La amputación de la mano de un estudiante de 15 años en Lens, tras la explosión de una granada aturdidora frente a su instituto, ha convertido una discusión recurrente sobre el orden público francés en una crisis política de primer nivel. El caso no aparece aislado: en las semanas anteriores, un alumno de 16 años perdió un ojo durante el bloqueo de un centro en Tours; otro adolescente sufrió daños parciales en la visión por el impacto de un proyectil LBD en Argenteuil; y un estudiante de 14 años resultó gravemente herido en la mandíbula por un lanzagranadas policial Cougar.

La sucesión de lesiones graves no solo plantea si determinados agentes actuaron conforme a los protocolos. Obliga a examinar una cuestión más profunda: qué modelo de gestión de las protestas está aplicando Francia cuando movilizaciones protagonizadas por menores reciben una respuesta diseñada, en buena medida, para escenarios de confrontación intensa. La investigación abierta por la denuncia de la familia de Lens deberá establecer responsabilidades concretas, pero el problema institucional excede un incidente individual.

La cronología revela algo más que una cadena de accidentes

Desde el 1 de octubre, las protestas estudiantiles han acumulado episodios con consecuencias físicas irreversibles. En Lens, la víctima perdió la mano después de que una granada estallara durante una protesta ante su instituto. Tres días antes, en Tours, otro estudiante perdió un ojo. En Argenteuil, el impacto de una bala de goma LBD redujo parcialmente la visión de un alumno de 16 años. En otro centro, un adolescente de 14 años recibió en la cara el impacto de un lanzagranadas Cougar, una de las armas empleadas por las fuerzas antidisturbios para dispersar concentraciones.

La respuesta política también ha sido contradictoria. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció inicialmente la suspensión de este tipo de armamento en el marco del movimiento estudiantil, pero posteriormente autorizó su uso en las protestas del 17 de octubre. Ese cambio no es un detalle administrativo: transmite a los agentes, a los manifestantes y a los tribunales una señal de incertidumbre sobre el umbral de fuerza aceptable.

En aquella jornada, un joven de 17 años perdió la mano derecha por la explosión de una granada en Saint-Étienne. Otros dos, también de 17 años, perdieron la visión de un ojo en Mulhouse y Dijon, según el relato de la información publicada. El balance se produce en un contexto de movilizaciones contra los recortes presupuestarios, con cientos de centros afectados y unos 5.000 arrestos acumulados tras varias semanas de protestas. Las cifras de detenciones muestran la dimensión del conflicto, pero no permiten por sí solas valorar la proporcionalidad de la respuesta: detener a miles de personas puede reflejar una alteración real del orden, una estrategia de disuasión masiva o ambas cosas a la vez.

La convocatoria del 24 de octubre ha llevado al Gobierno a anunciar un despliegue excepcional con unidades como la RAID, la Brigada de Investigación e Intervención, el GIGN y vehículos blindados Centaure. La utilización de cuerpos preparados para situaciones extremas de contraterrorismo, rescate de rehenes o intervención armada confirma que las autoridades perciben una amenaza elevada. También puede agravar el problema si la presencia de unidades no especializadas en la gestión cotidiana de multitudes incrementa la distancia entre las reglas de empleo y las condiciones reales de una protesta escolar.

El debate no es entre armas letales y armas inocuas

La expresión “armas no letales” induce a una falsa sensación de seguridad. El LBD-40, las granadas de efecto lacrimógeno y sonoro o los dispositivos de dispersión no están concebidos para causar la muerte, pero sí pueden producir amputaciones, lesiones craneales, pérdida de visión y daños auditivos permanentes. La diferencia jurídica y operativa entre “no letal” y “menos letal” es esencial: el riesgo no desaparece porque el diseño del arma excluya, en teoría, la intención de matar.

Anja Bienert, del Programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, sostiene que la prohibición del LBD-40 se justifica por la falta de precisión de sus proyectiles y por la insuficiente formación y supervisión de los agentes que los utilizan. La observación apunta a una cadena de riesgo completa. No basta con que el proyectil tenga una energía limitada; también importa quién dispara, desde qué distancia, contra qué parte del cuerpo, en qué dirección y con qué capacidad de identificar al objetivo.

Las granadas GM2L, sucesoras de las GLI-F4, presentan una complejidad adicional porque combinan gas lacrimógeno, detonación, fragmentos, ruido intenso y destello luminoso. Cada efecto, considerado por separado, puede pretender facilitar la dispersión. Juntos pueden producir el resultado contrario. El gas obliga a moverse, mientras que la detonación puede dejar a la persona aturdida, desorientada o temporalmente incapacitada para escapar. Si el agente químico alcanza a una multitud atrapada por barreras, edificios o cordones policiales, la herramienta de dispersión se convierte en un mecanismo de confinamiento físico.

