El desplazamiento de alrededor de 2.200 palestinos de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, marca una nueva escalada en una zona donde la seguridad militar, la expansión de los asentamientos y la competencia política israelí se superponen de forma explosiva. La medida fue ejecutada un día después de que dos palestinos atacaran un puesto de control cercano a la ciudad y mataran a dos soldados israelíes. El ejército israelí respondió con operaciones en decenas de localidades, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que los residentes no podrán regresar hasta que se hayan resuelto “todos los asuntos de Hamás” en Hebrón.

La secuencia combina tres hechos de distinta naturaleza: un ataque letal contra militares, una operación de seguridad extendida a 40 zonas de Cisjordania y la evacuación temporal o indefinida de familias enteras de un barrio civil. Esa combinación es precisamente lo que convierte el episodio en algo más que una operación antiterrorista. Su alcance puede alterar las relaciones entre Israel, la Autoridad Palestina y la población local, además de afectar una campaña electoral en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu se juega su continuidad política.

Una evacuación con dimensiones difíciles de reducir a la seguridad

Los testimonios recogidos en el barrio de Ein Dir Baha’ describen una actuación nocturna y acelerada. Soldados israelíes anunciaron las órdenes mediante megáfonos, marcaron con cruces edificios desalojados y dieron a algunas familias apenas dos horas para preparar documentos, ropa y medicamentos. Higazi Shawer al Tamimi, comerciante de 70 años, relató que fue despertado alrededor de la una de la madrugada. Las calles quedaron vacías, ocupadas por vehículos militares, mientras en una vivienda de una colina aparecía una bandera israelí.

Las cifras también revelan la magnitud de la operación. El ministro Katz habló de cerca de 2.000 personas desplazadas; el gobernador de Hebrón, Khaled Dudin, calculó inicialmente 150 familias, y el alcalde Yusef al Jababari junto al activista Isa Amro elevaron la estimación a unas 250 familias. Las diferencias pueden deberse a que las autoridades estén contabilizando personas, hogares o sectores afectados en momentos distintos. En cualquier caso, el dato común es que la acción no se limita a detener a sospechosos individuales: modifica de manera simultánea la vida de cientos de hogares.

El ejército afirma que realiza registros “precisos, selectivos y exhaustivos” en el barrio de origen de los atacantes, ambos abatidos después del ataque. También informó de la captura de unos 40 sospechosos, incluidos presuntos miembros de Hamás y de organizaciones yihadistas, así como personas acusadas de incitación, alteración del orden público o lanzamiento de piedras. Desde la lógica militar, el objetivo sería desmantelar redes operativas, recopilar información y evitar nuevos ataques.

El problema central aparece cuando la herramienta empleada para buscar a los responsables produce un impacto colectivo sobre una población que no ha sido vinculada individualmente con el ataque. La Autoridad Palestina calificó la actuación como un castigo colectivo y pidió presión internacional para proteger a los residentes. Israel sostiene que la operación responde a una amenaza concreta; los vecinos y las autoridades palestinas la interpretan como una forma de coerción territorial. Ambas lecturas no tienen el mismo punto de partida jurídico ni político, pero su choque determina el riesgo de que la operación genere nuevos ciclos de violencia.

El verdadero centro de gravedad está en la política

La dimensión electoral no es un detalle de contexto. Las elecciones legislativas se celebran pocos días después de la operación, y los sondeos sitúan a Netanyahu en un empate técnico con Gadi Eisenkot, exjefe del ejército y candidato centrista. En ese escenario, una respuesta militar contundente puede servir para demostrar control, capacidad de disuasión y disposición a actuar contra Hamás. La advertencia de Netanyahu sobre una operación “como no se ha visto desde la Guerra de los Seis Días” eleva deliberadamente el umbral retórico y transforma una incursión localizada en una promesa de campaña sobre el futuro de Cisjordania.

La lógica electoral tiene dos efectos contrapuestos. En el corto plazo, la presión militar puede consolidar el apoyo de los votantes que priorizan la seguridad y consideran insuficientes las respuestas anteriores. La muerte de dos soldados ofrece un motivo inmediato para reclamar medidas excepcionales. Pero, al mismo tiempo, una operación que produzca más desplazamientos, daños o enfrentamientos puede ampliar el aislamiento internacional de Israel y alimentar la percepción de que la política de seguridad está subordinada a la supervivencia de un gobierno.

