La crisis que atraviesa Francia ya no puede describirse únicamente como una nueva oleada de disturbios sociales. Las protestas del sábado y el domingo, la destrucción de infraestructuras públicas y la convocatoria de una nueva movilización para el próximo fin de semana han expuesto algo más profundo: el deterioro simultáneo de la autoridad del Estado, de la legitimidad presidencial y de la capacidad del Gobierno para construir una mayoría política estable. Emmanuel Macron conserva formalmente el cargo, pero su margen real de maniobra se ha reducido hasta el punto de que un miembro de su propio Ejecutivo lo comparó, según Le Parisien, con “el pato que sigue corriendo después de que le hayan cortado la cabeza”.

La imagen es brutal, pero describe una dificultad concreta. Al presidente le quedan poco más de seis meses en el Elíseo y afronta una sucesión de crisis sin una base parlamentaria suficiente, sin una relación sólida con buena parte de la sociedad y con una oposición de extrema derecha que aparece como favorita en los primeros sondeos posteriores a los comicios. La cuestión central ya no es si Macron puede recuperar la popularidad perdida, sino si puede ejercer autoridad efectiva durante el tramo final de su mandato y evitar que la transición política se convierta en un vacío de poder.

La protesta es social, pero también es una impugnación del poder

Los disturbios tienen causas materiales evidentes. El deterioro de las infraestructuras educativas, el encarecimiento de la vida, la desesperanza juvenil y la percepción de abandono de numerosos territorios forman parte del malestar acumulado. A ello se añade una crisis del principio de autoridad que afecta a profesores, policías, bomberos y personal sanitario, todos ellos convertidos en objetivos frecuentes de agresiones. No se trata solamente de una disputa sobre salarios o servicios públicos: es una señal de que determinados sectores de la población ya no reconocen al Estado como un árbitro legítimo capaz de proteger, ordenar y garantizar derechos básicos.

En Francia, sin embargo, la dimensión política es especialmente intensa. La exigencia de dimisión del presidente aparece en muchas marchas porque Macron se ha convertido en el punto de condensación de frustraciones muy distintas. Para una parte de los manifestantes, su victoria electoral no representó un apoyo directo a su proyecto, sino un voto prestado para impedir el triunfo de Marine Le Pen. Esa diferencia entre la legitimidad jurídica y la legitimidad social ha acompañado a Macron desde el inicio de su presidencia y se hizo visible durante la revuelta de los chalecos amarillos, iniciada en noviembre de 2018.

El sistema electoral francés a dos vueltas permite construir mayorías presidenciales muy amplias, pero no siempre produce un consenso político equivalente. Cuando la alternativa es la extrema derecha, millones de electores pueden votar por un candidato para cerrar el paso a su rival, sin compartir su programa ni aceptar su estilo de gobierno. El resultado es una presidencia con una mayoría aritmética contundente y una base política real mucho más estrecha. El fenómeno ya había quedado patente en 2002, cuando Jacques Chirac derrotó a Jean-Marie Le Pen con una ventaja extraordinaria. En 2022, la reelección de Macron repitió esa lógica, aunque con una distancia menor y con un desgaste más visible.

El error de 2024 convirtió una debilidad electoral en bloqueo institucional

La decisión de disolver la Asamblea Nacional después de la debacle de los macronistas en las elecciones europeas de 2024 debía servir, en teoría, para aclarar la relación de fuerzas. Produjo el efecto contrario. La extrema derecha avanzó, la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular quedó en primer lugar en escaños y el bloque presidencial solo pudo conservar una posición de segundo nivel. Ninguna fuerza obtuvo mayoría y el presidente quedó obligado a gobernar mediante acuerdos inestables.

El problema no fue únicamente la aritmética parlamentaria. La negativa de Macron a nombrar a un primer ministro procedente de la izquierda, pese a que el Nuevo Frente Popular reclamaba ese derecho político, reforzó la percepción de que el presidente utilizaba las instituciones para proteger su propio bloque. La posterior elección de una alianza entre el centro y la derecha, también minoritaria, fue interpretada por sus adversarios como una decisión de supervivencia partidista más que como una salida de Estado. Los gobiernos breves de Michel Barnier y François Bayrou confirmaron la fragilidad del experimento.