Esta es la primera conclusión relevante: el riesgo no depende únicamente de la potencia del artefacto, sino de la interacción entre el arma y el espacio urbano. Una granada lanzada en una plaza abierta no genera las mismas consecuencias que una empleada junto a la entrada de un instituto, una calle estrecha o una concentración comprimida por líneas policiales. Las reglas de uso deberían incorporar densidad, rutas de salida, presencia de menores, visibilidad y posibilidad de identificar individualmente a quienes representan una amenaza. Si esos factores no están documentados y auditados, la proporcionalidad queda reducida a una valoración subjetiva realizada en segundos.

De la contención al contacto directo

El abogado Arié Alimi, de la Liga de Derechos Humanos, describe un cambio en la doctrina de mantenimiento del orden: durante años, la prioridad habría sido mantener separadas a la policía y a la multitud para evitar el contacto; desde hace aproximadamente quince años, la intervención parece orientarse más hacia el contacto directo con los manifestantes. La hipótesis encaja con la experiencia de Jérôme Rodrigues, que perdió el ojo derecho en 2019 durante una protesta de los chalecos amarillos mientras sostenía un bocadillo en una mano y un teléfono en la otra.

El caso de Rodrigues es importante porque permite observar el problema en tres niveles. Primero, el impacto físico de un arma presentada como herramienta de control. Segundo, la dificultad de determinar responsabilidades cuando existen vídeos, testimonios contradictorios y una cadena de mando extensa. Tercero, la lentitud judicial: el agente que disparó aún no ha sido condenado y el juicio está previsto para junio de 2027. La indemnización inicial de 30.000 euros, según el afectado, no compensa los ingresos perdidos ni la alteración permanente de su vida.

Los datos presentados en la Asamblea Nacional señalan que 32 manifestantes perdieron un ojo durante las protestas de los chalecos amarillos de 2018 y 2019. Un estudio del sociólogo Matthijs Gardenier, de la Universidad de Montpellier Paul-Valéry, contabilizó además miles de heridos y seis personas que perdieron una mano. Aunque cada episodio requiere una investigación específica, la repetición de daños similares debilita la explicación basada exclusivamente en errores excepcionales.

La segunda conclusión es que la disponibilidad de estas armas modifica la conducta institucional. Cuando un dispositivo policial dispone de medios capaces de incapacitar a distancia, puede aumentar la tentación de resolver rápidamente una situación ambigua mediante un disparo o una detonación. La herramienta no crea por sí sola una política de confrontación, pero amplía las opciones de escalada y reduce el incentivo para invertir en diálogo, negociación, corredores de salida y retirada táctica. Cuanto más frecuente es el recurso a la fuerza, más difícil resulta distinguir entre una emergencia genuina y una forma rutinaria de administrar el descontento.

La fragmentación de las unidades agrava la responsabilidad

La policía francesa no actúa como un bloque homogéneo. Tradicionalmente, las operaciones de orden público correspondían principalmente a los CRS y a los gendarmes móviles, unidades con entrenamiento específico para controlar concentraciones. Desde el movimiento de los chalecos amarillos, según Alimi y Rodrigues, han participado también unidades como la Brigada Anticriminalidad, las Fuerzas de Seguridad e Intervención y las brigadas motorizadas BRAV-M.

La incorporación de cuerpos formados para perseguir delitos, intervenir en incidentes rápidos o responder a amenazas concretas puede aportar movilidad y capacidad de reacción. Pero también introduce una vulnerabilidad: el mantenimiento del orden público exige competencias distintas de las necesarias para detener a un sospechoso o neutralizar una agresión individual. En una multitud, la identificación del riesgo es más incierta, las consecuencias de un error se multiplican y la comunicación con los participantes resulta decisiva.

Si la cadena de mando no determina con precisión qué unidad puede emplear cada arma, quién autoriza el disparo, cómo se registra la decisión y qué revisión independiente se realiza después, la responsabilidad se diluye. El resultado es una zona gris en la que el agente puede alegar presión operativa, el mando puede invocar una actuación individual y la víctima queda obligada a reconstruir los hechos mediante vídeos de terceros.

La experiencia de Rémi Fraisse, el joven ecologista de 21 años muerto en 2014 durante una protesta contra la presa de Sivens por una granada OF-F1 que contenía explosivo, permanece como antecedente central. Aunque desde entonces ese tipo de granada fue prohibido, el episodio demuestra que la sustitución formal de un modelo por otro no resuelve el problema si se mantiene una cultura operativa que acepta artefactos con efectos explosivos en entornos civiles.

