muestra una afinidad política considerable, aunque no alcanza para explicar por sí sola el vínculo entre ese electorado y el bolsonarismo. La campaña pudo activar una relación ya construida, pero difícilmente habría creado desde cero una confianza sostenida en miles de barrios. La autoridad de un pastor se forma en la experiencia cotidiana: acompañar a una familia, conseguir una oportunidad laboral, prestar ayuda en una crisis o facilitar la integración de una persona que se siente aislada.
Sincofsky menciona el caso de una mujer que vendía tortas caseras y cuyo pastor pidió desde el púlpito que los miembros de la congregación le compraran como gesto de apoyo a una “hermana” de la comunidad. El ejemplo es pequeño, pero políticamente revelador. La iglesia no aparece allí como una institución dedicada exclusivamente al culto, sino como un mercado de confianza y solidaridad. Esa confianza puede extenderse luego a la interpretación de un conflicto político, a la evaluación de un candidato o a la decisión de participar en una movilización.
La primera conclusión es que el voto evangélico no debe analizarse como una bolsa electoral que un candidato puede conquistar mediante mensajes publicitarios. Se trata de una infraestructura social. Quien pretenda disputar ese espacio necesitará comprender sus códigos, sus necesidades económicas y sus mecanismos de pertenencia. Una campaña que aparezca únicamente durante los meses previos a una elección llegará tarde frente a organizaciones que mantienen contacto permanente con sus comunidades.
De la ayuda mutua a la agenda moral
El pasaje de la solidaridad comunitaria a la identificación con la derecha no es automático. Los fieles no votan necesariamente aquello que indica un pastor y, dentro del universo evangélico, conviven posiciones sociales, económicas y políticas diversas. Sin embargo, la proximidad sostenida produce un efecto relevante: quienes acompañan a una persona en momentos de vulnerabilidad adquieren autoridad para interpretar lo que ocurre fuera de la iglesia.
El bolsonarismo comprendió esa dinámica y la combinó con una agenda de costumbres centrada en la defensa de la familia tradicional, la oposición a determinados derechos de las minorías y la denuncia de supuestas amenazas contra los valores religiosos. Su operación política consistió en transformar cuestiones de la vida privada en asuntos de competencia electoral. La sexualidad, la educación, la crianza y la autoridad familiar dejaron de ser debates limitados a ciertos espacios culturales y pasaron a funcionar como marcadores de identidad política.
La llamada “guerra espiritual” lleva esa lógica a un extremo. Cuando una elección se presenta como una confrontación entre el bien y el mal, el adversario deja de ser un competidor con un programa diferente y se convierte en una amenaza moral. Ese encuadre reduce el espacio para la negociación y vuelve más difícil que los votantes cambien de opción en función de resultados económicos o de promesas incumplidas. El desacuerdo político adquiere una intensidad religiosa que puede persistir aun cuando las condiciones materiales se deterioran.
También existe una intervención menos explícita, pero potencialmente más eficaz. Sincofsky cita el uso de un pasaje bíblico sobre los seis días de trabajo y el descanso del séptimo para cuestionar una modificación del régimen laboral de seis días por uno de descanso. Una discusión sobre derechos laborales queda así traducida a una disputa sobre el orden querido por Dios. El mecanismo es importante porque desplaza el debate desde la evidencia sobre salarios, productividad o salud laboral hacia el terreno de la legitimidad moral.
La segunda conclusión es que la derecha no ganó influencia únicamente por defender valores conservadores. Ganó porque consiguió conectar esos valores con una red institucional capaz de hacerlos creíbles en la vida diaria. La prédica sobre la familia, por ejemplo, tiene mayor fuerza cuando es emitida por una comunidad que también ayuda a cuidar a los hijos, a encontrar trabajo o a atravesar una enfermedad. El mensaje político se apoya en una relación social previa.
La izquierda enfrenta un problema de presencia, no solo de discurso
El Partido de los Trabajadores conserva una historia de vínculo con los trabajadores y con los sectores populares, pero esa identidad ya no garantiza por sí misma la continuidad del apoyo. Las identidades políticas, advierte Sincofsky, no son permanentes. Una generación que asoció al PT con la movilidad social o con la ampliación de derechos puede evaluar de manera diferente las oportunidades disponibles para sus hijos, la transformación tecnológica y la estabilidad de sus ingresos.
Brasil posee, frente a Argentina, una mayor estabilidad macroeconómica y consensos más amplios sobre algunas variables económicas. Esa diferencia puede moderar ciertas crisis, pero no elimina la incertidumbre social. La inteligencia artificial, la automatización y la precarización laboral abren preguntas que no se resuelven con la recuperación de indicadores agregados. Los electores quieren saber qué empleos existirán, cómo se formarán sus hijos y de qué manera podrán pasar de la asistencia a una fuente estable de ingresos.
En ese punto aparece una debilidad estratégica del progresismo. Su discurso suele ser más sólido al defender políticas de protección que al imaginar el futuro posterior a esas políticas. Para una familia que depende de un programa social, la asistencia puede ser indispensable, pero también puede convivir con el temor a quedar atrapada en una situación sin movilidad. Cuando la izquierda responde solo con la defensa del Estado presente, deja abierta la pregunta por el Estado que debería construir frente a los cambios tecnológicos y productivos.
El problema se agrava cuando el progresismo observa a los evangélicos únicamente a través de sus posiciones conservadoras. Esa mirada confunde la orientación de algunos liderazgos con la totalidad de las comunidades. Una iglesia puede ser simultáneamente un espacio de defensa de valores tradicionales, una red de ayuda económica, un lugar de socialización y una estructura de participación. Rechazar el conservadurismo no exige ignorar las necesidades concretas de quienes concurren a esos templos.
