La segunda gran jornada de movilizaciones en Francia no ha resuelto el pulso entre el Gobierno, los sindicatos y una ciudadanía cada vez más desconfiada de las instituciones. Lo ha trasladado a un terreno más delicado: el de la legitimidad del orden público. El 24 de octubre, unas 410.000 personas, según el Ministerio del Interior, salieron a la calle frente a las 800.000 estimadas por la CGT, mientras alrededor de 70.000 agentes fueron desplegados en todo el país. La distancia entre ambas cifras no es un detalle estadístico menor. Refleja la batalla política por definir el tamaño real de la protesta y, con ello, su peso democrático.

Las autoridades habían prohibido concentraciones en decenas de ciudades, entre ellas Lyon, Limoges y Rouen, después de los incendios y saqueos registrados durante la jornada del 17 de octubre. El Ejecutivo de Emmanuel Macron autorizó únicamente marchas sindicales y calificó de “no legítimas” otras convocatorias. Sin embargo, las prohibiciones no impidieron que miles de personas se concentraran. En París, más de 100.000 manifestantes recorrieron un itinerario alternativo entre la Puerta de Italia y la Puerta de Vincennes, mientras la plaza de la Bastilla quedaba blindada por la policía. En Marsella, una marcha autorizada a última hora terminó también con barricadas, lanzamiento de piedras y cargas policiales.

El dato decisivo no es la multitud, sino el desacuerdo sobre quién tiene derecho a ocupar la calle

La secuencia de acontecimientos muestra una paradoja. El Estado ha reforzado de forma extraordinaria su capacidad de control, pero no ha conseguido recuperar el control político del relato. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió que las prohibiciones y los controles preventivos produjeron una “evolución significativa” respecto al 17 de octubre. La manifestación de París, admitió, transcurrió con calma durante buena parte de su recorrido. Pero la imagen final volvió a estar dominada por gases lacrimógenos, grupos de jóvenes vestidos de negro, enfrentamientos y casi 1.000 detenciones en el conjunto del país.

El Gobierno interpreta ese balance desde la lógica de la contención: si hubo menos desorden que una semana antes, la estrategia funcionó. Sus críticos lo interpretan desde la lógica de la legitimidad: si una movilización masiva fue inicialmente prohibida y después se desarrolló bajo una fuerte presencia policial, el Estado está convirtiendo un conflicto social en un problema de seguridad. Ambas lecturas pueden ser parcialmente ciertas, pero la segunda encierra un riesgo mayor. Una mejora operativa en el control de las calles no equivale necesariamente a una mejora política. La reducción temporal de los disturbios puede coexistir con un aumento del resentimiento.

El grito “Todo el mundo odia a la Policía” y las consignas “Vosotros nos reprimís, nosotros resistimos” expresan una ruptura que va más allá del enfrentamiento entre manifestantes radicales y antidisturbios. No significa que toda la población comparta el rechazo a los agentes, pero sí que una parte visible de la protesta ha incorporado la hostilidad hacia la policía como elemento de identidad colectiva. Cuando la policía deja de ser percibida únicamente como garante de la seguridad y pasa a representar al poder que limita el derecho de reunión, cada intervención puede alimentar la siguiente movilización.

La prohibición preventiva está desplazando el conflicto, no eliminándolo

La primera idea que emerge de esta jornada es que la prohibición generalizada puede ser eficaz para proteger puntos concretos, pero menos útil para desactivar un movimiento extendido. El cierre de estaciones de metro, el cerrojazo del centro de París, el bloqueo de los accesos al Elíseo y la clausura del Louvre redujeron la movilidad y protegieron zonas estratégicas. No obstante, también transformaron la ciudad en un espacio de restricciones visibles. Para muchos participantes, ese paisaje urbano confirmó que el Gobierno respondía a la protesta con excepcionalidad antes incluso de que se produjera un delito.

La experiencia de Limoges y Lyon refuerza esa conclusión. En la primera ciudad, el incendio que destruyó el Ayuntamiento una semana antes llevó a las autoridades a prohibir concentraciones. En Lyon ocurrió algo similar después del incendio provocado de una oficina de turismo. Pese a ello, se produjeron concentraciones no autorizadas. La secuencia sugiere que el riesgo de violencia no desaparece cuando se prohíbe una marcha; puede trasladarse a espacios menos previsibles, fragmentarse en grupos pequeños y dificultar todavía más la labor policial.