Menores en la línea de fuego y coste social

La presencia de estudiantes cambia la evaluación jurídica y política del riesgo. No elimina la obligación de las autoridades de proteger a agentes, transeúntes y bienes públicos, pero eleva el deber de precaución. Un instituto no es una zona de guerra, aunque el bloqueo de un acceso pueda generar tensiones, daños materiales o enfrentamientos. La respuesta debe distinguir entre una protesta desobediente, una agresión concreta y una amenaza grave e inmediata.

Las lesiones descritas afectan además a una generación que ya experimenta una relación frágil con las instituciones. Un adolescente que pierde una mano o un ojo durante una protesta no solo se convierte en víctima de un daño físico. Puede afrontar discapacidad permanente, interrupción educativa, dependencia económica, trauma psicológico y desconfianza hacia la policía, la justicia y el Estado. El coste se extiende a las familias, al sistema sanitario, a las escuelas y a los seguros sociales.

Para los sindicatos estudiantiles y los colectivos que denuncian aulas deterioradas, falta de personal y recortes, la respuesta policial puede confirmar que las demandas sociales reciben más recursos coercitivos que presupuestarios. Para el Gobierno, en cambio, los bloqueos y los disturbios amenazan la continuidad de los servicios y requieren restablecer el acceso a los centros. Esa controversia no puede resolverse presentando a una de las partes como completamente pacífica o completamente violenta. La pregunta decisiva es qué medios se emplean ante cada conducta y si el nivel de fuerza se justifica por el riesgo concreto, no por la hostilidad política que provoque la movilización.

La próxima fase será judicial, política y tecnológica

En el corto plazo, es previsible que las investigaciones de la IGPN y las denuncias de las familias concentren la atención en la trazabilidad de cada disparo o explosión: número de serie, agente responsable, distancia, ángulo, advertencias previas, imágenes de cámaras y atención médica posterior. Esos elementos determinarán si hubo incumplimiento de protocolos, defecto de supervisión o una autorización política incompatible con los principios de necesidad y proporcionalidad.

También aumentará la presión para modificar el arsenal. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa llevan desde 2019 reclamando la suspensión del LBD-40 y de las granadas GLI-F4. El debate se ha ampliado a las GM2L, lo que hace probable que el Gobierno intente una solución intermedia: limitar su empleo, reforzar la formación y aprobar nuevas instrucciones, sin aceptar una prohibición general. Esa salida podría reducir la presión inmediata, pero sería insuficiente si no incluye datos públicos sobre usos, lesiones, sanciones y resultados de las investigaciones.

La tercera conclusión es que la transparencia se ha convertido en una condición de eficacia policial, no únicamente en una exigencia de derechos humanos. Sin información verificable, cada incidente alimenta narrativas incompatibles: para las fuerzas de seguridad, la protesta es una amenaza que exige firmeza; para las víctimas, la policía utiliza armas mutilantes contra personas que no suponían un peligro inmediato. La falta de registros accesibles impide medir qué estrategia reduce realmente la violencia y cuál solo desplaza el conflicto hacia futuras movilizaciones.

A medio plazo, Francia tendrá que escoger entre consolidar una doctrina de disuasión basada en el temor a la intervención o invertir en una gestión que privilegie la distancia, la comunicación y la desescalada. La primera puede producir una disminución puntual de las concentraciones, pero acumula costes: lesiones irreversibles, litigios, indemnizaciones, pérdida de legitimidad y radicalización de sectores juveniles. La segunda exige más tiempo, personal y coordinación, pero reduce la probabilidad de que un incidente local se transforme en una crisis nacional.

El riesgo más inmediato es que el despliegue excepcional anunciado para las próximas manifestaciones genere una dinámica de profecía cumplida: la llegada de unidades de élite y blindados puede elevar la percepción de amenaza, endurecer la conducta de algunos grupos y justificar después una respuesta todavía más intensa. El segundo riesgo es jurídico: si los tribunales concluyen que las armas se utilizaron de forma indiscriminada o sin supervisión suficiente, el Estado podría afrontar nuevas condenas y reclamaciones. El tercero es social: cuando los menores pierden la visión o una extremidad durante una protesta, el daño deja de ser un episodio de orden público y se convierte en memoria política.

La cuestión central para Francia ya no es si las granadas y los proyectiles LBD son técnicamente “no letales”. Es si un Estado democrático puede considerar aceptable que herramientas con capacidad de amputar se utilicen de manera recurrente en protestas donde participan adolescentes, especialmente cuando existen alternativas de contención y cuando la propia secuencia de incidentes revela fallos repetidos. La respuesta definirá tanto la protección de los manifestantes como el futuro de la legitimidad policial.