La entrada de Itamar Ben Gvir añade otro elemento. El ministro de Seguridad Nacional, también candidato, volvió a pedir el desmantelamiento de la Autoridad Palestina, pese a que no se ha presentado ninguna prueba que vincule a esa institución con el ataque. Esa exigencia desplaza el debate desde la persecución de los autores hacia la eliminación de una estructura política palestina que Israel, en otros momentos, ha considerado necesaria para administrar partes de Cisjordania y coordinar asuntos de seguridad.

La amenaza dirigida contra la Autoridad Palestina puede tener una función electoral clara: presentar cualquier administración palestina como parte del problema y no como un interlocutor. Sin embargo, su aplicación práctica abriría un vacío. Si se debilita o desmantela la autoridad que gestiona servicios, seguridad local y administración civil en determinadas zonas, Israel tendría que asumir una carga mayor o aceptar una fragmentación institucional aún más profunda. La retórica de la disolución puede ser rentable en una campaña; su ejecución tendría costes administrativos, económicos y de seguridad difíciles de contener.

Hebrón no es una ciudad cualquiera

La singularidad de Hebrón amplifica cada decisión. Es la mayor ciudad palestina de un territorio ocupado desde 1967 y alberga a cientos de colonos israelíes dentro de la propia población palestina. La convivencia está marcada por controles, restricciones de circulación, presencia militar y una geografía urbana dividida. Una operación en el barrio del que procedían los atacantes no ocurre en un espacio neutral: afecta una ciudad donde cada cierre de calle, cada registro y cada bandera puede interpretarse como una señal sobre quién controla el territorio.

El desplazamiento de familias puede modificar temporalmente la relación entre población y espacio. La ausencia de habitantes facilita los registros y reduce el riesgo inmediato para los soldados, pero también libera calles y edificios para una presencia militar más intensa. Cuando los residentes regresan sin garantías claras, pueden encontrar viviendas dañadas, negocios cerrados o nuevas restricciones. Si el retorno se retrasa, el carácter “temporal” de la medida se vuelve una cuestión política y no solo operativa.

La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones locales es relevante por otra razón: la incertidumbre debilita la capacidad de las familias desplazadas para reclamar ayuda, alojamiento y compensación. El alcalde prometió proporcionar asistencia, pero la infraestructura municipal palestina opera con recursos limitados y bajo un marco de ocupación que restringe sus capacidades. Cada noche adicional fuera de casa implica gastos, pérdida de ingresos y ruptura de rutinas escolares y laborales, aunque no se produzca una destrucción física de las viviendas.

El impacto también alcanza a la actividad comercial. Hebrón es un centro urbano y económico de Cisjordania; una ciudad con calles vacías, controles militares y accesos imprevisibles pierde compradores, trabajadores y proveedores. Los pequeños comercios son especialmente vulnerables porque suelen carecer de reservas financieras para soportar cierres prolongados. La operación puede perseguir objetivos de inteligencia, pero sus efectos económicos se distribuyen sobre una comunidad mucho más amplia que el grupo de sospechosos buscado.

La violencia de los colonos cambia el cálculo

La operación llega en un momento de creciente violencia de colonos radicales contra palestinos. La organización israelí de derechos humanos Yesh Din contabilizó 672 incidentes en los 26 días anteriores, aproximadamente la mitad durante la cosecha de aceitunas, una temporada que suele registrar ataques y hostigamiento. Ese contexto introduce una asimetría que las autoridades palestinas consideran decisiva: mientras el ejército presenta sus actuaciones como respuesta a ataques palestinos, las agresiones de colonos generan dudas sobre la protección efectiva de las comunidades palestinas.

Para Israel, no responder a un ataque contra soldados puede parecer una invitación a nuevas acciones armadas. Para los palestinos, responder con expulsiones colectivas mientras continúa la violencia de colonos confirma que la seguridad se aplica de manera desigual. Esta percepción no es secundaria. La legitimidad de cualquier operación depende también de su coherencia: si el Estado exige obediencia y castiga la violencia palestina, pero no contiene con igual energía las agresiones de ciudadanos israelíes contra palestinos, la frontera entre seguridad y dominación política se vuelve más difícil de defender.

