La discusión sobre el superávit municipal en Guantánamo dejó de ser una cuestión contable para convertirse en una prueba de la capacidad real de los territorios cubanos para generar desarrollo. En términos estrictos, existe superávit cuando los ingresos superan los gastos durante un período determinado. Pero trasladado a la gestión local, el concepto implica mucho más: producir bienes y servicios, recaudar con eficacia, ordenar las prioridades presupuestarias, reducir pérdidas empresariales y lograr que la actividad económica se traduzca en mejores condiciones de vida.

El dato central es nítido: de los municipios guantanameros, solo la capital provincial alcanza actualmente la condición de territorio superavitario. Los demás permanecen lejos de ese objetivo, incluso Baracoa, que dispone de infraestructura industrial, recursos naturales y una posición económica potencialmente diferenciada. Al mismo tiempo, 13 empresas reportan pérdidas, los municipios acumulan 37 millones de pesos del presupuesto sin ejecutar al cierre de septiembre y la provincia comienza octubre con cerca de 34 millones pendientes de recaudar por cuentas, multas y otros conceptos.

Estas cifras no describen únicamente una falta de ingresos. También revelan problemas de gestión, coordinación y capacidad para convertir los recursos disponibles en actividad económica. El desafío, por tanto, no consiste en reclamar una transferencia mayor del Estado, sino en determinar por qué una parte del presupuesto no se ejecuta, qué empresas destruyen valor, qué actividades no tributan de acuerdo con sus ganancias y cuáles encadenamientos productivos podrían elevar la oferta local.

El superávit no se decreta desde una hoja de balance

Durante décadas, las provincias y municipios cubanos han dependido ampliamente del presupuesto estatal. Esa dependencia se explica por la estructura económica nacional, por las desigualdades territoriales y por las restricciones que enfrentan las empresas para importar, invertir y operar con estabilidad. Sin embargo, también puede producir una cultura administrativa en la que el gasto se considera garantizado y la generación de ingresos aparece como una responsabilidad secundaria.

La nueva orientación busca modificar esa relación. Trabajar desde lo endógeno significa identificar las capacidades existentes en cada municipio y hacerlas funcionar con mayor productividad. No equivale a cerrar el territorio sobre sí mismo ni a sustituir toda la coordinación nacional por soluciones locales. Significa que la economía municipal debe dejar de ser un simple destino de asignaciones y convertirse en una unidad con responsabilidades concretas sobre la producción, la recaudación y la calidad de los servicios.

El primer hallazgo de este proceso es que el superávit depende tanto de gastar mejor como de ingresar más. Los 37 millones de pesos sin ejecutar no son automáticamente un ahorro saludable. Pueden representar inversiones detenidas, compras que no llegaron, obras inconclusas o programas que no se materializaron. Si esos recursos estaban destinados a reparar una infraestructura productiva, ampliar un servicio o sostener una actividad esencial, su inmovilización puede terminar reduciendo los ingresos futuros.

La disciplina fiscal, por ello, no debe confundirse con la simple subejecución. Un municipio puede mostrar una ejecución presupuestaria elevada y mantener una economía improductiva; también puede dejar fondos sin gastar porque no tiene proyectos técnicamente preparados o porque enfrenta obstáculos de suministro. El indicador relevante será la relación entre gasto, producción y resultados sociales: cuánto se invierte, qué se obtiene y quién se beneficia.

Trece empresas en pérdidas y una cadena productiva incompleta

La presencia de 13 entidades con pérdidas económicas constituye uno de los puntos más sensibles del diagnóstico. Una empresa deficitaria no es necesariamente prescindible. Puede prestar un servicio público indispensable, operar en un sector con precios regulados o cargar con costos extraordinarios que no controla. El problema surge cuando las pérdidas se vuelven permanentes, no se explican con precisión y tampoco generan una compensación social verificable.

La solución tampoco puede consistir exclusivamente en elevar precios o reducir plantillas. Cualquiera de esas medidas puede deteriorar el acceso de la población a alimentos, transporte, reparaciones u otros servicios. La pregunta decisiva es otra: qué parte de las pérdidas proviene de baja productividad, qué parte responde a precios artificiales, cuánto pesa el desabastecimiento y qué cambios de gestión permitirían recuperar ingresos sin trasladar todo el costo a los consumidores.

