Alberto Núñez Feijóo ha situado la seguridad, el acceso a la vivienda y la gestión de la crisis de Ceuta en el centro de su estrategia para reclamar un cambio político en España. Durante un acto del Partido Popular celebrado en Badalona junto a Alejandro Fernández y Xavier García Albiol, el líder popular ha defendido una mayoría amplia para desalojar al Gobierno de Pedro Sánchez y ha resumido su mensaje en una consigna: “Decencia sí, Sánchez no”.

La propuesta más concreta ha sido la promesa de expulsar a los ocupantes ilegales de una vivienda en un plazo de 48 horas. Feijóo ha reclamado “tolerancia cero” frente a la ocupación y la delincuencia reincidente, y ha encargado a Albiol que encabece en el Congreso la iniciativa legislativa del PP sobre esta materia. La medida se presenta como una respuesta inmediata a una preocupación que el partido vincula con la inseguridad, la pérdida de protección de los propietarios y la dificultad de muchas familias para acceder a una vivienda.

Una promesa rápida para un problema complejo

El plazo de 48 horas funciona políticamente como una señal de firmeza: permite al PP ofrecer una respuesta sencilla y fácilmente identificable ante un asunto que suele generar alarma social. Sin embargo, su aplicación dependería de la regulación concreta, de la situación jurídica de cada inmueble y de la distinción entre los distintos supuestos de ocupación. El discurso de Feijóo no ha detallado esos aspectos, pero sí ha dejado clara la prioridad que pretende otorgar a la protección del ciudadano propietario y a la reducción de la reincidencia delictiva.

El presidente del PP ha contrapuesto esta posición a la gestión del Ejecutivo central. Según su diagnóstico, el Gobierno promete resolver la crisis habitacional mientras mantiene políticas que, a su juicio, han agravado la presión sobre la clase media. También ha criticado la carga fiscal sobre trabajadores y familias y ha afirmado que los españoles no deben pagar más impuestos. La vivienda aparece así conectada con una denuncia más amplia: el encarecimiento de la vida estaría debilitando la capacidad económica de los hogares mientras las instituciones ofrecen respuestas insuficientes.

Ceuta como prueba de autoridad

La crisis de Ceuta ha proporcionado a Feijóo el principal argumento para cuestionar la autoridad y la política exterior del Gobierno. El dirigente popular ha acusado a Sánchez de abandonar a los ciudadanos españoles y ha criticado que, tras una entrada masiva en la frontera, el Ejecutivo agradeciera a Marruecos su colaboración. También ha censurado la respuesta oficial ante la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas españolas, un episodio que Sánchez habría calificado de “hecho puntual”.

Feijóo ha planteado además dudas sobre la relación entre Madrid y Rabat y ha insinuado la existencia de presiones de los servicios de inteligencia marroquíes, aunque en su intervención no ha aportado pruebas que respalden esas afirmaciones. El matiz es relevante: el PP intenta combinar una crítica frontal al Gobierno con la defensa de una relación estable con Marruecos, un país decisivo para la cooperación migratoria y la seguridad del Estrecho. Su fórmula, “buena vecindad y firmeza”, busca presentar esa relación como compatible con una defensa más estricta de los intereses nacionales.

Fronteras, Europa y movilización electoral

La respuesta que propone el PP no se limita a reforzar el control bilateral. Feijóo ha pedido una mayor implicación de la Unión Europea, más medios humanos y tecnológicos en las fronteras y un respaldo reforzado para la Guardia Civil. También ha defendido una reforma de la Ley de Extranjería. Con ello, la inmigración queda integrada en una agenda de seguridad que conecta la gestión de las fronteras con la capacidad del Estado para hacer cumplir sus decisiones dentro y fuera del territorio nacional.

El mensaje tiene una segunda dimensión electoral. Feijóo ha insistido en que Cataluña debe desempeñar un papel determinante en las próximas elecciones generales y ha pedido a sus dirigentes recorrer el territorio para ampliar la base del partido. Su visita a Badalona, gobernada por Albiol, pretende convertir un enclave donde el PP ha construido un discurso centrado en la seguridad y la gestión municipal en una plataforma para proyectar una alternativa nacional.

Los escándalos como argumento de desgaste

El líder popular también ha aprovechado la dimisión de Montse Mínguez como portavoz del PSOE para denunciar una supuesta doble vara de medir dentro del socialismo. Ha cuestionado que algunos dirigentes abandonen sus responsabilidades mientras otros permanecen en sus puestos pese a las polémicas. En ese marco ha mencionado la crisis de Ceuta, el apagón y una presunta suplantación de identidad relacionada con una carta difundida utilizando su nombre, asuntos que ha presentado como síntomas de una sucesión de episodios dañinos para la credibilidad del Gobierno.

La parte final del discurso ha unido la crítica económica y la moral. Feijóo ha defendido las pensiones y la sanidad pública, mientras denunciaba el aumento de los precios, el coste de llenar el depósito, la presión fiscal y la deuda. Sus contrastes —“pensiones, sí; joyas en cajas fuertes, no” y “sanidad pública, sí; vivienda, sí”— buscan trasladar la discusión desde las medidas concretas hacia la confianza en quienes gobiernan. El objetivo es que la suma de inseguridad, malestar económico y controversias políticas se convierta en una demanda de alternancia.

El acto de Badalona muestra así una estrategia basada en agrupar problemas distintos bajo una misma conclusión: el Gobierno habría perdido capacidad de respuesta y autoridad, mientras el PP se ofrece como opción de orden, protección y cambio. La promesa de actuar contra la ocupación en 48 horas aporta un compromiso reconocible; la crisis de Ceuta amplía la acusación al terreno de la soberanía y las fronteras; y la apelación a Cataluña sitúa el resultado electoral como la condición decisiva para hacer posible la alternativa que Feijóo reclama.