Eisenkot ha prometido actuar contra la violencia de los colonos, aunque comparte con Netanyahu la oposición a la creación de un Estado palestino. Esa posición muestra que la disputa electoral no enfrenta necesariamente un proyecto de retirada territorial con otro de expansión. El desacuerdo puede situarse en los métodos, el grado de control sobre los colonos y la administración de la ocupación. Para muchos palestinos, la diferencia entre una política de seguridad más disciplinada y una política de seguridad más agresiva no resuelve la cuestión de fondo: quién tiene autoridad sobre sus vidas y con qué derechos.

Tres consecuencias que pueden redefinir la próxima etapa

La primera consecuencia probable es la normalización del desplazamiento como instrumento de presión. Si la evacuación de Hebrón consigue reducir temporalmente los ataques y no produce un coste político inmediato para el gobierno israelí, puede convertirse en un modelo para futuras operaciones: identificar el barrio de origen de un atacante, vaciarlo, ampliar los registros y condicionar el retorno a resultados de inteligencia. El precedente sería peligroso porque desplaza el foco desde la responsabilidad individual hacia la geografía de la pertenencia.

La segunda es un deterioro adicional de la cooperación entre Israel y la Autoridad Palestina. La amenaza de “neutralizar” una amenaza palestina por medios no detallados, unida a los llamamientos de Ben Gvir para desmantelar la autoridad, reduce el margen para la coordinación. Sin mecanismos de comunicación y seguridad, los grupos armados pueden aprovechar los vacíos, mientras las fuerzas israelíes reciben más incentivos para operar directamente en ciudades palestinas. La expansión de las incursiones puede producir más información en el corto plazo, pero también más reclutamiento y más resentimiento en el medio plazo.

La tercera consecuencia se relaciona con la política israelí. Netanyahu puede obtener rédito de una respuesta fuerte si los votantes interpretan la operación como una demostración de firmeza. Pero una escalada prolongada también puede hacer visibles sus costes: más soldados desplegados, mayor presión internacional, interrupción de la vida económica en Cisjordania y una posible extensión de los ataques. La campaña podría terminar girando no alrededor de quién promete más seguridad, sino de quién puede evitar que la seguridad se convierta en una guerra permanente dentro de las ciudades palestinas.

El riesgo de que la excepcionalidad se vuelva rutina

El peligro inmediato es la repetición de una cadena conocida: un ataque provoca una operación amplia; la operación produce desplazamientos y humillación; la población afectada pierde confianza en las instituciones; los grupos armados presentan la respuesta como prueba de que la confrontación es inevitable; y un nuevo ataque vuelve a justificar medidas todavía más duras. La celebración del ataque por parte de Hamás, aunque la organización no se atribuyera su autoría, indica que el grupo ya intenta convertir el episodio en un argumento para nuevas acciones.

También existe un riesgo de desbordamiento regional y diplomático. La expulsión de miles de residentes, si se prolonga o se extiende a otros barrios, puede provocar condenas internacionales, presiones sobre los aliados de Israel y una mayor atención jurídica sobre las prácticas de ocupación. La reacción externa no garantiza protección efectiva para los palestinos, pero sí puede endurecer el coste político de la operación y complicar la posición del gobierno israelí.

La evolución dependerá de tres señales concretas: cuánto dura la evacuación, si se permite el retorno de las familias y si los registros conducen a pruebas verificables contra redes armadas o permanecen como una operación abierta. Si el regreso se produce rápidamente y las medidas se limitan al área vinculada con los atacantes, Israel podrá presentar la actuación como una respuesta acotada. Si la operación se extiende, las viviendas permanecen vacías o la Autoridad Palestina es atacada institucionalmente, el episodio adquirirá un carácter territorial mucho más profundo.

Hebrón queda así atrapada entre dos urgencias que no son equivalentes pero sí interactúan: la necesidad israelí de responder a la muerte de sus soldados y la necesidad palestina de proteger a civiles que no han sido acusados individualmente. La seguridad puede exigir operaciones precisas; la política electoral premia los gestos de fuerza; la vida cotidiana, en cambio, depende de límites claros, retorno garantizado y rendición de cuentas. Si esos límites desaparecen, el problema dejará de ser solo cómo perseguir a los responsables de un ataque y pasará a ser cómo impedir que una ciudad entera sea convertida en el escenario permanente de la represalia.