El segundo gran punto es la circulación mercantil. Aumentar la producción física no garantiza por sí solo un mayor ingreso municipal si los bienes no llegan al mercado, se venden fuera de los canales formales o no se cobran de manera adecuada. La circulación debe conectar productores, comercializadores, transportistas, entidades estatales y actores privados. Cuando esa conexión falla, se produce una paradoja: existe capacidad ociosa, pero faltan productos; hay demanda, pero no se convierte en recaudación; se trabaja, pero el valor no permanece en el territorio.

Los encadenamientos productivos son, en este sentido, más importantes que la suma aislada de pequeños negocios. Una producción agrícola puede generar mayores beneficios si cuenta con centros de acopio, transformación, envases, transporte y canales de venta. Una instalación industrial como las existentes en Baracoa solo se convierte en motor territorial si articula proveedores, empleo especializado, mantenimiento y mercados. La infraestructura instalada es una ventaja potencial, no una garantía de resultados.

La primera conclusión analítica es que el superávit no se alcanzará mediante una carrera municipal por recaudar más, sino mediante una economía que retenga más valor. Cobrar impuestos sobre actividades de bajo rendimiento puede ofrecer un ingreso inmediato, pero no sustituye la creación de bienes y servicios. La sostenibilidad fiscal depende de ampliar la base productiva, formalizar operaciones y lograr que cada peso recaudado sea el resultado de una actividad económica repetible, no de una extracción ocasional.

El sector no estatal: contribuyente, proveedor y parte de la solución

El llamado al aumento de los tributos y del aporte del sector no estatal abre una discusión inevitable. Para la administración municipal, la existencia de actividades que no se cobran o de negocios que declaran menos de lo que ganan significa una pérdida de ingresos y una distorsión de la competencia. Para los trabajadores por cuenta propia, cooperativas y otras formas de gestión, una fiscalización más estricta puede ser legítima, pero debe estar acompañada por reglas claras, trámites previsibles y una relación razonable entre obligaciones tributarias y rentabilidad real.

Si el Estado exige que los negocios privados cumplan su encargo social, también debe permitir que estos tengan condiciones para operar legalmente. La ausencia de insumos, la inflación, los costos de transporte y las dificultades para acceder a financiamiento afectan la capacidad de pago. Eso no justifica la evasión, pero sí obliga a distinguir entre incumplimiento deliberado y fragilidad empresarial. Un sistema tributario que solo castiga y no ofrece información, facilidades de pago ni mecanismos de conciliación puede empujar parte de la actividad hacia la informalidad.

El sector estatal enfrenta una exigencia equivalente. No sería coherente reclamar mayor aporte privado mientras empresas públicas mantienen pérdidas sin planes de corrección, reciben recursos sin evaluar resultados o compiten con ventajas administrativas que no se traducen en eficiencia. La integración entre ambos sectores debe medirse por resultados concretos: más oferta, menor costo logístico, mayor empleo formal, mejor abastecimiento y mayor recaudación territorial.

La segunda idea de fondo es que la autonomía municipal no puede construirse contra los actores económicos, sino mediante reglas comunes. El gobierno local necesita información sobre ventas, costos, empleo y tributos; los negocios necesitan seguridad jurídica y una administración que no cambie las condiciones de manera imprevisible. Sin confianza mínima, la formalización será limitada y el municipio seguirá buscando ingresos en un universo económico estrecho.

Recaudar 34 millones no equivale a crear riqueza

Las cuentas por cobrar y pagar, las multas y otras obligaciones pendientes pueden aportar una suma relevante al presupuesto. Los cerca de 34 millones de pesos que la provincia identifica como pendientes de recaudar representan una oportunidad inmediata para aliviar tensiones financieras. Sin embargo, convertir esa cifra en ingreso efectivo requerirá depurar expedientes, verificar deudas, establecer responsables y diferenciar entre obligaciones recuperables y montos prácticamente incobrables.

La recaudación atrasada debe evitar dos errores. El primero es contabilizar como ingreso probable una suma cuya recuperación no está respaldada por activos, flujo de caja o voluntad de pago. El segundo consiste en aplicar medidas indiscriminadas que terminen paralizando negocios pequeños, reduciendo empleos o encareciendo productos esenciales. La eficacia fiscal no se mide por el número de sanciones emitidas, sino por el dinero efectivamente recuperado sin destruir la fuente que lo genera.

