La proliferación de farmacias comunitarias gratuitas en Cuba está llenando un vacío que el sistema estatal ya no consigue cubrir de manera regular. En barrios de La Habana, voluntarios reciben medicamentos donados, organizan pedidos mediante WhatsApp o Telegram y distribuyen fármacos a pacientes que no los encuentran en las boticas públicas. La iniciativa dirigida por Laura Mendoza en el Vedado, conocida como “La medicina no se vende”, ilustra una respuesta social de emergencia frente a una crisis que combina falta de materias primas, dificultades logísticas, restricciones financieras y una pérdida acelerada del poder adquisitivo.

El impacto inmediato es concreto. Una persona que necesita cetirizina, furosemida, timolol o un antibiótico puede obtenerlos sin pagar, mientras los hospitales reciben gasas, jeringas o anestésicos que tampoco llegan con regularidad por los canales oficiales. La red también reduce el riesgo de interrupciones terapéuticas, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. Cuando un enfermo no puede desplazarse, los voluntarios acercan la medicación a su casa o al hospital. En un contexto de transporte limitado y escasez de combustible, esa función de distribución adquiere tanta importancia como la donación misma.

Estas redes tienen además un efecto de coordinación que no aparece en las cifras oficiales. Los grupos locales comparten existencias, derivan a los pacientes hacia otros puntos y aprovechan los medicamentos transportados por viajeros o enviados desde el extranjero. Según Mendoza, en La Habana existen alrededor de un centenar de proyectos de este tipo y su organización ya articula varios grupos en la capital y Guanabo. La cooperación con organizaciones humanitarias de Canadá y Estados Unidos, así como con Cáritas, amplía la capacidad de respuesta y muestra que la sociedad cubana está construyendo mecanismos de protección allí donde las instituciones formales han perdido regularidad.

Una red solidaria que contiene el daño, pero no sustituye al sistema

El crecimiento de las farmacias comunitarias puede evitar consecuencias graves en el corto plazo. La falta de un tratamiento para la hipertensión, una infección o una enfermedad ocular no siempre produce un daño visible de inmediato, pero puede derivar en hospitalizaciones, complicaciones permanentes o muertes evitables. Al facilitar el acceso a medicamentos básicos, las redes solidarias funcionan como una barrera frente a esa progresión. También disminuyen la presión sobre familiares que deben recorrer varios establecimientos, intercambiar productos o recurrir a contactos personales para encontrar una caja de comprimidos.

Sin embargo, su alcance depende de donaciones irregulares y de una logística difícil de sostener. La disponibilidad de un fármaco puede variar de una semana a otra, y el hecho de que un medicamento aparezca en una red comunitaria no garantiza que sea el adecuado para cada paciente. Los tratamientos para la diabetes, que requieren conservación en frío, y los productos oncológicos figuran entre los más difíciles de conseguir. En esos casos, la solidaridad puede aliviar una emergencia puntual, pero no asegura continuidad, almacenamiento apropiado ni supervisión clínica.

La dependencia de redes informales también puede generar desigualdades territoriales. Los barrios con mayor conexión digital, más voluntarios o vínculos con viajeros y organizaciones extranjeras tendrán mejores posibilidades de recibir ayuda. Las personas mayores, quienes viven fuera de La Habana o quienes no utilizan teléfonos inteligentes podrían quedar en desventaja. La red comunitaria compensa parcialmente la escasez, pero no necesariamente distribuye los recursos según la gravedad médica de cada caso. Sin criterios comunes de priorización, un paciente con una necesidad urgente puede competir por el mismo producto con otro cuya situación sea menos crítica.

El mercado informal convierte la escasez en una carga económica

La expansión de las iniciativas comunitarias ocurre junto con el crecimiento de un mercado informal que transforma los medicamentos en bienes especulativos. El caso de la hidroclorotiazida muestra la magnitud de la brecha: un blíster que en las farmacias estatales podía costar apenas unos centavos llegó a ofrecerse por hasta 1.000 pesos cubanos. Para una jubilada con una pensión mensual de 3.200 pesos, ese precio equivale a destinar casi un tercio de sus ingresos a una sola compra.

La consecuencia no se limita a la pérdida de capacidad de consumo. Cuando las familias no pueden pagar los precios informales, pueden reducir dosis, espaciar tomas o suspender tratamientos. Esa conducta aumenta el riesgo clínico y, a mediano plazo, puede elevar los costos del sistema sanitario debido a complicaciones que habrían sido prevenibles. La inflación y la depreciación de los ingresos también pueden convertir un medicamento relativamente accesible en un producto prohibitivo sin que cambie su precio nominal.