La secuencia permite extraer una primera conclusión: la disolución no resolvió la crisis de legitimidad, sino que la trasladó al Parlamento y la hizo más visible. Cuando una presidencia ya cuestionada convoca elecciones para recuperar autoridad y termina dependiendo de mayorías ocasionales, el coste político es doble. Pierde capacidad de iniciativa y, al mismo tiempo, queda asociada a la parálisis que pretendía superar. El nombramiento de Sébastien Lecornu constituye el tercer intento de sostener el Ejecutivo, pero su supervivencia depende de un equilibrio parlamentario que no controla y de una calle cada vez más movilizada.

La seguridad se convierte en el campo de batalla entre el Gobierno y la izquierda

La sesión de control del Ejecutivo mostró hasta qué punto la crisis institucional se ha trasladado al lenguaje de la seguridad. El ministro del Interior, Laurent Nunez, y el primer ministro acusaron a la extrema izquierda, incluida La Francia Insumisa, de haber incitado la violencia o de haber contribuido a extenderla. Lecornu definió la respuesta como un “combate cultural contra la violencia” y exigió a sus adversarios que eligieran entre la violencia y la República.

La Francia Insumisa respondió acusando al Gobierno de instrumentalizar los servicios de inteligencia policiales. Según una información de Mediapart citada por la formación, se habría dado instrucciones para vincular al partido con una supuesta insurrección. La jefa de filas de los insumisos en la Asamblea calificó a Lecornu de peligroso para la democracia. El enfrentamiento no es una disputa retórica menor: si el Gobierno convierte a una fuerza parlamentaria en un actor sospechoso de promover la insurrección, y esa fuerza presenta al Ejecutivo como una amenaza autoritaria, se deterioran los canales políticos que permiten desactivar una crisis callejera.

El segundo hallazgo importante es que la seguridad puede ofrecer al Gobierno una capacidad de acción inmediata, pero no necesariamente autoridad duradera. Lecornu ha prometido un dispositivo policial “masivo” para la próxima protesta, con la movilización de soldados de la operación Centinela para liberar a policías y gendarmes destinados a proteger infraestructuras. También se han renovado toques de queda parciales en varias ciudades. Estas medidas pueden reducir daños concretos, pero corren el riesgo de convertir cada manifestación en una prueba de fuerza entre el Estado y la población.

Además, la explicación sobre la falta de efectivos durante los disturbios, relacionada con las vacaciones escolares y la decisión de no interrumpirlas, introduce una dimensión operativa incómoda. La autoridad estatal no solo se mide por la severidad de sus discursos, sino por su capacidad de anticipar escenarios previsibles y desplegar recursos suficientes. Si la respuesta del próximo sábado resulta desproporcionada, aumentará la acusación de militarización; si vuelve a ser insuficiente, la oposición podrá presentar al Gobierno como incapaz de proteger a ciudadanos y bienes públicos.

Castigo, reparación y el límite de la respuesta ejemplarizante

La detención del primer sospechoso por el incendio que destruyó el ayuntamiento de Limoges tiene un valor político que excede al caso judicial. El edificio quemado se ha convertido en una imagen nacional, comparable por su carga simbólica a otros incendios que marcaron la memoria colectiva. La identificación de un activista de ultraizquierda de 34 años, ya considerado peligroso por la policía y vinculado a un campamento de personas marginalizadas, permite al Gobierno mostrar que la violencia no quedará impune.

Sin embargo, un Estado recupera autoridad cuando investiga y juzga con garantías, no cuando encuentra rápidamente un culpable que encaje en una narrativa política. La presunción de inocencia y la individualización de responsabilidades son esenciales precisamente en un contexto de alta tensión. Si el procedimiento acelerado se convierte en una forma de castigo ejemplarizante o si se confunden militancia política, marginalidad social y responsabilidad penal, el Gobierno puede obtener un beneficio inmediato entre sus partidarios, pero perder credibilidad institucional ante otros sectores.

La propuesta de retirar ayudas sociales, incluidas las de vivienda, a quienes participen en destrozos o saqueos, o incluso a sus familias, plantea una controversia todavía más delicada. Vincular una infracción penal con la pérdida de prestaciones puede parecer una forma de hacer pagar a los responsables, pero también puede castigar a personas que no participaron en los hechos y agravar la vulnerabilidad de menores o dependientes. La medida podría tener un efecto disuasorio limitado si la mayoría de los autores carece de patrimonio o de ayudas significativas, mientras que el coste social sería elevado si empuja a familias enteras hacia la precariedad.