La tercera conclusión es que disputar el voto evangélico no requiere que la izquierda abandone sus principios ni que imite el lenguaje de la extrema derecha. Requiere una política territorial y social capaz de reconocer la complejidad de esas comunidades. El trabajo, los ingresos, la seguridad, la educación y las redes de cuidado pueden ser puntos de contacto más eficaces que una discusión abstracta sobre identidades ideológicas. La condición es que el diálogo no sea una maniobra electoral ocasional, sino una relación sostenida.
Un electorado diverso, una maquinaria de movilización
La heterogeneidad del mundo evangélico funciona como límite para cualquier lectura determinista. No todos los fieles siguen las instrucciones de sus pastores, y muchos deciden a partir de preocupaciones económicas, laborales o familiares. La existencia de una autoridad religiosa no elimina la autonomía del votante. De hecho, esa autonomía puede aumentar cuando distintas iglesias, denominaciones y liderazgos ofrecen mensajes divergentes.
Pero la diversidad no debe confundirse con debilidad política. En los últimos días de una campaña, las iglesias pueden activar redes de comunicación, distribuir mensajes, convocar actividades y estimular la participación. Esa capacidad de movilización es especialmente valiosa en elecciones polarizadas, donde unos pocos puntos porcentuales pueden definir una segunda vuelta o alterar la composición del Congreso. La estructura no se construye durante la campaña: solo se vuelve visible cuando se pone en movimiento.
La relación entre pastores y candidatos también plantea una controversia institucional. Un apoyo explícito a Flávio Bolsonaro durante una actividad religiosa muestra el grado de exposición pública que algunos liderazgos están dispuestos a asumir. Las intervenciones indirectas son más difíciles de identificar y, precisamente por eso, pueden ser más resistentes al escrutinio. La frontera entre orientación espiritual, opinión personal y propaganda política se vuelve difusa cuando el mensaje se transmite dentro de una comunidad con fuertes lazos de confianza.
Para los pastores, intervenir puede ser presentado como una defensa de valores amenazados y como una forma legítima de participación ciudadana. Para sus críticos, esa influencia corre el riesgo de convertir la autoridad religiosa en un instrumento de disciplinamiento electoral. La disputa no se limita a la libertad de expresión: también involucra la transparencia del financiamiento, el uso de espacios religiosos, la difusión de información falsa y la protección de fieles que pueden sentirse presionados por su comunidad.
El día después de Lula abre una sucesión incierta
La dependencia del liderazgo de Lula constituye otro de los puntos críticos. El presidente combina carisma, popularidad, capacidad de comunicación y una biografía conectada con millones de brasileños. Esa concentración de atributos le permitió sostener una identidad política reconocible durante décadas, pero también dificultó la formación de una sucesión con similar llegada popular.
Fernando Haddad representa una alternativa con preparación técnica y experiencia de gobierno, aunque no posee la misma conexión emocional con los sectores populares. La diferencia no es secundaria. En un escenario polarizado, la política no se decide solo mediante la comparación de programas: también importa quién puede traducir una propuesta en una historia personal creíble. Si el PT no construye nuevos liderazgos, la salida de Lula puede dejar un vacío que el bolsonarismo intentará ocupar mediante figuras familiares, religiosas y territoriales.
El futuro progresista dependerá, en parte, de su capacidad para convertir la administración de Lula en una plataforma de renovación y no en un argumento de nostalgia. Eso exige responder a tres desafíos simultáneos: renovar el lenguaje económico, establecer vínculos duraderos con comunidades que hoy se organizan alrededor de las iglesias y formar dirigentes capaces de representar al partido más allá de su líder histórico.
La disputa que viene será territorial y tecnológica
La expansión de las iglesias evangélicas puede intensificarse en los próximos años si continúan la fragilidad laboral, la demanda de servicios sociales y la pérdida de confianza en las instituciones públicas. A la presencia física de los templos se sumarán grupos de mensajería, transmisiones en línea y redes de comunicación capaces de multiplicar un mensaje en cuestión de horas. La combinación de organización territorial y herramientas digitales puede convertir a las iglesias en actores todavía más importantes para la formación de opinión.
Ese escenario contiene riesgos. La simplificación moral de los conflictos políticos puede agravar la polarización y hacer que cada elección se perciba como una batalla existencial. La circulación de desinformación dentro de redes de alta confianza puede ser más difícil de corregir que una falsedad difundida por un actor externo. También existe el peligro de que los partidos intenten instrumentalizar la asistencia comunitaria, subordinando la ayuda a la lealtad electoral y debilitando la autonomía de las organizaciones religiosas.
El Estado, por su parte, no puede responder a la influencia evangélica descalificando a las iglesias ni delegando en ellas responsabilidades que le corresponden. Cuando las comunidades religiosas sustituyen servicios públicos ausentes, ganan legitimidad, pero también quedan expuestas a tensiones internas, desigualdades de recursos y conflictos de interés. La respuesta democrática debería combinar políticas públicas efectivas, reglas transparentes para la actividad política en espacios religiosos y un diálogo respetuoso con la diversidad de creencias.
La cuestión central no es si los evangélicos votarán a la derecha o si el progresismo podrá conquistar una porción de ese electorado. La pregunta más profunda es quién logrará ofrecer una respuesta convincente a las necesidades de pertenencia, protección y futuro que hoy organizan la vida de millones de brasileños. La derecha encontró una forma eficaz de vincular comunidad, moral y poder. El desafío del progresismo será construir otra forma de presencia: capaz de defender derechos, ampliar oportunidades y reconocer que la política también se decide en los lugares donde las personas encuentran ayuda antes de encontrar al Estado.