El mismo criterio debería aplicarse a las multas. Una multa puede corregir una conducta, pero no debe convertirse en un sustituto permanente de la fiscalización económica. Si se repite el incumplimiento, el problema puede estar en la regulación, en la falta de supervisión o en la insuficiencia de los canales legales para vender. La gestión municipal debe atacar la causa y no limitarse a perseguir el efecto.

La población será la primera auditora del cambio

La transformación tendrá legitimidad solo si la población percibe que el superávit mejora la vida cotidiana. Para una familia, la discusión presupuestaria se expresa en la disponibilidad de alimentos, la reparación de calles, el transporte, la recogida de residuos, el acceso a medicamentos y la calidad de los servicios. Si las cuentas municipales mejoran, pero esos resultados no aparecen, el superávit será visto como una categoría administrativa distante.

Por eso adquieren importancia el debate público y el control popular mencionados en la discusión provincial. La participación no debe reducirse a informar decisiones ya tomadas. Los ciudadanos pueden aportar información sobre mercados, precios, servicios deficientes, instalaciones abandonadas y actividades que operan fuera de la legalidad. También deben conocer qué proyectos se financian, cuánto cuestan y qué resultados se esperan.

Los jefes y decisores necesitarán una preparación económica más sólida. No basta con ordenar el gasto o exigir el cumplimiento de un plan. La gestión debe incorporar análisis de costos, productividad laboral, rotación de inventarios, morosidad, rentabilidad por actividad y efectos sociales. Sin esos datos, las decisiones pueden premiar artificialmente a una entidad que vende mucho pero pierde dinero, o castigar a otra que ofrece un servicio esencial con una estructura de precios insuficiente.

El tercer punto de análisis es que la reforma será, en última instancia, una reforma de capacidades administrativas. Los municipios pueden tener recursos naturales, instalaciones y trabajadores, pero si no poseen equipos capaces de formular proyectos, negociar encadenamientos, controlar contratos y evaluar resultados, las ventajas permanecerán en el papel. La descentralización sin preparación puede trasladar responsabilidades sin transferir capacidad real de decisión.

Baracoa y el riesgo de medir el éxito solo por el balance

El caso de Baracoa ilustra la distancia entre potencial y desempeño. Sus recursos naturales y su infraestructura industrial ofrecen una base para diversificar la economía, pero también plantean riesgos. Una estrategia centrada en extraer materias primas sin desarrollar transformación local puede aumentar temporalmente los ingresos y dejar poco valor en el municipio. Del mismo modo, depender de una sola actividad expone al territorio a interrupciones, variaciones de precios y daños climáticos.

Guantánamo necesita, por tanto, una cartera de iniciativas y no una apuesta única. La agroindustria, los servicios, el mantenimiento industrial, la economía cultural, el turismo de naturaleza y determinadas producciones locales podrían complementarse, siempre que existan estudios de mercado, infraestructura logística y mecanismos de financiamiento. La diversificación no significa abrir proyectos sin escala, sino construir actividades capaces de sostenerse y conectarse entre sí.

El escenario más probable es de avances desiguales. La capital provincial puede consolidar su posición si mejora la eficiencia y no se limita a concentrar recursos. Otros municipios podrían obtener resultados rápidos al recuperar deudas, ordenar activos o reactivar instalaciones, pero esos progresos serán frágiles si no aumentan la producción. En un horizonte más amplio, el éxito dependerá de que la descentralización genere decisiones más rápidas sin romper la coordinación provincial y nacional.

También existen riesgos políticos y sociales. Una presión excesiva por mostrar superávit puede inducir recortes en servicios, retrasar gastos necesarios o trasladar costos a los hogares. La búsqueda de ingresos puede favorecer actividades rentables pero poco estratégicas, mientras se abandonan sectores esenciales que no producen ganancias inmediatas. Y la competencia entre municipios por atraer contribuyentes o recursos podría profundizar desigualdades si no se mantienen mecanismos de compensación para los territorios con menor base económica.

El superávit municipal será una señal útil solo si se interpreta junto con otros indicadores: producción per cápita, empleo formal, calidad de los servicios, inversión ejecutada, reducción de pérdidas y satisfacción de la población. La frase de Einstein sobre hacer algo diferente para obtener resultados diferentes tiene aquí una traducción concreta: presupuestar de otra manera, medir de otra manera y responsabilizar de otra manera. Guantánamo no necesita únicamente más ingresos; necesita que sus municipios aprendan a convertir capacidades dispersas en valor económico, social y duradero.