El problema no es que las autoridades carezcan de motivos para proteger edificios públicos o comercios. Los antecedentes son graves: el 17 de octubre se registraron más de 2.000 detenciones, unos 3.000 establecimientos saqueados y cerca de un millar de heridos, en su mayoría agentes. En otra referencia aportada por las autoridades, el fin de semana anterior había dejado 100 detenidos y 500 comercios saqueados. Estas cifras justifican una respuesta de seguridad. Pero una medida excepcional necesita una explicación proporcional, criterios transparentes y una duración limitada. Si las restricciones se perciben como una forma de impedir la expresión política de la mayoría, aumentan las posibilidades de que ciudadanos inicialmente moderados se sumen al desafío.

La diferencia entre una manifestación sindical autorizada y una concentración espontánea también está adquiriendo una dimensión política. El Gobierno intenta separar la protesta legítima de la violencia organizada. La calle, en cambio, puede entender esa distinción como un mecanismo para reconocer solo a los interlocutores tradicionales y excluir a estudiantes, trabajadores sin afiliación, jubilados y colectivos que no se sienten representados por las estructuras sindicales. Sarah Auvray, estudiante de 21 años, explicó que decidió volver después de haber inhalado gases lacrimógenos la semana anterior. Su testimonio ilustra cómo la intervención policial puede convertir el coste personal de protestar en una prueba de compromiso.

Macron se enfrenta a una ecuación política con pocas salidas sencillas

Jean-Luc Mélenchon acusó al poder de buscar una escalada para sofocar el derecho de manifestación y anunció que La Francia Insumisa seguirá convocando movilizaciones semanales. Su posición aprovecha una contradicción real: el Gobierno afirma reconocer la legitimidad de determinadas reivindicaciones, pero al mismo tiempo limita las formas mediante las que esas reivindicaciones pueden expresarse. Si las demandas son legítimas, se preguntan los opositores, ¿por qué la respuesta inicial consiste en prohibir concentraciones en varias ciudades?

La respuesta oficial se apoya en la responsabilidad de proteger a la población y prevenir nuevos saqueos. El Gobierno no puede ignorar el impacto sobre residentes, comerciantes, empleados municipales o agentes que han resultado heridos. Tampoco puede permitir que grupos violentos utilicen una protesta amplia como cobertura para incendiar edificios o atacar a la policía. La cuestión es que la seguridad no se sostiene únicamente con efectivos. También depende de que una parte suficiente de la sociedad considere imparcial a quien aplica la fuerza.

La jornada del 24 de octubre muestra que esa reserva de confianza se está agotando. La presencia del doble de policías en Marsella, junto con el despliegue de militares de la operación Sentinelle, transmitió capacidad de respuesta, pero también la gravedad de una situación que el Estado ya trata como una amenaza excepcional. En un escenario así, cualquier error táctico puede producir un efecto político desproporcionado: una detención arbitraria, una lesión grave o una carga mal gestionada puede convertirse en el símbolo que reactive la protesta nacional.

El caso de Toulouse, donde un manifestante perdió varios dedos de una mano, añade una dimensión especialmente sensible. La información disponible no permite atribuir responsabilidades, pero sí muestra el nivel de peligro alcanzado. En Niza, los enfrentamientos entre grupos de ultraizquierda y ultraderecha dejaron 61 detenidos. La coexistencia de violencia política de signos opuestos complica la respuesta: ya no se trata solo de contener a un bloque de manifestantes, sino de impedir que distintas corrientes radicalizadas utilicen las concentraciones para enfrentarse entre sí.

La economía urbana paga el precio de una crisis que ya no es solo institucional

Los comercios y las instituciones culturales se encuentran entre los sectores más expuestos. El cierre del Louvre y de decenas de establecimientos en París protegió bienes y personas durante unas horas, pero también interrumpió actividades económicas, redujo el flujo turístico y trasladó costes a trabajadores que no participan en el conflicto. Los saqueos del 17 de octubre dejaron una referencia de 3.000 tiendas afectadas, una cifra suficiente para alterar la actividad de barrios enteros y elevar las primas de seguros, los gastos de seguridad privada y la incertidumbre sobre los horarios de apertura.

