La incorporación de inspecciones judiciales en los juicios de prescripción adquisitiva permitirá verificar directamente quién ocupa un inmueble y fortalecerá la detección de posibles irregularidades, afirmó Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.

Una prueba adicional para acreditar la posesión

El abogado explicó que, antes de esta medida, los juzgadores sustentaban buena parte de sus decisiones en documentos, contratos de compraventa, certificados y testimonios. Aunque esos elementos siguen siendo relevantes, no siempre permitían confirmar si la persona que buscaba acreditar la posesión habitaba realmente el predio.

Con la inspección, un actuario acudirá al lugar para dar fe de las condiciones físicas del inmueble y de la identidad de quien lo ocupa. Esta verificación añade un control práctico al expediente y puede revelar contradicciones entre la realidad del predio y la documentación presentada ante el juzgado.

Avitia Beltrán advirtió que algunos procedimientos podrían apoyarse en firmas presuntamente falsas, contratos irregulares o testimonios cuestionables. También señaló casos en los que se habrían obtenido actas de defunción de personas vivas para iniciar juicios sucesorios y reclamar sus bienes como herencia.

El alcance del problema, indicó, podría involucrar a abogados, autoridades jurisdiccionales y funcionarios administrativos. Por ello, cualquier señalamiento debe investigarse para establecer si existió intervención oficial destinada a favorecer trámites inmobiliarios. La nueva diligencia no elimina por sí sola el riesgo de fraude, pero eleva el estándar probatorio y dificulta que una operación irregular se sostenga únicamente en papeles.