Para los comerciantes, transportistas, municipios y trabajadores de los servicios públicos, la prioridad es distinta: reparación rápida, protección física y continuidad de la actividad. Los pequeños negocios soportan cierres, daños y pérdida de clientela sin disponer de los recursos de grandes cadenas. Los ayuntamientos afrontan gastos de reconstrucción cuando sus presupuestos ya están sometidos a presión. La política de seguridad deberá responder a esos intereses concretos, no solo a la necesidad presidencial de transmitir control.

El ascenso de Marine Le Pen cambia el cálculo de todos los actores

La primera encuesta de Ifop posterior a los comicios sitúa a Marine Le Pen entre el 36% y el 38% en la primera vuelta y le atribuye una victoria en la segunda frente a cualquier rival, con porcentajes que oscilan entre el 56% y el 68%. Aunque un sondeo no equivale a un resultado electoral y el horizonte de seis meses puede modificar profundamente las preferencias, las cifras tienen consecuencias políticas desde el momento en que son publicadas.

La extrema derecha puede beneficiarse de una paradoja: cuanto más se enfrentan el Gobierno y la izquierda en torno a la violencia, más espacio obtiene para presentarse como la única fuerza capaz de restablecer el orden. Pero ese avance no es automático. Si la respuesta policial produce víctimas, si aparecen abusos o si el deterioro social se extiende, la derecha radical podrá aprovechar el miedo. Si, por el contrario, el Gobierno recupera control sin ampliar la fractura social, el argumento de la inevitabilidad de Le Pen perderá fuerza.

Para la izquierda, el dilema también es severo. Debe denunciar la precariedad y la pérdida de legitimidad presidencial sin justificar agresiones contra docentes, sanitarios, bomberos o funcionarios. La ambigüedad frente a la violencia puede alejar a votantes populares que desean servicios públicos y protección, pero no aceptan el saqueo de sus barrios. La Francia Insumisa intenta conservar el liderazgo de la protesta, aunque la acusación gubernamental de complicidad con la insurrección puede empujarla a una posición defensiva y dificultar cualquier acuerdo con otras fuerzas progresistas.

Los sectores centristas y conservadores, por su parte, afrontan una decisión estratégica: sostener a Macron para evitar una llegada anticipada de la extrema derecha o distanciarse de un presidente cuya autoridad parece agotada. Édouard Philippe expresó esa tensión al reclamar decisiones e iniciativas y afirmar que Francia tiene derecho a alguien al mando. Su crítica muestra que la presión no procede solo de la oposición, sino también de quienes aspiran a ocupar el espacio presidencial después de Macron.

Seis meses para evitar que la transición se convierta en vacío

El escenario más probable no es una dimisión inmediata, sino una presidencia de capacidad decreciente. Macron puede conservar el cargo y utilizar las competencias constitucionales disponibles, pero cada decisión será evaluada por su impacto sobre la sucesión. Una remodelación gubernamental podría ofrecer una pausa, aunque no resolvería la ausencia de mayoría. Otra disolución parlamentaria antes de completar el mandato agravaría la incertidumbre y podría favorecer a la extrema derecha si los electores interpretan el movimiento como una huida hacia adelante.

El próximo sábado será un punto de inflexión operativo y político. La convergencia de chalecos amarillos, estudiantes, sindicatos y partidos de izquierda amplía la base potencial de la protesta y dificulta atribuirla a un único grupo ideológico. Una jornada sin incidentes permitiría al Gobierno recuperar algo de iniciativa. Una nueva ola de violencia, en cambio, reforzaría las posiciones más duras y aceleraría la normalización de medidas excepcionales.

También existe un riesgo económico que no debe subestimarse. La inseguridad sostenida afecta al comercio urbano, al turismo, a las inversiones locales y a la prestación de servicios públicos. Cuando escuelas, hospitales y administraciones necesitan protección extraordinaria, recursos que deberían dedicarse a mantenimiento, contratación o atención social se desvían hacia la emergencia. Esa reasignación alimenta precisamente las carencias que originaron parte del malestar.

La salida no dependerá solo de aumentar el número de agentes. Francia necesita reconstruir una cadena de legitimidad: investigación judicial independiente, protección efectiva de los servicios públicos, medidas creíbles contra el coste de la vida y una negociación parlamentaria que reconozca la pluralidad surgida de las elecciones de 2024. Macron aún puede desempeñar un papel en esa reconstrucción, pero ya no dispone del capital político para imponerla por autoridad personal. Si insiste en gobernar mediante acusaciones cruzadas, decretos de emergencia y alianzas coyunturales, el problema dejará de ser la debilidad de un presidente y pasará a ser la incapacidad del sistema para organizar una sucesión democrática sin ruptura social.