La repercusión no se limita a los daños materiales. Cuando los comerciantes cierran preventivamente, las ciudades pierden servicios, empleo temporal y confianza. Los pequeños negocios son los más vulnerables porque disponen de menos capacidad para instalar protecciones, asumir jornadas sin ingresos o reponer mercancía. Al mismo tiempo, una política de cierres recurrentes puede perjudicar a las zonas céntricas incluso cuando no se producen disturbios. El temor termina generando una economía de precaución: menos clientes, menos transporte disponible y más recursos dedicados a evitar pérdidas.

La policía también afronta un impacto sectorial. Miles de agentes trabajan durante jornadas prolongadas, en condiciones de elevada tensión y bajo escrutinio público. Nuñez ha presentado los controles preventivos como un factor de mejora, pero esa estrategia requiere más personal, equipamiento y capacidad judicial para procesar detenciones. Si la cifra de arrestos se aproxima al millar sin una respuesta clara sobre cuántos casos terminan en condena, el sistema puede saturarse y alimentar la percepción de que las detenciones son masivas pero poco selectivas.

El coste humano es igualmente relevante. La noticia indica que la mayoría de los heridos del 17 de octubre fueron policías, mientras que en Toulouse un manifestante sufrió una lesión grave. Un modelo de orden público basado en el choque repetido puede normalizar que ambos bandos asuman daños como parte inevitable de la protesta. Esa normalización es peligrosa: reduce el umbral de violencia, endurece las identidades enfrentadas y hace más difícil que las autoridades distingan entre protesta legítima, vandalismo y agresión organizada.

Del conflicto callejero a una prueba de gobernabilidad

La segunda gran movilización introduce tres escenarios posibles. El primero es una estabilización parcial. Las prohibiciones, el despliegue preventivo y la presión judicial podrían reducir el número de disturbios durante las próximas jornadas. En ese caso, el Gobierno presentaría la estrategia como una recuperación gradual del orden. Sin embargo, la calma sería frágil si no viene acompañada de negociaciones políticas visibles y de una revisión clara de las restricciones.

El segundo escenario es una radicalización por acumulación. Las protestas semanales anunciadas por Mélenchon pueden convertir cada intervención policial en un nuevo punto de movilización. La presencia de grupos violentos al final de las marchas, los saqueos y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ofrecerían al Ejecutivo argumentos para endurecer las medidas. Ese endurecimiento, a su vez, podría ampliar la base de quienes consideran que el Gobierno ha dejado de escuchar. La espiral no necesita que la mayoría sea violenta; basta con que una minoría provoque incidentes y que la respuesta estatal afecte a todos.

El tercer escenario combina movilización y fragmentación. Las marchas sindicales continuarían, pero crecerían las concentraciones espontáneas de estudiantes, jóvenes desempleados, trabajadores no afiliados y grupos políticos radicales. Esta dispersión complicaría la negociación y haría más difícil identificar interlocutores. También elevaría el riesgo de enfrentamientos entre ultraizquierda y ultraderecha, como los registrados en Niza, y de ataques contra edificios públicos o comercios que no tienen relación directa con las reivindicaciones.

La salida más estable exige separar con precisión tres planos: la protesta política, la violencia contra personas o bienes y el uso de la fuerza por parte del Estado. Si el Gobierno confunde movilización masiva con amenaza criminal, perderá legitimidad entre quienes todavía aceptan las instituciones. Si los convocantes presentan cualquier actuación policial como represión y no condenan de forma inequívoca los saqueos o los ataques, dejarán el terreno libre a quienes quieren convertir la protesta en una batalla permanente.

Francia no se encuentra únicamente ante un problema de seguridad pública. Está ante una disputa sobre quién define los límites de la democracia en momentos de crisis: el Ejecutivo que regula el espacio público, los sindicatos que reivindican la capacidad de convocatoria, los partidos de oposición que buscan capitalizar el descontento, los comerciantes que reclaman protección y una ciudadanía que considera la calle su último canal de presión. La dureza del despliegue puede contener una jornada; difícilmente resolverá por sí sola la desconfianza que la ha producido. Mientras las autoridades midan el éxito por el número de disturbios evitados y la oposición lo mida por la capacidad de volver a ocupar las calles, el conflicto seguirá desplazándose entre la seguridad, la política y la legitimidad.