El almirante retirado Juan Rodríguez Garat sostiene que el despliegue de buques de guerra marroquíes frente a Ceuta los días 30 y 31 de julio formó parte de una operación de presión política sobre el Gobierno español. En su valoración, los movimientos navales y la entrada masiva de migrantes constituyeron una acción de «guerra híbrida» por tierra y mar, aunque su objetivo no habría sido provocar un enfrentamiento militar, sino obtener concesiones de Madrid. El Ejecutivo, por su parte, ha calificado lo ocurrido de «hecho puntual» y el presidente Pedro Sánchez ha evitado vincularlo directamente con la llegada de migrantes.
Garat afirma que la finalidad de Marruecos fue presionar al Gobierno para que cediera en asuntos que, según dice, no se conocen públicamente. Sus declaraciones reabren el debate sobre cómo interpretar los episodios de julio y sobre la respuesta diplomática española, en un momento en que Sánchez sostiene que la normalidad en Ceuta está regresando progresivamente.
Un episodio que el Gobierno considera puntual
Durante una conversación con periodistas en el Palacio Real, tras la recepción ofrecida por los Reyes el 12 de octubre, Sánchez reconoció que aquellos días fueron «muy intensos». Sin embargo, no quiso relacionar los hechos con la entrada masiva de migrantes. También describió la situación como un incidente limitado y celebró la recuperación gradual de la normalidad.
Garat rechaza esa caracterización. A su juicio, el envío de dos buques a la zona no puede reducirse a un episodio aislado, porque reflejaría un deterioro en la relación entre España y Marruecos y una presión coordinada en distintos ámbitos. El almirante retirado sostiene además que el Gobierno ni siquiera ha reconocido plenamente la gravedad política de lo ocurrido.
La diferencia entre ambas interpretaciones es relevante: mientras el Ejecutivo presenta los hechos como una crisis acotada, Garat los enmarca en una estrategia deliberada. No obstante, sus declaraciones son una valoración del exmilitar; la información difundida no aporta pruebas públicas que permitan establecer de forma independiente qué concesiones habría buscado Rabat ni confirmar la coordinación que él atribuye a los acontecimientos.
El alcance de la presión y la respuesta española
La polémica también alcanza las palabras de Felipe VI durante su visita a Ceuta, donde pidió «buena fe» al referirse al país vecino. Garat considera que la vecindad no debe impedir una respuesta firme cuando, según su interpretación, Marruecos aprovecha circunstancias de vulnerabilidad para forzar cambios en las posiciones españolas. «No podemos seguir poniendo la mejilla», afirmó.
El argumento plantea una disyuntiva diplomática: reconocer públicamente una presión puede elevar el coste político de ceder, pero también endurecer una relación que España necesita gestionar con su vecino. La valoración de Garat apunta a que la ambigüedad oficial dificulta explicar lo sucedido y evaluar la política hacia Rabat; no determina, por sí sola, cuáles serían las medidas más eficaces para proteger los intereses españoles.
El almirante retirado concluye que la política del Gobierno frente a Marruecos ha fracasado y que su respuesta se ha centrado en controlar el relato. Su crítica contrasta con la descripción oficial de una normalización progresiva. Para valorar el alcance de la crisis siguen siendo decisivos los hechos verificables, la información sobre las decisiones adoptadas y la eventual explicación de los objetivos que persiguió el despliegue naval.