El mercado paralelo incorpora riesgos adicionales. La presión por conseguir un fármaco favorece la venta de productos vencidos, falsificados, mal conservados o de procedencia desconocida. Un antibiótico adquirido sin orientación profesional puede ser inadecuado para la infección, administrarse durante un tiempo insuficiente o contribuir a la resistencia antimicrobiana. Con los medicamentos controlados, como el clonazepam, el peligro incluye dependencia, interacciones y uso sin seguimiento médico. La urgencia de los pacientes puede reducir su capacidad para verificar el origen y las condiciones del producto.

La apertura de farmacias privadas plantea una solución con límites

La autorización prevista para las farmacias privadas representa un cambio relevante en un modelo donde el Estado mantuvo durante décadas el control casi exclusivo de la distribución. La entrada de emprendedores podría aumentar la oferta, introducir proveedores alternativos y acelerar la llegada de medicamentos que hoy no están disponibles. También puede descargar parte de la presión sobre el presupuesto estatal si las importaciones privadas cubren segmentos que el sistema público no logra abastecer.

El resultado dependerá, no obstante, de reglas que todavía deben probarse en la práctica. La normativa contempla que las importaciones se realicen mediante empresas estatales, que los productos sean registrados por las autoridades y que los establecimientos cumplan requisitos de almacenamiento. Esas condiciones pueden proteger a los pacientes frente a medicamentos inseguros, pero también pueden ralentizar las compras si los trámites son extensos, las instituciones tienen poca capacidad de revisión o los canales autorizados no ofrecen suficientes divisas y transporte.

El precio será el principal punto de tensión. Una farmacia privada puede ampliar la disponibilidad sin resolver el acceso si vende a valores determinados por el costo de importación, el tipo de cambio y la demanda. La apertura podría crear un sistema de dos velocidades: establecimientos públicos con productos subsidiados pero escasos, y establecimientos privados con mayor inventario pero precios inaccesibles para pensionistas y trabajadores con salarios bajos. En ese escenario, la privatización parcial de la oferta no equivaldría a una ampliación universal del derecho a la salud.

También existe el riesgo de concentración. Si unas pocas empresas controlan la importación o la distribución de ciertos fármacos, cualquier problema financiero, regulatorio o logístico puede volver a interrumpir el suministro. La diversificación de proveedores sería positiva, pero solo si se acompaña de transparencia sobre licencias, precios, existencias y trazabilidad. Sin información pública, los pacientes no podrán distinguir entre una escasez real, una demora administrativa y una retención especulativa de productos.

El problema de fondo sigue siendo la capacidad de abastecimiento

La situación descrita por las autoridades y los productores cubanos revela una limitación estructural. El cuadro básico incluye 603 productos, pero el país dispone de poco más de una tercera parte. BioCubafarma informó que no pudo elaborar cerca de 300 de los 395 medicamentos comprometidos debido a la falta de materias primas importadas. A esto se suman los problemas para adquirir envases, transferir fondos, asegurar combustible y trasladar contenedores. Incluso una fábrica con capacidad técnica suficiente puede detenerse si no recibe principios activos, frascos o transporte.

La disputa sobre el origen de las restricciones no elimina sus efectos concretos. El Gobierno cubano atribuye parte importante del deterioro al embargo estadounidense y a las dificultades para operar con bancos y navieras; Washington sostiene una política de sanciones vinculada a sus propias consideraciones sobre el Estado cubano. Para los pacientes, el resultado práctico es una cadena de suministro más costosa e imprevisible. La discusión política puede explicar el contexto, pero no sustituye la necesidad de mecanismos verificables que garanticen medicinas esenciales.

La respuesta más sostenible exigiría combinar varias medidas: fortalecer la producción local de principios activos cuando sea viable, crear reservas estratégicas para tratamientos críticos, mejorar la cadena de frío, transparentar las existencias y establecer criterios nacionales para priorizar a pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o infecciosas. Las farmacias comunitarias podrían integrarse a ese esfuerzo mediante registros simples de inventario y protocolos de seguridad, sin perder su carácter solidario. Las organizaciones privadas, por su parte, necesitarían controles que reduzcan la falsificación sin bloquear las importaciones legítimas.

El futuro de estas redes dependerá de si la apertura económica logra aumentar la oferta sin trasladar por completo el costo a los hogares. Mientras las farmacias comunitarias sigan siendo la principal alternativa para obtener tratamientos básicos, su crecimiento será una señal de solidaridad, pero también de la fragilidad del sistema de abastecimiento. El reto no consiste únicamente en conseguir más medicamentos, sino en asegurar que lleguen de forma continua, segura y asequible a quienes los necesitan, con independencia de su barrio, sus contactos o su capacidad de pagar.