Francia volvió a vivir este sábado una jornada de movilizaciones marcada por la tensión entre el derecho a protestar y la estrategia de seguridad desplegada por el Gobierno. Convocadas por los chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles, las marchas reunieron a unas 110.000 personas solo en París, según la policía, mientras que las autoridades informaron de 135 detenidos en todo el país. Aunque el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que hasta la una de la tarde no se habían producido incidentes importantes, varios episodios confirmaron que el equilibrio sigue siendo frágil.

135 detenciones y un dispositivo policial sin precedentes

El primer dato que define la jornada es la magnitud de la respuesta estatal. Unos 70.000 agentes, unidades policiales de élite, soldados de la misión Sentinelle, vehículos blindados de la Gendarmería y helicópteros fueron movilizados para impedir que las protestas derivaran en nuevos disturbios. El despliegue refleja la preocupación del Ejecutivo por evitar la repetición de los desórdenes de la semana anterior, cuando entre 550.000 y 800.000 personas salieron a las calles y numerosos comercios resultaron afectados.

La intervención policial no fue uniforme, pero sí constante. En Lyon, las fuerzas de seguridad utilizaron granadas de gases lacrimógenos para dispersar a unas 150 personas que intentaban bloquear el tráfico en una zona donde se había prohibido la concentración. En Niza, la policía desalojó una plaza mediante cañones de agua, mientras que en París impidió que grupos de manifestantes accedieran a la autopista de circunvalación. En Lille, Toulouse, Montpellier y Nantes también se registraron incidentes, aunque sin que las autoridades describieran un deterioro generalizado de la situación.

El conflicto ya no se limita al precio de la vida

Las reivindicaciones económicas siguen siendo centrales, pero la disputa ha adquirido una dimensión institucional. Las marchas autorizadas en París, Marsella y Lyon reclamaban medidas contra el encarecimiento de la vida y mejores condiciones para los estudiantes de los liceos, movilizados desde finales de septiembre. Sin embargo, el cambio de recorrido impuesto en la capital, que desplazó la salida desde la simbólica plaza de la Bastilla hacia una zona periférica cercana a la autopista, convirtió la autorización administrativa en uno de los principales motivos de protesta.

“¿En qué país estamos, donde el poder decide quién puede manifestarse y dónde?”, cuestionó Ryad Rani, dirigente de la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo. En las calles de París se escucharon consignas contra Emmanuel Macron y contra la policía, mientras algunas pancartas acusaban al presidente de haber defraudado las expectativas ciudadanas. Para muchos participantes, la controversia no se reduce a una ruta modificada: plantea quién define los límites de la protesta y bajo qué criterios se considera legítimo a un convocante.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió a los países europeos afectados por movilizaciones, entre ellos Francia, que respeten el derecho de reunión y prioricen la desescalada en sus operaciones policiales. Su advertencia introduce un elemento de presión internacional en un momento en que el Gobierno defiende las restricciones como una herramienta necesaria para preservar el orden público.

Una línea de seguridad trazada contra los disturbios

Las autoridades atribuyen la violencia de la semana pasada a “grupúsculos de ultraizquierda”, incluidos antifascistas, anarquistas y anarco-autónomos, a los que se habrían sumado jóvenes de suburbios urbanos implicados en saqueos. Durante esta jornada se incautaron bolas de metal, fuegos artificiales y una katana, objetos que, según el Ministerio del Interior, justifican la vigilancia reforzada y la intervención preventiva.

Desde el lunes, el Gobierno ha impuesto toques de queda nocturnos en barrios de grandes ciudades y ha prohibido determinadas manifestaciones, con excepciones para convocatorias de actores considerados “legítimos”, como los sindicatos. Esa distinción pretende separar la protesta social organizada de las acciones que las autoridades consideran violentas, pero también alimenta la percepción de que el Ejecutivo está seleccionando qué expresiones de descontento pueden ocupar el espacio público.

En Orleans, donde coincidieron el congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen, y una marcha antifascista, la vigilancia fue especialmente intensa. Al menos 11.000 personas se manifestaron contra el partido, pero la protesta transcurrió sin incidentes. El contraste entre la elevada presencia policial y el desarrollo pacífico de la marcha muestra que el despliegue logró contener algunos riesgos, aunque no resuelve las causas políticas que los originan.

Macron enfrenta una crisis que se prolonga más allá de su mandato

El presidente Macron abandonará el poder en mayo, pero la crisis social que atraviesa sus últimos meses de Gobierno puede condicionar el escenario político posterior. Los chalecos amarillos, un movimiento que ya puso en jaque su primer mandato en 2018 y 2019, anunciaron una nueva movilización para dentro de siete días bajo la denuncia de una “deriva autoritaria”. La continuidad de las protestas indica que el descontento no depende únicamente de una medida concreta, sino de una acumulación de agravios económicos, educativos y políticos.

La tensión se vio agravada por el atentado racista calificado de terrorista por Macron, perpetrado el viernes cerca de París y con un saldo de un muerto y cinco heridos. A ello se sumaron el cierre excepcional de los museos del Louvre, Orsay y Picasso y de la Ópera de París, así como la protección de edificios estratégicos como el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional. Muchos comerciantes instalaron tablones en sus vitrinas después de que casi 3.000 negocios resultaran afectados el sábado anterior.

En medio de este escenario, Moody’s mantuvo la calificación de la deuda soberana francesa, al considerar probable la aprobación del presupuesto de 2027 y una moderación de las tensiones sociales en los próximos meses. La evaluación financiera ofrece un respaldo limitado al Gobierno, pero no elimina el problema político: mientras las autoridades buscan demostrar control, las calles siguen cuestionando la legitimidad y el alcance de ese control.